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Indígenas son enjuiciados por defender la Amazonía, pulmón del mundo
2 octubre, 2014
Aidesep
El juicio se está dando pocos meses antes de la COP 20, la mayor reunión internacional para reducir el cambio climático. La conservación de los bosques tropicales es una de las prioridades.
Tres organizaciones internacionales, defensoras de los derechos humanos denunciaron una serie de deficiencias en el juicio que sigue el Estado peruano contra 53 indígenas que están siendo imputados en el caso conocido como “El Baguazo”, que se realiza en Perú, desde mayo de este año.
Las organizaciones que han hecho esta llamada son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Centro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), quienes hicieron públicas investigaciones que realizan de forma independiente sobre este conocido caso.
De acuerdo con los investigadores, el caso de Bagua tuvo entre sus principales detonantes, la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la Amazonia, mayor bosque tropical del mundo. Paradójicamente este juicio se está realizando pocos meses antes de que se realice en Lima, Perú, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conocida como COP 20, en la cual la comunidad internacional negocia las formas para reducir las emisiones de carbono y a su vez del cambio climático. Una de las medidas generalmente aceptada es precisamente, la conservación de los bosques tropicales.
“A las puertas de la COP 20, Perú se ha querido presentar como un Estado a la vanguardia de la protección del ambiente, sin embargo lo que demuestra el juicio de Bagua, es que quienes están dispuestos a defender el bosque tropical más grande del mundo, como es el Amazonas, son reprimidos violentamente por el Estado, lo que es un mensaje contradictorio”, argumentó Carlos Baquero, investigador de Dejusticia.
Precisamente los investigadores explicaron que la aplicación de tipologías penales como motín o entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y disturbios, tal como sucede en este juicio, ponen en riesgo el derecho a la protesta y la libertad de expresión. “Estamos viendo como las movilizaciones sociales que luchan por la protección de los territorios, terminan siendo criminalizadas o respondidas de manera violenta, con bastante represión por parte de las fuerzas del Estado. Esto es una tendencia que esta sucediendo en Perú, pero también se está dando en países como Bolivia, Ecuador, e incluso Colombia”, explicó Baquero.
Los hechos que dieron origen a los sucesos de “El Baguazo” se remontan al año 2008, cuando el gobierno del ex presidente Alan García promulgó una serie de decretos legislativos que flexibilizaban la concesión de actividades económicas, particularmente extractivas, en zonas superpuestas a territorios tradicionales indígenas en la Amazonía peruana. El gobierno de Perú en ese momento señaló que esto se debía la necesidad de promover el desarrollo económico y poner en marcha compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, que se había firmado en el año 2007.
Es importante destacar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entró en vigencia en Perú desde 1994 . Este Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. Además exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que afecten sus territorios. A raíz de esto, varias comunidades y organizaciones indígenas demandaron la derogación inmediata de estos decretos, en tanto consideraban que vulneraban los derechos fundamentales sobre sus tierras.
Tras una amplia movilización de comunidades que residen en la región de la Amazonía peruana, dos de los decretos legislativos referidos (1015 y 1073) fueron derogados en septiembre de 2008, pero permanecieron vigentes otros nueve decretos considerados nocivos a los intereses y derechos territoriales de los grupos indígenas. Ante tal situación, en abril de 2009 se inició el denominado “paro amazónico”, consistente en el bloqueo de carreteras y manifestaciones públicas adyacentes a la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas
Luego de varios días de movilización, el 4 de junio, mediante un acuerdo con el Ejecutivo, se pactó la retirada pacífica de los manifestantes, pero el 5 de junio de 2009, por la madrugada, ocurrió “El Baguazo”: una emboscada policial atacó a los manifestantes y como resultado de la confrontación fueron asesinados 23 policías, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua.
Entre otras deficiencias, estas organizaciones encontraron que los procesados indígenas –awajun wampis– no han contado durante las diferentes etapas del proceso judicial con un intérprete en su idioma, pese a que esto está establecido por el derecho internacional. “El proceso penal de ellos inició con una declaratoria que se escribió en castellano y no existió en ese momento interprete que les pudieran explicar y traducir cosas tales como por qué estaban siendo sindicados, qué era lo que les estaban preguntando o qué tipo de delitos les estaban imputando”, dijo Baquero.
Pagan cárcel sin el debido proceso penal
Otra situación detectada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, es que algunos imputados han sido detenidos preventivamente al margen de los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, dos de los procesados en el caso, cumplieron entre tres años y casi cinco años de detención preventiva sin una sentencia en su contra. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos la detención preventiva debe ser una medida excepcional cuyo único fundamento es la necesidad de evitar que una persona eluda u obstaculice la investigaciónpenal. “Observamos que la detención preventiva de algunos imputados en el proceso en curso ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua se dio al margen de los estándares internacionales de derechos humanos,” informó Daniel Cerqueira, investigador de DPLF.
De acuerdo con estas organizaciones, el derecho internacional establece que los procesados tienen derecho a conocer la acusación y las razones por las cuales son imputados, el fundamento probatorio y la caracterización de los hechos. No obstante esto no se ha cumplido a cabalidad durante el juicio, en algunos casos, los indígenas declararon luego de ser sometidos a situaciones de violencia, lo que está certificado por el Instituto de Medicina Legal Peruano. Mientras que en otros casos, los indígenas enjuiciados han dicho que los defensores de oficio que les fueron asignados, fueron meramente figurativos.
Cerqueira, explicó que la intención de estas investigaciones no es pronunciarse sobre la existencia o no de culpabilidad por parte de los imputados, sino alertar a la necesidad de que un juicio penal de la trascendencia del que se lleva a cabo en Perú amerita una actuación acorde a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado.
“El Poder Judicial peruano tiene en sus manos la oportunidad de restaurar una relación más armónica entre los pueblos indígenas y el poder público, alterada por la imposición de decretos legislativos que desconocieron el vínculo ancestral de las comunidades amazónicas con su territorio y por la elección de medidas de seguridad y decretos de emergencia en lugar del diálogo, culminando con el enfrentamiento entre peruanos y la muerte de decenas de ellos”, finalizó Cerqueira.