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Domingo, noviembre 18, 2012,
LibreRed
Una sociedad sana no es la que más se cura sino la que menos se enferma. Este precepto, puesto en práctica por todas las civilizaciones de la antigüedad, fue recuperado hace muchas décadas con el propósito de paliar las deformaciones y abusos del modelo biomédico curativo, centrado en dar respuestas a la enfermedad antes que en preservar la salud.
La primera responsabilidad del Estado en el campo de la salud es evitar que la población se enferme. Por eso, pregonar el incremento de consultas médicas como un éxito de las políticas de salud, tal como lo hace el actual gobierno, resulta un contrasentido. Significa que las disposiciones encaminadas a la promoción y la prevención han fracasado.
En estos casi seis años el gobierno de Correa ha invertido 5.300 millones de dólares en este campo, lo cual equivale al doble de los promedios anuales registrados en los gobiernos precedentes. Aunque en términos absolutos representa un incremento importante, llegando al 2,1% del PIB, la cifra todavía está distante de los estándares mínimos recomendados internacionalmente para el país y que constituyó un mandato de la transitoria vigésimo segunda de la Constitución de Montecristi, que debería alcanzar al menos un 4% del PIB.
Pero esta inversión, por más abultada que haya sido, no ha redundado en una mejora de las condiciones generales de salud de la población. Al haber priorizado un enfoque cada vez más curativo de los servicios, los fondos simplemente no alcanzan para satisfacer tantas exigencias: construcción de hospitales, adquisición de hospitales móviles, equipamiento, adquisición de medicamentos e insumos, compra de ambulancias, etc.
Si a esto sumamos el incremento exponencial de la demanda producto de la declaración de gratuidad de la atención, las consecuencias son el colapso del sistema, porque la gratuidad de los servicios de salud corresponden a un proceso, no a un decreto. Ofrecer servicios gratuitos a una población con una desatención crónica, sin aplicar políticas para reducir los condicionantes sociales de la enfermedad, no puede conducir sino a la encrucijada en que hoy se halla el sector de la salud.
El énfasis en los servicios curativos afectó gravemente la atención primaria de salud que, según el artículo 360 de la Constitución, constituye la base del sistema de salud. Las tibias políticas aplicadas en este sentido durante los primeros dos años de gobierno fueron paulatinamente desmontadas en favor de estrategias más clientelares. La decisión gubernamental de priorizar los servicios implicó, en la práctica, un crecimiento desmesurado del sector privado, el cual ha sido contratado para cubrir el exceso de demanda insatisfecha por los servicios públicos. Entre el 2006 y el 2010 ingresaron al sector salud más de 7.000 nuevos prestadores privados. He ahí la gran paradoja: el incremento del gasto público permitió un incremento de las ganancias privadas.
La priorización de las políticas curativas responde a un criterio político inocultable. Las políticas de promoción y prevención de la salud no dan réditos electorales porque no son inmediatas ni papables. La educación en salud constituye una apuesta por un plazo que excede a los tiempos políticos; por ello no cuenta con la aceptación de los gobernantes y políticos pragmáticos. Al contrario, la obra física y la provisión de medicamentos proyecta la imagen de cumplimiento y refuerza el imaginario social respecto de la efectividad de estas medidas, aunque, como queda demostrado, no resuelven los problemas de fondo. Más bien la inversión en estos rubros -sobre todo cuando falta una adecuada planificación y toda la transparencia necesaria- promueve la corrupción, pues no siempre son necesarios tantos equipos y medicinas.
El problema es que, desde ciertos sectores de la oposición política, el debate se centra en la misma lógica: cuestionar la deficiencia de infraestructura física, de especialistas, de medicamentos, de equipos con tecnología de punta, etc. No proponen la construcción de un proyecto nacional de salud para el mediano y largo plazos, que se concentre en proporcionar a la población las condiciones socioeconómicas y ambientales que reduzcan los riesgos sanitarios. La tendencia más arraigada, al menos desde los sectores políticos y empresariales, se inclina a exigir un sistema de salud que funcione como el de los países industrializados, a pesar de la imposibilidad técnica y financiera de hacerlo.
