Entrevista a Óscar Olivera, vocero de la Coordinadora en Defensa del Agua y del Gas

25.Jun.05    Análisis y Noticias

Noticias de la Rebeldía
Bolivia: el bien común / Oscar Olivera
Entrevista realizada por Juan Manuel Struck y Pablo Rojas Mancera (Colectivo Rebeldía)

Rebeldía #31, mayo 2005

En Bolivia se han venido desarrollando una serie de movimientos impulsados esencialmente por indígenas Aymaras y Quechuas, así como por trabajadores mineros y fabriles del occidente del país, que tienen como punto neurálgico la reapropiación de los recursos naturales bolivianos, principalmente la tierra, los hidrocarburos y el agua, actualmente inmersos en la inercia privatizadora a manos de las empresas trasnacionales.

La lucha del pueblo boliviano ha logrado detener el saqueo indiscriminado de sus recursos, sin embargo, tienen frente a ellos, en sus propias palabras, la tarea de dar un paso más, de pasar de una lucha de cerco y contención a la posibilidad de tejer las redes que permitan la apropiación social de algunos de sus recursos estratégicos, proyectando con esto la posibilidad de crear un clima favorable hacia un congreso constituyente en el que la gente pueda imponer su condiciones para hacer efectivo que el que mande, mande obedeciendo.

Con el propósito de conocer más a fondo la lucha actual del pueblo boliviano, hemos entrevistado a Oscar Olivera, dirigente de los obreros industriales de Cochabamba y de la Coordinadora en defensa del Agua y de la vida, quien nos narra, desde dentro, los problemas que enfrenta actualmente el pueblo boliviano y las formas que ha tomado la lucha por la apropiación social de los recursos naturales.

La lucha del pueblo Boliviano

Lo que buscamos es ir hacia la recuperación de los recursos naturales, que para nosotros es el bien común, fundamentalmente el agua, el gas y el petróleo; pero también yo diría que estamos en esa búsqueda irrenunciable de cambiar la forma, de buscar nuevas formas de hacer política.

No sólo se han privatizado y se han entregado todos nuestros recursos, nuestro bien común, a las transnacionales y a los gobernantes corruptos asociados a ellas, sino se ha privatizado también la toma de decisiones. Un pequeño grupo de empresarios y políticos son los que han ido tomando las decisiones, y la gente en términos muy simples quiere desprivatizar, desmonopolizar eso que le incumbe, quiere recuperar, reapropiarse de sus recursos naturales, pero también quiere de manera soberana decidir la construcción de un país diferente

La reapropiación del bien común

Ese fue, en el año 2000, el marco en donde se empieza y encuentra la guerra del agua. Esta “guerra” marca un punto de inflexión del modelo económico y político, que cambia definitivamente la vida del país: Bolivia no es la misma desde abril del 2000 cuando se expulsa a una trasnacional (Bechtel) y la gente diseña y propone una ley y le dice a las trasnacionales y al gobierno: “ustedes obedecen y la gente manda, queremos que la ley de aguas sea así, que se conserve el agua como un derecho colectivo, que se respeten los usos y costumbres de los campesinos, que la gente pueda intervenir. En términos muy simples es lo que está pasando en Bolivia, aunque ahora mucho más fuerte, con mucho más esfuerzo y sacrificio de la gente. El gas se ha convertido en un punto central de la lucha en este momento. La gente se da cuenta de manera muy clara, no necesita para eso una explicación de los expertos, de los ingenieros petroleros, de los economistas, para darse cuenta que para reconstruir un país se necesita una base económica y que esa base se halla en dos lugares, en los bancos y en los recursos naturales, sobre todo en el petróleo y el gas. La gente dice “somos inviables si no recuperamos la propiedad de los hidrocarburos ahora” y esa recuperación se debe dar a base de una reapropiación de las reservas de gas y de petróleo a contrapunto de una ley absolutamente inmoral, ilegal e ilegítima, con la que las trasnacionales pretenden apropiarse, saquear los recursos. En ese tiempo, estamos hablando de hace más de diez años, entregaron unas reservas probadas en 12 mil millones de dólares, pero a cambio de nada, ni un sólo dólar a título de conseguir socios para que vengan a invertir, se entregaron prácticamente no sólo las reservas hidrocarburíferas, sino los ductos, las refinerías, etcétera, y ahora se estima que este negocio en Bolivia significa 200 mil millones de dólares; es una disputa por el control, la gestión y el disfrute de los recursos naturales, principalmente de los hidrocarburos. Los técnicos, los políticos, nos quieren hacer creer que es un problema de redacción de una ley, dicen “es cuestión de cambiar unas palabritas” y nos quieren convencer que ese es el problema.

Y a esto se suma algo que ha cambiado el panorama estas últimas semanas: finalmente el Tribunal Constitucional, que es la instancia que resuelve a nivel legal, ha dicho su palabra de algo que la gente y muchos profesionales comprometidos con las luchas sociales han denunciado años atrás: que estos contratos que tienen las trasnacionales para explotar los recursos, y que son los que han motivado el enojo de la gente, son totalmente ilegales, porque no habían cumplido con el requisito de ser aprobados y discutidos por el Congreso. Se les acabó el discurso de la oligarquía ligada a la famosa cooperación internacional, el Banco Mundial, el FMI, y los estadounidenses. Las propias trasnacionales nos amenazaron con un juicio a nivel internacional si es que los bolivianos nos atrevíamos a cambiar los contratos. Nos amenazaron con juicios y cercos económicos, pero ahora el fallo del tribunal ha cambiado las cosas y las trasnacionales han callado por el momento.

Nacionalización

En términos muy simples la nacionalización es la reapropiación de todas las reservas de gas y de petróleo que están en el país, pero además, nacionalización es que la reapropiación de estas reservas debe significar que se reconstituya la empresa estatal petrolera, en la que la gente pueda participar, fiscalizar y decidir sobre lo que significa toda la cadena productiva hidrocarburífera, desde la exploración, explotación, extracción, transporte, industrialización, etcétera.

En este momento la industria petrolera prácticamente no existe, y ésta es nuestra gran desventaja, en este momento no hay, no hay una empresa estatal de petróleos.

Nacionalización también significa que se puedan establecer las reglas del juego claramente en cuanto a la renta petrolera. Que se establezca una forma contractual absolutamente transparente donde los costos y beneficios sean claros para todos.

Nacionalización también significa que se pueda establecer una política hidrocarburífera y de industrialización. No podemos seguir siendo un país exportador de materias primas sin que podamos generar empleo y sin darle valor agregado a nuestros recursos naturales.

Y nacionalización también significa que puedan ser los pueblos indígenas fundamentalmente —porque en Bolivia se da la característica de que en las zonas más ricas en términos de recursos naturales e hidrocarburos son zonas donde están comunidades indígenas— y que generalmente no se les toma en cuenta, se les expulsa, se contaminan sus tierras, sus aguas; entonces que se establezca una política de consulta mínimamente de decisión de las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no, con la explotación hidrocarburífera o minera.

En términos simples diríamos que básicamente son éstos los cinco pilares por los cuales nosotros hemos dicho que es necesario un proceso de nacionalización, unas nuevas reglas del juego.

Pero esa recuperación, que de hecho ya ha costado tantas vidas —en octubre pasado 67 vidas se perdieron en dos semanas— no puede ser puesta en manos de un aparato estatal diseñado estrictamente para favorecer a las trasnacionales o para utilizar la generación de esos recursos para lo que se ha utilizado hasta ahora: para enriquecer las élites en el oriente boliviano. En este momento la gente no sabe qué se hace con las regalías, que son muy pocas ahora, pero no se sabe qué se hace con ellas, las manejan unos cuantos, pero, cómo se utilizan, para qué, dónde, cuánto es lo que recibe una región por las regalías de explotación de gas y de petróleo.

