Zapatistas convocan a nivel nacional a organizarse para irrumpir desde abajo en forma civil y pacífica el 2 de julio

31.May.06    Análisis y Noticias

Martes 30 de mayo de 2006

Propuesta: concentración el 2 de julio para irrumpir en forma civil y pacífica

La otra campaña, un movimiento nacional para desenmascarar al sistema

La Jornada

Al cabo de la reunión nacional de adherentes de la otra campaña, el subcomandante Marcos propuso hacer del próximo 2 de julio “una concentración nacional de acción para irrumpir en el proceso electoral en forma civil y pacífica”, en un momento en el que la otra campaña tiene “todo en contra”, excepto el ser anticapitalista y de izquierda. Insistió en que después de la movilización del 28 de mayo, “este ya es un movimiento nacional”, que “es otra cosa” y se propone “desenmascarar al sistema”.

Ante un auditorio totalmente lleno, con más de mil asistentes, el delegado Zero adelantó una propuesta, que deberá aún ser discutida y aprobada en todos los estados de la República. El plan de acción de la otra campaña, según lo propuesto por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), consistiría en “avanzar en la organización y construcción de la otra campaña en localidades, subregionales, regionales, estados, sectoriales y zonas”. Esto, para “avanzar en la construcción de otra alternativa a partir del día 3 de julio para la organización de los de abajo y a la izquierda”.

Esto implica “profundizar en un frente cultural y artístico en la lucha por los y las presos y presas políticas; crear una comisión de enlace nacional, provisional, y con una sola tarea definida y acotada”, en la cual “una o dos personas en cada unidad organizativa de la otra campaña” trabajen en una propuesta regional o sectorial, “según su propia lógica y dinámica”. Y así “reafirmar el carácter anticapitalista y de izquierda de la otra” para “irrumpir en el calendario de arriba con la organización y movilización civil y pacífica; avanzar en una definición frente al proceso electoral”. La alternativa, dijo Marcos, “no es votar por uno u otro, o no votar; la alternativa es organizarse o no abajo y a la izquierda”.

Por tanto, “proponemos dislocación local con temas y acción definidos. Uno, el tema que proponemos es arte y cultura y comunicación por la libertad y la justicia para los y las luchadores y luchadoras sociales. Dos, concentraciones de zona donde se agrupen estados o regiones. Tres, concentraciones sectoriales de mujeres, otros amores, estudiantes, trabajadores y trabajadoras sexuales, etcétera. Cuatro, una concentración nacional de evaluación y propuestas de acción; es decir, una plenaria de adherentes. Y, cinco, una concentración nacional de acción para el 2 de julio”.

Marcos propuso también que la concentración de evaluación y propuestas sea los días 30 de junio y primero de julio. “Y que la acción de dislocación local sea el 11 de junio con actividades de arte, cultura y comunicación con el tema de libertad y la justicia”. No obstante, aclaró que no es sólo un movimiento de solidaridad con los presos políticos, sino un proyecto nacional de lucha. Se trata de que en los estados se reúnan los adherentes “y se manifiesten sobre esta propuesta, y si se decide, que lo hagamos”. Tenemos todo en contra, advirtió. “Los medios, la clase política, el Ejército, la policía, la incomprensión de la gente. Esto es para no hacerlo. Para sí hacerlo sólo tenemos que es nuestro deber y ser lo que somos, anticapitalistas y a la izquierda.”

Llegaron aquí adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de los 32 estados, que alquilaron autobuses o pusieron camionetas, o lo que pudieron para acudir a la marcha del domigo y a esta asamblea en el cine Venustiano Carranza. De algunos estados, como Chiapas o Jalisco, los contingentes suman el centenar de personas. Y también acudieron de Estados Unidos y Canadá, “el otro lado de la otra”. Uno de los asistentes comenta: “¿Qué organización junta así gente de todo el país sin acarreo ni financiamiento?”. Los que vinieron del norte, con esa nostalgia del futuro que no ocurrió (por lo pronto), expresan su entusiamo de una manera distinta a la de aquellos que ya vieron pasar al delegado Zero y la otra campaña por sus tierras.

