La hora de la autonomía

La lucha por la autonomía en la América Latina se libra entre quienes la afirman en sus propios espacios, particularmente entre los pueblos originarios, y la proyectan al conjunto de la sociedad, y quienes
buscan regularla y controlarla dentro del régimen existente, como una forma de descentralización política de los poderes verticales del Estado.



La hora de la autonomía
Gustavo Esteva*

“Ante todo, importa aprender a estar de acuerdo. Muchos
hay que dicen que sí, pero en el fondo no están de acuerdo.
A otros no se les pide su opinión, y muchos están de acuer-
do en lo que no hace falta que lo estén. Esa es la razón de
que importe, ante todo, aprender a estar de acuerdo”
Bertold Brecht
“La democracia significa que el pueblo gobierna. Para hacer
esto, el pueblo debe constituirse en una entidad mediante la
cual pueda, en principio, ostentar el poder”
Douglas Lummis

Resumen
En este ensayo se enmarcan las muy diversas luchas por la
autonomía que se realizan actualmente en América Latina en dos
impulsos contrapuestos que las moldean y condicionan, los que
se refieren a la democracia y el poder político, bajo el supuesto
general de que nos encontramos al final de un ciclo histórico.
Uno de esos impulsos corresponde al empeño de conquistar el
“Estado” y emplear la ingeniería social (la transformación de arriba
1 Incluyo en este ensayo fragmentos revisados de previos ensayos, particularmente
los de 2014 y 2015.
* Activista e intelectual público desprofesionalizado. Columnista en La Jornada y ocasionalmente en The Guardian. Autor de más de 40 libros y numerosos ensayos y artículos. Colabora en el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y en la Universidad de la Tierra en Oaxaca.
29Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina hacia abajo) para conseguir sus propósitos. Es un impulso que
se mantiene afiliado al desarrollo y a la democracia formal; no es
propiamente anticapitalista, hasta cuando declara serlo, y tampoco
tiene carácter revolucionario. El otro impulso es el de quienes
intentan reorganizar la sociedad desde abajo y empiezan a crear un
mundo nuevo, redefiniendo con su acción, en la práctica, el sentido
y contenido del cambio social radical. Estas dos corrientes son el
marco de los empeños contrapuestos que caracterizan la lucha por
la autonomía en la América Latina, que se libra entre quienes la
afirman en sus propios espacios, particularmente entre los pueblos
originarios, y la proyectan al conjunto de la sociedad, y quienes
buscan regularla y controlarla dentro del régimen existente, como
una forma de descentralización política de los poderes verticales
del Estado.
Palabras clave: Autonomía, América Latina, anticapitalismo, reor-
ganización social, práctica desde abajo, cambio social radical
Abstract
The diverse struggles for autonomy currently waged in Latin
America are framed in this essay within two opposed trends that
shape and condition them, related to democracy and political power,
under the general assumption that we are at the end of an histori-
cal cycle. One of those trends looks for seizing the State and uses
social engineering (the transformation from the top down). It is as-
sociated with development and formal, representative democracy. It
is not anticapitalist, even when it pretends to be against capitalism,
and it does not have a revolutionary character. The other trend co-
rresponds to the theories and practices of those attempting to reor-
ganize the society from the bottom-up and begin to construct a new
social order, redefining through their initiatives the orientation and
content of social change. These two trends shape the struggles for
autonomy in Latin America, waged by those affirming themselves in
their own spaces, particularly Indigenous peoples, who attempt to
project their experience to the whole of the society, and those loo-
king for legal and political ways to regulate and control autonomy,
within the existing regime in the nation-state, assuming it as one
form of political decentralization of the vertical powers of the State.
Keywords: Autonomy, Latin America, anti-capitalism, social reor-
ganization, practiced from below, radical social change
30La hora de la autonomía
Introducción
Buena parte de los batallones latinoamericanos de descontentos
que se han formado en la era neoliberal hicieron suya, cada quien a
su manera, la bandera de la autonomía. Los poderes establecidos, por
su parte, tuvieron muy diversas reacciones ante los empeños auto-
nómicos, pero en general quisieron someterlos a regulación y control.
Sería torpe y ridículo reducir la riqueza y variedad de las iniciativas
políticas que se están tomando en América Latina y las movilizaciones
en curso a alguna clasificación o síntesis. La vista a vuelo de pájaro,
para ofrecer una perspectiva panorámica de la efervescencia en la re-
gión, revelaría más de quien ve, que de lo visto. Para ofrecer una visión
de conjunto de las luchas por la autonomía en la región, sin perder
de vista su inmensa diversidad, opté en este ensayo por mostrar es-
quemáticamente dos impulsos contrapuestos que las moldean y las
enmarcan en las luchas por la democracia y el poder político que se
libran en la región al final de un ciclo histórico. No hay reduccionismo
al referirse a esas dos corrientes contrapuestas de pensamiento y ac-
ción que son particularmente manifiestas en la región, aunque existen
en todas partes. Casi todas las iniciativas políticas y las movilizaciones
se encuentran en alguna de ellas. Una corriente sigue empeñada en
la conquista del “Estado” 2 y el empleo de la ingeniería social (la trans-
formación de arriba hacia abajo) y se afilia aún al desarrollo y a la de-
mocracia formal; no es propiamente anticapitalista, hasta cuando de-
clara serlo, y tampoco tiene a mi entender un carácter revolucionario.
Atribuyo estos rasgos, en cambio, a quienes intentan reorganizar
la sociedad desde abajo y empiezan a crear un mundo nuevo, redefi-
niendo con su acción, en la práctica, el sentido y contenido del cambio
social radical. Estas dos corrientes son el marco de los impulsos con-
trapuestos que caracterizan la lucha por la autonomía en la América
Latina, que se libra entre quienes la afirman en sus propios espacios,
particularmente entre los pueblos originarios, y la proyectan al con-
junto de la sociedad, y quienes buscan regularla y controlarla dentro
del régimen existente.
La contraposición
Vientos de cambio soplan en la América Latina. Antiguos ideales
emancipatorios se mezclan con las urgencias del día. Categorías,
2 “Estado” es actualmente una categoría vacía, sin denotación específica universal-
mente aceptada pero llena de connotaciones. Alude habitualmente al gobierno o a
las instituciones de gobierno, a los “poderes” constituidos, pero implica vagamente a
todos los miembros del cuerpo social. Se ha incorporado al imaginario colectivo como
algo realmente existente, aunque la palabra sea empleada casi siempre como instru-
mento de manipulación. Ver Valdés, 2010.
31Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
hipótesis y prácticas casi olvidadas o francamente obsoletas se
combinan con innovaciones radicales. Todo parece estar en juego,
en todas las formas posibles, al tiempo que renace el gatopardismo:
el afán de cambiarlo todo para que nada cambie. Tiende a haber
consenso sobre la necesidad de un cambio profundo, pero su natu-
raleza y alcance son objeto de intensa controversia. No sólo se dis-
cute si existen o no las condiciones clásicas para una revolución,
para la modificación radical y sustantiva del régimen dominante.
Se discute también si es o no viable la idea de revolución que preva-
leció hasta ahora, la que se concibió en el molde del primer intento
de reforma total del mundo, llevado a cabo por Gregorio VII en el
siglo XII. Es la forma de revolución que en el siglo XX adoptó la for-
ma leninista y empleó la ingeniería social como método y enfoque
para la transformación. Al considerar que esa idea de revolución
está agotada y que su método y enfoque resultan estériles y contra-
producentes, diversos grupos discuten y llevan a la práctica formas
alternativas de cambio radical.
En diversas partes de América Latina se discute aún si podrían
renacer movimientos que parecen extinguidos, como el “¡Que se
vayan todos!” en Argentina, la “guerra del agua” en Bolivia, y la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en México.
