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por Asociación Campesina del Valle del Cimitarra
asociacion.campesina@gmail.com
Ponencia presentada en el Encuentro Nacional de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, celebrado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto. El título original del texto es: “Todas las voces todas, todas las manos todas por la solución política al conflicto social y armado y la paz con justicia social en Colombia”.
Uno de los problemas que agobia a nuestro país, sobre todo a su población, y especialmente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes es la persistencia del conflicto social y armado. Desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una de las expresiones organizadas de los pobladores de los territorios rurales de nuestro país, entendemos perfectamente el significado de una guerra que no termina y que en forma frecuente tiende a ser atizada con el verbo incendiario propio de los admiradores de las soluciones militares. Nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros hijos conocen muy bien la forma como su vida política, económica, social y cultural, así como su cotidianidad ha sido transformadas estructuralmente para tener que organizarse bajo el fuego.
Esa experiencia de vida nos da toda la autoridad para formular algunas consideraciones sobre la dinámica y la tendencia del conflicto colombiano, para manifestar nuestras preocupaciones acerca de su prolongación indefinida, y sobre todo para proponerle a la sociedad colombiana, especialmente a los pobladores urbanos la urgencia de poder marchar juntos en la búsqueda de salidas que abran las posibilidades de una vida en paz con justicia social, es decir, que exploren y logren proyectar una solución política al conflicto. Nuestra aspiración no está precedida de consideraciones sobre “el momento oportuno”, o basada en el cálculo político o militar para la resolución de conflictos.
Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental. Los diseños de política contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los contenidos del documento de “Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”, las asignaciones de gasto público 2011 y las previstas para 2012, los desarrollos legislativos contenido en la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de inteligencia, el desarrollo pleno de los planes de consolidación, así como los anuncios presidenciales sobre el cambio en la estrategia de combate la insurgencia, que conceden a la hipótesis sobre la mimetización de ésta en la población civil, son, entre otras, claras expresiones del curso real de continuidad de la política uribista en esta materia por parte del actual gobierno. No obstante, como hijos de la violencia de otros tiempos nos es permitido afirmar que la historia del conflicto colombiano ha sido a la vez la historia de fracasadas soluciones militares. Y, hoy estamos aquí en una nueva etapa de ese conflicto. De un conflicto que necesita ser resuelto. Y eso empieza por comprenderlo en su complejidad.
A nuestro juicio, resulta urgente avanzar hacia un entendimiento del conflicto colombiano que trascienda enfoques que lo quieren reducir a una problemática exclusiva del mundo rural, distante de los demás problemas que afectan a la sociedad colombiana. Cada vez más existen notorias evidencias sobre la estrecha relación que existe entre las condiciones estructurales de la organización social en su conjunto, sus tendencias de configuración y la persistencia y dinámica que asumen el conflicto y la confrontación armada. Por ejemplo, no es ningún secreto que la combinación “confianza inversionista – seguridad democrática – intervención militar estadounidense”, que ha servido de soporte al modelo de reprimarización de la economía durante la última década, ha llevado la guerra a otros niveles, y provocado redefiniciones y adecuaciones tácticas por parte de las fuerzas en contienda, mostrando con tozudez que la solución militar no tiene salida ni siquiera en los escritorios de su planeación estratégica.
Pese a que la retórica guerrista continúa en el ambiente y es alimentada con frecuencia por el discurso del gobierno nacional, del mando militar, de sectores del Congreso y de algunos intelectuales y productores de opinión, al mismo tiempo se aprecia la tendencia a considerar otras opciones que puedan darle una salida distinta a la guerra en nuestro país, una solución política.
Desde nuestra experiencia campesina, que conjuga la práctica y la vivencia cotidiana de los impactos de la guerra con la elaboración intelectual propia y crítica sobre ella, nos sentimos con la autoridad ética y política para proponerle a la sociedad colombiana en su conjunto, especialmente a su población urbana, que es hora de contribuir, en forma mancomunada, a desatar y desplegar con toda la intensidad posible las fuerzas y los anhelos de paz presentes en la población colombiana. A aquellos que han sido atrapados por la retórica guerrerista y la asumen y reproducen sin siquiera tener conocimiento expreso o vivencia alguna sobre las dramáticas realidades que impone la guerra, les queremos hacer una invitación a considerar con juicio y mesura que la solución política se constituye hoy en urgencia vital al pensar el futuro del país. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto, a aquel basado en el ejercicio de la violencia, de los conflictos sociales y de clase que le son inherentes a nuestra sociedad, y transitar por esa vía hacia la paz con justicia social.
¿Por qué es importante hoy una solución política? Más allá de lo que ella representaría en términos de una modificación de las actuales condiciones cotidianas de vida y de trabajo de millones de colombianos, que vivimos nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas, del desplazamiento y del despojo, a nuestro juicio, dentro de los múltiples aspectos que se pudieran destacar, quisiéramos hacer énfasis solamente en cuatro:
1.- La solución política generaría condiciones para abordar un profundo e intenso debate nacional sobre las causas estructurales del conflicto social y armado colombiano y la forma de enfrentarlas con miras a su superación. La sociedad colombiana no se puede dar por satisfecha considerando simplemente el fin de la confrontación bélica. Este país necesita asumir a fondo que en la raíz de su problemática y de las formas de acción colectiva que se desatan para enfrentarla, se encuentran profundas desigualdades económicas y sociales. La investigación sobre desigualdad social que desarrolla actualmente el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, viene documentando -con evidencia estadística y trabajo de encuesta- la desigualdad abismal existente entre ricos y pobres en el país. Se suma esta investigación a lo que ya nos había informado la ONU y la CEPAL: Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo.
