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RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS PROGRESISTAS
Raul Zibechi
«No había clases. Mirabas y eran todos compañeros. ¡Avancemos!, decía
alguien, y avanzábamos», así recuerda Jorge Jara la jornada del 20 de
diciembre de 2001, en la que la movilización social derrocó al presidente
Fernando De la Rúa, al costo de decenas de muertos. «Yo, desocupado, y
a mi lado gente de traje y corbata. No importaba nada. Cuando esos hijos de
puta disparan, no preguntan de qué clase social sos», recuerda con pasión y
emoción. Sentados en el galpón comunitario del MTD, en San Francisco
Solano, Orlando y Jorge relatan cómo vivieron la jornada del 20 de diciem-
bre de 2001, muy cerca de Plaza de Mayo. En algún momento, alguien que
se había acercado a escuchar dijo que «la lucha borra las diferencias». Otro
integrante del movimiento recordó cómo un joven universitario, dos jóvenes
piqueteros, vecinos de la zona y motoqueros97, se juntaron en una esquina y,
en cuestión de segundos, tomaron decisiones para escapar del peligro sin
abandonar la confrontación con la policía. Los saberes de cada cual, multi-
plicados en un saber colectivo, horizontal, no jerárquico; cerca del peligro y
la muerte, las diferencias operaban potenciando la lucha.
Las jornadas en torno al 17 de octubre, en El Alto, Bolivia, tienen
puntos en común con lo sucedido en Buenos Aires. Los levantamientos
indígenas ecuatorianos, las acciones de los campesinos paraguayos, de los
pobladores de Arequipa en su lucha contra las privatizaciones, y de otros
actores urbanos y rurales en todo el continente, presentan en efecto algu-
nas similitudes. El movimiento social latinoamericano ha sido capaz (des-
de el Caracazo de 1989), de derribar gobiernos, frenar procesos de priva-
tizaciones neoliberales y, sobre todo, erigir a los antiguos habitantes del
sótano –los excluidos o marginados– en actores centrales de las luchas
sociales.
9 7 Jóvenes que trabajan en «motos» para empresa que hacen repartos en el centro de la
ciudad de Buenos Aires. Los motoqueros jugaron un papel relevante en la jornada del 20
de diciembre actuando como enlaces y comunicadores entre los diversos grupos de
manifestantes y formando barreras para impedir el avance de la policía.
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AUTONOMÍAS Y EMANCIPACIONES. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Sin embargo, los triunfos de los sectores populares suelen volverse en
su contra o, por lo menos, no dan los resultados esperados. La lista de
gobiernos progresistas que llegaron al poder gracias a la movilización so-
cial, en los últimos cinco años, es impresionante: el coronel Lucio Gutiérrez
en Ecuador fue llevado al gobierno por un potente movimiento indígena;
Carlos Mesa, de Bolivia, es presidente por la insurrección que en octubre
de 2003 derribó a Gonzalo Sánchez de Lozada; Néstor Kirchner y Luiz
Inacio Lula da Silva se convirtieron en presidentes por la labor de amplios
movimientos sociales que debilitaron o hicieron entrar en crisis el modelo
neoliberal. Alejandro Toledo alcanzó la presidencia de Perú como conse-
cuencia de la intensa movilización social que desplazó al régimen de Al-
berto Fujimori; Tabaré Vázquez triunfó en Uruguay gracias a la tenaz
resistencia del movimiento sindical al modelo neoliberal, que consiguió frus-
trar la política de privatizaciones. El gobierno de Hugo Chávez sería im-
pensable sin la insurrección de 1989, denominada Caracazo, que fue el
comienzo de la crisis que hizo estallar el sistema de partidos venezolano.
Pero con la instalación de estos gobiernos comenzó una nueva etapa
para los movimientos: éstos pierden su dinamismo y la iniciativa pasa al
Estado, gestionado por personas que a menudo hablan un lenguaje similar
al de los movimientos, enarbolan sus mismas banderas y dicen defender
idénticos objetivos. Sin poner en duda la honestidad de los nuevos gober-
nantes, lo cierto es que se produjo un cambio radical en la relación de
fuerzas: con el paso del tiempo, los movimientos descubren que los gobier-
nos que contribuyeron a instalar, tienen una lógica diferente y se proponen
fortalecer el aparato estatal, deslegitimado por las políticas neoliberales.
