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SANTIAGO.- Este jueves la Universidad Diego Portales dio a conocer un adelanto de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, donde realizó un duro cuestionamiento a la labor de la Corte Suprema.
El académico y director del estudio, Jorge Contesse, fue especialmente crítico con el máximo tribunal al sostener que éste está “desmantelando” el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre materias que les afecten directamente.
“Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más– en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados”, declaró.
Como ejemplo, en el informe se citan diversos fallos en los cuales la Corte Suprema revirtió decisiones de las Cortes de Apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao y las comunidades Palguín y Peiukëlen, entre otros.
El documento también asegura que el máximo tribunal del país no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.
“La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, consigna el estudio y agrega que el máximo tribunal reproduce de manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones.
Contesse comentó también que el documento demuestra cómo la misma Suprema “ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, cuestión de gravedad si se tiene presente los accidentes laborales acaecidos durante el año”.
Al respecto, recordó que la Corte ha decretado que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la Ley de Subcontratación así como en la posibilidad de negociar colectivamente.
En este punto, el académico añadió que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, pasando de 10,1% de operarios con instrumento colectivo en 1991 a un 5,9% en 2009. De esta manera, Chile es el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, sólo superado por Corea del Sur.
El próximo lunes se efectuará la presentación oficial del informe, que en general revela que la situación de los derechos humanos en Chile durante los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera ha experimentado avances, retrocesos y estancamientos en distintas áreas.
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Ocupan sede ministerial
Activistas ocupan dependencias del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior
La manifestación fue llevada a cabo por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
SANTIAGO.- Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) ocuparon hoy la sede del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ubicada en calle Agustinas, en protesta por las políticas del gobierno de Sebastián Piñera.
“El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se niega a firmar decenas de querellas por casos de ejecutados políticos”, denunció la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.
“La derecha lleva nueve meses en el Gobierno y no ha presentado ni una querella por ejecutados políticos. Incluso se han reunido con violadores de los derechos humanos”, acusó la representante de la agrupación.
En ese sentido, exigió al jefe de gabinete que dé una respuesta concreta a sus demandas, ya que de lo contrario seguirán adelante con su manifestación. “Nosotros nos vamos a quedar acá porque es inaceptable que se preocupen y hablen de injusticia en un crimen común como el de Jaime Guzmán y para aquellas víctimas de terrorismo de Estado se les ha negado toda posibilidad de saber por qué los mataron”, aseguró.
Por su parte, la abogada Karina Cerda sostuvo que en este asunto “pareciera que no se quiere avanzar”, y advirtió que a fines de año probablemente serán despedidos los juristas que llevan las causas de las víctimas.
Ante esto la directora del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, declaró que el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, podría recibir a las manifestantes en La Moneda a cambio de que terminen con la toma.
Según cifras del Programa de Derechos Humanos, de los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen hoy penas efectivas.
En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
Hinzpeter: “Las tomas en nada ayudan”
Al ser consultado sobre la ocupación de las oficinas del Programa de Derechos Humanos dependiente de su ministerio, el Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, se defendió de las críticas y recalcó que estas acciones no contribuyen a solucionar los problemas.
“El Ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde con el Programa de Derechos Humanos y el país ha privilegiado siempre el diálogo y este ministro también”, aseguró.
“El camino de la violencia y de las tomas nunca ha conducido a buenas soluciones y es por eso que no sólo en este caso, sino que en todos, yo llamo a los chilenos siempre a dialogar como hermanos de un mismo pueblo y a no estar efectuando tomas que en nada ayudan”, añadió.