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Servindi, 10 de setiembre, 2011.- El lunes 10 de octubre las comunidades campesinas de costa de la región Piura realizarán una gran marcha pacífica en defensa de las tierras comunales y en rechazo a la Ordenanza Regional 214-2011 que pretende afectarlas.
La acción se realizará por acuerdo del Encuentro de Líderes y dirigentes de comunidades campesinas de Piura del 24 de setiembre y reafirmados en los encuentros descentralizados efectuados en la zonas alta, media y de litoral del 27 y 28 del mismo mes. La movilización tiene como punto de concentración la Plaza Ignacio Merino, desde las 9:30 de la mañana.
La Central de Comunidades Campesinas del Bosque Seco de Piura (Cecobosque) denunció que la citada ordenanza atenta contra el derecho constitucional a la consulta previa de las comunidades campesinas, respaldado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mediante un comunicado Cecobosque sostiene que la lucha democrática y pacífica que emprenden involucra en el mediano plazo a más de cien comunidades de sierra “que más adelante probablemente serán también víctimas de una ordenanza similar”.
El abogado Quique Rodríguez sostiene que la ordenanza en cuestión facilitaría la adjudicación de las tierras comunales a favor de comuneros y terceros, además de declarar en abandono legal tierras comunales, cuando terceros poseedores los tengan dedicados a la actividad agropecuaria.
Mediante los incisos f y g se modifican los reglamentos de Organización y Funciones del Gobierno Regional y de la Dirección de Agricultura, y “se atribuye funciones a la entidad regional para legalizar la posesión irregular e ilegítima que pueden tener terceros dentro de los terrenos comunales”.
“Pretenden entregar terrenos que consideran en abandono, pero la figura de abandono no opera para tierras comunales, eso opera para terrenos privados”, afirmó Rodríguez.
Las autoridades regionales pretenden legalizar la prescripción adquisitiva de dominio, “es decir un tercero entró a una tierra comunal y está en posesión determinado número de años, entonces el Gobierno Regional va a darle título de propiedad”, explicó.
Julio Castro Castro, coordinador regional de Piura del partido Tierra y Libertad sostuvo que con la nueva ordenanza “se pretende legalizar a aquellos que adquirieron terrenos comunales de manera ilegal a través de malos dirigentes”.
“Nos preocupa porque se formaliza a aquellos posesionarios que en contubernio con malos dirigentes comunales han venido usufructuando ilegalmente y beneficiándose con terrenos comunales”, señaló.
Agregó que en el inciso g, que habla de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa, abarca aquellas que se encuentran hasta los 2 mil msnm.
“Son vastos territorios, con los cuales es muy probable que haya testaferros. No quiero creer que Javier Atkins haya dado esta medida para beneficiar a particulares, cuando en campaña ofreció gobernar para todos los piuranos”, subrayó.