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CHILE: LA LARGA RESISTENCIA MAPUCHE
Raul Zibechi
El pueblo mapuche, su historia, su cultura, sus luchas, han sido cubiertos
por un manto de silencio. Las pocas noticias que llegan desde el sur de
Chile están casi siempre vinculadas a la represión o a denuncias de «te-
rrorismo» por parte del Estado chileno. Pese al aislamiento social y polí-
tico, reducidos a una penosa supervivencia en las áreas rurales y a em-
pleos precarios y mal pagos en las ciudades, siguen resistiendo a las mul-
tinacionales forestales y a las hidroeléctricas, y buscan mantener vivas
sus tradiciones.
«Estoy considerado por el Estado chileno un delincuente por defender
mi familia y mis tierras», señala Waikilaj Cadim Calfunao, 25 años, miem-
bro de la comunidad Juan Paillalef, en la IX Región, Araucanía, en una
breve carta que nos envía desde la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago,
donde la guardia no nos permitió el ingreso por razones burocráticas. Con
escasa diferencia, otros presos mapuches se pronuncian de la misma for-
ma. José Huenchunao, uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM), detenido el 20 de marzo pasado, fue condenado a diez
años por haber participado en la quema de máquinas forestales.
«Las cárceles son un lugar de castigo que el Estado chileno y sus
operadores políticos y judiciales han destinado a quienes luchan o repre-
sentan al pueblo-nación mapuche», escribió Huenchunao el 21 de marzo
desde la prisión de Angol28. Héctor Llaitul, 37 años, también dirigente de la
CAM, detenido el 21 de febrero bajo los mismos cargos que Huenchunao,
inició una huelga de hambre para denunciar el montaje político-judicial en
su contra. La mayor parte de los más de 20 presos mapuches han recurri-
do a huelgas de hambre para denunciar su situación o para exigir el trasla-
do a cárceles cercanas a sus comunidades.
*
Este artículo fue publicado originalmente en: Programa de las Américas del Internatio-
nal Relations Center (www.ircamericas.org), el 17 de mayo de 2007.
2 8 Carta de José Huenchunao desde la prisión.
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Como casi todos los dirigentes mapuches, Llaitul hace hincapié en el
problema de las forestales: «La Forestal Mininco junto a la hidroeléctrica
ENDESA, uno de nuestros principales adversarios, han cambiado de polí-
tica. Ya no se trata del mero uso de la violencia. Están diversificando la
represión: estudian las zonas donde funcionan y disponen planes adapta-
dos a cada zona (propaganda, cursos y otros), muchas veces financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de crear un círculo
de seguridad en torno a sus propiedades. Arman a los campesinos parce-
leros y a los clubes de caza y pesca para que formen comités de vigilancia
(legales en Chile) con los que defenderse de los ‘malos vecinos’. Así in-
tentan aislar a los luchadores.»29
«Mi comunidad ha sido fuertemente reprimida puesto que todos los
integrantes de mi familia están presos (mamá, papá, hermano, tía, etcéte-
ra)», señala Calfunao en su carta, y describe cómo las tierras de su comu-
nidad han sido «robadas» por las forestales y el Ministerio de Obras Públi-
cas, robo avalado por los tribunales que no respetan «nuestro derecho
consuetudinario y nuestras costumbres jurídicas». Está acusado de se-
cuestro por haber realizado un corte de ruta, de desórdenes públicos y
destrucción de neumáticos de un camión forestal que trasladaba madera
de la región mapuche. Cualquier actividad que realicen las comunidades
para impedir que las forestales les sigan robando sus tierras, es incluida
por el Estado chileno bajo la legislación «antiterrorista» heredada de la
dictadura de Augusto Pinochet.
Al sur del Bío Bío
Llegando a Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, el estrecho
valle entre la cordillera andina y el Pacífico, surcado por cultivos frutales
que convirtieron a Chile en un importante agroexportador, el paisaje co-
mienza a modificarse abruptamente. Los cultivos forestales envuelven
colinas y montes. Las autopistas mudan en caminos que serpentean mon-
taña arriba y se pierden entre los pinos. De improviso, una densa y blanca
humareda anuncia una papelera, rodeada siempre de inmensos y extensos
cultivos verdes.
Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Con-
flictos Ambientales (OLCA), explica que el sector forestal crece a un
ritmo superior al 6 por ciento anual. «Entre 1975 y 1994 los cultivos se
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Entrevista a Héctor Llaitul.
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incrementaron un 57%», añade. El sector forestal aporta algo más del 10%
de las exportaciones; casi la mitad se dirigen a países asiáticos. Algo más de
dos millones de hectáreas de plantaciones forestales se concentran entre las
regiones V y X, tierras tradicionales de los mapuches. El pino abarca el
75% frente al 17 del eucalipto. «Pero casi el 60% de la superficie plantada
está en manos de tres grupos económicos», asegura Cuenca.
Explicar semejante concentración de la propiedad requiere –como en
casi todos los órdenes en este Chile hiper privatizado– echar una mirada a
los años 70 y, muy en particular, al régimen de Pinochet. En los 60 y 70 los
gobiernos demócrata cristianos y socialistas implementaron una reforma
agraria que devolvió tierras a los mapuche y fomentó la creación de coo-
perativas campesinas. El Estado participó activamente en la política fo-
restal tanto en los cultivos como en el desarrollo de la industria.
Cuenca explica lo sucedido bajo Pinochet: «Luego, la dictadura militar
realizó una contrarreforma modificando tanto la propiedad como el uso de
la tierra. En la segunda mitad de los 70, entre 1976 y 1979, el Estado
traspasó a privados sus seis principales empresas del área: Celulosa Arauco,
Celulosa Constitución, Forestal Arauco, Inforsa, Masisa y Compañía Ma-
nufacturera de Papeles y Cartones, que se vendieron a grupos empresa-
riales a un 78% de su valor».
El pinochetismo marca la diferencia: la industria forestal en Chile está
en manos de dos grandes grupos empresarios nacionales, liderados por
Anacleto Angelini y Eleodoro Matte. En el resto del continente, la indus-
tria está en manos de grandes multinacionales europeas o estadouniden-
ses. Es en este punto donde la nacionalidad de los propietarios no tiene la
menor relevancia. En Chile, sólo el 7,5% de las plantaciones forestales
está en manos de pequeños propietarios, en tanto el 66% pertenece a
grandes propietarios que poseen un mínimo de mil hectáreas forestadas.
Sólo el grupo Angelini tiene 765 mil hectáreas, mientras que el grupo Matte
supera el medio millón.
«Las regiones donde se desarrolla este lucrativo negocio –sigue Cuen-
ca– se han convertido en las más pobres del país». Mientras Angelini es
uno de los seis hombres más ricos de América Latina, en las regiones VIII
y IX la pobreza supera el 32%, el índice más alto del país. «Las ganancias
no se reparten y nada queda en la región, salvo la sobreexplotación, la
contaminación, la pérdida de diversidad biológica y cultural y, por supues-
to, la pobreza», remata el coordinador de OLCA.
Para los mapuches, la expansión forestal es su muerte como pueblo.
Cada año la frontera forestal se expande unas 50 mil hectáreas. Además
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de verse literalmente ahogados por los cultivos, comienzan a sentir esca-
sez de agua, cambios en la flora y la fauna y la rápida desaparición del
bosque nativo. Un informe del Banco Central asegura que en 25 años
Chile se quedará sin bosque nativo. Todo indica, no obstante, que la ex-
pansión forestal es imparable.
Pese a las denuncias sobre el deterioro ambiental y social, por encima
de la resistencia de decenas de comunidades mapuche pero ahora tam-
bién de pescadores y agricultores, y aún por encima de análisis de organis-
mos estatales que advierten los peligros de seguir desarrollando la indus-
tria forestal, para 2018 se duplicará la cantidad de madera disponible en
1995, según informa la Corporación de la Madera. Eso llevará de modo
ineluctable a que se abran nuevas plantas de celulosa. Chile externaliza
una serie de costos (laborales y ambientales) que le permiten producir la
tonelada de celulosa a sólo 222 dólares, frente a los 344 de Canadá y los
349 de Suecia y Finlandia. Es el único argumento de peso.
