El caudal de mentiras, de legislaciones contrarias al interés de los mexicanos, de discrecionalidades y francos delitos que deja el gobierno saliente (en la salida sexenal más prolongada y patética que se recuerde, una auténtica agonía) llevó a los pueblos originarios a disentir de muchas leyes nuevas, a desconfiar de la justicia institucional, a resistir los intentos de despojo territorial, daño ambiental, control educativo y manipulación mediante programas sociales siempre chirles comparados con los montos del negocio político, bancario, minero, inmobiliario, de obra pública, propaganda inútil pero costosa y desnacionalización productiva deliberada, lo mismo del maíz que del petróleo.
En un contexto de violencia desatada y el reino criminal de pandillas poderosas que desafían y corrompen al Estado, resulta evidente para la población la responsabilidad criminal de las fuerzas públicas en matanzas y desapariciones en masa como los 43 de Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya y operativos como el de Nochixtlán, hasta los millares de infantes, mujeres jóvenes, migrantes y toda clase de ciudadanos que de pronto ya no están. Con harta frecuencia la mano policiaca salta a la vista, o de plano la de soldados y marinos. Hemos vivido traicionados por los gobiernos del cambio y el recambio.