Si no hay cambios políticos, si no hay una participación de la gente en la fiscalización, en la decisión de estos temas, de nada van a servir los esfuerzos colectivos que la gente ha hecho, no solamente entregando vidas humanas, sino también proponiendo, estableciendo espacios de propuestas con marchas, con movilizaciones, con tomas de pozos petroleros que se han dado últimamente. Si es que no hay un cambio en esa representación ciudadana que está establecida estrictamente a través de los partidos políticos, una representación absolutamente delegada y que no responde a nadie, los cambios serán más lentos.

Por eso la gente liga las dos cosas: recuperación de nuestros recursos naturales pero también el establecimiento de un nuevo tipo de institucionalidad que le permita a la gente participar directamente en la fiscalización y el control, en la participación y en la decisión de lo que se va a hacer.

Si nosotros no podemos todavía —aunque para allá vamos— con una empresa de agua muy pequeñita en Cochabamba establecer esos espacios en donde la gente decida qué se va a hacer con el tema del agua, a qué se va a dar prioridad, hacer un plan de la empresa, en el campo de los hidrocarburos, imaginen qué puede ser… es monstruoso.

La disputa

Pero es importante decir que no se trata de seguir hablando nada más de nuevas reglas del juego, se trata de la construcción de un nuevo país, de eso se trata . Eso es lo que está en disputa, no se trata de que digamos únicamente “váyanse gringos y nosotros los bolivianos con todas nuestras limitaciones nos hacemos cargo de la gestión del petróleo” o del agua o del gas… va más allá, la gente está cansada de esa calidad de vida, de las formas de decidir, de la precariedad cada vez más grave… está en disputa la construcción de un país nuevo.

Cambiarlo todo

En términos bien simples nosotros decimos que el gas es nuestro, el agua también, y nosotros queremos decidir sobre ellos, pero también queremos decidir sobre todo lo que concierne y tiene que ver con nosotros, con la gente. Como en todas partes de Latinoamérica esa institucionalidad se ha derrumbado, le gente ya no cree en la institucionalidad, se da cuenta por su vida práctica que esa institucionalidad sólo sirve para unos cuantos. Entonces a la lucha por la recuperación de los hidrocarburos, se suma una lucha por cambiar la democracia, la famosa democracia, una democracia donde la gente quiere participar, quiere decidir, quiere opinar, quiere que tomen en cuenta su voz. Y de aquí han surgido voces desde el año 2000, cuando nos dimos cuenta a partir de la recuperación de la empresa de agua, de que no podíamos avanzar mucho en la construcción de un nuevo modelo de gestión y de participación de la gente, en la construcción de una alternativa diferente.

Una empresa pública así nomás, pues, no es más que otra forma de gestión privada, porque la maneja un partido político, el gobierno, sin participación de la gente… nos dimos cuenta que había que cambiar todo en el país… una empresa que es recuperada por la población, imagínense, tiene hoy que discutir su presupuesto bajo los ámbitos que permitieron justamente la privatización del agua: el concejo municipal, el Congreso, el ministerio de hacienda… por eso y de ahí surgió la necesidad de una Asamblea Constituyente, que ahora se enmarca con mayor nitidez.

Esas dos demandas, que más que demandas son aspectos prácticos que la gente está dando a conocer estableciendo espacios para que ello ocurra, son en esencia: primero: recuperar todo aquello que fue enajenado, en cuanto a lo material; y segundo: construir una voluntad colectiva desde abajo que nos permita construir un nuevo país, llámese Asamblea Constituyente, Asamblea popular, indígena, campesina; al margen de cómo se pueda llamar, la idea de la gente es establecer un espacio en donde colectivamente se pueda construir una voluntad que permita el establecimiento de un país nuevo y vivir en una sociedad de seguridad, ya no de angustia. Seguridad en el sentido de que uno no piense que ya lo van a echar del trabajo mañana, que mi niño se enferma o que no le suban las tarifas de agua, cuestiones cotidianas de la gente.