Tres siglos de independencia
Es imposible comprender la realidad actual del pueblo mapuche sin re-
montarse a su historia. A diferencia de los otros grandes pueblos del con-
tinente, los mapuches consiguieron imponer su autonomía e independencia
a la Corona española durante 260 años. Recién fueron doblegados a fines
del siglo XIX por el Estado independiente de Chile. Esta notable excepción
marca la historia de un pueblo que, desde muchos puntos de vista, ha
acuñado suficientes diferencias con sus semejantes originarios como para
impedir generalizar sus historias y realidades.
Se estima que a la llegada de los españoles había un millón de mapu-
ches, concentrados sobre todo en la Araucanía (territorio entre Concep-
ción y Valdivia). Era un pueblo de pescadores, cazadores y recolectores,
se alimentaban básicamente de papa y porotos que cultivaban en claros de
bosques, y al piñón de la araucaria, el gigantesco árbol que dominaba la
geografía del sur. Aunque eran sedentarios no constituían pueblos; cada
familia tenía autonomía territorial. La abundancia de recursos en tierras
muy ricas es lo que permitió que existiera «una población muy superior a
lo que un sistema económico preagrario podría abastecer», sostiene José
Bengoa, el principal historiador del pueblo mapuche (Bengoa 2000).
Esta sociedad de cazadores-guerreros, donde la familia era la única
institución social permanente agrupada en torno a caciques o loncos, era
bien diferente de las sociedades indígenas que encontraron los españoles
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en América. Entre 1546 y 1598 los mapuches resistieron con éxito a los
españoles. En 1554 Pedro Valdivia, Capitán General de la Conquista, fue
derrotado por el cacique Lautaro cerca de Cañete, hecho prisionero y
muerto por «haber querido esclavizarnos».
Pese a las epidemias de tifus y viruela, que se cobraron un tercio de la
población mapuche, una segunda y otra tercera generación de caciques
resistieron con éxito las nuevas embestidas de los colonizadores. En 1598
cambió el curso de la guerra. La superioridad militar de los mapuches, que
se convirtieron en grandes jinetes y tenían más caballos que los ejércitos
españoles, puso a los conquistadores a la defensiva. Destruyeron todas las
ciudades españolas al sur del Bío Bío, entre ellas Valdivia y Villarrica, que
recién fue refundada 283 años después luego de la «pacificación de la
Araucanía».
Una tensa paz se instaló en la «frontera». El 6 de enero de 1641 se
reunieron por primera vez españoles y mapuches en el Parlamento de
Quilín: se reconoce la frontera en el Bío Bío y la independencia mapuche,
pero éstos dejarían predicar a los misioneros y devolverían a los prisione-
ros. El Parlamento de Negrete, en 1726, reguló el comercio que era fuente
de conflictos y los mapuches se comprometieron a defender a la Corona
española contra los criollos.
¿Cómo explicar esta peculiaridad mapuche? Diversos historiadores y
antropólogos, entre ellos Bengoa, coinciden en que «a diferencia de los
incas y mexicanos, que poseían gobiernos centralizados y divisiones políti-
cas internas, los mapuches poseían una estructura social no jerarquizada.
En la situación mexicana y andina, el conquistador golpeó el centro del
poder político y, al conquistarlo, aseguró el dominio del Imperio. En el caso
mapuche esto no era posible, ya que su sometimiento pasaba por el de
cada una de las miles de familias independientes» (Op. Cit.). De paso,
habría que agregar que el predominio de esta cultura explica también la
enorme dificultad con que cuenta el movimiento mapuche para construir
organizaciones unitarias y representativas.
