Ollantay Itzamná
Viernes 17 de diciembre de 2010, puesto en línea por Jubenal Quispe
Como nunca antes en su historia, el pueblo excluido hondureño desafía a la clase política dominante al debate constitucional para recrear las bases jurídicas y políticas de un nuevo Estado. Quienes afirmen que la causa de esta insubordinación colectiva es el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 están equivocados. Éste fue sólo una consecuencia que agudizó los desencuentros históricos irresueltos sobre los que se intentó consolidar el Estado nación fundado hace 189 años atrás.
En las líneas que siguen a continuación se intenta identificar las razones fundamentales que justifican con urgencia la instauración de un proceso constituyente soberano, construido de abajo hacia arriba, con la participación de todos/as, con todos/as y para todos/as, para recrear el nuevo país.
1.La sistemática exclusión de las grandes mayorías como un pecado capital hondureño
Cuando en 1821, criollos y mestizos fundaron el Estado nación de la República de Honduras, lo hicieron excluyendo a las grandes mayorías que en aquel entonces cohabitaban en la Provincia de Honduras. Un minúsculo grupo emuló el Estado nación para garantizar sus aspiraciones y privilegios, reservándose la cualidad de ciudadanía plena para ellos, y subordinando a las grandes mayorías como ciudadanos de segunda clase. De esta manera se estableció en el país dos Honduras: una, la oficial, de privilegiados ricos, cada vez más ricos, autoproclamados para gobernar; la otra, la Honduras profunda, de excluidos y empobrecidos, condenados a obedecer.
Esta sistemática exclusión política, económica, cultural y social de las grandes mayorías es el pecado original que mantiene y mantuvo a Honduras entrampada en la disfuncionalidad sociopolítica en estos 189 años de su vida republicana. En todo este tiempo se promulgaron 15 constituciones políticas de Estado, pero en ninguno participó el pueblo. Se implementaron diferentes políticas de desarrollo económico en el país, pero todas fueron aplicadas de espaldas a las grandes mayorías, generándoles miseria, analfabetismo y exclusión social.
Para legalizar esta sistemática exclusión de las grandes mayorías, la élite político militar inventó el bipartidismo (entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX), y mediante este instrumento político, esta élite, acrecentó su patrimonio económico y sometió a la Honduras profunda, utilizando al Estado como un poder para instaurar el colonialismo interno en el país.
En Honduras, el bipartidismo prácticamente se constituyó en una cultura y en una religión. Liberales y nacionales adormecieron las consciencias de generaciones enteras de hondureñas/os, y de este modo tuvieron el camino expedito para desmantelar las riquezas del país sin resistencia, ni oposición significativa.
En la década de los 80 del siglo pasado, esta élite político militar de liberales y nacionales, luego de recurrentes sucesiones de caudillos e innumerables golpes de Estado entre sí, decidió, presionado por la Embajada de los EEUU., instaurar una democracia formal en el país. Pero dicha democracia jamás permitió, en las casi tres décadas de subsistencia, la participación real y decisiva del pueblo excluido.
Más por el contrario, la democracia formal, sin ningún control social, acrecentó la corrupción (según el informe de Transparencia Internacional, 2010, Honduras ocupa el cuarto lugar en la corrupción pública en Latinoamérica, y primero en Centro América) y el clientelismo en la administración pública y profundizó la fractura entre el Estado (que no terminaba de legitimarse socialmente) y la sociedad hondureña. De este modo, la débil base social del Estado hondureño se fue corroyendo hasta que finalmente el último golpe de Estado desestabilizó por completo lo que quedaba de la institucionalidad del Estado y agudizó la desintegración social del país.
Por eso la ciudadanía demanda no sólo la refundación del Estado y del país mediante el proceso de una Asamblea Constituyente Soberana, sino también la transición de la democracia representativa, formal y excluyente hacia una democracia participativa y comunitaria para reinventar la correlación sociopolítica entre Estado y sociedad que haga realidad la Honduras que siempre hemos soñado, pero que jamás nos hemos atrevido a intentarlo apostando lo cierto por lo incierto.
2.La retirada del Estado y la instauración de la violencia
Otra de las razones que justifican la apuesta por el proceso Constituyente, como el camino para la reconciliación y el reencuentro nacional, es la desintegración social generalizada que vive el país. En Honduras, después de casi 200 años de vida republicana, la violencia fratricida se ha impuesto como la única manera para la resolución de conflictos personales y de carácter socio familiar. Como en las épocas pre estatales, el hombre se ha convertido en lobo del hombre. Si en el 2009, según informes del observatorio para la violencia de la UNAH, se asesinaban impunemente 24 personas diarias, en el 2010, el luto invade en la misma o en peor magnitud al impotente pueblo hondureño. Prácticamente los derechos humanos y sus garantías han sido extirpados en Honduras. Y en estas condiciones no es posible una convivencia social pacífica.
Ante la ausencia del Estado, el narcotráfico ingresó y se estableció en el país para quedarse. Para nadie son novedad las permanentes denuncias públicas, que quedan en la impunidad, de alcaldes y diputados/as involucradas en actividades del narcotráfico. Según la sub comisionada en retiro de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, “el 70% de la policía está ligada al narcotráfico”. Se diluyó el Estado a tal nivel que en su lugar emergen “narco estados” y “narco municipios” en el país.