Escenario de confrontación

Ese es el escenario, que tiene dos actores principalmente: un actor que está compuesto por el gobierno como un fiel defensor de los intereses de las trasnacionales y estas últimas apoyadas por la embajada de Estados Unidos, los organismos financieros internacionales, y grupos de las élites. Élites fundamentalmente en lugares en donde hay grandes yacimientos de hidrocarburos, como Tarija y Santa Cruz, élites sobornadas por las trasnacionales, que con una gran campaña de comunicación, una campaña de llevar grandes concentraciones de gente, con un discurso aparentemente de participación, de autonomía, han cooptado las prácticas de la gente, ellos han establecido reuniones en donde hablan de autonomía: han cooptado y se han apropiado del lenguaje, de lo que busca la gente.

Otro actor que está compuesto por los grandes sectores indígenas, campesinos, rurales, populares y obreros, que luchamos porque ese escenario sea verdaderamente uno de construcción, y no sea un escenario en donde cambiemos simple y llanamente algunas cositas para que no cambie nada…

Nosotros estamos buscando bajo todos los medios que ese escenario sea lo más pacífico posible, pero algunos creemos que ese escenario no se va a dar… creemos que habrá un escenario de confrontación.

Hay que dar un paso más, todavía hay un poco de incertidumbre y miedo de darlo, pero hay que darlo. Si llamamos a la gente, la gente va a entrar y sacar a las empresas, pero nos falta decir “sí, nosotros nos hacemos cargo”… hay señales en la gente, hay que ir construyendo y dar pasos grandes, para darnos cuenta que la lucha ha valido la pena, que cambien las condiciones de vida, en verdad.

Los actores

Hay un fuerte movimiento Aymara, básicamente en el altiplano en donde Felipe Quispe tiene un liderazgo, pero más que una estructura organizada que responda a Felipe Quispe, yo diría que se está manteniendo una estructura organizada alrededor de liderazgos surgidos de las bases; luego está el movimiento fuerte del MAS (Movimiento Al Socialismo) dirigido por Evo Morales, establecido principalmente en las zonas cocaleras y en las zonas campesinas de los valles; hay también otro bloque, el bloque del Pacto de Unidad, que es un bloque muy importante que ha ido surgiendo en los últimos tiempos, a raíz del tema de la Asamblea Constituyente y que está formado por algunos sectores indígenas del altiplano y vastos sectores de las tierras bajas, indígenas fundamentalmente.

Las zonas urbanas también tienen participación, en donde obviamente el MAS tiene alguna influencia, como en Cochabamba y Oruro; y un fuerte sector un tanto apartidista en el Alto, que en este momento se convierte en la zona urbana, en el sector urbano, a través de las juntas vecinales, como el más vigoroso y con mayor capacidad organizativa y de movilización en este momento.

Quedan después movimientos sociales un poco dispersos que están queriendo construir, se están queriendo ver más autónomos al margen de la influencia, principalmente del MAS, pero bajo una perspectiva más autónoma, de ir más allá de la propia (Asamblea) Constituyente, más allá de la ley de hidrocarburos… ir más allá, un trabajo de más largo plazo.

Criminalización de la resistencia

En el último tiempo ha habido toda una campaña desde el gobierno para mostrar a los movimientos sociales y a los líderes que han sido más visibles —en el último conflicto cuando (el presidente) Mesa quiso renunciar—, que son Evo Morales (de los cocaleros y líder del MAS) y Abel Mamani, que es el presidente de las juntas vecinales de el Alto, como los iconos de la criminalidad, llamándolos criminales, de que son los bloqueos y los movimientos sociales los que hacen daño al país. Y esta campaña ha impactado en algunos sectores, como en la clase media principalmente y en los jóvenes, en donde ha pegado el discurso, porque hay que ver también que hay un racismo en los discursos de Mesa, de ver a los indios y a los sectores empobrecidos, como los sectores que hacen daño al país…