Hacia el siglo XVII, influenciada por la Colonia que había difundido la
ganadería extensiva, la sociedad mapuche se fue convirtiendo en una eco-
nomía ganadera mercantil que controlaba uno de los territorios más exten-
sos poseído por un grupo étnico en América del Sur: se habían expandido
hacia las pampas y llegaban hasta lo que hoy es la provincia de Buenos
Aires. Esta nueva economía fortaleció el papel de los loncos y generó
relaciones de subordinación social que los mapuches no habían conocido.
«La mayor concentración de ganado en algunos loncos y la necesidad de
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contar con dirigentes que negociaran con el poder colonial, intensificó la
jerarquización social y la centralización del poder político», señala el histo-
riador Gabriel Salazar.
La economía minera de la nueva república independiente necesitó,
luego de la crisis de 1857, extender la producción agrícola. A partir de
1862 el ejército comenzó a ocupar la Araucanía. Hasta 1881, en que los
mapuches fueron definitivamente derrotados, se desató una guerra de
exterminio. Tras la derrota los mapuches fueron confinados en «reduccio-
nes»: de los 10 millones de hectáreas que controlaban pasaron al medio
millón, siendo el resto de sus tierras rematadas por el Estado a privados.
Así se convirtieron en agricultores pobres forzados a cambiar sus costum-
bres, formas de producción y normas jurídicas.
Una nueva realidad
Unos cien kilómetros al sur de Concepción, el pequeño pueblo de Cañete
es uno de los nudos del conflicto mapuche: en la Navidad de 1553 los
mapuches destruyeron el fuerte Tucapel construido por Pedro de Valdivia,
y lo ejecutaron. Cinco años después el gran cacique Caupolicán fue lleva-
do a suplicio en la plaza que hoy lleva su nombre, donde se alzan imponen-
tes figuras de madera en homenaje de su pueblo. En esa misma plaza, una
mañana lluviosa de abril se concentraron unos 200 mapuches y estudian-
tes para pedir la libertad de José Huenchunao, dirigente de la Coordinado-
ra de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), detenido sema-
nas atrás como parte de una ofensiva del Estado que llevó a prisión a los
principales dirigentes de la Coordinadora, entre ellos Héctor Llaitul y José
Llanquileo.
Cuando la marcha se disuelve, luego de recorrer cinco cuadras rodea-
da de un amplio dispositivo antidisturbios, los loncos Jorge y Fernando nos
acercan hasta su comunidad. A poca distancia de uno de los tantos pue-
blos de la zona, en una especie de claro entre los pinos, un puñado de
casas precarias forma la comunidad Pablo Quintriqueo, «un indígena
españolizado que vivó en esta región hacia el 1800», explica Mari,
asistente social mapuche que vive en Concepción. Para sorpresa de quien
ha visitado comunidades andinas o mayas, está integrada por apenas siete
familias y se formó hace sólo ocho años; la pequeña huerta al fondo de las
casas no puede abastecer a más de 30 comuneros.
Haciendo circular un mate, explican. Las familias habían emigrado a
Concepción y dejaron los predios de sus ancestros en los que habían naci-
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do y vivido hasta hace una década. Mari se casó con un huinka (blanco),
tiene dos hijos y un buen trabajo. Muchos jóvenes, como Héctor Llaitul
ahora preso en el penal de Angol, se graduaron en la Universidad de Con-
cepción y luego crearon organizaciones en defensa de sus tierras y comu-
nidades. Cuando las forestales avanzaron sobre sus tierras, retornaron
para defenderlas. «En total son 1.600 hectáreas en disputa sólo en esta
comunidad», aseguran.
No resulta sencillo comprender la realidad mapuche. El lonco Jorge,
35 años, uno de los más jóvenes del grupo, da una pista al señalar que «el
proyecto de reestructuración del pueblo mapuche pasa por recuperar el
territorio». De ello puede deducirse que los mapuches viven un período
que otros pueblos indígenas del continente atravesaron hace medio siglo,
cuando aseguraron la recuperación y el control de tierras y territorios que
les habían pertenecido desde que tienen memoria. En segundo lugar, todo
indica que la derrota mapuche es aún demasiado cercana (apenas un si-
glo) frente a los tres o cinco siglos que pasaron desde la irrupción de los
españoles o la derrota de Túpac Amaru, según la cronología que se prefie-
ra. La memoria de la pérdida de la independencia mapuche aún está muy
fresca, y ese puede ser el motivo de una tendencia que se repite en una y
otra conversación: a diferencia de aymaras, quechuas y mayas, los mapu-
ches se colocan en una posición de víctimas que, no por ser justa, resulta
incómoda.
