México: guardias comunitarias, entre la amenaza de los cárteles y la necesidad de defenderse

Aquila: guardias comunitarias, entre la amenaza de los cárteles y la necesidad de defenderse
El abogado defensor de los nahuas presos, Sandino Rivero, afirma que ante la acusación de acopio y portación de armas, los indígenas deben quedar excluidos de responsabilidad, pues lo hicieron para salvaguardar un bien superior: su vida.
JAIME QUINTANA GUERRERO

México. La necesidad de salvaguardar las vidas, bienes y tranquilidad de la comunidad empujó a los nahuas de Aquila a organizarse de forma armada para defenderse, lo que los tiene en la cárcel, pero deberían estar libres por eso mismo de acuerdo con el derecho, afirma su abogado, Sandino Rivero.

Viene una etapa definitiva para los guardias comunitarios presos de Aquila, Michoacán, señala en entrevista con Desinformémonos el abogado Rivero, representante de su defensa legal. Los detenidos resultarán inocentes, afirma el litigante, y “lo que queda en última instancia es la decisión política del poder judicial”.

Hay 40 comuneros bajo proceso, 35 en el penal Villa de Aldama, Veracruz (15 de los cuales están libres bajo caución), y cinco en el penal de Mil Cumbres, Morelia (tres están libres bajo caución).

La comunidad indígena de San Miguel Aquila se ubica en la costa-sierra nahua de Michoacán, y posee abundantes recursos como bosques, ríos, arroyos y minerales. El gobierno y las empresas transnacionales siempre han buscan formas “para saquear las comunidades y no pagar por ello”, acusa un texto circulado por comuneros aquilenses en el contexto de la campaña por la liberación de sus detenidos.

La comunidad se tuvo que organizar porque el grupo del crimen organizado Los Caballeros Templarios (“que constituye un verdadero poder en Michoacán”, alerta el abogado Sandino Rivero) llegó a excesos en sus actividades de secuestro, asesinato, violaciones y extorsiones. El cártel se enteró del acuerdo entre comuneros y la empresa minera que opera en sus tierras, que les da una cantidad por la explotación. Así, además de las cuotas por “derecho de piso”, los criminales exigieron más dinero, lo que detonó la conformación de la guardia, el 4 de junio de 2013.

El 24 de julio de 2013, la guardia comunitaria logró tomar el control en materia de seguridad y expulsar a los grupos delincuenciales. Los comuneros explican en su documento que “se invitó al presidente municipal Juan Hernández Ramírez a apoyar el movimiento, y se le exigió que ya no pagara cuota a los Templarios”, pero, relatan, “decidió salir huyendo junto con los del grupo del crimen organizado”.

El camino de la guardia comunitaria fue corto, ya que a tan sólo tres meses de su nacimiento, “el Estado reaccionó, los reprimió y los encarceló”, relata el defensor. En agosto de 2013, un operativo de elementos de la policía estatal, GOES, de la marina y del ejército entraron a la comunidad. “Llegaron a las 7:00 de la mañana, agrediendo y deteniendo a todos los integrantes de la guardia comunitaria de Aquila, destruyendo el inmueble y se robaron dinero, artículos de valor, todo esto sumó aproximadamente un total de un millón de pesos en robos”, abunda el texto de los agraviados.

En cuanto a la acusación de portación y acopio de armas de fuego exclusivas del ejército mexicano, el abogado explica que “nosotros decimos: es cierto, y fue bajo la necesidad ante un ataque de Los Caballeros Templarios. Existe una figura legal que exime la responsabilidad legal de un delito, y se llama estado de necesidad”, explica el litigante. “Se trata de que se comete un delito, pero es para defender bienes jurídicos de mayor valor que el delito cometido”. La defensa de los guardias comunitarios apela a que en el derecho penal mexicano existen excluyentes de responsabilidad, o sea que independientemente de si se comete un delito, quedan exentos de responder por él.

En el caso de los comuneros de Aquila, lo que defendieron fue la paz pública y derechos humanos como su libertad, su vida y sus bienes. “La balanza de la justicia está en estas situaciones”, detalla Rivero. “Lo que se protegía por parte de los comuneros es mucho más importante que tener una arma en la mano”.

