Ola de conflictos amenaza referendum en Bolivia

16.Jul.04    Análisis y Noticias

La Red y Agencias.- Los cocaleros de Yungas enfrentados con los colonizadores por el tema de la creación de un mercado paralelo de coca en Caranavi; los pobladores de Santa Rosa (Santa Cruz), que exigen obras en su comunidad; los indígenas de la zona de Guarayos (Santa Cruz), que piden titulación de sus tierras, y los conflictos políticos internos en la Alcaldía de Tinguipaya (Potosí) son los problemas sociales que marcan el corolario previo a la realización del referéndum vinculante en el país.

Una serie de conflictos sociales ha surgido en los últimos días, en distintas regiones del país y con demandas diferentes, con el objetivo de poner en la mesa de negociación sus agendas sectoriales en un momento en que el Gobierno precisa de la mayor tranquilidad social posible para llevar adelante el referéndum.

Potosí

Uno de los mayores conflictos sociales se da en Potosí, donde los ayllus del municipio de Tinguipaya se hallan divididos por el poder político de la Alcaldía y han protagonizado una serie de enfrentamientos en las mismas calles de Potosí, dejando al menos cinco heridos, según los reportes policiales.

Efectivos de la Policía departamental informaron que tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para frenar varios enfrentamientos durante los tres días que ya abarca la presión.

Se trata de grupos “marginados” del MAS que pretenden destituir al alcalde del municipio, Antonio Estrada (por presuntos actos de corrupción), para lo cual habrían contado con el apoyo de la ONG Caritas.

Los comunarios de Tinguipaya afiliados a los sindicatos rurales y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) son personas que pertenecen a los ayllus, pero cuestionan la creación de un octavo denominado Isla Malcocha, por influencia de la ONG Caritas.

Defienden al alcalde del MAS de forma velada, ya que sostienen que será un informe de la Contraloría quien determine si cometió actos de corrupción.

Denunciaron que los comunarios que exigen la renuncia del Alcalde son financiados por Caritas que paga hasta 300 Bolivianos a quienes lo ataquen. Los ayllus llegaron hasta Potosí para presionar a la Prefectura y a la oficina de Caritas.

LOS CONFLICTOS EN EL PAÍS

POTOSÍ: Los ayllus del Municipio de Tinguipaya se trasladaron a la capital del departamento. Los opositores al MAS exigen la renuncia del Alcalde de ese partido por presuntos actos de corrupción. En esta protesta apoya la ONG Caritas.

SANTA ROSA (SANTA CRUZ): Los pobladores de esta comunidad cruceña exigían una serie de obras, entre las que sobresalía la pavimentación de una carretera de 47 kilómetros que enlazaría esa localidad con santa Cruz. Los pobladores, como medida de presión, cerraron las válvulas de un gasoducto de Transredes que provee de energía a Argentina.

TARARENDA (SANTA CRUZ): Los indígenas guaraníes bloquearon la carretera que enlaza Santa Cruz con Camiri y toda la población del Chaco exigiendo el saneamiento de 10 millones de hectáreas.

RIBERALTA (BENI): Unos 400 indígenas bloquearon la carretera que enlaza Beni con La paz. Se oponen a un decreto que beneficia a más de 300 propietarios de barracas con más de tres millones de hectáreas de tierras en perjuicio de comunidades originarias.

YUNGAS: Los productores de coca anunciaron un bloqueo de la carretera para este viernes en oposición a la apertura de mercados paralelos de coca en Caranavi a cargo de los colonizadores de Yungas.

Bloquean ruta La Paz-Beni

A 20 kilómetros de Riberalta, unos 400 indígenas bloquearon la carretera que une Beni con La Paz, a la altura del puente Ivo, demandando la anulación del Decreto Supremo 27572 que beneficiará a unos 300 propietarios de barracas con más de tres millones de hectáreas de tierras, en perjuicio de las comunidades originarias del norte amazónico del país.

Los líderes de ocho pueblos étnicos, sus esposas e hijos salieron de sus comunidades y llegaron el fin de semana pasado a Riberalta e inmediatamente comenzaron el bloqueo; ellos representan a una población aproximada a los 30.000 originarios. Con sus enseres, las familias que encabezan la movilización se asentaron sobre el puente Ivo, que cruza un riachuelo del mismo nombre, y prohibieron el tránsito de vehículos desde y hacia la sede de Gobierno.