El ataque a la población de Atenco y la persistencia de una treintena de presos marcan las intervenciones, y han determinado buena parte de las acciones recientes de la otra campaña en los estados. En algunos casos, de Quintana Roo y Chiapas a San Luis Potosí y Baja California, ya han sufrido en semanas recientes agresiones policiacas o parapoliciacas no muy distintas a la desplegada, en mayor escala, en el lastimado municipio mexiquense.

Apenas este 25 de mayo, la colonia popular Rancho Viejo, en el municipio quintanarroense de Isla Mujeres, fue atacada brutalmente por la policía del vecino municipio de Benito Juárez (o sea Cancún). “Sacaron de las casas a nuestros esposos, hijos, hermanos, vecinos, incluidos cinco menores”, denuncia una mujer. ¿La “razón”? Que poco antes habían realizado una manifestación pacífica contra un basurero municipal que ha deteriorado sus condiciones de vida. ¿Y el “delito”? Impedir el paso a los carros cargados de desperdicio. A muchos los llevaron detenidos, sin órdenes de cateo ni de aprehensión.

El “modelo” de agresión se repite en ataques aparentemente aislados en San Cristóbal de las Casas o Tijuana, contra adherentes de la Sexta. No debe extrañar entonces la identificación de tanta gente con los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en decenas de acciones, bloqueos, plantones, marchas, actos político-culturales en Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro. Y en las reacciones paranoicas y agresivas de las policías locales. El diagnóstico colectivo, implícito y explícito, es el de un deterioro importante de las garantías ciudadanas en toda la República.

En San Luis Potosí, los opositores a la Minera San Javier han sido golpeados con brutalidad por empleados de la empresa, por órdenes del gerente Jorge Mandizábal Aceves, mientras se siguen dinamitando impunemente las tierras y se “omite” respetar los amparos y prohibiciones judiciales existentes. Un delegado de Tlaxcala apunta: “Lo que pasa es que la otra campaña es el único recurso de resistencia contra el avance del neoliberalismo”. Una delegada de Chiapas dice: “Existe una guerra de baja intensidad en muchas partes”, y relata cómo el presidente Vicente Fox ya padeció expresiones de repudio (omitidas por la mayoría de los medios de comunicación) en su reciente visita al estado.

En Sinaloa, los adherentes informan que se reúnen semanalmente en Mazatlán; realizan acciones en Culiacán y Los Mochis, y han repartido decenas de miles de volantes y pasquines. En Sonora, los pueblos pimas, mayos y yaquis se mantienen alertas, se concentran en el marco de la otra campaña y se aprestan a la resistencia. Tras escuchar los informes de las coordinadoras de todas las entidades federativas, y de los representantes binacionales, un participante afirma: “Hoy la otra campaña está en todo el país”.

Otro orador expresa: “El ejemplo que está dando la otra campaña es que, a diferencia de los partidos y organizaciones, no abandona a sus presos ni olvida sus muertos. La otra campaña atenta contra lo posible porque se ubica a la izquierda de lo posible”.

El subcomandante Marcos toma entonces la palabra para señalar que esta asamblea, y los actos de solidaridad con los presos de Atenco que se han acumulado, “significan que ya tenemos una organización nacional de izquierda”.

Luego de describir la situación jurídica de los presos en Santiaguito y La Palma, los abogados defensores informan a la asamblea que las protestas nacionales, y sobre todo internacionales, han atraído la atención de Aminstía Internacional, que anunció desde Londres una visita a México esta semana para conocer el caso de Atenco. En tanto, la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH) inició hoy su misión de emergencia en este país.

Por más que oficialmente se omita acusar recibo y los medios lo soslayen, México está en el spotlight en materia de violación a las garantías individuales. Un nuevo y lamentable récord de notoriedad logrado por el gobierno “del cambio”.