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01 de diciembre de 2011
Otros proyectos que la protesta hizo caer
Cecilia Mendoza.
La República
En los últimos 10 años, el Perú no ha tenido uno sino varios Congas: proyectos mineros que tuvieron que parar debido a la contundente oposición de la población de la zona donde iba a desarrollarse.
Los actores fueron cambiando con los años, pero la actuación es la misma. Comunidades que organizaron paros indefinidos, que tomaron carreteras y se enfrentaron a la policía, sin ceder hasta que el gobierno o la mina diera su brazo a torcer.
Uno de esos casos emblemáticos ocurrió en el 2004, también en Cajamarca, en el “Cerro Quillish”. Las compañías Newmont y Buenaventura (las mismas que promueven Conga) y la población estaban enfrentadas por este proyecto que pretendía explotar oro, en una zona cercana a la planta de agua “El Milagro” con una inversión de 250 millones de dólares. Los cajamarquinos ya tenían problemas con Yanacocha, la acusaron de derivar el desagüe de sus campamentos hacia sus canales, de contaminar el río Llaucano y matar las truchas, entre otras denuncias. Un año después la comunidad de Tambogrande, en Piura, evitó a toda costa que Manhattan Minerals Corp. inicie operaciones para explotar oro en esa zona. Allí se habrían invertido 300 millones de dólares. En el 2009, este escenario de protestas se trasladó a Huancabamba, donde la población dijo no al proyecto Río Blanco, por temor a que contaminen los páramos andinos.
PROTESTAS SUREÑAS
En el sur también se han librado violentas protestas que terminaron ganando la partida al gobierno del entonces presidente Alan García, que impulsó decididamente la minería y que solo dialogó con la población a través de mesas de diálogo, instaladas durante la protesta.
Esto ocurrió en el Valle de Tambo, donde la protesta se extendió 17 días, con toma de carreteras incluida, heridos y hasta 3 muertos. Hasta que el gobierno anunció en abril de este año la cancelación del proyecto Tía María, promovido por Southern Perú.
En Puno la historia fue parecida. La población, en su mayoría aimara, enardecida destrozó locales públicos. Las protestas se dirigían contra la minera Santa Ana, desarrollado por la minera canadiense Bear Greek. En Juliaca tomaron el aeropuerto Manco Cápac contra la minería informal. Allí hubo seis muertos.
Todas estas protestas tuvieron en común el temor al impacto ambiental de los proyectos extractivos. En Arequipa y Piura, la población cuestionó los Estudios de Impacto Ambiental, por su falta de imparcialidad. En Tía María se encontró más de 100 observaciones a este estudio.
Gobierno destacó por desorden y mal manejo de conflictos sociales
El historiador e investigador Eduardo Toche Medrano destacó que el gobierno perdió la partida en estos conflictos sociales debido a la poca capacidad para ponerse como un interlocutor válido. “El gobierno (durante ya una década) tuvo posiciones contradictorias, no generó espacios de diálogo, promovió mayor confusión y frustración”, aseveró.
El especialista en Descentralización, David Montoya, advirtió varios errores, como falta de institucionalidad del Estado y regulación adecuada de los Estudios de Impacto Ambiental, pero el mayor de ellos es no apoyar el proceso de descentralización eficazmente, para que sean otros niveles de gobierno quienes ayuden a resolver estos conflictos.