Reagrupamiento de la derecha y la autonomía de arriba

Nos han rebasado por la derecha, se ha rearticulado la derecha en el país, los sectores reaccionarios, que constituyen otro de los agentes de ese mismo actor del que hablaba antes: los partidos tradicionales que han estado gobernado a partir de 1985…

Se han vuelto a sentir fuertes y la ley de hidrocarburos que se estaba discutiendo en 2005 les importó ya un pepino seguir discutiendo; “¿para qué vamos a seguir discutiendo eso?” dijeron y luego salen con el tema de la autonomía, utilizada la palabra por parte de la oligarquía, en la región en donde ha funcionado esa clase con absoluta tranquilidad e impunidad, que es Santa Cruz. Entonces hemos notado que ellos han estado trabajando por mucho tiempo en la idea de que este país definitivamente no puede ser gobernado por indios y que en ese sentido tenía la oligarquía su propio gobierno, pensando desde arriba; ellos ven la autonomía como la forma de apropiarse de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales, hidrocarburíferos fundamentalmente.

Nosotros creemos que detrás de la autonomía que está promoviendo la gente de Santa Cruz, están los intereses de las grandes empresas petroleras y los intereses geopolíticos del imperialismo de evitar que Bolivia pueda lograr establecer cambios en la economía y cambios en la política, que pueden influir yo diría de una manera muy importante en otros movimientos de otros países.

Yo he estado hablando con gente muy de base de Santa Cruz. Para ellos la autonomía significa, en el discurso que ha ido armando la oligarquía cruceña, el que nosotros somos los más, pero tenemos un Estado centralista que nos da lo menos, entonces por eso no tenemos escuelas, no tenemos hospitales, no podemos construir caminos porque se lo lleva el Estado centralista que definitivamente nos perjudica. Nosotros les decimos, bueno, para entrar aquí a Santa Cruz entonces hay que tener pasaporte y ellos dicen no, pero la gente está convencida de que es un problema estrictamente económico y de decisiones que debería la gente de las regiones comenzar a digerir por sí misma en función de sus recursos y de todo lo que tiene. Pero para la oligarquía isleña lo que significa la autonomía es establecer gobiernos, particularmente en Santa Cruz, y están queriendo que se establezcan en todas las regiones del país donde puedan autogobernarse; para ello han planteado la elección de prefectos para este 12 de agosto próximo. O sea, cuál era la agenda de los movimientos sociales: hidrocarburos y constituyente y, ahora, en enero han establecido su propia agenda: elección de prefectos (gobernadores), autonomía y al final la constituyente. Entonces ¿qué va a cambiar en el país si tú eliges a un prefecto? No va a cambiar nada, quizás cambie en función de que ya no es un gobernador nombrado a dedo y que sigue las políticas del gobierno sino que puede haber una actitud digamos más contestataria, pero en el fondo, en el fondo fondo, que cambie algo para la gente en la vida cotidiana, no va a cambiar, porque la estructura política se mantiene y la económica lo mismo.

Autonomía de abajo

Pero el tema de la autonomía es mucho más grave porque ya se trata de la disputa por las riquezas en el país, el tema de los hidrocarburos y de la tierra, entonces ahí nosotros estamos de acuerdo con la autonomía, una autonomía que pueda beneficiar a todos, que dé una distribución más justa de las riquezas, que permita una distribución transparente, que se puedan respetar los usos y costumbres de todos; y bueno, decimos que sí haremos el referéndum a ver si la gente quiere la autonomía, pero primeramente hay que discutir qué entendemos por autonomía, yo creo que ahí está todavía un poco la discusión.

