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Luego de unos meses movilizados en Colombia las organizaciones estudiantiles obtienen su primera victoria, que es el retiro de un proyecto de reforma que apuntaba a ampliar con fondos públicos la educación privada. Ahora se viene la generación de una reforma con todos los actores educativos y en el camino una jornada binacional de movilización el próximo 24 de noviembre cuando estudiantes de Chile y Colombia saldrán nuevamente a las calles.
Este miércoles fue la primera victoria para el movimiento estudiantil colombiano. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, concretó el retiro del Proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992 del Congreso.
Once de los 18 representantes a la Cámara que integraban la Comisión Sexta aprobaron el retiro de la reforma educativa, lo que había solicitado el Gobierno el viernes de la semana pasada luego de una multitudinaria protesta en varias ciudades colombianas. Claro que para marzo del próximo año se anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma.
Así se cierra la primera parte de la saga entre el gobierno de Juan Manuel Santos, que pretendía permitir el lucro con la educación y ampliar la matrícula de educación superior a través de instituciones privadas; y los estudiantes que exigen un financiamiento adecuado de la educación pública.
LA TOMA DE BOGOTÁ
El jueves 10 de noviembre fue la jornada clave de este proceso. Los estudiantes habían convocado a “La toma de Bogotá” y una Jornada Nacional de Movilización para protestar por el proyecto de ley inconsulto.
Por las calles de la capital colombiana marcharon 150 mil personas y en todo el país unos 500 mil universitarios de las 42 casas de estudio públicas salieron a manifestarse. Pero no había sólo estudiantes y académicos. Se sumaron también la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y gremios de taxistas y transportadores de carga.
Es la primera vez que tanta gente sale a las calles colombianas. En los últimos años el gobierno de Álvaro Uribe en su combate a la guerrilla había criminalizado cualquier tipo de protesta social a la par que paramilitares exterminaban a dirigentes sindicales o campesinos.
Incluso la noticia de la muerte del líder de la guerrilla de las Farc, Alfonso Cano, quedó en un segundo lugar ante esta emergencia ciudadana.
Una tradicional chiva en las calles de Bogotá durante la jornada del 10 de noviembre
El despliegue policial del gobierno de Juan Manuel Santos apostó por la confrontación. Ese día se desplegaron 19 mil 800 agentes policiales, se recurrió a 329 cámaras de seguridad y cinco helicópteros sobrevolaron las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Popayán y Pasto.
Incluso quien fuera vicepresidente de Colombia durante la gestión de Álvaro Uribe, Francisco Santos, le recomendó a su primo, el actual mandatario, que usara “armas de represión no letales, como las que producen descargas eléctricas” contra los estudiantes que protestan.
UN PARO DE DOS MESES
Nadie en el Gobierno pensó que la protesta en la Universidad Distrital sede La Macarena de Bogotá, el pasado jueves 22 de septiembre se convirtiera en una bola de nieve contra la intención de avanzar hacia la privatización del sistema educativo.
La fuerte represión de ese día, cuando hubo secuestros de estudiantes por parte del Esmad, grupo de choque de la policía colombiana, sólo terminó por calentar más los ánimos.
Si en los últimos años las cinco principales organizaciones estudiantiles colombianas estaban desarticuladas, el proyecto de reforma a la Ley 30 gatilló que la FEU, ACEU, FUN, Identidad, la OCE y organizaciones de otros planteles de estudio se coordinaran. Juntos conformaron la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane).
Además los estudiantes recibieron el apoyo de los rectores José Fernando Isaza, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; de Guillermo Páramo, de la Universidad Central y Francisco Piedrahíta, del Icesi.
El paro universitario comenzó el 12 de octubre y en la tarde de este miércoles las federaciones estudiantiles dirimirán si prosiguen con la movilización que mantienen 32 universidades públicas del país, las que albergan a cerca de 600 mil alumnos.
En Medellín el paro cobró fuerza. Las universidades Tecnológica de Pereira, la de Antioquia y la Nacional con sede en Medellín ya cumplen siete semanas de paro. En Cali las universidades del Valle y del Cauca llevan cuatro semanas sin clases.
RETIRO PROYECTO DE LEY
El 3 de noviembre los estudiantes reanudaron las protestas por las calles de Bogotá y Cali, en marchas nocturnas y con disfraces. Ese día el presidente Santos dijo que no entendía las razones por las que los estudiantes seguían protestando y condicionó el retiro del proyecto sólo si los estudiantes retornaban a las aulas de clases. A la par, su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, amenazó a los jóvenes con aprobar el proyecto de ley si no culminaban las protestas.
Santos tenía asegurado la aprobación en el Congreso de su propuesta, ya que la Unidad Nacional, coalición que respalda a Santos, tiene la mayoría de la Cámara de Representantes. Sólo la bancada del Polo Democrático y los congresistas del Partido Verde, Carlos Andrés Amaya y Angela María Robledo estaban en contra. Pero son la minoría.
Pero la Toma de Bogotá hizo recapacitar a las autoridades y el viernes pasado anunciaron el retiro del proyecto privatizador.
LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LEY 30
A diferencia de Chile, en Colombia entre el 2000 al 2010 la cobertura ha ido ampliándose para la educación pública. Si hace diez años ésta tenía el 30% de la cobertura, hoy un 50% de la matrícula corresponde a educación estatal. Cada estudiante le cuesta hoy al sector de educación superior $5,8 millones (pesos colombianos) anuales.
Hoy en Colombia los más pobres pueden acceder a las universidades públicas con matrículas a bajo costo, gracias a subsidios que entrega el Gobierno a dichas casas de estudio. La matrícula que pagan los estudiantes a las universidades equivale al 5% de su presupuesto total.
El proyecto de reforma de Santos apostaba por ampliar la matrícula de educación superior modificando la lógica actual que la tiene como un derecho para pasar a ser un préstamo entregado a través de instituciones financieras o siguiendo el modelo del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), que financia estudios como si fueran créditos. El intento era ampliar dicho sistema a la formación de pregrado y que el estudiante termine pagando el 100% de la matrícula.
También se fijó incrementar de aquí a tres años la población universitaria en 650.000 nuevos estudiantes. O sea, aumentar en una tercera parte todo el sistema de educación superior público y privado, que tiene hoy 1.800.000 estudiantes. El gobierno se ponía con 6 billones de pesos durante los próximos diez años para financiar el sistema crediticio que permitiría esto.
Édgar Varela, vicerrector de la Universidad del Valle cree que “el gobierno quiere ampliar la cobertura educativa, pero con la plata del sector privado”.
El horizonte de Santos es que Colombia alcance al 2022 el nivel de cobertura de los países desarrollados, que está alrededor del 64%. Hoy en el país cafetalero es de un 37%.
Es decir, el proyecto apuntaba a hacer lo que hizo Sergio Bitar en Chile cuando fue ministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, quien apostó por ampliar la matrícula -y luego jactarse de que cientos de jóvenes eran la primera generación de su familia en entrar a la universidad- a través del endeudamiento y un mercado amplio de instituciones de educación superior.
Otro artículo del proyecto de reforma que permitía la inversión privada con ánimo de lucro en la educación superior no alcanzó a prosperar.
Las resistencias al proyecto de Santos no se dejaron esperar. De partida los académicos acusan que para formar esa nueva cantidad de estudiantes se necesitan 20.600 nuevos maestros, que no están formados y que el país no tiene.
También las comunidades universitarias reclaman que la reforma jamás fue consultada con los estamentos científicos y que se hizo sin mediar un diagnóstico claro de la situación de la educación superior en Colombia. “Es como aplicar una terapia para un problema sin haberlo diagnosticado”- ejemplificó Robert Behar, representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad del Valle al diario El País (Cali).
EXIGENCIAS ESTUDIANTES
Los estudiantes agrupados en la Mane exigen que “Santos se siente ha discutir un modelo de educación que realmente le sirva al país” y que es responsabilidad del Estado dar solución a la crisis presupuestaria de las universidades públicas. Además rechazan que el Gobierno prefiera invertir en la demanda (los estudiantes), y no en la oferta (las universidades), modelo similar al propugnado en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera.
Marcha nocturna en Cali
El fin de semana reciente más de dos mil voceros de todo el país debatieron en Bogotá y acordaron levantar el paro universitario cuando el gobierno cumpla tres condiciones: el retiro de la reforma a la Ley 30 del Congreso, la construcción de un proyecto en conjunto con los estudiantes y la comunidad académica y que se den garantías para culminar el actual semestre.
La primera demanda este miércoles fue cumplida; la segunda se pide que el compromiso quede por escrito y que sea de conocimiento público.
Óscar Aponte, dirigente de Mane de Bogotá, dijo que se apunta a “materializar un modelo de educación superior radicalmente diferente al que tenemos actualmente, lograr que ese programa mínimo de los estudiantes se haga realidad en nuestro país, porque sabemos que es posible”.
MARCHA CONTINENTAL
La convocatoria a realizar una marcha continental por la educación pública gratuita y de calidad hecha por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) el próximo 24 de noviembre hizo pronto eco en la Mane.
Jairo Rivera, vocero de la Mane, advirtió al gobierno de Santos que el levantamiento del paro no acabará el movimiento estudiantil. “La idea no es que se muera sino que viva para siempre y hacia allá vamos. Si el Gobierno Nacional no atiende a estas cuestiones y decide romper con una metodología, con todas las demandas de construir democráticamente otra propuesta, allí estaremos los estudiantes y estaremos entrando a paro universitario de nuevo” -sostuvo.
Así estudiantes chilenos y colombianos saldrán a la calle este 24 de noviembre por “la defensa de la educación como un derecho”. A la convocatoria se han sumado organizaciones estudiantiles de Ecuador y Perú. Incluso hay un llamado a los estudiantes que viven en zonas de frontera a tomarse los pasos entre países.
Como el modelo neoliberal que soñaba Piñera concluir se hizo añicos este año con el movimiento estudiantil chileno, en Colombia se le viene fuerte a Santos. Pareciera que los estudiantes golpean más fuertes al gobierno derechista que las Farc.
Por Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano