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Colombia: Orden de captura a Juan Manuel Santos
La Minga indígena ordenó la captura de Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Por Tejido de Comunicación de la ACIN
15 de noviembre, 2011.- Hace tres años, decenas de miles de indígenas, acompañados ampliamente por diversos sectores de movimientos sociales y de los pueblos que hacen a Colombia, se movilizaron en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que venía avanzando desde el 2001.
Esa Minga, en sus pasos del 2008, tras 60 días de resistir ataques a bala de la contra guerrilla de la policía, de enfrentar sicarios encapuchados que disparaban en medio de policías, de enterrar asesinados a bala que fueron, según las falsedades públicas del propio Presidente Uribe, víctimas de explosivos terroristas que ellos mismos cargaban, llegó a Bogotá. Llenó la Plaza de Bolívar. Sacudió el letargo y la impotencia y se convirtió en una fiesta de los pueblos.
Esa Minga entregó en la Plaza un nacimiento. Una criatura, para que entre todas y todos la criáramos y la pusiéramos a andar. Esa criatura es una agenda de los pueblos, desde los pueblos que, en cinco puntos, le decía NO al modelo del “Libre Comercio” y del despojo global para la acumulación de los codiciosos que destruyen el mundo y se apropian de todo.
Exigía que se derogara la “legislación de despojo” para ser reemplazada por las leyes de y desde los pueblos para la vida, la soberanía y la libertad. Convocaba la movilización tejida y solidaria de todos los pueblos contra el terror y la guerra, en tanto instrumentos de despojo para la acumulación y que no sólo los ejecutores, sino los beneficiarios del mismo al más alto nivel, fueran juzgados y condenados para que NUNCA MÁS! se pudiera usar el terror para robar y acumular.
Señalaba como obligación de Estado y no como favor de los Gobiernos de turno, cumplir con la defensa de derechos y libertades adquiridos a través de luchas y exigencias. Pero, más que nada, ante todo, convocaba a tejer una agenda de los pueblos. A convertir la alegría y el dolor de todas y de todos en un proyecto, en un proceso, en un país al que le hiciéramos Minga. Eso se proclamó hace tres años: “Pasar de un país con dueños y sin pueblos, a UN PAÍS DE LOS PUEBLOS SIN DUEÑOS”.
El actual Presidente de la República, dirigió, junto al Presidente Uribe y a los altos mandos militares y de Policía, con el apoyo de todo el gabinete ministerial, una serie de montajes, acciones de terror y de propaganda contra la Minga, precisamente porque no podían contener ni argumentar la fuerza de esa movilización sin armas que desde los “hermanitos mayores” no se dirigía al Gobierno ni al Estado, por representar una institucionalidad caduca y perjudicial, sino que convocaba a reemplazarla desde adentro de la Madre Tierra, del corazón de las y de los despojados, por otra, sin afanes de poder. La de los Pueblos sin Dueños.
Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, ordenó la infiltración de la Minga con fines terroristas. Uno de los infiltrados del Ministro de los “falsos positivos”, de apariencia indígena, se metió entre las y los mingueros, vestido como cualquier comunero, con su mochila a la espalda. Dentro llevaba camuflados y dotación militar que el mismo exhibió cuando fue identificado y retenido por la Guardia Indígena.
Desde el más alto nivel del Gobierno, se planeó una acción terrorista de la que este soldado hizo parte y que fue desmantelada por la disciplina y cohesión de las comunidades en Minga. ¿Qué iban a hacer con esos uniformes cuando el Presidente, el General Naranjo, comandante de la Policía Nacional y todo el Gobierno señalaban que la Minga estaba infiltrada por terroristas? ¿Qué montaje pretendían llevar a cabo para hacer realidad sus acusaciones en el sentido de que quienes se movilizaban en la Minga tenían armas y explosivos? ¿A quiénes iban a asesinar para vestirlos con esos camuflados y fabricar el pretexto para cometer una masacre contra la Minga?
No olvidemos que apenas un mes luego de terminar la movilización del 2008 (porque la Minga terminará solamente cuando seamos un País de los Pueblos sin Dueños), el Gobierno Uribe, bajo el Ministerio de Juan Manuel Santos, realizó un falso positivo en el que intentó asesinar a la Consejera Mayor del CRIC Aída Quilcué en un falso retén del ejército y presentarla con todo y camuflados como miembro de las FARC. No olvidemos que allí el ejército masacró a balazos de fusil al compañero de Aída Edwin Legarda. No olvidemos que la Guardia Indígena retuvo a los militares responsables de estos actos hallándoles camuflados y fusiles para realizar el falso positivo. No olvidemos que los militares confesaron su acción criminal y que el Ministro Juan Manuel Santos y el Gobierno Uribe las encubrieron.
Recordemos entonces que la Guardia Indígena, en jurisdicción territorial indígena, captura a un criminal, en flagrancia, en el proceso de cometer un atentado, bajo el mando del ejército nacional, bajo el mando del Ministro Juan Manuel Santos, bajo el mando del Presidente Álvaro Uribe Vélez. No olvidemos que fue juzgado, según lo establece la Constitución de 1991, bajo la jurisdicción indígena y fue “armonizado” según lo mandan estas normas con plena vigencia, ante la Minga. El soldado fue tratado con respeto. No fue torturado.
La intención de la armonización en asamblea pública comunitaria, a la que se someten constantemente comuneras y comuneros una vez hallados culpables de un delito, es la de restablecer el equilibrio y la armonía. La de devolverlos a la comunidad una vez reconozcan su error, de manera que puedan ser de nuevo comuneras y comuneros y su error quede superado. Una vez cumplido el ritual, el soldado fue entregado a instancias humanitarias y al Gobierno nacional. Un criminal, bajo órdenes de un régimen criminal capturado en flagrancia.
Lo que debería seguir, sin duda, es el juicio, sentencia y condena de quienes diseñaron y ordenaron este montaje (y el homicidio de Edwin Legarda). Es decir que el actual Presidente, Juan Manuel Santos, debería estar sometido en este momento a un proceso jurídico por un montaje con propósitos terroristas contra una movilización indígena y popular pacífica. Pero, en el país de los dueños, donde se somete a los pueblos, la justicia tiene que funcionar contra las víctimas y proteger a los victimarios. Siete líderes indígenas que se encargaron a nombre de la comunidad que delegó en ellos la responsabilidad de llevar a cabo el ritual de armonización, han sido acusados en un montaje jurídico, por el soldado capturado en flagrancia, bajo órdenes del régimen.
Feliciano Valencia, uno de los voceros de la Minga, cuya palabra es la palabra colectiva y cuyas acciones respondían al mandato de la Minga, es uno de los siete perseguidos por el sistema jurídico del País de los Dueños contra los Pueblos. En estos días, seguramente, con el propósito de silenciar hasta la memoria de la Minga y de la agenda que la motiva, volverán a llamar a los tribunales a Feliciano y a las y los demás señalados. Es posible que los detengan, que los juzguen, que los condenen como terroristas, violando con esto no solo la justicia, sino la propia Constitución del Estado.
Si este fuera un País de los Pueblos sin Dueños, hoy estaríamos viviendo otro proceso. Tanto Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, habrían recibido órdenes de captura para responder por acciones terroristas en territorio indígena contra pueblos movilizados en sus territorios por sus derechos. La evidencia que existe es amplia y suficiente para condenarlos y a quienes actuaron bajo sus órdenes. Pero mientras la Minga no termine su trabajo y la criatura no se convierta en nuestro país, los criminales ocuparán los más altos cargos y señalarán a sus víctimas sobre las que harán caer todo el peso de la (in)justicia con la que siguen siendo los dueños de un país del que nos despojan.
El líder Marco Guatemal acaba de ser liberado en el Ecuador. Había sido detenido por orden del Gobierno de Rafael Correa por defender la Constitución de Monte Cristi y los derechos adquiridos por la naturaleza y sus pueblos. En multitudinarias movilizaciones obtuvieron su libertad, de modo que los tribunales tuvieron que declararlo en justicia inocente de todo cargo.
En Colombia, a tres años de la Minga, Feliciano y las, los, demás compañeras y compañeros, viven su lucha como una cárcel bajo la amenaza constante de ser detenidos y condenados por hacer justicia. La justicia del mandato de sus pueblos que ellas y ellos ejecutaron. Hoy, recordando la Minga, en Minga, deberían quedar en libertad, mientras la Minga dicta orden de captura contra Juan Manuel Santos y sus cómplices quienes deben someterse a juicio y ritual de armonización en el camino hacia la justicia del País de los Pueblos sin Dueños. Si los pueblos ancestrales se someten a la justicia de sus comunidades, si los líderes deben someterse a la misma, con mayor razón quienes violan y persiguen a quienes defienden la libertad.