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La Policía Comunitaria de Guerrero no tiene que pedir perdón ni permiso
Florencia Mercado
Desinformámonos
23 enero 2016 0
Abrirse camino para la Policía Comunitaria de Guerrero (CRAC-PC) no ha sido una tarea sencilla para la población que participa de este sistema de seguridad, justicia y reeducación, con una perspectiva integral, en la que se involucran también proyectos de educación comunitaria, reflexión de género, producción sustentable y solidaria, salud y defensa del territorio. Por un lado, la organización sufrió y sufre, -sobre todo durante los últimos cinco años- el acoso de la clase política de Guerrero, que oscila entre la cooptación y las detenciones arbitrarias; y por el otro, padece —como la mayor parte del territorio de la entidad— el asedio de las empresas extractivas, que insisten en convertir sus territorios ancestrales en simple mercancía.
Este escenario, sin duda se completa, con la creciente violencia en la entidad. En un artículo de reciente publicación se señala que “en los 76 días que lleva la Administración de Héctor Astudillo en Guerrero, han sido asesinadas 319 personas en casos presuntamente relacionados con delincuencia organizada. Estos crímenes han tenido lugar en 27 de los 81 municipios del Estado”[1] y las diferentes organizaciones de seguridad comunitarias también han perdido vidas en este espiral de violencia.[2]
La respuesta del gobernador de Guerrero, es la misma que la de su homólogo Graco Ramírez: el Mando Único de Policía. Frente a esto, la preocupación de la CRAC-PC no se ha concentrado en demeritar dicha propuesta -al menos no han emitido ningún comunicado al respecto-. Sin embargo, lo que sí parece importar a la población es la posible derogación de la Ley 701 que, tras la reforma constitucional de 2014, perderá vigencia en el mes de abril del presente año.
Esta inquietud, sin duda, es indicativa de que la Policía Comunitaria está enfocada en el respeto de su forma organizativa, más allá de las políticas de seguridad que se pretendan implementar. Esto se debe a que el sistema que han desarrollado durante más de veinte años encuentra su raíz en una organización que parte de las bases comunitarias y que se articulan de manera regional para resolver problemas comunes por medio de la Asamblea Regional, en la que se vierten todos los temas que afectan sus derechos, se vierten propuestas y se toman resoluciones que deben ser acatadas por las personas que ostentan un cargo. Es decir, la seguridad no abraza sólo policiaca, sino que opera en un aspecto más amplio: en la posibilidad de reproducir su vida como comunidades y pueblos indígenas (aunque en ella existen algunas comunidades que han perdido la lengua).
Sin embargo, la relación que guarda el Sistema de Seguridad, Reeducación y Justicia con el tema de la legalidad ha variado. Es así, que la Policía Comunitaria parte su historia con el lema “El respeto a nuestro derecho será justicia”, como una demanda, ya no de más reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, sino de la defensa de un derecho propio, sea éste reconocido por el Estado o no. Esta reflexión colectiva se alcanza en el periodo de “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en América Latina”, que en México se cristalizara en la reforma constitucional Bartlet-Ceballos-Ortega, que tuviera lugar en 2001, en la que se traicionaron los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.
Pese a esta postura, las comunidades que conforman la asamblea regional no se han mantenido inermes ante las reformas que se pretenden hacer en esta materia. La misma Ley 701 fue impugnada por no ser consultada en los pueblos afectados.[3]
Durante un evento que el gobierno local ostentó como “Foro de Consulta” en el municipio de San Luis Acatlán, la población asistente expuso innumerables argumentos sobre la necesidad de que la consulta debía ser libre, previa e informada, es decir, conforme a las leyes nacionales e internacionales. También se expusieron problemas graves de violencia estructural, cuestionando a los legisladores presentes ¿en qué medida dicha reforma atacaría problemáticas como el hambre, la nula atención a problemas de salud y la falta de educación que padece la población? No hubo respuesta, la Ley 701 finalmente fue publicada el 15 de febrero de 2011.[4]
No obstante, frente a la creciente decadencia del respeto a su institución y, en general, a toda la población guerrerense, la Ley 701 fue adoptada por la CRAC-PC, toda vez que reconocía, aunque de manera lacónica, las formas de impartición justicia comunitaria y la subordinación de la Policía Comunitaria únicamente a la CRAC. Esto, aunado a la detención de líderes y policías comunitarios, fue originando una apropiación colectiva de esta Ley, que fue formulada previamente a la reforma constitucional impulsada por Ángel Aguirre Rivero en 2014.
Ante esto, si el actual gobernador muestra la misma sensibilidad que su antecesor, no sólo demostrará su nula preocupación por los pueblos indígenas de la entidad, violando en Convenio 169 de la O.I.T. que obliga a las autoridades de los estados firmantes a consultar a los pueblos indígenas frente a cualquier posible afectación de sus derechos. También dejaría ver que los objetivos de su gobierno están enfocados a un modelo de desarrollo que únicamente favorece intereses trasnacionales, poniendo en riesgo la propiedad de los territorios indígenas y su autonomía organizativa con proyectos mineros[5] y zonas económicas especiales, que se proyectan instalar a lo largo y ancho del estado.
Como ha señalado en múltiples ocasiones Andrés Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “la gente desconfía de cualquier policía del gobierno y para recuperar la confianza no se puede solamente crear un modelo desde fuera y desde arriba”[6], refiriéndose al Mando Único de Policía y a la política en materia de Derechos Humanos en la entidad.
La Policía Comunitaria fue y sigue siendo la única respuesta que tiene la población para protegerse de las problemáticas que afectan a la población. Es por ello que no tienen que pedir permiso ni perdón a nadie de su existencia. No se trata de una respuesta improvisada a la violencia. Se trata de cimentar y defender sus formas de vida ancestrales de manera creativa y con elementos que tiene la población para construir un proyecto de vida común.
[1] El Siglo de Torreón – http://www.elsiglodetorreon.com.mx. Enlace a la nota original: Confirma Astudillo a 17 desaparecidos
[2] Refiero particularmente a los cuatro homicidios de Policías Comunitarios en el municipio de Tixtla. Fuente: Ocampo Sergio, La Jornada, 26 de noviembre de 2015. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/26/reportan-asesinato-de-cuatro-policias-comunitarios-en-tixtla-4896.html
[3] Esta impugnación fue de manera verbal, ya que la CRAC-PC, nunca impugnó por las vías judiciales.
[4] La Ley 701 se puede consultar en el link http://www.iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Ley%20701%20PueblosIndigenas.pdf
[5] Los Filos es la mayor mina de oro del país después de Peñasquito, también de Goldcorp.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/carrizalillo-mina-de-oro-y-cadaveres-1451000194