Dicho de otro modo: la existencia de gobiernos progresistas –que hoy son
la mayoría en Sudamérica– fue posible por la lucha social que promovió el
debilitamiento del modelo neoliberal, una cierta crisis de la representación
y del propio Estado nacional. Los gobiernos elegidos en esa situación, se
consagran a relegitimar los Estados. Para ello, suelen trabajar para dividir
y cooptar a los movimientos y a sus dirigentes, porque ningún gobierno
puede sobrevivir con movimientos movilizados y activos que, necesaria-
mente, socavan su capacidad de gobernar.
Por otro lado, cuanto más progresistas son los gobiernos, más posibili-
dades se le abren a los movimientos, siempre que acepten incrustarse –del
algún modo– en las instituciones estatales, pero este paso los debilita como
inspiradores de la movilización social. En todo caso, en ninguno de los
países mencionados las nuevas dificultades han conseguido frenar la mo-
vilización y la construcción de nuevas realidades, que incluyen el fortaleci-
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RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS PROGRESISTAS
miento de los movimientos desde nuevos lugares sociales. Los problemas
señalados pueden ser un nuevo punto partida, pero también un alerta para
movimientos de otros países que, tarde o temprano, deberán enfrentarse a
dilemas para los que nadie tiene respuestas preparadas de antemano.
Las relaciones de los movimientos con los gobiernos progresistas y los
Estados, tienen como trasfondo visiones diferentes y opuestas sobre el
tema de los tiempos: así como existen los tiempos de los movimientos,
sujetos a los tiempos de las comunidades, existen lo que podemos denomi-
nar como los «tiempos de la política institucional» o del poder estatal, cu-
yos desajustes suelen estar en la base de la tensión que se produce entre
dirigentes y bases al interior de los propios movimientos. Los hechos re-
cientes muestran, además, que los cambios en la dirección del Estado
provocan desajustes en el seno de los movimientos, si estos se dejan atra-
par por la agenda institucional del poder estatal y abandonan la agenda de
prioridades que han construido a lo largo de décadas.
Argentina: entre la división y la movilización
En los hechos, en el seno de los movimientos se ha instalado el debate
sobre la actitud hacia los nuevos gobiernos. Así como en Brasil los mo-
vimientos mantienen su dinamismo, han acertado en mantener su auto-
nomía y están creando espacios de unidad para relanzar la movilización
social, en Argentina y Bolivia la situación es mucho más compleja: en
ambos países, predomina la división ante presidentes que han sabido
tender puentes y desarrollar políticas que, aún parcialmente, recogen
algunas de las demandas de los movimientos y las necesidades más ur-
gentes de los ciudadanos.
En Argentina, desde que se instaló el gobierno de Kirchner, predomina
la fragmentación del espacio piquetero. Entre los grupos mayoritarios, la
Federación de Tierra y Vivienda, dirigida por Luis D’Elía, optó por conver-
tirse en el brazo piquetero del gobierno. Con ello se aseguran un perma-
nente flujo de recursos, pero han dejado de ser un referente ético y político
para el resto del movimiento. Por su parte, los grupos vinculados a los
partidos políticos (comunistas, trotskistas, maoístas y guevaristas) buscan
mantener la movilización en la calle como forma de sortear los problemas
derivados de una nueva coyuntura marcada por la «generosa» actitud del
gobierno hacia los más pobres. Sólo unos pocos grupos han conseguido
eludir la dinámica de hierro entre la cooptación y la movilización desgastante
y a menudo sin mucho sentido.
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AUTONOMÍAS Y EMANCIPACIONES. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Una radiografía más precisa del movimiento piquetero permite vincu-
lar las opciones políticas con la forma como están organizados los diferen-
tes sectores. Así, los grupos con una cultura organizativa vertical y
caudillista, son los más proclives a someterse a los gobiernos, quizá porque
necesitan alimentar las prácticas clientelares y mantener a los caudillos en
sus puestos de mando. En el polo opuesto, los grupos con prácticas más
horizontales son los que con más fuerza buscan mantener su autonomía. A
grandes rasgos, los grupos cooptados por el gobierno suman un tercio del
total del movimiento piquetero, los grupos ligados a los partidos de izquier-
da suman otro tercio y, finalmente, los llamados autónomos son algo me-
nos de un tercio (Zibechi, 2003). Desde otra mirada, los grupos vinculados
a los partidos son los más activos en la calle, reproduciendo las formas de
lucha del período de ascenso de la movilización, pero sus convocatorios
son cada vez menos acompañadas por sus seguidores y tienen menor eco
social. Por último, los autónomos son los más creativos y los que están
profundizando en la búsqueda de nuevas relaciones sociales.
