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La resistencia a vuelo de pájaro
<<"En vivir la resistencia es dura la vida." Son palabras de Manuel, padre de cinco, tzeltal, expresadas en algún momento del recorrido de La Jornada por la región de las cañadas de Ocosingo y Las Margaritas. "Y es vida."
Así se explica en parte la persistencia de las comunidades zapatistas en todas las regiones indígenas de Chiapas; sin dinero gubernamental, a veces con sus vecinos en contra, y siempre con el Ejército encima. Más allá del simplismo, lo que mantiene la resistencia organizada es la unidad de una decisión.
Desde el aparentamente lejano "¡Ya basta!" de 1994, sus demandas no han cambiado. En todo caso evolucionaron, y al unirse a las muy similares de otros pueblos indios se volvieron nacionales. Siguen siendo tan elementales.
Los regímenes federales sucesivos desde entonces han reconocido la legitimidad de las demandas y de las comunidades que las levantan. Sin embargo, las exigencias básicas, las que "dieron lugar al levantamiento" permanecen inalterablemente incumplidas. En consecuencia, la resistencia sigue, y se ha vuelto una forma de vida para centenas de miles de choles, zoques, tzeltales, tzotziles, tojolabales, mames; en más de un millar de comunidades, y más de 40 municipios autónomos (incluídos los tres que el gobierno de Zedillo creyó "desmantelar" a tiros en 1998: San Juan de la Libertad, Ricardo Flores Magón y Tierra y Libertad).
Las bases de apoyo del EZLN son campesinos que viven de la tierra. La tradición llama "hombres de maíz" a los habitantes de estas tierras: así se designan tanto los rebeldes como las comunidades y familias que aceptan lo que los primeros llaman "migajas" del gobierno. Los indígenas en resistencia desairan los "proyectos productivos", los programas de inversión, los caminos no consensuados, las despensas y dispensas. No aceptan urnas cuando hay elecciones, ni amnistía cuando los encarcelan. Un día sí, y otro también, rechazan el cerco militar, convencidos de que no tienen de qué pedir perdón.
Aquí cabe un paréntesis amplio, donde quepan unos 12 mil desplazados por la violencia paramilitar y militar. Les han asesinado hermanos, por decenas, sin que alguien les haya pedido perdón, y hoy son (en Tierra y Libertad, Polhó, Sabanilla y Tila) campesinos desterrados. Ese precio han pagado, y siguen en la resistencia.
Pronto serán 10 años que sus demandas están "pendientes". Una aplastante militarización contra las comunidades es la respuesta gubernamental más evidente; para millares de indígenas sigue siendo la única. La guerra, agazapada bajo el preventivo "de baja intensidad", no ha cesado un minuto. Las comunidades zapatistas están rodeadas, algunas ocupadas.
Mientras se publicitan los millones de inversión gubernamental "para las comunidades de Chiapas", se ocultan sistemáticamente los millones que cuesta la militarización "para las comunidades de Chiapas". Decenas de miles de soldados vigilan, hostigan, amenazan a los zapatistas (los "contienen", en la terminología foxista).
Como es su obligación, el Estado destina inversión para todos aquellos mexicanos que desea "incorporar al progreso". Mas lo pretende repartir de manera paternalista y filantrópica a un conjunto de pueblos que ya son dueños de su vida y destino. En Chiapas, dos hechos saltan a la vista. Uno, que a partir de levantamiento zapatista la "inversión social" ha crecido visiblemente (al menos en el papel y en miles de kilómetros de asfalto). Y dos, que de manera reiterada, esa inversión ha pretendido debilitar, dividir y "contener" la resistencia.
Donde el esquema paramilitar ha funcionado, los grupos contrainsurgentes son conspicuos receptores de la "ayuda social" y se mantienen cerca de los campamentos y cuarteles del Ejército, que en las tierras indígenas de Chiapas posee el carácter de un ejército de ocupación.
Así, la ayuda o inversión social frecuentemente participa en un esquema de guerra. Más allá del crimen de lesa humanidad (al menos en grado de tentativa) que significa la instigación de violencia entre hermanos, hay que señalar el consenso logrado por las demandas expresadas en los acuerdos de San Andrés. Eso da a las comunidades en resistencia una cierta autoridad moral ante sus vecinos e incluso rivales de otras organizaciones políticas, pues todos comparten el anhelo de que esos derechos sean reconocidos. A todos les conviene. Por eso no hay guerra civil en Chiapas. Y por eso la resistencia no se quiebra.>>
(La Jornada)