Yo creo que lo que nos está faltando a los movimientos sociales es esa capacidad que hemos ido desperdiciando, yo diría quizás porque hemos ido viviendo de coyuntura en coyuntura muy fuerte en estos últimos años, que no nos ha permitido establecer un espacio de encuentro, de reflexión y de construcción de propuestas donde podamos ir definiendo lo que queremos en los ámbitos que le afectan a la gente, por ejemplo en el tema de los recursos naturales, el tema del agua, de la tierra, de los hidrocarburos, de los bosques, el tema de la justicia, qué tipo de justicia se quiere, que tipo de relaciones laborales quieren los trabajadores después de haber sufrido 20 años de una precarización total de las condiciones de trabajo. Yo creo que hay propuestas pero muy dispersas y que no están ordenadas, no han sido discutidas con la población para que las asuma como propias, desde abajo, que esas demandas y esa propuesta la gente las asuma como suyas y pelee por eso. Entonces sí, autonomía.

Los trabajadores petroleros

Tristemente ellos han jugado un rol muy cuestionable frente a la sociedad, son un sector privilegiado por la importancia económica de los hidrocarburos. Y en el desmantelamiento, en ese proceso de privatización, ellos han tenido un rol nefasto. Se han bajado los pantalones y no han luchado hasta el final para impedir el despojo de nuestros recursos naturales, inclusive han negociado su retiro masivo con extras en su indemnización y han formado parte de algunas empresas, parte societaria de las trasnacionales o han formado sus propias empresas: de envasado de gas licuado, de transporte, surtidoras, estaciones de servicio… en realidad, trabajadores petroleros organizados en sindicatos que puedan tener un rol, una acción de resistencia, una acción sindical que posibilite la lucha, yo dudo que existan hoy día. Ya son sectores despolitizados y tampoco tienen la estructura orgánica para poder tener una acción… no lo creo.

Las nuevas empresas La construcción de una nueva empresa petrolera debe ser social, una empresa social, ya no puede ser como antes, una empresa estatal, debe ser pública-social, donde haya efectivamente un control de la sociedad y en donde el rol de los sindicatos también deberá cambiar. Por toda la experiencia que se tiene en la empresa recuperada de agua en Cochabamba, si no se cambia la visión y la acción de los sindicatos en la construcción de alternativas nuevas y se sigue considerando a la empresa pública como una especie de propiedad partidaria y corporativa, le van a hacer daño al proceso de construcción de algo nuevo… para nosotros es más importante el cambio de la visión de la gente en lo que va a significar retomar y recuperar nuestras empresas.

La expropiación de la Asamblea

Los términos de autonomía, de cabildo, de Asamblea Constituyente, voluntad colectiva, democracia participativa, han sido expropiados por los intereses antinacionales si vale el término; ellos, los del poder, están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, el Banco Mundial, toda la “cooperación internacional”, ¡su prioridad es apoyar la Asamblea Constituyente!… millones y millones de dólares para la asamblea…. y tú dices ¿el Banco Mundial, la ayuda japonesa y suiza quieren apoyar la asamblea constituyente? ¿pero, qué quieren estos cuates? Lo que quieren es una Asamblea Constituyente que modifique, que cambie, lo poco que queda de social en la constitución que todavía rige, por lo menos en el papel, en Bolivia. No quieren que existan autonomías regionales pensando en la gente de abajo, ni que se recupere la propiedad de los hidrocarburos, ni que se desconozca y se desbaraten las estructuras de las superintendencias —que son como un gabinete ministerial paralelo al gobierno y que obedece a las trasnacionales—. No, no quieren eso.

Para ilustrar el papel de los superintendentes: no puede haber un tipo que defina qué es lo que se va a hacer con el agua o los bosques; debe haber un control social, una especie de consejos mixtos entre los organismos estatales y la sociedad civil para que ahí se discutan todos los usos del agua, y no un superintendente financiado por la población… que simplemente sirve para cuidar los intereses de las trasnacionales.

