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DECLARACIÓN PÚBLICA
Santiago de Chile, diciembre 17 de 2010
Somos habitantes de poblaciones y sectores periféricos de Chile, preferentemente, de origen popular, en condición de pobres y/o empobrecidos. Somos sujetos de sospecha permanente, maltratados y confinados a un poder ciudadano tan intangible como mínimo.
Somos oprimidos, pero también somos responsables de un orden socioeconómico y político injusto, brutalmente desigual, espantosamente excluyente.
Somos parte de los que asesinó nadie y todos el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel. Somos el rostro violentado de Juanito, el “mozo”, cuando se lo ve siendo torturado por carabineros, cuando se lo ve carcomido por la droga. Somos los muchos y muchas, por lo general, invisibles, que hemos sido vejados, humillados, cargados con droga, golpeados, encarcelados.
Somos los que por casi diez años el “plan de Intervención” desarrollado por el estado ha violado en sus derechos más básicos, más esenciales, en nombre de la “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia”.
Somos las sobras de la equidad social, esa que alimenta pobreza, narcotráfico, estigmatización, violencia y el/los sin sentidos de la vida. Aquello que el estado no sólo no intentó reparar jamás, sino que, de hecho, se encargó de profundizar y reproducir.
Nuestra histórica pobreza es violencia, es exclusión, es indefensión. Es social, es política, es económica, es cultural es, también, afectiva. Afecta y nos afecta. Afecta al país y a la sociedad toda.
Esta violencia se asocia a un sistema que vulnera aún más a los vulnerados, empobreciendo, de hecho, sus vidas, las opciones, los posibles mañanas. Queda atrapada no sólo en las cárceles, sino que en el habitante, en el ciudadano, en los grupos familiares, en los jóvenes,
en los niños/ñas de nuestras poblaciones.
El plan de Intervención en La Legua, como la mayoría de los planes de seguridad patrocinados por el estado, demuestra una manera de hacer política pública perversa. Se basa en el principio no declarado del miedo al otro, es mediática y efectista. Se sostiene en la represión, en el estigma, en el encarcelamiento del traficante de turno, en la parafernalia que deteriora el estado de derecho y hace de la democracia una maqueta.
Somos territorio de violencia y lo hasta aquí dicho, lamentablemente, sólo es un botón de muestra de la capacidad de producir miseria humana.
Ante esta realidad es necesario accionar, informarse y denunciar lo que históricamente ha sucedido en la población y en tantos otros lugares, donde la violencia es constante.
Comité de defensa y promoción de DDHH de La Legua