El MTD de Solano es quizá el grupo piquetero que ve esta nueva
situación con mayor perspectiva. Neka Jara asegura que luego de la insu-
rrección del 19 y 20 de diciembre de 2001, los cambios verdaderos ya no
son visibles y esa falta de visibilidad suele desesperar a los militantes y
dirigentes: «Pero no es eso lo más importante, sino lo que construimos
detrás, que es más valioso que el espectáculo». En Solano sostienen que
hay que saber esperar, que hace falta darle al tiempo la posibilidad de
hacer su trabajo, que luchar «no sólo es ser visible». «Este es un fecundo
silencio», concluyen (Lavaca, 2004). Lejos de la mirada estatal, algunos
sectores del movimiento piquetero, varias asambleas barriales, fábricas
recuperadas y algunos colectivos de campesinos, vienen tejiendo nuevas
relaciones sociales que –en los hechos– son una respuesta desde abajo a
la lógica centrada en el Estado.
Los piqueteros argentinos están siendo capaces de producir una parte
de sus alimentos en huertas colectivas en sus barrios, tienen puestos de
salud y comienzan a abrir escuelas, a la vez que establecen vínculos de
intercambio con otros grupos por fuera del mercado (MTD Solano y Co-
lectivo Situaciones, 2002 y Zibechi, 2003). En paralelo, fábricas recupera-
das y asambleas vecinales trenzan relaciones con desocupados creando
espacios comunes, sobre todo en la distribución y comercialización de la
producción. Están lejos de ser experiencias aisladas, ya que en barrios
pobres de muchas ciudades del continente se están creando –o
reformulando– iniciativas que indican que los sectores populares urbanos
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RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS PROGRESISTAS
marchan en una dirección nueva: están pasando de sobrevivir en los servi-
cios (desde lustrabotas hasta recolectores de basura, de changadores a
comedores populares) para ingresar al terreno de la producción. No sólo
están produciendo alimentos, y muchas veces otros productos como ropa,
zapatos y artículos de todo tipo, sino que toman en sus manos una variada
gama de aspectos de sus vidas cotidianas que antes suministraba el Esta-
do (salud y educación entre los más destacados). En suma, están produ-
ciendo y reproduciendo sus vidas, muchas veces sobre la base de criterios
autogestionarios y solidarios, preocupados no sólo por lo que hacen sino
sobre todo por cómo lo hacen. O sea, están empeñados en crear comuni-
dad, o como quiera llamarse a los lazos horizontales, sin jerarquías, que
registramos en los emprendimientos urbanos.
En los últimos meses, se está produciendo una importante reconfigu-
ración del movimiento social, ya que los sectores autónomos vienen co-
brando impulso, al calor de las luchas sindicales de nuevo tipo (fábricas
recuperadas como Zanón y trabajadores del subterráneo de Buenos Ai-
res, entre otros), y por la apertura de nuevos espacios horizontales entre
movimientos. El 3 de octubre se realizó el primer Encuentro por la Resis-
tencia desde la Diversidad, en el que participaron más de 50 colectivos:
desocupados, campesinos, grupos de derechos humanos, asambleas
barriales, centros culturales, empresas recuperadas por sus obreros, estu-
diantes, cooperativistas, indígenas y colectivos de educación popular, en-
tre otros. El denominador común es el arraigo territorial de los colectivos,
la participación mayoritaria de jóvenes y mujeres, los vínculos solidarios y
horizontales que practican, y la búsqueda de espacios de intercambio abier-
tos, informales y no institucionales, para compartir las experiencias
(Indymedia Argentina, 2004).
Bolivia: recuperar la autonomía
El poderoso movimiento social que derribó al gobierno neoliberal de Gon-
zalo Sánchez de Lozada, se partió en dos al asumir Carlos Mesa. Por un
lado, aparecen la Central Obrera Boliviana (COB), los sin tierra, el movi-
miento aymara, la Coordinadora del Gas de Cochabamba y las juntas ve-
cinales de El Alto –epicentro de la insurrección de octubre de 2003– que
mantienen en pie las banderas de la nacionalización del gas. Pero su poder
de convocatoria se ha debilitado ante un gobierno que hace concesiones y
busca aislarlos. Por otro lado, están los cocaleros dirigidos por Evo Mora-
les y su Movimiento al Socialismo (MAS), que actúan como base de apo-
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AUTONOMÍAS Y EMANCIPACIONES. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
yo al gobierno, trazándose como objetivo las elecciones municipales –rea-
lizadas el primer domingo de diciembre– como punto de apoyo para llegar
al gobierno en 2007.