Se explora si fueron sólo revueltas populares, estallidos rebeldes
que se extinguieron con la misma rapidez con la que surgieron, o
movimientos sociales que persistirían en forma latente y podrían
activarse en cualquier momento. Es probable que buena parte de
estas iniciativas sean las dos cosas. Fueron estallidos de descontento
que produjeron erupciones espectaculares. Diversos factores
apagaron la erupción, pero la fuerza del magma volcánico seguiría
hirviendo en las entrañas sociales: ningún intento de cooptación
o manipulación, ningún ejercicio represivo, logran sofocarla. Por
todas partes, además, se observan aún las huellas de la lava que
se desbordó en el estallido y se extendió ampliamente; es ahora
sedimento de la experiencia colectiva. Desde que nacieron estas
iniciativas enfrentaron el conflicto entre dos corrientes políticas e
ideológicas que se expresaron vigorosamente en su seno. Cada una
quiso darles la configuración y orientación que a su entender eran
las apropiadas. Y así disputaron interminablemente y concertaron
interminablemente acuerdos inestables. Una corriente se orienta a
la “toma del poder”. Busca conquistar los aparatos gubernamentales
y adopta para ello una estructura vertical y disciplinada capaz de
conducir a las masas, tanto en esa tarea como en el ejercicio de
ingeniería social que se realizará desde el gobierno. Aunque todavía
32La hora de la autonomía
existen grupos inclinados a la llamada “vía armada” o al “golpe
de mano”, quienes militan en esta corriente han adoptado la vía
electoral como estrategia central de acción política. Recurren a la
acción directa (ocupación de oficinas públicas, cierre de carreteras
y vías de comunicación, etc.) sólo para presionar a las autoridades,
pues atribuyen gran importancia a la lucha reivindicativa, para
exigir al capital o al gobierno la satisfacción de demandas específicas.
Esta corriente se instaló ya en el gobierno en Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. Hay
grandes diferencias en la orientación política e ideológica de esos
gobiernos y en la forma en que llegaron al poder quienes ahora los
dirigen, pero todos se declaran de izquierda y mantienen ideales
revolucionarios, compromisos sociales fuertes y una firme vocación
desarrollista y democrática 3 .
Esta corriente se enfrenta a cada paso a otra de carácter ente-
ramente distinto, que emana de la experiencia de la gente común
y de los pueblos. La unifica una profunda desconfianza en los es-
quemas cupulares de acción política, una persistente resistencia a
las estructuras organizativas verticales y centralizadas y un gran
desencanto con los procesos electorales, la democracia formal, las
instituciones existentes y las diversas formas y estilos de desarro-
llo. Con titubeos, tropiezos y vacilaciones, en formas más o menos
vagas, esta corriente trata de dar forma a proyectos políticos más
amplios. Han estado empleando la idea del buen vivir para esbozar
alternativas.
Las iniciativas de esta corriente aparecen como expresión del
descontento generalizado y la creciente preocupación por la crisis.
Nacen con gran indefinición, proyectando al conjunto de la socie-
dad formas de existencia social y organización política de barrios
y comunidades. A menudo se articulan en torno a asambleas, sea
que provengan de antiguas prácticas, como en comunidades in-
dígenas, o que se inicien como mero mecanismo de toma de deci-
siones, en una estructura horizontal característica, que pronto se
convierte en componente central de la lucha misma y del régimen
político que podría emanar de ella; serían dispositivos para mante-
ner autonomía y horizontalidad a lo largo de todo el proceso. Estas
luchas tienden a ser una prefiguración de su resultado; no son un
medio para un fin. El mundo nuevo podría haber nacido con ellas.
Con diferente intensidad, con frutos bien logrados en algunas par-
tes y apenas incipientes en otros, esta corriente existiría en todos
los países de la región.
3 Cuba merece obviamente un tratamiento específico, que no puedo abordar aquí.
33Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
Las luchas por la democracia
El consenso de las principales corrientes políticas de América
Latina sobre la democracia no permite llegar muy lejos, porque el
ideal democrático es hoy universal e indiscutible pero desdibujado.
Estar por la democracia carece de significado preciso y da lugar a
posiciones muy distintas. Mientras algunos tratan de perfeccionar
el sistema formal, lleno de vicios, otros tratan de ampliar la partici-
pación de los ciudadanos, con la llamada democracia participativa.
Pero un número creciente de personas está abandonando ya esas
luchas. La principal institución democrática, la creencia general de
los ciudadanos de que eligen libremente a sus representantes y que
éstos representan realmente sus intereses, se halla muy debilitada
o es ya inexistente.
La construcción de las formas democráticas modernas fue un
triunfo popular: reivindicó para el pueblo la soberanía y el poder que
se atribuían a los reyes. Dada la retórica dominante, es útil recordar
que Marx realizó la defensa más radical de la democracia: “En la mo-
narquía, el conjunto, el pueblo, se encuentra subsumido bajo una de
sus formas particulares de ser, la constitución política. En la demo-
cracia la constitución misma aparece sólo como una determinación,
a saber, la autodeterminación del pueblo. En la monarquía tenemos
el pueblo de la constitución; en la democracia la constitución del
pueblo. La democracia es la solución al acertijo de todas las consti-
tuciones. En ella, no sólo implícitamente y en esencia sino existiendo
en la realidad, se trae de nuevo la constitución a su base real, al ser
humano real, al pueblo real, y se establece como acción del propio
pueblo” (Marx y Engels, 1975: 29; cursivas en el original).
Esta victoria, sin embargo, redujo la democracia a su forma re-
presentativa. Se forjó así una nueva mitología en cuanto a la capa-
cidad de las mayorías electorales de orientar la acción política y de-
terminar su resultado y el rumbo de la sociedad. Esa mitología está
actualmente en cuestión. El cinismo, la corrupción y el desarreglo
a que han llegado gobiernos y partidos en las sociedades democráti-
cas, así como la continua inyección de miedo, miseria y frustración
que aplican a sus súbditos, han llevado a replantearse los funda-
mentos de las instituciones dominantes (Archipiélago, 1993).
En 1994, el “¡Basta!” de los zapatistas prefiguró el desencanto
mundial con la democracia formal, cuando se hizo evidente que
los poderes constituidos no representan al pueblo y han aprendido
a ignorar su voluntad. Subordinados al capital, al servicio del 1%
(como dijeron los de Occupy Wall Street en 2011), no sólo acentúan
y administran el despojo y explotación de las mayorías que realiza
34La hora de la autonomía
el capital, sino que contribuyen a poner en peligro la supervivencia
misma de la raza humana. El llamado de alerta de los zapatistas es
ya general. “¡Que se vayan todos!”, dijeron en Argentina en 2001.
“Mis sueños no caben en tus urnas”, señalaron los indignados en
España en 2011. “Nos iremos cuando ellos se vayan”, afirmaron en
Grecia ese mismo año. Occupy Wall Street tuvo un efecto “¡Ajá!”
liberador: permitió a millones de personas decir en voz alta lo que
siempre habían sospechado pero no se atrevían a compartir, por-
que parecía un desafío disparatado a la verdad dominante en la
cuna de la democracia moderna. Nadie va a la iglesia a discutir la
existencia de Dios.
Para muchas personas la democracia nunca ha ejercido particu-
lar atracción. No observan, en su vida cotidiana, los beneficios que se
le atribuyen, y los debates técnicos para perfeccionarlo les resultan
casi siempre incomprensibles. Se niegan a sustituir la capacidad real
de gobernarse en barrios y pueblos por la ilusión vana de contro-
lar a un poder opresor mediante la agregación estadística de votos
individuales. Para ellas, democracia significa capacidad propia de
gobierno y esta percepción no es una versión simplista del discurso
sobre la democracia: capta su esencia. Para quienes forman el “pue-
blo”, democracia es asunto de sentido común: que la gente común
gobierne su propia vida. No se refiere a una clase de gobierno, sino
a un fin del gobierno. No trata de un conjunto de instituciones, sino
de un proyecto histórico. No se plantea “un” gobierno específico, con
una forma determinada, sino los asuntos de gobierno. No se alude a
las democracias existentes o en proceso de construcción, con o sin
adjetivos, sino a la capacidad propia de gobernarse.
Esta noción de democracia se distingue de la formal y de otras
concepciones políticas. No corresponde a la expresión que define la
democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.