José Huenchunao asegura que las comunidades viven una nueva si-
tuación por la desesperación existente. Y lanza una advertencia que no
parece desmesurada: «Si esta administración política, si los actores de la
sociedad civil no toman en cuenta nuestra situación, estamos a las puertas
de que los conflictos que se han dado en forma aislada, se reproduzcan
con mayor fuerza y de forma más coordinada. Esto puede ser mucho más
grave, puede tener un costo mucho mayor para esta sociedad que devol-
ver ciertas cantidades de tierra, que son el mínimo que las comunidades
están reclamando»30.
Para los chilenos de «más abajo» no resulta evidente que la democra-
cia electoral haya mejorado de sus vidas. «La estrategia política de la
Concertación, a lo largo de sus 16 años de gobierno, ha estado orientada
por el ‘cambio político y social mínimo» y la ampliación y profundización
del capitalismo neoliberal en todas las esferas de la sociedad. La admi-
nistración de la Concertación ha gobernado más al mercado que a la
3 0 Entrevista a José Huenchunao.
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sociedad, acentuando con ello la pésima distribución del ingreso, y lle-
vando a la sociedad chilena a convertirse en la segunda sociedad más
desigual –detrás de Brasil– del continente latinoamericano», sostiene el
politólogo Gómez Leytón (2006).
Pero hay síntomas claros de que el tiempo de la Concertación se está
agotando. Es posible, además, que la apreciación de Huenchunao sea cierta.
La larga resistencia del pueblo mapuche no sólo no se ha apagado sino
que renace una y otra vez pese a la represión. Sin embargo, en los últimos
años al sur del Bío Bío no son sólo los mapuches los que resisten el modelo
neoliberal salvaje. Los pescadores artesanales de Mehuin y los agriculto-
res que ven contaminadas sus aguas ya han realizado varias protestas. A
principios de mayo los carabineros dieron muerte a un obrero forestal que
participaba en una huelga por aumento de salarios.
Quizá este hecho represente el comienzo del fin de la Concertación.
Durante más de 40 días, los obreros de Bosques Arauco, propiedad del
Grupo Angelini ubicada en la región Bío Bío, realizaron una huelga a la que
se sumaron los tres sindicatos que representan a siete mil trabajadores.
Como la empresa había acumulado ganancias del 40%, los obreros re-
clamaron un aumento de salarios de similar porcentaje. Luego de largas
e inútiles negociaciones volvieron a la huelga. Rodearon la planta donde
la empresa había concentrado sus tres turnos para desbaratar la huelga.
«Al ver que carabineros se divertían destruyendo sus vehículos, se de-
fendieron usando maquinaria pesada, ante lo cual las fuerzas de carabi-
neros asesinaron a balazos a uno de los huelguistas y dejaron a otros
gravemente heridos», señala un comunicado del Movimiento por la Asam-
blea del Pueblo31.
En los últimos meses, el gobierno de Michelle Bachelet ha abierto
demasiados frentes. Al conflicto con el pueblo mapuche se suma la pro-
testa estudiantil contra la ley de educación que el año pasado provocó
manifestaciones de cientos de miles de jóvenes. A comienzos de este año
se desató un conflicto aún no resuelto a raíz de la reestructuración del
transporte público en Santiago, ya que la puesta en marcha del Transantiago
perjudica a los sectores populares. Ahora se suma la muerte de un obrero
en una región caliente. Es posible que, como ya sucedió en otros países de
la región, la población chilena haya comenzado a dar vuelta la página del
neoliberalismo salvaje.