Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.
Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.
Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo.