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La relación entre los procesos autonómicos y el Estado

02.06.11

Proyectos para las comunidades
Macario García Merino, secretario municipal del Municipio Autónomo
de San Juan Copala, Oaxaca
A partir de la creación del Municipio Autónomo, por acuerdo de todas
las comunidades que lo integran, como ayuntamiento no tuvimos
ningún acercamiento con el gobierno del estado ni con los gobiernos
municipales. Tuvimos apoyo de otras organizaciones.
Luego de algunos meses, se decidió exigir concretamente al gobierno
del estado la liberación de los recursos de manera directa, para que los
proyectos efectivamente sean del interés de las comunidades.
Antes de la constitución del Municipio Autónomo, todos los
proyectos de desarrollo eran elaborados en los escritorios de
los gobiernos estatal y municipal. Hoy, todos los proyectos que se
13. Policía Comunitaria, 12° Aniversario, Zitlaltepec, Guerrero, noviembre 2007.
Foto: Jaime Quintana Guerrero156
Otras Geografías
realizan en las comunidades del Municipio Autónomo son producto
de la consulta entre la gente y son de interés de las comunidades.
¿Reconocimiento o respeto?
Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero
Nosotros no le pedimos reconocimiento al Estado, sino respeto. Es
un tema muy discutido también internamente, porque no se refiere
únicamente al discurso, sino a la práctica.
En nuestro caso, el reconocimiento legal implicaría, en primera
instancia, el desarme de la Policía Comunitaria. El gobierno ha
planteado la integración de nuestros miembros como policías
preventivos auxiliares o municipales, pero bajo el mando de los
síndicos municipales o de la Procuraduría del Estado. Entonces,
el reconocimiento legal en estas condiciones implicaría la pérdida
de los mecanismos de nombramiento de la Policía Comunitaria,
ya que los Policías Comunitarios ya no podrían ser nombrados en
asambleas comunitarias, sino a través de los mecanismos formales y
con los requisitos establecidos por el Estado.
Este es uno de los motivos por los que decimos que no necesitamos
el reconocimiento legal. El reconocimiento que pedimos es social y
consideramos que éste, junto con la legitimidad, ya lo tenemos desde
las comunidades.
El actuar de la Policía Comunitaria está en el centro de una
discusión entre lo legal y lo legítimo. Las mismas comunidades dan
la legitimidad y el reconocimiento, ya que la seguridad y la justicia
comunitaria son una práctica de la soberanía de los pueblos. Cuando
nos acusan de ilegales, nos apegamos al artículo 39 de la Constitución.
Es un hecho que el pueblo —por lo menos los pueblos de la Montaña
y la Costa Chica— ha creado sus instituciones de seguridad y
administración de justicia como forma de ejercer la soberanía. 157
viejas y nuevas Luchas hacia La autonoMía
Por tanto, consideramos que tenemos el reconocimiento social y
que no necesitamos el reconocimiento legal. La actividad que están
cumpliendo las instituciones del pueblo es un trabajo que debería
estar haciendo el Estado. Si éste no lo hizo en su momento, ahora lo
pueblos, ante una omisión del propio Estado, decidieron organizarse
por ellos mismos y ya no le van a pedir permiso.
El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria ha mantenido
una política de no confrontación con el Estado. En este sentido,
no se ha planteado, hasta ahora, como Policía Comunitaria o
como CRAC, expulsar a los militares que llegan a asentarse en los
terrenos comunales o ejidales. Esta exigencia ha venido de los que son
directamente afectados, los ejidos y las comunidades. La militarización
en el territorio comunitario ha disminuido, ya que desde las asambleas
comunitarias se ha planteado una exigencia de respeto a la organización.
La presencia militar, como forma de vigilancia constante que el
estado ejerce sobre las organizaciones, es muy fuerte en el municipio
de Ayutla de Los Libres, cuyas comunidades no son parte de la Policía
Comunitaria, sino de otras organizaciones indígenas (Organización
de los Pueblos Mixtecos y Me’phaa).
Sin la presunción de ser muy poderosos, podemos pensar que
la presencia misma de la Policía Comunitaria, la conciencia de que
hay armas en el territorio, hace que el Estado no impulse campañas
claramente represivas, como lo ha hecho en la región de Ayutla.158
Otras Geografías
La legislación internacional sobre derechos indígenas
Ramón Vera Herrera
Los instrumentos legales internacionales, como la Declaración
Universal de Los Pueblos Indígenas de la ONU, o el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, no están sirviendo para la
defensa de los espacios autonómicos.
En México, todos los poderes de la Unión estuvieron a favor de
una reforma sobre derechos y cultura indígena que no corresponde
para nada con lo que los pueblos querían y, al contrario, es un
instrumento que favorece a las empresas para que entren a devastar
los territorios indígenas. Por lo tanto, es claro que estos instrumentos
no están sirviendo y es muy difícil hacer uso de ellos.
Actualmente el camino legal aparece muy difícil e improbable:
más que nunca, las comunidades se dan cuenta de que están solas,
no hay instrumentos jurídicos a su favor que realmente se cumplan.
Una nueva relación con el Estado
David Valtierra Arango, colaborador de Radio Ñomndaa, La Palabra
del Agua
Nosotros, como mexicanos e indígenas que somos, exigimos el respeto
y el reconocimiento constitucional de nuestros derechos; exigimos una
nueva relación con el Estado y con el gobierno.
Hace unos años fue muy fuerte la exigencia de reconocimiento. Sin
embargo, la clase política y las instituciones mexicanas no quisieron
reconocer nuestro derecho en la Constitución. Entonces decidimos
ejercer, en los hechos y según nuestras posibilidades, la autonomía a
la cual tenemos derecho.
Actualmente ya no estamos pidiendo el reconocimiento jurídico
porque vemos que las condiciones políticas ya no son favorables: 159
viejas y nuevas Luchas hacia La autonoMía
lo que estamos exigiendo es el respeto a la autonomía que estamos
ejerciendo en la práctica, en los hechos.
El gobierno ha tratado de poner trampas, como lo ha hecho por
ejemplo con los compañeros de la Policía Comunitaria, queriendo
reconocer en leyes estatales la autonomía. Pero nosotros exigimos
que se reconozca la autonomía en la Constitución, no en las leyes
secundarias, como lo quieren hacer.
Queremos también una nueva relación, de igualdad y respeto,
entre el gobierno y los pueblos indígenas. Ya no queremos que nos
vean más como cosas, como objetos —como dicen las leyes—, sino
en calidad de sujetos, de personas, de pueblos vivos que somos.
A partir de nuestra experiencia concreta, podemos afirmar que las
leyes internacionales, que son vigentes en nuestro país, realmente no
se aplican. Más bien, han servido para que el gobierno aparente hacia
el exterior que está respetando los derechos o que está legislando,
como ocurrió con la reforma al artículo 2° constitucional en 2001.
Finalmente, con estas medidas de reconocimiento formal, el
gobierno justifica la represión en la lógica de que ‘nosotros ya
hicimos la reforma y ustedes todavía quieren seguir estando fuera de
la ley y a esto sigue el castigo’.
Para nosotros las leyes o los convenios que firma el gobierno
en tema de derechos humanos o indígenas han sido letra muerta,
pero las leyes comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, son las que se cumplen en nuestro país.
Autonomía y resistencia
Jorge Santiago Santiago
La autonomía no es un objetivo, sino una forma de lucha, de
organización, en función de un objetivo superior que es la
transformación de las relaciones sociales y la construcción de un
modelo alternativo al sistema neoliberal. 160
Otras Geografías
La autonomía se enfrenta con la política del Estado, con los
intereses de las empresas nacionales e internacionales, con los
procesos de militarización y paramilitarización, con la estrategia de
contrainsurgencia, y finalmente con los programas gubernamentales
que destruyen las capacidades organizativas de los pueblos.
Yo considero que el Municipio Autónomo es lo más alto a
lo que ha llegado la autonomía, porque el declararse Municipio
Autónomo implica una ruptura total con el modelo de municipio
libre, que tiene una relación directa con el mecanismo del Estado.
Al declararse Municipios Autónomos —que van más allá de la
experiencia de Juchitán, que en los años setenta se constituyó como
municipio popular— los pueblos tratan de recuperar su historia
como comunidades organizadas. Esto significa que se autogobiernan
a través de las asambleas, que son órganos que toman decisiones,
generan consenso, establecen horizontalidad, y defienden las
comunidades en su totalidad.
La construcción de la autonomía es un proceso que implica la
resistencia frente al Estado, frente a la relación de control que éste
quiere imponer a los pueblos. Si no hay resistencia, no hay autonomía:
no puede haber una autonomía que establezca condiciones para
aceptar mecanismos de control del Estado.
El ejercicio de la autonomía implica una construcción permanente
de la libertad y de espacios autónomos. Por esto son centrales en la
autonomía la defensa del territorio, la construcción de alternativas
en salud, en educación, en producción, en economía.


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