Lo que falta en la situación jurídica es cerrar la etapa probatoria, que es cuando el Ministerio Publico tendrá que presentar las conclusiones no acusatorias, como espera la defensa. En ese momento, “el juez pasa la conclusiones al Procurador General de la República, para que confirme la no acusación, y esperemos que queden libres al presentar esta conclusión”, explica el defensor.

Un temor que tiene la defensa es que en el proceso de aprehensiones contra las autodefensas, “metan a los comuneros en una misma lógica y cambie el escenario”. El abogado del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos explica que “nosotros estamos en otro paquete, hemos buscado mecanismos propios de interlocución con el gobierno federal. No se depende de las autodefensas, pero sí puede pasar que modifiquen el contexto con lo que está pasando con ellas”.

Aquila, entre el mineral de la tierra y el plomo de los carteles

En la década de los setentas se descubrió hierro dentro de los límites territoriales de la comunidad. Esto ocasionó la entrada de la empresa minera las Encinas, S.A. de C.V., perteneciente al grupo HYLSAMEX, parte de una poderosa cadena de acero.

La minería incluye tala de los bosques y con ella, la extinción de la flora y fauna de la región, modificación de la geología del terreno, secamiento de los nacimientos de agua y contaminación de arroyos y ríos. Para prevenirse, los comuneros lograron que el 15 de diciembre de 1980 el presidente de la República, José López Portillo, otorgara los derechos sobre la tierra de la comunidad indígena de San Miguel Aquila a 344 comuneros. La superficie de terreno concedida abarca un total de 20 mil 658 hectáreas.

En el año 2005 el grupo trasnacional italo-argentino Techint compró HYLSAMEX y formó la empresa TERNIUM, “la minera más corrupta y agresiva en contra de la comunidad”, añaden los nahuas. La asamblea comunal decidió solicitarle a TERNIUM un pago de regalías por la explotación y todos los daños que de esta actividad se derivan. El 29 de marzo del 2012 se logró un convenio, que estipula que se pagarían 2.30 dólares estadunidenses por tonelada de hierro extraído de la mina de Aquila. “A pesar de ello, el conflicto con la minera siguió ya que la comunidad impidió que hiciera arbitrariedades, como explotar otro cuerpo de mineral que no estuvo contemplado en el convenio”, recuerdan.

Las constantes amenazas

Cuando los comuneros lograron que la empresa minera les pagara regalías, el cártel empezó a exigirle a la comunidad el pago de 700 mil pesos mensuales, con la complicidad de líderes comunitarios corruptos, entre los que acusan a José Cortes Méndez, Fidel Villanueva Ramírez y Miguel Zapien Godínez -que fueron destituidos del Comisariado de Bienes Comunales de forma unánime, mediante Asamblea General de Comuneros de fecha 18 de octubre de 2012. Se les acusó de negociar con los Templarios y explotar minas clandestinas. Los acusados pidieron la nulidad del acuerdo y la comunidad interpuso un juicio de amparo -646/2013 ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en Colima, Colima.

“O pagan o se mueren”, fue el mensaje del cártel. “La inseguridad en la región era latente y el Estado mexicano no cumplía su papel de brindar seguridad a la ciudadanía, por lo que la necesidad de proteger la vida, la libertad, la familia y el patrimonio orilló a la conformación de la guardia comunitaria”, explican en su comunicado. Añaden que “en ningún momento la intención fue desafiar al gobierno y sus instituciones, sino coadyuvar a garantizar la seguridad, elemento esencial para la gobernabilidad en una sociedad”.

Durante el tiempo que operó la guardia comunitaria, explican los nahuas, la gente vivió en paz, los criminales se fueron del pueblo y dejaron de extorsionar, asesinar, violar, torturar, secuestrar y de hacer todo tipo de operaciones criminales.