En los actuales momentos, el problema de la salud se ha instalado con fuerza en la estrategia electoral del gobierno. Rafael Correa no solo está obligado a minimizar la imagen de colapso del sistema, sino que debe sacarle provecho a las eventuales soluciones coyunturales que aplique. La estrategia se centrará en más de lo mismo, pero con mayor impacto mediático: construcción de hospitales y centros de salud, renovación de personal y dotación de equipamiento, sazonados con shows y acciones espectaculares para “corregir” las deficiencias (léase corrupción, indolencia e ineficiencia). De hecho el gobierno ya ha ordenado a sus ministros a que gasten, a como de lugar, todo el dinero disponible antes de que finalice el año.
La Constitución Política del Ecuador determina que es el Estado quien garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Dispone la conformación de un Sistema Nacional de Salud, que no debería tener como objetivo supremo el negocio, cuando la atención al ser humano es lo prioritario. Además, reconoce y garantiza la atención de salud, tanto científica, otorgada por profesionales médicos, como las prácticas de medicina alternativa, tradicional o ancestral, otorgada por los no médicos.
Nosotros -la Unidad Plurinacional- proponemos un Pacto Nacional por la Salud que se fundamente en los siguientes postulados:
· Potenciar la atención primaria de salud y por cierto la visión preventiva de la misma.
· Priorizar la dotación de agua potable y alcantarillado para combatir una de las principales causas de insalubridad.
· Alentar la soberanía alimentaria como herramienta fundamental en el suministro de alimentos abundantes y de calidad: una de las medidas preventivas de mayor trascendencia.
· Fortalecer la capacidad de la población para intervenir más activamente en el manejo del proceso de salud/enfermedad. Los usuarios deben ser el principal actor del sistema de salud. Por lo tanto habrá que rescatar la capacidad de las organizaciones, los colectivos y personas de manejar su propia salud.
· Incorporar en la ejecución de este Pacto Nacional por la Salud a toda la sociedad, incluyendo a los gobiernos seccionales y por cierto a los profesionales de la salud sin tratarlos como una banda de mediocres, como lo hace el gobierno de Correa, o de criminales en potencia, como se pretende hacer con el Código Penal.
· Alentar la medicina alternativa, tradicional o ancestral desde la perspectiva de la plurinacionalidad e interculturalidad.
· Promover un verdadero diálogo de conocimientos y saberes en salud donde promotores, parteras y agentes tradicionales de salud sean un actor clave, en equidad de condiciones con la medicina convencional.
· Promover procesos de descentralización y desconcentración que superen el agobiante centralismo del Ministerio de Salud Pública y la consecuente burocratización de la administración. Esos procesos estarán acompañados de la participación no institucionalizada de las organizaciones sociales y territoriales.
· Potenciar los espacios descentralizados para ejecutar y evaluar políticas de salud a nivel territorial.
· Facilitar la formación de especialistas dentro del país fortaleciendo las universidades y el acceso de la juventud a la formación en medicina y otras especialidades afines, sin llegar al extremo de desmantelar y menos aún cerrar las facultades de medicina como está provocando la gestión gubernamental.
· Destinar recursos públicos para financiar la residencia comunitaria de médicos en las zonas más alejadas e inaccesibles del país, como parte de la formación de especialistas en salud comunitaria.
· No desperdiciar la valiosa experiencia de los médicos forzando su jubilación.
· Sanear a la administración pública de las mafias y de los grupos de presión que operan en su interior.
· Instrumentar un modelo de gestión hospitalaria que no responda a las necesidades coyunturales del gobierno sino a parámetros estratégicos.
· Aprobar el régimen especial para la seguridad social, incluyendo la salud, del trabajador autónomo, del comerciante minorista, del chófer, así como la jubilación de la mujer a los 25 años y el aseguramiento de las amas de casa.
· Impulsar la producción nacional de fármacos y genéricos acordes con la demanda del Plan Nacional de Salud.
· Abrir la puerta a debates cruciales desde la perspectiva de la salud pública y la justicia social como son el aborto y el uso de drogas.
¡Todo para la Patria, nada para nosotros!
Alberto Acosta / Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