El Estado hondureño se encuentra prácticamente en retirada en diferentes espacios sociales y territoriales del país. En estos 189 años, el Estado no ha podido consolidarse en el país. Vivimos una sistemática y estructural crisis terminal del Estado. Las grandes mayorías empobrecidas y excluidas económica, social, cultural y políticamente no se sienten parte del Estado hondureño. Estos sectores se asumen como colectivos sociales sin Estado. Y lo poco que conocen o recuerdan de Estado es su mano dura, garrotazos y corrupción. En los últimos tiempos la desconfianza generalizada por parte de la población hacia las instituciones y autoridades públicas del país se ha convertido irremediablemente en un repudio abierto. Este resentimiento social acumulado (agudizado por el golpe de Estado del 2009), y la imprudente actitud soberbia de las élites gobernantes, manipuladas por intereses foráneas, están acelerando el desplome generalizado del ilusorio aparataje estatal en Honduras.
Así como no se pudo consolidar el Estado en Honduras, tampoco se ha logrado construir la nación hondureña en el imaginario colectivo, ni en el sentimiento social de las y los hondureños. Sin una consciencia de pertenencia política a una comunidad política, el pueblo padece una anomia identitaria. Y sin una identidad nacional, y sin un Estado que la promueva, es ilusorio cualquier proyecto político sostenible en el tiempo. En Honduras se intentó legitimar un Estado nación de arriba hacia abajo, pero este proyecto no ha terminado de cuajar. Por eso, la situación actual evidencia que el Estado en crisis ha intentado subsistir, por cerca de 200 años, sin una nación que lo legitimara. Y un Estado sin nación, o colectivos sociales sin Estado, necesariamente agudizan el desencuentro social.
En este contexto de desintegración e incertidumbre generalizada, por causa de la ausencia estatal, es de suma trascendencia y urgente la convocatoria a un proceso constituyente con la finalidad de debatir y consensuar un pacto social ampliado con la participación activa de todas y todos los hondureños. En las condiciones en las que nos encontramos ninguna propuesta sociopolítica que provenga de arriba para abajo será una solución. Ahora, las y los excluidos demandan reconocimiento, y en igualdad de condiciones exigen debatir y construir, de abajo hacia arriba, el nuevo país y el nuevo Estado que urge en Honduras.
3.Intentos fallidos de los modelos de desarrollo
Como ningún país del continente Latinoamericano, con la excepción de Haití, el 75% de la población hondureña sobrevive con un dólar al día. Más del 80% de su población languidece en el empobrecimiento. Esta situación dolorosa se materializa en la desnutrición crónica que carcome inclemente las entrañas de más de 60% de las y los niños del área rural. En esta dolorosa realidad, cerca de 10 familias opulentas acaparan el mayor porcentaje de las tierras fértiles, el control del espectro radioeléctrico, la banca, el comercio internacional, la industria, la energía, el transporte y los medios masivos de información. ¡El 5% de la población hondureña maneja el 70% del Producto Interno Bruto del país! Es decir, los bienes y servicios del país están concentrados en pocas familias.
En estos 189 años de vida republicana, el país aún se mantiene entrampado en una agricultura cada vez más rudimentaria. Las inconclusas reformas agrarias casi siempre terminaron promoviendo la agroindustria para la exportación, mientras las y los campesinos languidecen en sus intentos de alimentar al país, sin ninguna política estatal que los apoye.
Los niveles de desempleo bordean el 36% de la población económicamente activa. Como consecuencias de esta situación, cerca de un millón doscientos mil hondureñas/as se encuentran trabajando en el Norte rico en condiciones completamente precarias para aportar el 25% del PIB del país mediante las remesas.
Este sistemático empobrecimiento de las grandes mayorías se evidencia en el analfabetismo que corroe cerca del 30% de la población general, y 40% de la población rural, condenándolos a la negación de oportunidades y violación permanente de sus derechos fundamentales. Mujeres e indígenas corren la peor suerte. En estas condiciones, la población se encuentra completamente vulnerable al colonialismo interno por parte del Estado en crisis, y de las empresas multinacionales.
En la medida que transcurre el tiempo, Honduras se va convirtiendo en un territorio desmotado y contaminado. Si ayer vinieron por el oro, la plata, la madera, la tierra para las bananeras, ahora, los bosques, los ríos, los minerales, los manglares siguen “satisfaciendo” la voracidad de intereses privados, en su gran mayoría de extranjeros. Honduras entrega su territorio a la expoliación extranjera, bajo la promesa de desarrollo, pero desarrollo es lo que menos ha llegado al país. En estos cerca de 200 años, Honduras, padece un empobrecimiento crónico. El país, cargado de un cúmulo de delitos socio ambientales impunes, sin montañas, ni tierras, ni ríos, camina seguro a su nefasto destino, si no hay voluntad popular que la reoriente.
Ningún modelo de desarrollo implementado en el país ha funcionado, ni funcionará nunca, mientras Honduras siga asumiendo ciegamente las recetas económicas extranjeras. Está reiteradamente demostrado que las recetas impuestas por los grupos financieros internacionales, y asumidos dócilmente por las élites gobernantes, han servido y sirven para saquear el país y convertir a su población en consumidor frenético mientras sobreviva.