Los gobiernos no pueden impedir que la gente siembre su propia comida en terrenos públicos que no tienen ninguna utilidad en medio de la cuarentena. No pueden acusarlos de invasores porque ellos han planteado que es una ocupación provisional mientras dure la pandemia y la crisis económica que está en ciernes. No puede el gobierno decir que es un grupo que desconoce la institucionalidad porque ya se preparan para presentar ante el Estado sus propios proyectos que piensan manejar desde esa “fuerza interna” que está en construcción.