En agosto de 2013, el operativo de diversas fuerzas amadas detuvo a 50 personas, de los cuales 45 son comuneros y 5 presos por delincuencia organizada y por que tenían órdenes de matar a comuneros. Los elementos del operativo se dirigieron rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el camino pasaron por el poblado de La Placita -cuna del crimen organizado de la región- y en este lugar soltaron a cinco comuneros detenidos, con la intención de que el crimen organizado “se encargara de ellos, pero afortunadamente un taxista se ofreció a llevarlos a la comunidad de Aquila”, relatan los comuneros. Días después, el taxista fue asesinado.

De Lázaro Cárdenas los aprehendidos inmediatamente fueron llevados a la capital michoacana, Morelia, y de ahí fueron trasladados al penal de Mil Cumbres Agustín Villanueva Ramírez, Efraín Villanueva Ramírez, Vicente Villanueva Ramírez, Guadalupe Magaña Orozco y Salvador Martínez, acusados de robo, allanamiento de morada, secuestro, violación, portación de armas de uso exclusivo del ejército y acopio de cartuchos. “Todos estos delitos fueron inventados a la hora de la detención; las detenciones fueron arbitrarias y tenían un fin político”, declaran los comuneros.

Los otros 40 detenidos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, acusados de delincuencia organizada y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Inmediatamente que la gente de la comunidad se enteró de que sus familiares estaban en la SEIDO, se trasladaron en un autobús hasta la capital del país, pero apenas llegaron, sus presos fueron trasladados al penal federal número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

El 20 de agosto los familiares organizaron una marcha en el centro de Morelia. En el momento en que abordaron el autobús para emprender el viaje rumbo a su comunidad indígena de Aquila, “un grupo de encapuchados lanzaron piedras y gasolina al autobús, incendiándolo”, denuncian en el comunicado.

Ese mismo día, y como parte de un operativo estatal, elementos policiacos irrumpieron nuevamente en la comunidad. “Un total de mil elementos sitiaron Aquila, se introdujeron en el auditorio comunal, saquearon, robaron y ultrajaron a los comuneros. Después se fueron a las oficinas de la empresa comunal LANESEK, donde asesinaron a quemarropa a dos guardias comunitarios, de nombre: Salvador Ramos Eudave y Jacinto Alejandro Martínez Paulino. El operativo lo encabezó el presidente municipal Juan Hernández Ramírez”, detallan.

El 28 de agosto de 2013, el gobernador interino Jesús Reyna visitó Aquila, llevó despensas y “le dijo a la población que olvidaran lo sucedido, que en Aquila nada había pasado”. Ese mismo día por la tarde los Templarios levantaron en la Estanzuela, municipio de Aquila, a Miguel Alcalá Alcalá, familiar de una persona que formaba parte de la guardia comunitaria. Luego de torturarlo fue asesinado y su cuerpo fue arrojado a un basurero, relatan. El 2 de octubre de 2013 fueron torturados, ejecutados y colgados los comuneros Emilio Martínez López y Miguel Martínez López, y dejados con mensajes que decían “que eso les iba a pasar a todos lo que anduvieron de comunitarios”, explica el documento.

El 25 de noviembre del 2013, Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Carlos Zapien Díaz, dirigentes de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, fueron levantados por un grupo de sujetos mientras viajaban rumbo a la ciudad de Colima. Los tres desaparecidos ocupaban cargos comunales, Carlos Zapien Díaz era el Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco Javier Ramos era el Primer Secretario del Consejo de Vigilancia y Tesorero de la empresa comunal LANESEK de Aquila, mientras que Ignacio Martínez de la Cruz tenía el cargo de Secretario del Consejo de Administración de la misma empresa.

El 27 de enero de 2014, la Policía Federal detuvo a las autoridades comunales destituidas por corrupción -José Cortés Méndez, Fidel Villanueva Ramírez y a Miguel Zapien Godínez-, pero ahora acusados de ser miembros del crimen organizado. Los nahuas detallan que los detenidos se encontraban en posesión de droga y de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y consideran que esta detención evidenció lo que la comunidad había estado denunciando: un entramado criminal del poder en un territorio indígena para despojarlo de sus bienes comunes.

Los familiares de los guardias comunitarios detenidos están desesperados, pero convencidos, al igual que la defensa, de que saldrán libres.

23 de marzo 2014