Las mil caras del conflicto mapuche

23.Ago.09    Análisis y Noticias

Domingo 23 de agosto de 2009

Por Mariela Vallejos / La Araucanía / La Nación Domingo
La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La mil caras del conflicto mapuche

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

No es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: “Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación”. ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. “A toda la comunidad, a Chile”, responde.

Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, “es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones”.

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. “Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales”, explica. Y recomienda que “para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo”.

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

“El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco”, se queja.

“La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada”.

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: “Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine”, subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté “en llamas”, insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: “Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo”, asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: “Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno”, asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

“Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos”, subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas “no son una minoría”, y asegura: “Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan”.

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de “tomas mediáticas”, para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: “La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas”, reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone “acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales” y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

“Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas”, enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con “el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor”.

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que “sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones”.

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. “Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto”, añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: “Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades”, sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar”.

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de “imponer el orden”.

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que “no es responsable” intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados”.

Agrega que en la zona “no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno”, y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? “Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá”, mueve la cabeza el padre Díaz.

“¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?”, pregunta. Y se responde: “Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social”.