2.- La solución política contribuye a abrir el espacio para el debate nacional acerca de las reformas económicas y sociales que se requieren para la superación de esas desigualdades que agobian a nuestro país. En ese sentido, se trataría de un invaluable aporte a la discusión sobre el “modelo económico” y las políticas sociales y ambientales, con enfoque diferenciado y de género que lo deben acompañar. El momento histórico es propicio para ello. Frente a las dinámicas activadas por las corporaciones transnacionales y las países del capitalismo central, acompañadas por los grupos económicos y las élites locales, que estimulan una organización económica basada en la explotación intensiva de los recursos naturales, con fines exclusivos de lucro privado, y acentúan –además- por esa razón las conflictividades sociales, el país demanda un tipo de economía distinto, que le permita hacer uso de sus riquezas para el vivir bien de la población, en relación armónica con la naturaleza. En ese sentido, la preocupación por la tierra y el territorio se sitúa en un lugar central.
3.- La solución política propiciaría impactos económicos favorables, por el cambio que ellas implicaría en las condiciones generales del proceso de reproducción, y posibilitaría una reasignación casi inmediata de los recursos públicos, provistos por los impuestos que pagan los ciudadanos, y que actualmente se destinan a la financiación de la guerra. En diversos estudios se ha venido enfatizando sobre los impactos económicos del conflicto colombiano. Por una parte, se ha demostrado el crecimiento espectacular del gasto militar, hasta situarse actualmente en algo más del 6% del PIB. Ello sin considerar los recursos que provee la intervención militar estadounidense, que puede haberse acercado a los diez mil millones de dólares desde que se iniciara el Plan Colombia. Al mismo tiempo, por la otra, se ha llamado la atención sobre la insostenibilidad fiscal de la guerra en el largo plazo, sobre todo cuando no asoma por parte alguna el fin de la confrontación. A la sociedad colombiana le interesa que esos recursos tengan un mejor destino, especialmente para contribuir a la financiación de políticas públicas que permitan avanzar en la materialización de los maltrechos derechos sociales de los colombianos.
4.- La solución política contribuiría a la generación de nuevas condiciones para otro tipo de inserción de nuestro país en la comunidad internacional y particularmente en los procesos de integración que se adelantan en América Latina. La estrategia de militarización ha llevado la guerra más allá de las fronteras nacionales; es indiscutible que se ha asistido a una internacionalización del conflicto colombiano. La presencia de bases militares en territorio nacional ha mostrado una instrumentalización del país en función de estrategias contrainsurgentes e intereses geopolíticos imperiales. La solución política iría de la mano de esas voces que desde el exterior han venido clamando por la superación del conflicto colombiano, en un amplio espectro que cubre desde gobiernos hasta organizaciones sociales y populares.
Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existente y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a aquellos que han hecho de ella un negocio lucrativo. No obstante, reiteramos, nuestra terca voluntad de contribuir desde nuestra experiencia a esa búsqueda. Tenemos la convicción de avanzar en dirección a un gran movimiento de alcance nacional e internacional por la solución política al conflicto social y armado colombiano y la paz con justicia social en Colombia.
Desde la perspectiva de nuestra organización campesina y, estamos convencidos, desde la mirada de todos los aquí presentes, y de los que no estando aquí nos acompañan con el afecto y la convicción de contribuir a buscar una salida al conflicto colombiano, opinamos que avanzar en esa dirección demanda igualmente la generación de un clima favorable. Por ello, consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación podrían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo.
Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla. La presencia en este encuentro de miles de campesinos, de mujeres y hombres, de jóvenes, de representaciones de comunidades indígenas y afrodescendientes, de obreros, de representantes de la iglesia y de variadas expresiones de la organización social, de intelectuales, de militantes de las causas de los derechos humanos y de la paz, es un magnífico ejemplo de que ello es posible y sobre todo de que hay espacio para la esperanza. Ese espacio se debe construir y ampliar.
Para eso proponemos la preparación y realización de constituyentes regionales por la solución política y la paz con justicia social. Dichas constituyentes representan el escenario natural para la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas y el abordaje de las respectivas especificidades regionales; garantizan, al mismo tiempo, una mayor participación activa y directa de diversos sectores sociales; y posibilitan, por tanto, la definición más precisa de mandatos regionales por la solución política y la paz con justicia social. Si se considera que el territorio y su organización están en el centro del debate político nacional, las constituyentes regionales adquieren un especial significado.
El movimiento de las constituyentes regionales debería ser concebido para poder confluir en la Constituyente nacional por la solución política y la paz con justicia social en Colombia. De ella debería salir precisamente el mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional y de las diversas expresiones organizadas que más allá de las fronteras claman por la solución política y la paz con justicia social en Colombia.
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