Colombia. Acuerdos de “paz” muestran sus intenciones: Plan de “sustitución de cultivos ilícitos” es inconsulto y una amenaza al territorio ancestral

La política de sustitución de cultivos de uso ilícito promovida por el gobierno local y nacional en el marco de los diálogos de paz con las FARC, transgrede y amenaza los derechos fundamentales del pueblo Nasa en el territorio ancestral.
Comunicado de Prensa.



Comunicado de prensa

Plan de sustitución de cultivos ilícitos – inconsulto, es una amenaza al territorio ancestral de los resguardos de Corinto y López Adentro
14 enero, 2017
http://www.cric-colombia.org/portal/plan-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-inconsulto-es-una-amenaza-al-territorio-ancestral-de-los-resguardos-de-corinto-y-lopez-adentro/

La política de sustitución de cultivos de uso ilícito promovida por el gobierno local y nacional en el marco de los diálogos de paz con las FARC, transgrede y amenaza los derechos fundamentales del pueblo Nasa en el territorio ancestral de Corinto López adentro Cauca -Colombia.

Recordemos que el rey Felipe ll de España, en 1545 ordeno que en fodas sus colonias se siembre marihuana para uso de alimentos, fabricación de cestas, velas para los barcos, y medicamentos. La coca, la marihuana, la amapola hicieron parte de la economía y renta colonial, y del estado republicano hasta mediados dei siglo XX, las ganancias entraban al tesoro Rea! y luego al tesoro Estatal. La diferencia es que a partir del siglo XX dichas ganancias pasaron a manos privadas; en consecuencia los cultivos de marihuana, coca, amap‹›la fueron declarados ilícitos, y penalizados hasta nuestros días.

A mediados del año 1970 inicia el crecimiento de los cultivos de uso ilícito en la Sierra Nevada de Santa Marta y la alta Guajira, fuego se extiende por otras regiones del país como el cauca – corinto — Miranda – caloto — Toríbio, llegando con fuerza a las comunidades promovirt‹›s por los narcos políticos de la época fortaleciendo su poder económico en el país. Desde entonces inicia un cambio en el uso aricestral de la coca y la marihuana como plantas sagradas y de uso medicinal, como también inicia un cambio sacial negativo en la vida económica y comunitaria de los pueblos. Estos cultivos ilícitos son alimentados por la represión violenta contra ellos, contra el territorio y contra en pueblo que ha sido condenado al hambre, quitándole la tierra y negando el derecho a la protesta contra la arbitrariedad; a la vez que los narcos y los políticos terminan de socios por que se necesitan mutuamente.

La política de sustitución de cultivos ilícitos que promueve el gobierno debe resolver el problema estructural de fondo. En 1991 el gobierno GAVIRIA efectúo la apertura económica neo liberal, política que agudizando el problema, debilito la economía empresarial, agraria y manufacturera, el campo y la ciudad callo en la pobreza por la invasión y monopolio de las multinacionales de alimentos, ropa calzado etc. Los bajos precios de estos productos extranjeros ocasiono la muerte económica de muchos sectores en el pais, y la desaparición de los cultivos tradicionales que soportaban la seguridad alimentaria de los pueblos y comunidades rurales, así se reflejó en el campo con el bajo precio del frijol, el maíz, la papa, el café, la yuca, el millo, la soya, el trigo, entre otros. La respuesta a esta situación fue el aumento de la economía ilegal, el aumento de los cultivos llamados ilícitos, se agudiza el conflicto armado por el control de sus rutas y negocio, llegan personas foráneas con el afán de llenar sus cuentas bancarias causando desarmonía en el territorio y en la vida comunitaria.

Como consecuencia de las políticas gubernamentales y del narcotráfica, algunos comuneros tomaron como opción esta economía ilícita, situación que solo ha traído desarmonia territorial, agudizacíón el conflicto armado, muertes, tristezas, amenazas, detenciones masivas y desplazamiento forzado. De igual manera mientras la actual administración municipal y el Gobierno nacional avanzan en la política de sustitución de cultivos de uso ilícitos, en los territorios aumentan los hechos violatorios de los derechos humanos como: amenazas mediante panfletos alusivos a los actores armados, asesinatos selectivos, movimiento de personas civiles armadas pese a los retenes militares establecidos por fa fuerza pública, aumento de la delincuencia común, y la incursión permanente de personas extrañas como vendedores ambulantes, entre otros, a Nuestros territorios ancestrales.

Posición Política

La política mundial antidrogas es un fracaso porque no ataca la estructura mafiosa enquistado en los poderes políticos bipartidistas. Concentro su esfuerzo en golpear a los pequeños productores. El plan Colombia, plan para la paz, ta prosperidad y el fortalecimiento del estado, tiene un fin estratégico de despojo territorial, utilizando como escusa combatir el narcotráfico y ocasionando desplazamiento, penalización de los cultivadores, facilita que las tierras incautadas, fumigadas, entren aT proyecto minero energético, monocultívos de palma etc. Por esta razón se aplica la fumigación con glifosato a los cultivos de coca envenenado nuestra madre tierra, matando la flora, la fauna, el agua, la vida. Aumentó el pie de fuerza militar con asesoría extranjera, dando a la población civil tratamiento de guerra, se agudiza el conflicto armado por la disputa y el control del negocio y sus rutas. Con toda esta represión y esfuerzo realizado por el gobierno, los cultivos llamados ilícitos se mantienen, se trasladan a otras regiones del pais, profundizando los niveles de pobreza y violencia. Mientras el costo económico que tuvo el plan Colombia en sus dos fases asciende a más de 10 millones de dólares.

En la implementación de los acuerdos de paz del Gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC, no se está respetando el capítulo étnico como parte integral de los acuerdos firmados por las partes, conllevando a la ausencia de garantías de derechos fundamentales de los pueblos étnicos de Colombia.

Lo acordado en el punto 4 solución al problema de drogas ilícitas. Plantea una política de sustitución gradual de cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo evidencia una política clara de represión al territorio mediante la aspersión aérea, penalización de los cultivadores, formalización de la tierra a quienes se acojan a la política gubernamental antidrogas. Dejando vigente la extinción de dominio a la pequeña propiedad de los cultivadores que no se acojan al plan, esto sin prever los posibles fracasos históricos de esta política de sustitución de cultivos ilícitos; contrario a los acordado en el punto 1 reforma agraria integral donde se protege la gran propiedad privada “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada” se re-victimiza a los cultivadores, a la comunidad, coloca en riesgo al territorio colectivo, estas políticas se convierten en una amenaza y pretexto legal para despojar las tierras a los más marginados.

El Plan de sustitución de cultivos ilícitos que promueve el Gobierno Nacional no se conoce de fuente oficial alguno, se esta implementando de forma anticipada, aun estando sujetos a los ajustes normativos que son inciertos según lo acordado.

Para que la historia no se repita hemos evaluado el fracaso de los distintos planes de sustitución de los cultivos ilícitos, implantado por el gobierno en las comunidades en el año 1985 acuerdo de Corinto con los cultivadores de coca y marihuana, 1993 acuerdo de Jambalo, Corinto 2005-2011 por ser inconsultos y contrarias a los derechos colectivos.

Frente a esta problemática, la organización indígena mantiene una posición critica, y propositiva, creando y presentando propuestas económicas y alternativas al Gobierno Nacional para superar el problema del cultivo ilícito, las cuales no son tenidos en cuenta.

Exigencias

Al Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional a través de una comisión de alto nivel presente el plan de sustitución de cultivos ilícitos a la comunidad y sus autoridades tradicionales, con el propósito de definir una ruta para el proceso de la consulta previa, libre e informada.
Acordar una metodología participativa practica que permita una buena socialización y construcción de una propuesta alternativa duradera que fortalezca el plan de vida comunitario bajo sus principios y mandatos.
Que no se criminalice y ni se re-victimice los cultivadores, de igual manera se tomen las medidas especiales consultadas que ayuden en la transición gradual hacia una economía alternativa con garantías efectivas por parte del Gobierno Nacional.
El Gobierno debe garantizar la construcción colectiva y el desarrollo de una propuesta practica y efectiva a corto, mediano y largo plazo.
Que las ONGs no incursionen a nuestros territorios sin consulta a la comunidad y sus instituciones de gobierno propio.
Detener toda propuesta o plan de sustitución de cultivos ilícitos en nuestros territorios ancestrales, como garantía de la consulta previa y los derechos fundamentales de la comunidad nasa.
Responsabilizar al gobierno local y Nacional por cualquier conflicto que se presente por las medidas inconsultas que se vienen aplicando en nuestros territorios ancestrales.

A los países garantes, la ONU, solicitamos:

Atender los llamados y exigencias de las autoridades tradicionales de los territorios ancestrales del Norte del Cauca.
Verificar en terreno el cumplimiento y las garantías de los derechos fundamentales vulnerados con la implementación inconsulta de la política de sustitución de cultivos ilícitos en el marco de los acuerdos del proceso de paz firmado por el GOBIERNO y las FARC.
Facilitar la interlocución directa entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Propio representado por las autoridades tradicionales de nuestros territorios.
Verificar los riesgos y los hechos violatorios a los derechos humanos que se vienen presentando, amenazas de grupos armados paramilitares a la vida y al territorio ancestral, como consecuencia de postconflicto, deben estar en constante vigilancia y monitoreo para garantizar los derechos fundamentales.

Dejamos claro que el incumplimiento por el gobierno a nuestra exigencias y los planes alternativos integrales presentados por las comunidades en el marco del plan de vida, será motivo de mingas de movilización como derecho a la protesta social, y las acciones jurídicas pertinentes por parte de las autoridades tradicionales.

AUTORIDADES TRADICIONALES

CABILDO DE CORINTO

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