La división entre ambos sectores sociales tuvo su punto alto durante el
referéndum del 18 de julio, que debía zanjar el tema del gas. Y asumió la
forma de enfrentamiento entre el líder aymara Felipe Quispe, que abando-
nó su banca como diputado para enfrentar al gobierno en la calle, y el
propio Morales con su estrategia institucional. Sin embargo, esta división
está facilitando la tarea continuista, y entreguista de los recursos natura-
les, de Mesa. «Si en 2003 se logró esa singular concurrencia de la energía
social en tiempo y espacio bajo un objetivo común –recuperar el gas para
los bolivianos– que entrelazaba múltiples demandas sectoriales, en 2004
(…) los ritmos políticos los estableció el Estado» (Gutiérrez, 2004). En la
nueva situación, el movimiento social se limita a reaccionar ante las inicia-
tivas que vienen del establecimiento, habiendo perdido autonomía para
formular propuestas y encarar acciones.
El sector aymara, liderado por Quispe y la central campesina
(CSUTCB), pero que cuenta con fuerte apoyo en las juntas vecinales de
El Alto (FEJUVE), tiene como objetivo la construcción de la «nación
aymara»98. Van configurando una estrategia diferente a la de los zapatistas,
que han optado por construir autonomías en el marco la nación mexicana.
Pero se diferencian también de la opción de la plurinacionalidad de los
indios ecuatorianos. Los aymaras no hablan de Estado sino de nación; no
pretenden ocupar o tomar el Estado boliviano sino sustituirlo por una na-
ción autogobernada por las comunidades. Estamos ante un proyecto muy
diferente, mucho más radical que los que defienden los indios chiapanecos
y ecuatorianos, pero también mucho más difícil de implementar. Por esa
razón, la relación de los aymaras con el Estado boliviano es muy conflicti-
va y sin aparente solución de no mediar una guerra civil social que, de
hecho, ya han declarado.
Ecuador: la trampa estatal
Mientras en Argentina y Bolivia el movimiento está dividido por secto-
res, y en Brasil mantiene la unidad orgánica en torno al MST y la Coor-
dinadora de Movimientos Sociales, en Ecuador el Estado consiguió co-
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CSUTCB: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. FEJUVE:
Federación de Juntas Vecinales de El Alto.
RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS PROGRESISTAS
optar franjas importantes del movimiento y a dirigentes históricos, insta-
lando la división en el seno de un movimiento unificado en una poderosa
organización como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador).
Desde 1990, el movimiento indígena ecuatoriano se convirtió en el
principal actor social y político del país, y fue sin duda el movimiento más
amplio, potente y maduro de la región. Desde el levantamiento del Inti
Raymi, en junio de 1990, la Conaie como expresión unitaria de los indios
de la sierra, la costa y la amazonía, desplegó una potente acción social que
se plasmó en varios levantamientos y consiguió derribar dos gobiernos: el
de Abdalá Bucaram en 1997 y el de Jamil Mahuad en enero de 2000.
En una década y media el movimiento construyó amplias alianzas so-
ciales, creó un frente político-electoral (Pachakutik), tomó el poder duran-
te algunas horas, integró un gobierno durante medio año y, finalmente,
retornó a la oposición y la lucha de calles. Es un caso único en el continen-
te de un movimiento formado y dirigido por los más pobres y marginados,
que logra encumbrarse al aparato estatal. Ahora, el movimiento indígena
ecuatoriano está intentando curar las heridas de esta fracasada participa-
ción en el gobierno.
En 1996 la Conaie, junto a otros movimientos, creó Pachakutik, instru-
mento político-electoral con el que se convirtió en sujeto político. En 1998
la presión del movimiento social impuso la convocatoria de una Asamblea
Constituyente en la que se debía definir la característica del nuevo Estado,
que debía reconocer nuevas instituciones (asentadas en el sujeto comuni-
tario y la administración de justicia indígena). Pero la clase política consi-
guió deformar las aspiraciones del movimiento: al armar las reglas del
juego para la elección de constituyentes, favoreció a los partidos, mientras
los representantes de los movimientos sociales e indígenas concurrieron
en desventaja, al mantenerse en pie los mecanismos de clientelismo y
caciquismo a la hora de la elección.
Hacia el año 2000 se registra la clausura del espacio político que los
indios venían reclamando desde 1990. Los levantamientos de 1999, enca-
bezados por la Conaie, muestran la creciente descomposición del Estado.
En ese marco crítico, la Conaie se convierte en alternativa de poder, sus
dirigentes se separan de sus bases y adoptan la táctica de la conquista del
poder que no entraba en el proyecto político originario de construir un
Estado plurinacional. Dicho de otro modo, la Conaie pasa de movimiento
social alternativo a disputar el espacio político estatal, y por lo tanto adopta
la lógica estatista. Al dar ese paso, el movimiento indígena puso en riesgo
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AUTONOMÍAS Y EMANCIPACIONES. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
la acumulación política y organizativa procesada en más de veinte años,
ya que «asumir la lógica del poder puede implicar la destrucción de la
experiencia ganada como contrapoder» (Dávalos, 2001).
Luego, la Conaie apoyó la candidatura de Lucio Gutiérrez a la presiden-
cia y durante seis meses participó en su gobierno. Una vez que el movimien-
to adopta esta táctica, queda aprisionado en una lógica que –inevitablemen-
te– tiende a autodestruirlo. Salir del gobierno fue la forma de evitar que la
destrucción fuera completa. En este punto, valen dos aclaraciones: no
puede achacarse en exclusiva al gobierno de Gutiérrez el intento de des-
trucción, división y sometimiento del movimiento, ya que éste dio los pasos
que le permitieron a aquel proceder de esa forma.
El movimiento ecuatoriano está debatiendo los caminos a seguir. La
Confeniae Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía),
es una de las organizaciones donde la división y la cooptación por el Esta-
do ha calado más hondo. Uno de sus dirigentes históricos, Antonio Vargas,
es ahora ministro de Bienestar Social del gobierno neoliberal de Gutiérrez,
y desde su cargo reparte dinero entre las diferentes nacionalidades de la
selva. Existen duros enfrentamientos entre algunas etnias y los dirigentes
de la Confeniae, que dejan un amargo sabor entre sus miembros. La par-
lamentaria kichwa Mónica Chuji Gualinga, sostiene que la crisis del movi-
miento se debe a la alianza que se realizó con el gobierno de Gutiérrez,
«sin ninguna consulta a las bases y sin ninguna discusión o acuerdo
programático», que fue manejada de espaldas a las bases (Chuji, 2004).
La recuperación del movimiento pasa por las comunidades. Como en
otros períodos difíciles, marcados por la confusión, son las bases profun-
das del mundo indio las que están dando respuestas alentando la recompo-
sición de abajo arriba, sobre bases más sólidas. Quizá la lección sea que o
hay atajos que pasen por el Estado y sus instituciones, más allá de que la
participación en ciertos niveles –como viene haciendo el movimiento en
las alcaldías pequeñas y medianas– puede contribuir a fortalecerlo.
El movimiento indígena subestimó al sistema político, concluyen algu-
nos analistas cercanos a la Conaie. Algo similar sucede con los demás
movimientos del continente, de ahí que los sin tierra de Brasil hayan opta-
do por permanecer fuera de las instituciones, y algunos grupos piqueteros
rehuyan todo contacto con las instituciones. Ingresar al sistema político
tiene sus beneficios y sus costos: puede influirse más en la agenda oficial,
pero la organización debe adecuarse a sus modos y tiempos. Los tiempos
comunitarios –lentos para los parámetros de la modernidad y la media–
suelen ser abandonados para dar respuestas a las exigencias de coyuntu-
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ras que cambian con gran rapidez. De forma casi ineludible, con la adop-
ción de los «tiempos políticos» se produce una separación entre bases y
dirigentes en la que éstos dejan de ser controlados y ‘mandatados’ por
aquellas.
El Estado no es una «cosa» sino una relación social, marcada a fuego
por el verticalismo, la separación entre dirigentes y bases, escisión que es
una de las condiciones básicas de la representación en las sociedades
modernas. Ciertamente, no existen recetas sobre cómo actuar en las nue-
vas circunstancias. Pero la necesidad de salvaguardar la autonomía, pare-
ce la condición ineludible para no verse atrapados en situaciones que pue-
den dañar de forma irreparable a los movimientos.