En el discurso de Lincoln, en Gettysburgh, en que esa frase nació, no
aparece la palabra democracia. Lincoln se refería a un conjunto de
instituciones gubernamentales que han de dar poder al pueblo, no
a un pueblo que lo posee. “Para Lincoln mismo, la Unión no era la
democracia en sí; fue justamente aclarar esa diferencia que lo con-
virtió en un personaje famoso: las instituciones del gobierno no eran
la manzana dorada de la libertad, sino el marco plateado con el cual
–se esperaba– proteger la manzana” (Lummis, 2002: 37). Esta noción
tampoco equivale a la llamada “democracia directa”. Tal expresión
alude, unas veces, a un régimen que antecedió a la democracia mo-
derna, por lo que se le descarta, aduciendo que acaso funcionó en la
antigua Atenas, pero no caracteriza a ningún Estado moderno ni es
35Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
factible que funcione en él (Mayo, 1960: 58). Otras veces, se le asocia
con prácticas como el referendo y la revocación del mandato y se
le considera un mero complemento de la democracia representativa
(Cronin, 1989) o como rasgo de la democracia participativa.
En contraste con esas nociones, la idea de democracia que ha
estado surgiendo en las entrañas de la sociedad actual trata de otra
cosa. La expresión “democracia radical” no se ha empleado mayor-
mente en la región, pero recoge bien el sentido de esa búsqueda:
Democracia radical significa democracia en su forma esencial,
democracia en su raíz y, con bastante precisión, la cosa misma. […]
Desde el punto de vista de la democracia radical, la justificación de
cualquier otro tipo de régimen es como la ilusión del emperador por
sus nuevos trajes. Incluso un pueblo que ha perdido la memoria
política […] puede no obstante descubrir que la verdadera fuente
del poder es el pueblo mismo. […] Democracia es el radical, la raíz
cuadrada de todo el poder, el número original a partir del cual se
multiplican todos los regímenes, el término raíz del cual se ramifica
el vocabulario político. […] La democracia radical constituye la base
de todo el discurso político. […] La democracia radical vislumbra al
pueblo reunido en el espacio público, sin que el gran Leviatán paternal
o la gran sociedad maternal se alce sobre ellos, sino sólo con el cielo
vacío: el pueblo haciendo propio nuevamente el poder de Leviatán, con
libertad de hablar, elegir, actuar (Lummis, 2002: 38-42).
Es una noción omnipresente en la teoría política y el debate de-
mocrático y a la vez peculiarmente ausente: se flirtea con ella y se
le esquiva, como si nadie se animara a abordarla a fondo y de prin-
cipio a fin; como si fuera demasiado radical o ilusoria: lo que todo
mundo busca pero nadie puede alcanzar.
La teoría democrática convencional opera un deslizamiento con-
ceptual que traiciona y distorsiona la raíz de la democracia como
capacidad propia de gobierno. Se le describe como una forma de
gobierno y un conjunto de instituciones en que el poder del pueblo
se transfiere continuamente a éstas, que quedan en manos de una
pequeña minoría. En las llamadas democracias es siempre una pe-
queña minoría la que decide por los demás; es siempre una minoría
del pueblo y casi siempre una minoría de los electores quien decide
qué partido ejercerá el gobierno; una minoría exigua promulga las
leyes y toma las decisiones importantes. La alternancia en el po-
der o los contrapesos democráticos no modifican ese hecho. Estar
conscientes de ello no es necesariamente un argumento contra la
democracia, pero afirma el derecho de la gente a no ser gobernada
contra su voluntad y a no tener que comulgar, además, con ruedas
de molino (Archipiélago, 1992).
36La hora de la autonomía
La democracia radical rechaza esos deslizamientos conceptuales
y políticos. No es un regreso a un estadio anterior. Aunque tiene
raíces en una variedad de tradiciones, expresa la lucha de pueblos
que han vivido bajo diversos gobiernos, más o menos despóticos
o democráticos, que han observado críticamente la forma en que
se corrompen cada vez más, y se muestran decididos a emprender
acciones que modifiquen radicalmente la situación. Quieren vivir
en “estado de democracia”: mantener en la vida cotidiana esa con-
dición concreta y abierta.
La condición democrática se mantiene cuando la gente se dota
de cuerpos políticos en que puede ejercer su capacidad de gobierno.
No existen opciones claras al respecto, pero al buscarlas se conso-
lida cada vez más el empeño por poner las luchas por la democra-
cia formal y la participativa al servicio de la democracia radical.
Esto implica poner el énfasis en lo que la gente puede hacer por
sí misma para mejorar sus condiciones de vida y transformar sus
relaciones sociales, más que en la ingeniería social y los cambios
legales e institucionales. Se define así la iniciativa de reorganizar
la sociedad desde su base. En vez de “tomar el poder”, se trata de
desmantelar progresivamente la maquinaria estatal en donde se
encerraría el “poder” y crear nuevos arreglos institucionales que la
hagan innecesaria, otros arreglos sociales en que el “poder” sea de
naturaleza distinta.
Las ilusiones democráticas siguen estando muy extendidas,
pero aumenta continuamente el desencanto con el funcionamien-
to de las instituciones democráticas. Es posible que la devoción
democrática se mantenga porque no hay alternativas claras y las
asambleas comunitarias y barriales no se perciben como formas de
gobierno capaces de sustituir al régimen dominante. En el proceso
en curso, queda incluso en cuestión la palabra misma, democra-
cia, en la que estaría inscrito el discurso del poder (Esteva, 2003;
Lummis, 2002 y Valdés, 2014). Parece necesario hallar un nuevo
término que capte el sentido de la democracia radical, que aparece
ya como ideal realizado en territorio zapatista, en México.
La reformulación de la sociedad civil
Al preguntarse a Marcos, el vocero de los zapatistas, si no esta-
ban apostando demasiado a la sociedad civil, respondió sin vacila-
ción: “¡Y cómo no hacerlo, si ha demostrado varias veces de lo que
es capaz!”. Cuando se le hizo ver que parecía aún muy desorgani-
zada y un poco lenta, señaló sonriendo: “Y sin embargo, se mue-
ve…” (La Jornada, 25-26/08/1995). Las referencias a la “sociedad
37Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
civil” han sido constantes en el discurso de los zapatistas. Han
encontrado amplio eco, pero también han sido fuente de confu-
sión, dada la larga y retorcida historia conceptual y práctica de la
expresión 4 . No hace falta recorrer esa historia, sin embargo, para
apreciar el sentido de sus usos recientes, propios de un contexto
histórico muy específico.
En su encarnación actual, la noción de sociedad civil se identi-
fica muy claramente con movimientos populares, lo mismo en Eu-
ropa del Este que en América Latina, que no adoptaron las formas
clásicas de las organizaciones de clase o los partidos para sustituir
regímenes autoritarios. Sus referentes teóricos incluyen a menudo
a Gramsci, pero también emplean ideas y experiencias que proce-
den de muy diversas tradiciones. El denominador común de esos
movimientos es la autonomía de las organizaciones que los forman,
su independencia del Estado y su antagonismo respecto a él. Esta
noción de sociedad civil nada tiene que ver con los usos que ac-
tualmente se dan a la expresión en las concepciones del pluralismo
liberal, más acordes con la tradición.
En estas versiones, en vez de las organizaciones independientes
de la gente y los movimientos populares, las empresas privadas apa-
recen como el actor central de la “sociedad civil”, que es guiada por
un espíritu de competencia. Esta línea de pensamiento lleva a afir-
mar que “los Estados Unidos han tenido la más completa sociedad
civil… quizás la única en la historia política” (Bell, 1989: 56). Tal afir-
mación está en manifiesta contradicción con el uso actual del térmi-
no, incluso respecto a Estados Unidos. Se ha señalado, al respecto,
que la desarticulación de la sociedad civil, su virtual inexistencia,
explica buena parte de los predicamentos actuales de ese país 5 .
El antagonismo con la maquinaria estatal es de un orden
diferente. De hecho, cuando liberales y neoliberales proclaman
ahora: “tanta sociedad como sea posible, tan poco gobierno como
sea necesario”, expresan lo contrario de lo que están planteando,
teórica y prácticamente, los movimientos populares, que buscan
tanto gobierno de los comportamientos y los acontecimientos como
sea posible, pero por parte de la propia gente, en su vida cotidiana.
Parece haber coincidencia en cuanto a la necesidad de reducir,
marginar y controlar el aparato gubernamental, pero los liberales
trasladan la función de gobierno a la empresa privada, bajo la
ilusión pseudo-anarquizante del mercado auto-regulado, mientras
4 Un amplio análisis del concepto puede encontrarse en: Cohen y Arato, 1992;
Ferguson, 1969 y Lummis, 2002.
5 Para la discusión de los ideales liberales y la sociedad civil, ver: Dahl, 1961; Lipset,
1960 y Bell, 1962.
38La hora de la autonomía
la encarnación popular de la sociedad civil intenta arrebatársela a
los poderes constituidos para devolverla a la gente, no a la empresa
privada, que tampoco parece inspirarle mayor confianza.
La empresa privada, sobre todo en su forma de gran corpora-
ción, surge generalmente de la sociedad, más que del gobierno, y
puede llegar a someterlo a control, más que a la inversa, lo que lleva
a asimilarla a la noción de sociedad civil. Sin embargo, como se ha
demostrado claramente en el proceso de privatización, el traslado
de funciones del gobierno a la empresa privada, escuelas lo mismo
que carreteras o cárceles, no es sino un cambio en la forma de ad-
ministrar el Estado nación, decidido por su consejo de accionistas,
que no rescata para el pueblo esa esfera. La oposición que puede
existir entre la empresa privada y el aparato estatal no es antago-
nismo (como el de la sociedad civil), sino mera contradicción de
intereses entre accionistas: en rigor, no pueden existir uno sin el
otro. La empresa misma no es una creación autónoma de la gen-
te, del pueblo, aunque uno de sus miembros la haya fundado: no
puede expresar ahí su poder, ni en forma directa, en el seno de la
empresa, ni a través de la ilusoria “soberanía del consumidor”, en el
mercado. Los sindicatos, inclusive, así sean constituidos por plena
iniciativa de los trabajadores, tienen como claro límite su existencia
en la esfera de la empresa, del capital: su organización tiene que
montarse sobre la que el capital les ha dado al contratarlos. Su
fuerza organizativa y política se ve anulada cuando el propio capital
les priva de su condición de trabajadores, con el cierre o traslado
de la empresa –un hecho, por cierto, que se ha convertido en arma
decisiva del capital transnacional en las condiciones actuales, para
imponer sus condiciones de menor empleo y salario a los trabajado-
res–. Para incorporarse a la “sociedad civil” –en el sentido actual del
término en los movimientos populares– los sindicatos tienen que
apartarse de la lógica del capital y de sus reivindicaciones económi-
cas habituales, para sumarse a las luchas autónomas de la gente,
con sus organizaciones independientes.
En su nueva encarnación, la sociedad civil es la esfera de la so-
ciedad que se organiza en forma autónoma, en oposición a la esfera
que ha sido establecida por el gobierno y/o que está directamente
controlada por él o se le asocia. No es un sustituto de otras expre-
siones que tienen la misma carga de antagonismo y semejante sen-
tido político general. No es, por ejemplo, el “partido de vanguardia”,
como agente del cambio histórico. A diferencia de una clase o par-
tido que se levantan y buscan tomar el poder del aparato estatal,
para implantar desde él el régimen de su preferencia, la sociedad
39Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
civil se otorga a sí misma el poder al levantarse, o, para ser exactos,
con su movilización hace efectivo el poder que ya tiene. En vez de
ocupar las instituciones gubernamentales y reemplazar a sus diri-
gentes, se mantiene contra ellas, las marginaliza, las controla. No
está formada por masas: no es un rebaño, sino una multiplicidad
de diversos grupos y organizaciones, formales e informales, de gen-
te que actúa de consuno por una variedad de propósitos. Por esa
misma condición organizativa, en pequeños grupos, no conduce a
la “tiranía de la mayoría”; de hecho, su forma de operar se asemeja
al modelo de sociedad que el inventor de la expresión “tiranía de
la mayoría”, Alexis de Tocqueville, consideró la mejor protección
contra ella (Lummis, 2002: 47). Tampoco conduce a una dictadura
burocrática a cargo de la “revolución” (Esteva, 2001).
Andrés Aubry dio aún mayor precisión al sentido actual del tér-
mino, en los movimientos populares en México, al rastrear el con-
texto histórico en que surgió. Para él, la expresión alude a una
nueva semántica de la transformación social, que incluye nuevos
conceptos y compromisos. Encarna nuevas formas de movilización,
que se manifiestan en el uso de nuevos términos. La insurgencia
sustituye a la guerrilla, como forma de designar iniciativas radica-
les que provienen de la sociedad. Se pone creciente énfasis en el
componente civil de la lucha, que pasa a una nueva fase: sociedad
civil, insurrección civil, resistencia civil. La expresión liberación na-
cional atraviesa todo el proceso y legitima la guerrilla, la meta de los
insurgentes, las alternativas al desarrollo y la lucha pacífica de la
sociedad civil. En la década de 1980, tras el fracaso del gobierno y
los partidos en el manejo de la crisis, la gente se politiza a sí misma
en los pueblos y en los barrios; subraya siempre que sus organiza-
ciones son independientes. Sus iniciativas no derivan su fuerza de
un líder o una ideología, sino de una organización, a la cual dan
nombres significativos: unión, alianza, bloque, coordinación, con-
vergencia, frente. Aubry subraya que el terremoto de 1985 reveló al
mundo la creatividad y madurez de estas organizaciones indepen-
dientes, de la “sociedad civil”, y describe la reacción gubernamental
ante su aparición: cooptación y represión. Su análisis lleva hasta
enero de 1994, cuando los zapatistas anuncian su ¡Ya basta!, “des-
pués de haber intentado todo para poner en práctica la legalidad”
y buscan el despertar del pueblo y de sus “organizaciones indepen-
dientes”. Afirman que no son una guerrilla, tanto por su número
como por su subordinación a una estructura no militar; ellos más
que “tomar el poder” quieren ser catalizadores de la sociedad civil
para modificar el sistema de gobierno. En México, concluye Aubry,
40La hora de la autonomía
la reapropiación de la democracia ha operado un deslizamiento de
conceptos. Desde la Constitución de 1917, la soberanía se hizo re-
sidir en “el pueblo”, una expresión que aclara la de nación o es
su alternativa. Los movimientos populares de la última década y
en particular los de 1994 hacen aparecer una prolongación de ese
deslizamiento: “las formas de organización que se da el pueblo, aún
provisional y eventualmente revocables, son las de la sociedad civil,
cuya expresión define ‘la voluntad popular’” (Aubry, 1994: 9).
Las luchas por la autonomía
“Autonomía” es una palabra de larga tradición en los movimien-
tos populares en América Latina. En la década de 1980 se unió
naturalmente a la expresión sociedad civil, en el sentido del inciso
anterior, para acotar la nueva semántica de la transformación so-
cial. Cuando en los años noventa llegó al centro del debate político
en relación con los pueblos indios provocó reacciones virulentas
en los gobiernos, que la rechazaron de plano, pero muchos grupos
empezaron a hacerla suya. La demanda de autonomía de los pue-
blos indios implica respeto y reconocimiento para lo que ya tienen.
“La autonomía no es algo que tengamos que pedirle a alguien o se
nos pueda conceder”, señaló un dirigente yaqui en México; “posee-
mos un territorio, en el que ejercemos gobierno y justicia a nuestra
manera, lo mismo que capacidad de autodefensa. Exigimos ahora
que se reconozca y respete lo que hemos conquistado” 6 . Pero no
sólo demandan respeto y reconocimiento a lo que ya tienen. Están
transformando su resistencia en una lucha de liberación, en el seno
de una nueva sociedad en que puedan coexistir en armonía con
otros pueblos y culturas sin abandonar sus formas propias de go-
bierno y organización social. Exigen lo que practican todos los días,
con prácticas que les han permitido sobrevivir con todo en contra.
Esta postura desafía la noción hegeliana que ha dominado la teoría
y práctica políticas de los últimos 200 años: que los pueblos no
pueden gobernarse a sí mismos. Supone lo contrario: que la gente
puede gobernarse en sus propios ámbitos, sin delegar el “poder” a
gobernantes que se “autonomizan” de los gobernados por el período
de su mandato. Sus autoridades, responsables de ciertas funciones
6 Intervención en la tercera reunión de la Asamblea Indígena Plural por la Autonomía
(ANIPA), celebrada en Oaxaca en agosto de 1995. Como ha precisado Robert Vachon,
reivindicaciones como la del dirigente yaqui, inscritas en la tradición autóctona
contemporánea, no deberían plantearse como autonomía sino como ontonomía:
“La noción de autogestión (del griego autos: sí mismo), está basada en una visión
de autonomía homocentrista-individualista-racionalista, que se encuentra en
las antípodas de la visión de ontonomía autóctona tradicional, cosmocéntrica-
comunitaria-mítica” (Vachon, 1993).
41Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
específicas, son revocables en todo momento. Su administración de
justicia no es la aplicación descentralizada de normas comunes, a
cargo de profesionales, sino el ejercicio de un sistema normativo
fundado en la vitalidad de la costumbre cambiante según normas
no codificadas. La “jurisdicción” no es un ámbito jurídico o admi-
nistrativo del gobierno centralizado, sino un espacio autónomo que
limita al poder estatal lo mismo que al económico. Su capacidad de
autodefensa no equivale a la función gubernamental de vigilancia.
Expresa la decisión y capacidad de resistir, aún con armas, las
intromisiones económicas, políticas y militares del mercado o el
gobierno en la vida comunitaria o barrial (Esteva, 1998 y 2002).
La cuestión de la tierra, desde la autonomía, guarda poca rela-
ción con las instituciones que se ocupan de regularla como mer-
cancía artificial en las sociedades industriales modernas (Polanyi,
1975). El territorio propio se percibe como un ámbito de respon-
sabilidad sobre la naturaleza y la sociedad, a partir de una noción
de horizonte –horizontal–, en que la ocupación no es equivalente a
propiedad ni establece fronteras: una actitud cósmica ante la na-
turaleza impide concebir la posibilidad de apropiársela de modo
excluyente. Los pueblos no cejan en su reivindicación de los terri-
torios que se les han quitado, pero además exigen respeto a sus
propias formas de concebir lo que se hace en ellos con la tierra y la
propiedad (Esteva, 2002). Todo ello existe, de una u otra forma, en
numerosas comunidades indias y en menor grado en otros grupos,
rurales o urbanos, tolerado en diversa medida por las autoridades.
Pero se ha practicado siempre a contrapelo del régimen dominan-
te y está continuamente expuesto a contradicción y disolución al
extenderse “el imperio de la ley” y la invasión administrativa de
la vida cotidiana, junto con la explotación económica. “Como pue-
blos indígenas que somos”, han señalado los zapatistas, “exigimos
gobernarnos por nosotros mismos, con autonomía, porque ya no
queremos ser súbditos de la voluntad de cualquier poder nacional
o extranjero. […] La justicia debe ser administrada por las propias
comunidades, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin
intervención de gobiernos ilegítimos y corruptos” (Autonomedia,
1995: 297). Enfrentan así el doble desafío de consolidarse en sus
propios espacios, una vez que sean reconocidos en la ley y en la
práctica institucional, y de proyectar ese estilo político al conjunto
de la sociedad, sin imponerlo a nadie.
La reacción adversa del gobierno y los partidos contra esta lucha
autonómica tiene buenos motivos pero malas razones: es cierto que
plantea una amenaza de disolución al régimen dominante y socava
42La hora de la autonomía
las bases de existencia del Estado nación como régimen jurídico-
político, pero no implica separatismo, fundamentalismo, fragmen-
tación o formación de castas o estamentos “patrimonialistas”, como
han mostrado con claridad los instrumentos jurídicos internacio-
nales que desde 1989 empezaron a reconocer la libre determina-
ción cultural de los pueblos indios y su aplicación autonómica.
Lo que se ha plasmado al respecto en constituciones y normas de
diversos países de la región, sin embargo, resulta insuficiente. El
aliento actual cuestiona el pacto social formalmente vigente y exige
otro nuevo. Por eso es importante distinguirlo con claridad de otras
propuestas de autonomía que no tienen ese alcance, en que se le
convierte en un mero contrapeso del poder estatal o en su expre-
sión descentralizada.
La tradición europea
En el enfoque inglés moderno, self-government y local autonomy
han llegado a ser equivalentes y expresan la forma en que se arti-
cula el funcionamiento de las unidades locales a la administración
estatal. La descentralización fue el expediente empleado por el ré-
gimen centralista para imponerse sobre el ejercicio independiente
de las libertades locales, afianzar su control y hacer más eficiente
su administración. En Inglaterra, tras el cercamiento de los ámbi-
tos de comunidad (the enclosure of the commons), que afectó sus
bases materiales de existencia, se disolvieron las bases sociales y
políticas de aldeas y parroquias mediante la reforma de las leyes de
pobres, en 1834. La intervención del poder central se completó con
las leyes sobre poderes municipales (1835), sanidad (1848), escue-
las obligatorias (1876) y gratuitas (1891), que culminaron en la ley
sobre gobierno local (1888). La descentralización administrativa,
la auto-administración (elección local de los funcionarios) y la “de-
mocracia” (participación de los ciudadanos en la orientación de las
políticas estatales), permitieron integrar la vida local a la adminis-
tración centralizada, cuya creciente complejidad debilitó continua-
mente el manejo descentralizado en los asuntos locales y acentuó
su dependencia del centro administrativo (Cammeli, 1981).
Ese enfoque fue adaptado en Nicaragua y parcial o ideológica-
mente en otras partes. Encuadra la autonomía en el diseño actual
del Estado nación, mediante un régimen que transfiere a regiones
autónomas competencias y facultades de otras instancias, en un
proceso de descentralización política (Díaz Polanco, 1991; Díaz Po-
lanco y Sánchez, 1995).
43Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
El enfoque comunitarista
En el debate mexicano por la autonomía, quienes defienden la
tradición autonómica europea adujeron que el gobierno mexicano
estaba impulsando una forma comunitarista o comunalista de la
autonomía, a la cual se habrían adherido algunos grupos indios,
particularmente en Oaxaca. Tal enfoque intentaría restringir la au-
tonomía al plano de las comunidades; al subordinarla a la lógi-
ca heteronómica del régimen central, promovería en realidad una
pseudo-autonomía (Díaz Polanco, 1998). En realidad, nadie sostie-
ne esa posición. El gobierno mexicano ha carecido de una posición
coherente sobre el tema, que lo tomó por sorpresa en 1994. Las
divergencias y contradicciones existentes en su seno se han hecho
evidentes a lo largo del período, particularmente durante el diálogo
de San Andrés con los zapatistas. Su única posición consistente ha
sido la de reducir la autonomía –como la corriente formalista– al
marco actual del Estado nación. Tampoco existen intelectuales o
pueblos indios que sostengan la posición atribuida por los neo-
indigenistas a la supuesta corriente comunitarista.
Quienes reconocen que la forma principal de existencia de las
prácticas autonómicas de los pueblos indios se encuentra actual-
mente en sus comunidades, y que hasta hace poco tiempo no ha-
bían podido ejercerla eficazmente a otros niveles, no confinan su
proyecto de autonomía al plano local: insisten en que la construc-
ción autonómica parta de las comunidades y se realice “de abajo
hacia arriba”, pero plantean un proceso de reorganización cabal
de la sociedad y el régimen de gobierno nacional, que reconozca
plenamente la autonomía de los pueblos indios, no sólo de sus co-
munidades. Esta posición se hizo enteramente explícita durante el
proceso de consulta sobre una reforma constitucional en Oaxaca,
realizada en 2013 y 2014, en que las propuestas de los pueblos in-
dios que finalmente tomaron la forma de una iniciativa de reforma
constitucional se alejan por igual de la tradición europea, del enfo-
que formalista y de la supuesta corriente “comunitarista”.
El enfoque formalista y el enfoque descentralizador
En la versión formalista de la autonomía, el “autogobierno” o
“gobierno autónomo” no es sino “un orden de gobierno específico,
constitutivo del sistema de poderes verticales que conforma la or-
ganización del Estado” (Díaz Polanco, 1996: 109). Tal “autonomía”
supone la plena subsunción en el orden estatal. Entrega la primo-
genitura por un plato de lentejas. A cambio de jurisdicción limitada
en un ámbito administrativo, introduce en las autonomías el virus
44La hora de la autonomía
de su disolución. Cobra así claro sentido la expresión de un líder
sumo, que opinó respecto del régimen establecido en esos térmi-
nos en Nicaragua: “Tiene sin duda algunos elementos interesantes.
Lo que estamos poniendo a prueba es ver si puede ser realmente
democrático” 7 .
La lucha actual de los pueblos no estaría buscando el acceso
más democrático a las estructuras del gobierno central, sino el
respeto a estilos y diseños que las rebasan. A la descentralización
democrática, que no es sino una forma de alargar la correa del
perro, opondrían el descentralismo, para contar con un auténtico
gobierno propio, opuesto al self-government, un eufemismo para
la integración democrática de todos al aparato estatal. Mientras la
descentralización tiene como premisa una noción del poder que lo
centraliza en la cúspide, para delegar hacia abajo competencias, el
descentralismo busca retener el poder en manos de la gente, de-
volver escala humana a los cuerpos políticos, y construir, de abajo
hacia arriba, mecanismos que deleguen funciones limitadas en los
espacios de concertación que regulen la convivencia de las unida-
des locales y cumplan para ellas y para el conjunto algunas tareas
específicas.
La nueva encarnación de la sociedad civil, esa esfera autónoma
del régimen central y contrapuesta a él, tuvo innumerables mani-
festaciones en las últimas décadas en América Latina y la transfor-
mó profundamente. Amplios grupos sociales perdieron confianza
en las instituciones dominantes y en los gestores de la crisis, que
perdieron lo que les quedaba de respetabilidad, legitimidad y repu-
tación de servir al interés público y no parecen haber percibido el
carácter de la inquietud social actual. La gente no está en ánimo de
revuelta popular, sino de rebelión política, de insurgencia pacífica.
No se prepara a la guerra civil, sino a la paz transformadora. Y no
se muestra dispuesta a cejar en su impulso, conformándose con
cambios cosméticos. Intenta modificar profundamente la sociedad,
mediante la construcción progresiva de espacios políticos en que
pueda hacerse del gobierno efectivo en sus propios ámbitos.
Muchos analistas consideran que hay incongruencias insopor-
tables y vicios antidemocráticos en las fuerzas políticas que no as-
piran a los puestos públicos, pero que organizan las demandas y
propuestas de la gente para ocuparse de asuntos colectivos sin la
intervención de los partidos políticos y el gobierno, conforme al su-
puesto de que la función de gobierno es una prerrogativa de la
7 Comentario en el Simposio Indoamericano de Jaltepec de Candoyoc, en 1994,
según versión transmitida al autor por Adelfo Regino.
45Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
sociedad y que es su derecho ejercer esa función. En realidad, se
trata de propuestas radicalmente democráticas, que cuestionan las
ilusiones de la democracia, no sus ideales. Atentan contra la sabi-
duría política convencional y contra prejuicios extendidos, no con-
tra el sentido común y el ánimo popular.
La transición
Existe consenso casi universal de que estamos al final de un ciclo
histórico, pero al momento de identificar los cadáveres el consenso
se rompe. Disminuye el número de quienes aún sostienen que se
trata solamente de un ciclo económico “normal”, pero hay intenso
desacuerdo y debate sobre los demás candidatos a cadáveres:
• El neoliberalismo, la política que habría intentado transferir al
mercado la regulación de la vida social y se expresó en el Consen-
so de Washington, estaría siendo sustituido por formas de “capi-
talismo de Estado” (Esteva, 2009a; Midnight Notes, 2009);
• Las posiciones sobre el desarrollo pueden asociarse con tres Sa-
chs (Esteva y otros, 2013).
• La posición dominante en gobiernos e instituciones internacio-
nales estaría simbolizada por Goldman Sachs, cuyos departa-
mentos y políticas corresponden a la orientación desarrollista
que surgió en la región desde que Truman acuñó en 1949 el
término subdesarrollo y que adoptó en la era de la globalización
la forma de capitalismo salvaje y acumulación por desposesión
(Harvey, 1982: 2001);
• Jeffrey Sachs simbolizaría una forma de capitalismo filantrópi-
co, concebido por este fanático neoliberal como una forma de
apoyar directamente a los grupos más despojados para proteger
la estabilidad general (Sachs, 2005); y
• Wolfgang Sachs, el editor de El Diccionario del Desarrollo, sim-
bolizaría la creciente resistencia popular a todas las formas de
desarrollo (Sachs, 2010; Esteva y otros, 2013).
• La posición de Estados Unidos en el mundo ha cambiado sus-
tantivamente. Sigue manteniendo una forma de hegemonía, pero
ha perdido el carácter que tuvo a partir de la Segunda Guerra
Mundial, aunque dentro y fuera de Estados Unidos se mantiene
la ilusión del imperio (Esteva, 2009a);
• El capitalismo estaría exhausto, al no poder seguir acumulando
las relaciones de producción que lo definen, aunque siga siendo
el régimen más extendido. Con él estaría en agonía el socialismo
de Estado, al llegar a su fin la sociedad económica (Esteva, 2009a;
2012b; 2012c; 2013c);
• El Estado nación, como régimen jurídico-político, habría entrado
en agonía. Tras operar por siglos como la arena privilegiada para
46La hora de la autonomía
la expansión del capitalismo, se convirtió en obstáculo para ésta
en la era de la globalización. El capital empezó a desmantelarlo
desde arriba, principalmente por medio de tratados de libre co-
mercio y estructuras macro-nacionales como la Unión Europea,
mientras desde abajo lo cuestionaron con creciente vigor grupos
étnicos y regionales;
• La modernidad estaría también en crisis terminal, socavados sus
principales pilares, lo mismo que la posmodernidad como actitud
moderna en la búsqueda de un nuevo paradigma social (Esteva,
2009a);
• Estaría también llegando a su término la civilización patriarcal de
los últimos 5000 años (Esteva, 2009a; 2012c; 2013a; 2013b; von
Werlhof, 2010).
Dentro de ese marco, las luchas por la autonomía en América
Latina definen un nuevo horizonte de emancipación más allá del
desarrollo, la globalización, el capitalismo, la modernidad y el pa-
triarcado (Albertani y otros, 2009; Ceceña y otros, 2011; Esteva,
2009b y 2011; Midnight Notes, 2009; von Werlhof, 2010). Desa-
fían abiertamente a gobiernos de todo el espectro ideológico, que
siguen aplicando las fórmulas leninistas de ingeniería social y se
mantienen atados al desarrollismo y a las fórmulas del capital
(Esteva, 2013a), como se ha comprobado claramente en los go-
biernos “progresistas”:
• Para Lula, sus políticas “son todo lo que la izquierda soñaba que
se hiciera” (La Jornada, 3/10/2010). Se siente orgulloso de que
en su gestión 36 millones de brasileños ingresaron a la clase me-
dia, es decir, adoptaron el consumista y destructivo American
way of life, el ideal clasemediero del desarrollo. “Un obrero meta-
lúrgico”, dice con orgullo, “está haciendo la mayor capitalización
de la historia del capitalismo” (Proceso, 1770, 3/10/2010). Un
amplio sector de la izquierda comparte esa actitud, aplaudió su
Programa de Aceleración del Crecimiento y su alianza con empre-
sarios y corporaciones transnacionales desarrollistas. Todos los
medios parecieron buenos para sus elevados fines, que pospusie-
ron y relegaron justicia social y protección ambiental.
• La “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, mostró en el año
2000 las potencialidades y límites de la autorregulación social en
ese país (Gutiérrez, 2011). Las contradicciones volvieron a mani-
festarse en el conocido caso del TIPNIS. Según García Linera, el
vicepresidente, en ese país “el Estado no se comporta como un
capitalista colectivo propio del capitalismo de Estado, sino como
un redistribuidor de riquezas colectivas” (La Jornada, 7/2/12).
Pero aplicar una parte del plusvalor generado por las entidades
públicas a una política asistencial o redistributiva no cambia el
carácter del régimen y en realidad es una función típica de los
47Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
administradores estatales del capitalismo. Cuando el presidente
Evo Morales señaló que “mandaba obedeciendo”, usando la fór-
mula propuesta por los zapatistas, quienes lo llevaron a la pre-
sidencia lo refutaron de inmediato. En una carta pública que le
enviaron el 30 de diciembre de 2010 le hicieron ver que no está
obedeciendo el mandato popular o lo que exigen los indígenas y
los movimientos sociales, sino subordinándose a los poderosos y
a las corporaciones.
¿Dónde está [le escribieron] la nueva base económica basada en
el respeto a la Madre Tierra y el equilibrio y relación armónica
con la Pachamama que tanto pregonas? […] El modelo económi-
co sigue siendo extractivista, neoliberal, capitalista, todo lo con-
trario a tu discurso. […] Desde abajo y a la izquierda, como di-
cen los zapatistas, los vemos soberbios, arrogantes, que deciden
todo, que no escuchan a nadie, que discriminan, que insultan,
que descalifican, que calumnian. […] Ustedes no comprenden la
enorme responsabilidad que asumieron […] de demostrar que es
posible autogobernarnos, que es posible mandar obedeciendo,
que es posible construir otro modelo de desarrollo, de “buen vi-
vir”, que es posible otro mundo (La Jornada 01/10/2011).
• En 2010, durante la revuelta ciudadana que no llegó a ser golpe
de Estado en Ecuador, las organizaciones indígenas denunciaron
el carácter antidemocrático de un gobierno dedicado “a atacar y
deslegitimar a los sectores organizados, como el movimiento indí-
gena, los sindicatos de trabajadores, etc.”, que ha dejado intactas
las viejas estructuras de poder. Atribuyeron la crisis al “carácter
autoritario” del gobierno y a su incapacidad de contribuir a au-
ténticos acuerdos sociales. Denunciaron que ante las moviliza-
ciones populares contra las corporaciones mineras, petroleras y
agro-comerciales “el gobierno responde con violenta represión”.
Señalaron la necesidad de mantener la movilización para defen-
der una auténtica democracia plurinacional y seguir luchando
contra el modelo extractivista y privatizador en curso. La expe-
riencia mostró que ya no era hora de golpes, pero tampoco, como
observó Raúl Zibechi, “de gobernar para la población pero sin
ella” (La Jornada, 4/10/2010).
• Los críticos de Mujica, en Uruguay, señalan que su gobierno pro-
movió la desposesión y el saqueo y que Mujica cambió su antiguo
sueño de transformar el mundo por la mera administración del
capitalismo. Como los demás gobiernos “progresistas” se asoció
con el capital transnacional para impulsar sus políticas.
• La disputa política que así se manifiesta puede analizarse en tor-
no al predominio de diversas formas de regulación social: ontono-
mía, autonomía y heteronomía. La ontonomía es la regulación, el
sistema normativo, que parte de la propia tradición, la propia cul-
tura, con normas que se aprenden desde el nacimiento y dotan a
48La hora de la autonomía
cada persona de un trasfondo común –como el sistema de cargos
en una comunidad india o la construcción individualista en la so-
ciedad moderna–. La autonomía aparece cuando los integrantes
de la generación actual modifican las normas existentes o crean
otras nuevas –como la inclusión de las mujeres en el sistema de
cargos de comunidades indias o la creación de nuevos ámbitos de
comunidad en ciudades modernas individualizadas–. La hetero-
nomía es la regulación impuesta desde afuera, por otros, por el
mercado o el gobierno en las sociedades actuales –como los sis-
temas legales y los procedimientos comerciales–. Las iniciativas
políticas que se están tomando desde los movimientos sociales,
particularmente desde los pueblos indios, amplían continuamen-
te las esferas ontónomas y autónomas de regulación social, al
tiempo que profundizan su resistencia a las normas heterónomas
del régimen dominante.
• Los cambios constitucionales e institucionales que se han estado
realizando en Bolivia, Ecuador, México y otros países, fruto de
exigencias de amplios grupos, son avances en la dirección co-
rrecta pero al mismo tiempo revelan insuficiencias y limitaciones
insuperables, tanto porque se realizan sin modificar el carácter
del régimen del Estado nación como por la propensión estatalista
de sus gobiernos y el carácter capitalista de la sociedad en que
existe.
Autonomía y territorio
En el campo latinoamericano se ha estado ampliando y profun-
dizando la lucha por la tierra. A veces toma la forma de una reocu-
pación relativamente silenciosa, más o menos clandestina, como la
que permitió en los últimos años recuperar un millón de hectáreas
en el Perú, y producir desde ahí, con prácticas tradicionales, 40%
de los alimentos del país. Otras veces es una lucha espectacular,
con resultados irregulares, como la del Movemento dos Trabalha-
dores Rurais sem Terra (MST), que es el movimiento más combativo
de la historia brasileña de lucha por la tierra y se ha convertido de
hecho en una fuerza dirigente en América Latina. Ha estado en con-
tinua tensión con el gobierno, en un país en que 1% de la población
posee el 46% de la tierra laborable.
En los últimos años esta antigua lucha por la tierra experimentó
una mutación política: se convirtió en ejercicio de soberanía popular
al pasar a la defensa territorial y construirse como autonomía.
Expresa la resistencia al agresivo intento de las corporaciones,
respaldadas por los gobiernos, de conquistar el control de la
tierra para la producción de alimentos u otros propósitos –desde
la minería hasta el turismo ecológico–. El gobierno mexicano, por
ejemplo, cedió ya más del 30% del territorio nacional a corporaciones
49Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
privadas nacionales y transnacionales que recibieron concesiones
por 50 años para la explotación minera. Al otorgarlas, el gobierno
adquirió la responsabilidad de desalojar esos territorios para
ponerlos a disposición de las corporaciones. Conforme a los nuevos
acuerdos internacionales, éstas pueden demandarlos si no lo hacen
en los plazos establecidos, lo que les abre una nueva línea de negocio.
La estructura organizativa del MST ilustra bien la mutación. Se
forma territorialmente en campamentos y asentamientos a nivel mu-
nicipal, estatal y nacional, al margen de partidos e iglesias. Tiene
una agenda política nacional, que implementa directamente en los
territorios que ocupa. “Estos territorios de esperanza son espacios
tanto para la resistencia como para la supervivencia, y configuran
un nuevo camino agrario democrático” (Dinerstein, 2014: 157). Del
10 al 14 de febrero de 2014 más de 16.000 delegados de todo el país
se reunieron en el Sexto Congreso del MST en Brasilia, para “luchar
y construir la reforma agraria popular”. Consideraron en él que la
situación actual es intolerable, que 2013 había sido el peor año para
la reforma agraria y que la lucha actual no sólo se dirige contra el
latifundio, sino contra el agro-negocio transnacional y el capital fi-
nanciero. Denunciaron que bajo los gobiernos de Lula y Roussef se
siguió impulsando un modelo que reduce la producción de alimentos
para consumo interno y aumenta la producción para exportación y
etanol, estimula el uso de transgénicos, que sólo en el Matto Grosso
han desplazado de sus tierras a seis millones de personas, y fomenta
el uso de agro-tóxicos. Según Dinerstein (2014: 158), el mayor logro
del movimiento es haber rechazado la denominación de los “sin tie-
rra”, dando un nuevo sentido a su realidad y su condición, lo cual
“requiere valor, esperanza y un proceso de aprendizaje que el MST
adopta en cada instancia de sus actividades”.
Un foro organizado por más de 20 pueblos indios y campesinos
el 17 y 18 de abril de 2009, en San Pedro Apóstol, Oaxaca, México,
ilustra bien lo que está ocurriendo. En su declaración final seña-
laron que se habían reunido para “tejer colectivamente nuestros
esfuerzos, conocimientos y resistencias en la defensa de nuestros
recursos naturales y territorio”, oponernos a los “grandes proyectos
de ‘desarrollo’ e inversión y a políticas públicas que atentan contra
nuestros territorios y recursos naturales” y profundizar los “pro-
cesos de organización local y regional”. La Declaración de Quito,
formulada en octubre de 2009 por la Comisión Internacional de
Reforma Agraria Integral, en el marco de la Campaña Global por
la Reforma Agraria que impulsa Vía Campesina, culpó a la Revo-
lución Verde y las políticas comerciales de la crisis de alimentos
50La hora de la autonomía
y el cambio climático, denunció cómo las grandes corporaciones
contaminan los ríos y privatizan el acceso al agua y explicó que los
campesinos se habían unido para luchar por la reforma agraria y
defender sus territorios (http://viacampesina.org/).
Entre los zapatistas, la defensa de la tierra ha sido una constante.
Ante los continuos ataques paramilitares señalaron con firmeza: “No
vamos a permitir que nos la vuelvan a quitar. La defenderemos para
que nuestros hijos no tengan patrón ni sufran la humillación y des-
precio”. El 25 de marzo del 2007 anunciaron la Campaña Mundial
por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas, Campesinos
y Autónomos en Chiapas, México y el Mundo. El arranque de esta
nueva iniciativa contó con el acompañamiento de João Pedro Stedile,
dirigente del MST, de Brasil, y Rafael Alegría, de la Campaña por la
Reforma Agraria de Vía Campesina. “Llamamos a esta campaña mun-
dial de apoyo mutuo entre pueblos rurales y otros pueblos que apo-
yan nuestros derechos y nuestras luchas por el derecho a la vida y la
dignidad, a juntar nuestras fuerzas con otras”, expuso el Subcoman-
dante Marcos en un acto celebrado en San Cristóbal de las Casas. La
campaña empezó con un documento en que 202 organizaciones de
22 países y 1.104 personas de 40 naciones exigieron garantías para
la posesión de la tierra en las comunidades autónomas de Chiapas,
amenazadas con el inminente despojo de más de cinco mil hectáreas.
La demanda fue respaldada por Vía Campesina y la Red Continental
por la Desmilitarización de las Américas, además de organizaciones
de trabajadores, campesinos e indígenas, de derechos humanos, cen-
tros de investigación, ambientalistas y grupos religiosos de muchos
países. Todas estas actitudes e iniciativas, como el lema adoptado en
Quito: “Por la reforma agraria, por la defensa de la tierra y el territo-
rio”, expresan un desplazamiento conceptual cada vez más relevante.
Además de la tierra misma, se reivindica una forma específica de
relación con ella, distinta a la impuesta por desarrollistas públicos
y privados en los últimos 60 años. Constituye un ejercicio soberano
de la voluntad colectiva que desafía las atribuciones y facultades de
los gobiernos y se manifiesta en arreglos institucionales de facto: un
creciente número de personas, sobre todo campesinos, controlan ya
su territorio y se gobiernan a sí mismos, a su manera (Esteva, 2010).
Todo esto puede enmarcarse en la idea de soberanía alimentaria
según la define Vía Campesina, la organización de campesinos
más grande de la historia: definir por nosotros mismos lo que
comemos… y producirlo en nuestros propios términos. Como una
proporción muy grande de la población se ha rendido a las dietas
y prácticas alimentarias impuestas por el capital y a su régimen
51Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
productivo, pocas propuestas hay tan radicales y complejas como
esa concepción de la soberanía alimentaria, que transforma
sustantivamente la búsqueda de autosuficiencia alimentaria y
muestra un horizonte viable. En la actualidad, los campesinos y
pequeños agricultores, con predominio de las mujeres, alimentan
al 70% de la población del mundo; el agro-negocio, con un control
muy amplio de los recursos alimentarios, sólo alimenta al 30%.
Autonomía y actividad creativa
Las iniciativas de base en América Latina están claramente aso-
ciadas con la reformulación de la actividad humana. Se apartan de
la glorificación convencional del trabajo y los trabajadores, que han
caracterizado a la izquierda, para impulsar nuevas formas de liber-
tad creativa. Ciertos rasgos del tejido social de los barrios de la ciu-
dad facilitaron la transformación de los años ochenta, que tuvo su
más alta expresión en las organizaciones autónomas de los barrios
más afectados por el terremoto de 1985, en la ciudad de México. Su
actitud (la improvisación), su estilo (la informalidad) y su método
(la autonomía convivial y el conocimiento magistral de lo concreto)
son rasgos que encajan con dificultad en categorías de análisis y
prácticas políticas configuradas en torno a la técnica, el formalismo,
el código abstracto y el verticalismo y heteronomía de la estructura
organizativa. Desde ese tejido social surgió una forma de moviliza-
ción social que nadie ha sido capaz de manejar o controlar desde
entonces. Mediante alianzas inestables, ciertos líderes, organizacio-
nes, partidos o agencias han podido administrarla circunstancial-
mente para diversos propósitos, pero nadie ha logrado contenerla o
retenerla: el genio no regresó a la botella y entra continuamente en
colisión con estructuras anquilosadas que aún no logran identificar
la dirección de los nuevos vientos que corren por el mundo. Mien-
tras prosiguen luchas por el empleo y el salario, ha estado tomando
forma una concepción alternativa. En Argentina, desde los años no-
venta se tomaron iniciativas para lograr un “trabajo digno”, bajo la
convicción de que el trabajo en el marco del capitalismo no lo era y
que las formas alternativas de actividad laboral tendrían que ser la
expresión de nuevas prácticas de base (Colectivo Situaciones, 2001
y 2002). En general, expresiones como trabajo digno, genuino, au-
téntico o autónomo expresaron una ética no capitalista.
Las ocupaciones de fábricas de los años noventa en Argentina,
que continuaron en la primera década del siglo, modificaron la
agenda de la rebelión urbana y dieron nuevas formas a los ideales
de la autogestión. Las modalidades cooperativas surgieron como
52La hora de la autonomía
iniciativa de los propios trabajadores y abrieron paso a procesos
más amplios de emancipación.
La vocación autonómica que se extiende por toda la región com-
prende claramente la decisión de replantear el quehacer humano,
para darle una forma convivial alternativa al modo industrial de
producción, a cuya puerta Federico Engels inscribió: “Lasciate ogni
autonomia, voi che entrate!” (¡Dejad, al entrar, toda autonomía!). La
autonomía puede definirse como una revuelta del hacer contra el
trabajo, en contra y más allá de la lógica de la racionalidad capita-
lista (Holloway, 2011). Muchas iniciativas recientes de la sociedad
civil han tenido éxito por haber adoptado estilos postindustriales
de producción. La generalización del estilo político propio de la de-
mocracia radical traerá cambios profundos en la organización del
trabajo, en la línea que desde hace décadas han planteado auto-
res como Jacques Ellul, Paul Goodman, André Gorz, Iván Illich y
Leopold Kohr 8 .
Los nuevos rumbos
La esperanza radical es la esencia de los movimientos populares.
La abrieron los zapatistas cuando el reino universal de la democra-
cia formal y la economía globalizada, con toda su cauda de desas-
tres para la gente común, aparecía como un destino ineluctable. La
esperanza privada y la desesperación pública forman el caldo de la
manipulación colectiva de las masas en las democracias modernas.
Sus dirigentes no cesan de atribuir a todo género de fantasmas los
desastres del día, al tiempo que alientan expectativas individuales
y la lucha de “¡sálvese quien pueda!”. La propuesta zapatista, en
cambio, adoptada de mil maneras distintas en la región, renueva el
tejido social que articula las esperanzas personales y las colectivas.
En vez de nuevas promesas de desarrollo y bienestar, recupera
el sentido original del término prosperidad, del latín pro spere: “de
acuerdo con la esperanza”. En vez de los futuros ilusorios y enaje-
nados de ideologías en bancarrota, plantea la construcción de un
porvenir definido y determinado por los hombres y mujeres reales
que forman el pueblo, en toda su pluralidad y diversidad. En vez del
tráfico y administración de las esperanzas de la gente, que define
la actividad política del gobierno y los partidos, renueva la política
8 Por razones de espacio, no he podido abordar esta cuestión central. Lummis (2002)
la trata en relación explícita con la democracia radical. En la colección de Opciones,
suplemento de El Nacional (enero de 1992 a febrero de 1994) aparecen numerosos
textos que plantean las bases teóricas y prácticas del estilo postindustrial, así como
experiencias recientes.
53Pueblos Originarios en lucha por las Autonomías: Experiencias y desafíos en América Latina
auténticamente democrática, en que el arte de lo posible consiste
en extenderlo: es el arte de crear lo posible de lo imposible.
Es factible aún que se desate una nueva era de expansión ca-
pitalista y desarrollo convencional. Produciría una devastación
ambiental sin precedentes y la acostumbrada profundización de la
desigualdad social, con el desplazamiento y marginación de gran-
des grupos. Tal perspectiva es posible pero no probable. Puesto que
ese proyecto encuentra creciente resistencia en los pueblos direc-
tamente afectados y en la base social, sólo podría llevarse adelan-
te bajo condiciones de extremo autoritarismo, lo cual alteraría las
correlaciones políticas de fuerzas y fortalecería la opción en curso,
que configura una auténtica insurrección que pocos han percibi-
do: se realiza bajo nuestros ojos pero no logramos verla. Es la que
define, a mi entender, el sentido de los múltiples caminos que han
estado tomando en estos años los movimientos sociales en la Amé-
rica Latina, en los cuales se enmarcan las luchas por la autonomía.
54La hora de la autonomía
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