La gente decimos que éstos nos quieren mamar de nuevo. La correlación de fuerzas por toda esa campaña con tantos recursos impulsada por el gobierno nos está afectando. Hay unos panfletos que reparten y que dicen que una Asamblea Constituyente “significa respetar todo lo que ya hizo el gobierno con los contratos”… eso dice pues, ahí está el folleto… Asamblea Constituyente, entonces, significa para ellos ¡no tocar nada de lo que se hizo antes de que se haga la Asamblea Constituyente! ¿no ven? ¿Qué asamblea es esa? Y son millones de dólares dispuestos para imprimir afiches, folletos, documentos, reuniones, etcétera, con el motivo de tener una Asamblea Constituyente domesticada.

Hay una corriente grande que dice esto no va a marchar. Se debe hacer una convocatoria a más largo plazo, pero auto convocatoria porque con las experiencias del referéndum, con el tema de la ley, la gente ya no cree en nadie…

Plan B

Se está tratando de llevar el tema de reconstruir una asamblea independiente y ya está la discusión, pero no en el contenido, sino en las formas: falta juntar todas las propuestas, discutirlas, regresarlas a la gente, para que sea verdaderamente una asamblea que responda a los intereses de la gente, pero ahora estamos en cómo se van a elegir y cuántos van a ser, que si van a ser tres por circunscripción, que si dos hombres y una mujer, cosas que al fin son macanas. Qué importa, eso no es el contenido de la discusión, si son todos hombres o todas mujeres, no afecta en este momento.

Si no marcha este asunto, ya hay más gente pensando en un plan B, un plan que no va a ser facilito, pero que forzosamente se va a tener que empezar a discutir para reconstruir la nación.

Pero bueno, si no, queda el plan B.

Democracia

En el tema de las elecciones, del referéndum, cuando hay una práctica democrática de ir a votar o poner una marca, siempre hemos perdido… con la Asamblea vamos a perder, no es un pensamiento fatalista… Pero ¿Qué es la democracia?… Nos engañan ¿no ven?

La clase política y los retos de las fuerzas populares

En 1993, en octubre, se dio el desarrollo mayor de las fuerza populares para acabar con los que se autodenominan clase política, entendiendo que es un término que ellos mismos han inventado para decir: “nosotros somos los que podemos hacer la política y los demás pueden seguir dedicándose a hacer zapatos y a cosechar zanahorias…”

Yo diría que en este momento se hace más difícil hablar con el poder político, con los políticos, porque ahora se sienten mucho más fuertes, y también tenemos el campo popular un poco debilitado, bueno, más que debilitado yo diría que confuso por estas agendas que principalmente tienen algunos como Evo Morales, de llegar a las elecciones de 2007, para ser presidente, que es su horizonte casi final. Quiere sentarse en la silla presidencial, para desde ahí establecer un gobierno popular que pueda emitir por ejemplo un decreto de nacionalización, pero con una conducta que a la propia gente ha confundido y desorientado…

Eso preocupa, y todavía no hay en los voceros de los movimiento sociales —quiérase o no son referentes, ahí esta Felipe Quispe, el propio Evo Morales, la COB (Central Obrera Boliviana), otros sectores y líderes emergentes como en el caso de El Alto, que se han mantenido al margen de lo que puedan decir otros actores sociales— un horizonte común, colectivo, construido con base en una actitud de humildad, de escucharse unos a otros.

Las elecciones de 2007 Veo bien, bien difícil el asunto. Yo honestamente no creo que tengamos 2007, no creo, no creo que duremos dos años sin que pase nada y lleguemos todos… algo pasará… eso estoy seguro.

Esa es la vaina, yo creo que no hemos tenido la capacidad de establecer un movimiento social autónomo que tenga otra perspectiva de lo que es la política, entendiendo la política como algo simple en donde la gente diga y tenga la posibilidad de mandar, como dicen los zapatistas.

Estamos pensando en las señales de la gente para que al margen de seguir interpelando las políticas estatales, se vayan dando pasos en los que la gente vea que su lucha ha servido para algo, por ejemplo, iniciar el proceso de construcción de una nueva empresa de agua, coordinada por la gente, que la gente entre en ese proceso, que cambie sus condiciones de vida. Estamos pensando un poco en eso ahora.

Oscar Olivera es vocero de la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia