Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e intercultural: en construcción

Comuníquese y participe con sus ideas en esta construcción abierta



Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e intercultural: en construcción
Conaie
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30 Junio, 2017

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE socializó el “plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural” el pasado martes 28 de junio de 2017 ante la sociedad civil y medios de comunicación en la ciudad de Quito.

El plan consta de cinco ejes principales: 1) para la construcción del Estado Plurinacional; 2) hacia el cambio del modelo económico; 3) democracia y derechos humanos; 4) planificación y descentralización; y 5) combatir la corrupción y la impunidad.

El martes 4 de julio se realizará la presentación de dicho plan ante el Gobierno ecuatoriano y la Asamblea Nacional en el que participarán la representación de los pueblos y las nacionalidades del país, según miembros del Consejo de Gobierno de la CONAIE.

Por ello, las observaciones, aportes o sugerencias para el plan será receptado hasta las 8:00 del lunes 03 de julio de 2017 a los siguientes correos: secretaria@conaie.org ; comunicacion@conaie.org

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Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e

intercultural

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, como órgano

nacional de gobierno de las comunas, pueblos y nacionalidades, integrada

regionalmente por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador

ECUARUNARI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia

Ecuatoriana CONFENIAE, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa

Ecuatoriana CONAICE, reunida en Asamblea extraordinaria el 10 de junio pasado, en

Unión Base-Puyo, decide compartir su visión y planteamientos recogidos en el presente

documento con la sociedad organizada, la ciudadanía en general y con las distintas

instancias del Estado con el propósito de generar espacios de debate y definiciones

políticas y económicas que nos permita enfrentar la actual situación del país y sentar las

bases de una real construcción del Estado Plurinacional.

Este documento recoge las ideas y propuestas más urgentes de las comunas, pueblos y

nacionalidades, para su permanente construcción, porque las realidades y las

concepciones individuales y colectivas que de ellas tenemos están en continua

renovación. El documento pretendemos que será un instrumento que nos permita

sentarnos a conversar con las organizaciones y las personas que, al igual que nosotros,

luchan contra las desigualdades, la explotación social económica y contra la

discriminación política cultural. En definitiva, queremos que este documento ayude a

juntarnos para construir y platear alternativas reales a las y los ecuatorianos.

I. Para la construcción del Estado Plurinacional:

Los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que constan en la actual

Constitución no son dádiva de una persona o gobierno, es el resultado de largos

procesos de lucha de los pueblos. Pero los sectores gobernantes y grupos de poder

han buscado limitar o distorsionado las legítimas demandas de las organizaciones

sociales. La Plurinacional es un claro ejemplo de esta disputa: la Constitución limita

el carácter plurinacionalidad del Estado a un mero reconocimiento de las diferencias

culturales, apenas toca las estructuras coloniales del Estado.

Para las comunas, pueblos y nacionalidades la Plurinacionalidad es la

transformación de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas del

Estado, que permita sentar las bases para la superación de la explotación y

discriminación entre los pueblos y clases sociales.

En esta perspectiva, para esta coyuntura proponemos:
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1. Respetar las formas y sistemas de organización autónoma de la sociedad, para

ellos pedimos la derogatoria de los Decretos 16 y 739, así como el archivo del

proyecto de ley de participación ciudadana.

2. La base de un Estado Plurinacional es el reconocimiento y respeto de los

sistemas comunitarios de organización, de autogobierno social y territorial, de

administración de justicia. En esta perspectiva se debe crear leyes acordes son el

carácter plurinacional del Estado, como una nueva ley de comunas, pueblos y

nacionalidades, y reformar las leyes que limiten o contradigan los derechos

reconocidos en la Constitución, tales como: Ley Orgánica de Tierras Rurales y

Territorios Ancestrales; Código Orgánico Integral Penal; COOTAD; Ley

Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, con su reglamento

e instructivo.

3. Desarrollar y respetar el principio constitucional del pluralismo jurídico.

4. Restitución y reestructuración del sistema de educación intercultural bilingüe.

Respeto del modelo de educación comunitaria.

5. Democratizar el acceso a la educación de los ecuatorianos. Fortalecer la

educación pública, laica, gratuita en todos los niveles. Revisión de los

contenidos curriculares y su reforma para una formación intercultural, crítica,

humanística y técnica del alumnado. Restablecer la autonomía y cogobierno de

las universidades y politécnicas. Garantizar el libre ingreso de los jóvenes a

educación superior. Respetar a los docentes y promover un sistema de

capacitación permanente.

6. Respeto y cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

7. Fortalecer y reorientar una perspectiva intercultural los sistemas de educación

pública y privada, para ello es necesario reforma de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural, Ley orgánica de Educación superior.

8. Construcción real del Estado Plurinacional e intercultural, mediante el respeto de

los Gobiernos Comunitarios y sus sistemas de ejercicio de autoridad en el

territorio, administración comunitaria del agua, administración de la justicia

comunitaria e indígena, aprobación de la ley de Circunscripción Territorial

Especial Amazónica CTEA, reconocimiento de las Circunscripciones

Territoriales Indígenas CTIs, del ejercicio de los idiomas originarios tanto a

nivel oficial-estatal como del ejercicio directo de las comunas, pueblos y

nacionalidades.

9. Prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta

biodiversidad.

10. Reapertura y reestructuración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y

ampliación de su cobertura a nivel nacional.

11. Política internacional soberana, que promueva la integración y unidad regional.

Apoyo al proceso de PAZ en Colombia.

Acciones inmediatas:

1. Derogatoria de los Decretos 16 y 739.

2. Dejar sin efecto los nombramientos de las directivas ilegitimas, no reconocidas

por sus organizaciones de base y sus instancias internas.
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3. Restitución y reestructuración del sistema de educación intercultural bilingüe,

con autonomía administrativa.

4. Reapertura y repotenciación de las escuelas del modelo de educación

comunitaria.

5. Definir medidas para la cooperación y coordinación de la justicia indígena

comunitaria.

6. Reapertura y reestructuración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y

ampliación de su cobertura a nivel nacional.

7. Reforma de las leyes de Educación Superior LOES, la Ley Orgánica de

Educación Intercultural LOEI, la COTAAD, Ley Orgánica de Cultura, Ley

Orgánica de Comunicación.

II. Hacia el cambio del modelo económico:

Reactivación de la economía desde el campo: En los últimos 40 años, el campo y la

economía agraria han sido olvidados, sobre todo se ha marginado a los campesinos, a

las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas. Las políticas agrarias aplicadas en los

10 años del pasado gobierno ha beneficiado a pocos sectores, sobre todos a la

agroindustria y el comercio agroexportador, que no ha democratizado la tenencia de la

tierra ni el acceso a los recursos productivos, más bien ha incentivado una agresiva

concentración del mercado y un acelerado debilitamiento de las pequeñas y medianas

economías, especialmente la agricultura familiar y comunitaria. Frente a esta realidad y

desde una perspectiva democrática y plurinacional es urgente crear las condiciones

necesarias para la construcción de una economía agraria basada en la soberanía

alimentaria. Con este fin proponemos:

1. Abrir un proceso de debate nacional para la reformar las leyes de agua, de

tierras, de economía popular y solidaria, de minería, ley de semillas.

2. Redefinición de las políticas de control fiscal y sanitario de la producción y

comercialización agraria familiar y comunitaria.

3. Crear y proteger el empleo rural: agrícola, artesanal, comercial, industrial.

4. Fortalecer y desarrollar las economías pequeñas, medianas y los sistemas

familiares y comunitarios, tanto a nivel de propiedad, producción y acceso a

mercados.

5. Abandono progresivo del extractivismo mediante el fomento de economías no

tradicionales como el turismo, servicios.

6. Fomento del empleo y respeto a los derechos fundamentales de los

trabajadores, en especialmente el derecho a la libre organización, contratación

colectiva, derecho de huelga, a la remuneración digna que cubran la canasta

básica, seguridad social.

7. Impulsar procesos de industrialización apropiada que permita la

introducción de valor agregado a la pequeña y mediana producción tanto en lo

urbano como en el campo, con principal atención a las economías familiar y

comunitaria; esto como base para un real cambio de matriz productiva.

8. Promover la inversión interna del ahorro nacional, evitando la fuga de

recursos al exterior, para todo ello, es preciso contar con normas y políticas

claras.
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9. Realizar auditorías a la deuda externa para establecer su situación real.

Renegociación urgente de los préstamos que son lesivos a los intereses del país.

Negociar una moratoria de la deuda que se reconozca como legitima.

10. Dejar el petróleo y la minería metálica bajo tierra, en su reemplazo promover

modelos económicos alternativos que conecten lo local con lo nacional, y

promover la sostenibilidad económica de los territorios de las comunas, pueblos

y nacionalidades afectadas por la explotación y concesiones petroleras y

mineras.

Acciones inmediatas:

1. Moratoria minera y petrolera, hasta que se establezca con suficiente claridad sus

consecuencias económicas, ambientales, socio-culturales.

2. No emprender contratos mineros que ponen en peligro a la población y al medio

ambiente.

3. Fiscalización excautiva de los destinos, beneficiarios y usos de los recursos

obtenidos mediante deuda externa en los últimos 10 años.

4. Generación de empleo.

5. Renegociación o nacionalización de los contratos de servicio de telefonía

celular.

6. Privilegiar los impuestos progresivos, exonerando o disminuyendo para los

sectores más necesitados.

7. Disminución de sueldos excesivos de los funcionarios públicos.

III. Democracia y Derechos Humanos

La democracia y los derechos humanos son condiciones básicas para la convivencia

individual y colectiva de toda sociedad y para el funcionamiento legitimo del Estado. Si

bien la Constitución ecuatoriana reconoce muchos derechos orientados en este sentido,

sin embargo muchas de las políticas gubernamentales y leyes aprobadas en estos

últimos 10 años han ido en contrasentido del camino señalado por la Constitución. Por

ellos proponemos:

1. Crear espacios reales de participación política activa de la sociedad organizada,

orientadas a la construcción del Estado plurinacional.

2. Eliminar todas las normas jurídicas que lesionen el derecho a la libre

organización de la sociedad, en sus distintos estamentos.

3. Desmotar toda forma jurídica e institucional que promueva la criminalización de

la protesta social.

4. Respetar la libertad de expresión y democratizar el acceso a los instrumentos y

medios de comunicación.

5. Respeto de los derechos de la CONAIE sobre su casa y sede nacional.

6. Respetar el derecho a la libre organización social.
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Acciones inmediatas:

1. Declaración de amnistía e indulto a todas y todos los luchadores sociales

actualmente procesados y/o condenados.

2. Desmilitarización de los territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades

intervenidos por razones de explotación y concesiones petroleras y mineras.

3. Permitir la participación de observadores internacionales (ONU, OEA,

UNASUR) en los territorios que sufren violencia provocados por concesiones

mineras y petroleras, particularmente en Nankints, Tundayme, Cordillera del

Norte, Quimsacocha, Intag.

4. Restitución de las frecuencias cerradas de radios comunitarias y la devolución de

los equipos confiscados.

5. Cumplimiento estricto del 34% del espectro radio eléctrico (radio y televisión)

para la comunicación comunitaria, en especial para las comunas, pueblos y

nacionalidades, mediante la apertura de otro concurso público de frecuencias de

radio y televisión de radio y televisión de señal abierta.

6. Restitución jurídica de las organizaciones sociales cerradas, desintegradas o

intervenidas.

IV. Planificación y descentralización

1. Desde una perspectiva plurinacional e intercultural, la planificación debe tener

por objetivo el fortalecimiento del Estado y de la sociedad y sus estructuras

orgánicas propias.

2. La planificación nacional y de los gobiernos locales deben ser procesos técnica y

de participación social activa. Los organismos de planificación nacional y local

deben ser instancias de orientación y cooperación, no instrumentos burocráticos

de imposición autoritaria.

3. Los sistemas comunitarios de la sociedad y de las comunas, pueblos y

nacionalidades deben ser los sujetos activos de la planificación nacional y local.

4. Definir mejor las competencias de los municipios, consejos provinciales y juntas

parroquiales. Promover el agrupamiento voluntario de las provincias para

proyectos de desarrollo.

5. La planificación del Estado central y local debe respetar y recoger la diversidad

regional, de las demandas de las nacionalidades y pueblos indígenas.

6. Crear una instancia pública de planificación y generación de políticas públicas

para y desde las comunas, pueblos y nacionalidades tanto a nivel nacional como

local.

V. Combatir la corrupción y la impunidad

1. Llevar adelante una acción pública transparente, que impida que se despilfarren

los recursos públicos o se pierdan por corrupción de funcionarios públicos o

entidades particulares. Erradicar la corrupción mediante la adopción de sistemas

de investigación agiles y oportunas, con participación ciudadana.
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2. Fortalecer la capacidad de control y fiscalización de la legislatura sobre la acción

de las instituciones públicas y sus funcionarios.

3. Fortalecer la Comisión Cívica Anticorrupción, auspiciados por las

organizaciones sociales. Fiscalización de la obra pública.

4. No permitir que impere la impunidad. Promover con energía la sanción a

quienes han cometido actos de corrupción, han abusado de la autoridad, han

violado los derechos humanos o las libertades públicas y han promovido la

división de las organizaciones.

5. Creación de una ley que prohíba a funcionarios públicos o autoridades electas

que han sido sancionados administrativa o judicialmente por corrupción volver a

ocupar un cargo público.

6. Impulsar desde la Asamblea Nacional y desde la sociedad civil y las

organizaciones sociales un profundo proceso de fiscalización.

7. Reformar todas las leyes pertinentes que impiden o limitan la fiscalización, el

libre y directo acceso a la información pública de las acciones públicas de los

funcionarios del Estado.

8. Recuperar los fondos públicos perdidos por la corrupción.

9. Auditoría minera, considerando aspectos económico-administrativos,

ambientales, culturales y derechos colectivos.

Acciones inmediatas:

1. Garantizar los derechos de los investigadores de los casos de corrupción.

2. Cese de la persecución e intimidación a los miembros de la Comisión Cívica

Anticorrupción.

3. Solicitar la extradición de los ex funcionarios públicos procesados por

corrupción.

4. Llevar hasta las últimas consecuencias los casos de corrupción vinculados al

llamado “Caso Odebrecht” y procesar a todos los autores, cómplices y

encubridores.

5. Exigir a la Asamblea Nacional que inicie un proceso de enjuiciamiento político

al Vicepresidente de la Republica.

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