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En Ecuador la protesta es delito. Especialmente, si los manifestantes afectan a los megaproyectos mineros o hidroeléctricos. Rafael Correa, un presidente que se muestra al exterior como progresista, ha criminalizado a indígenas y campesinos: 197 de ellos están siendo procesados, algunos por terrorismo.
La represión policial es habitual en cualquier protesta contra las decisiones de Correa.
“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. Constitución Ecuador
El pasado 26 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) denunció a Rafael Correa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desprotección de los pueblos aislados de Tagaeri y Taromenane, en la Amazonía ecuatoriana y por la persecución legal a casi 200 de sus líderes.
El divorcio entre el movimiento indígena y Correa es total y ha venido profundizándose en los últimos años. La trinchera donde se libra esta batalla política y social es la de los megaproyectos económicos relacionados con la extracción petrolera, maderera y minera.
“En el Gobierno de Rafael Correa es cada vez más visible la implementación de una política capitalista y extractivista”
Las dos últimas detenciones que preocuparon a la comunidad nacional e internacional se produjeron el 25 de octubre. Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI), y Leonardo López, presidente de la federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) eran detenidos acusados de sabotaje. La CONAIE ha dicho al respecto que “en el Gobierno de Rafael Correa es cada vez más visible la implementación de una política capitalista y extractivista en nuestro país y claros están sus acciones recientes como es la brutal represión en el caso de las comunidades campesinas y montubias de Río Grande (Chone- Manabi), la militarización en Intag, el desconocimiento de la consulta en Quimsacoha y la última detención del compañero Marco Guatemal” [que fue liberado poco después].
Estos dos casos se suman a los 197 documentados por Comité Ecuménico de Derechos Humanos (CEDEHU) y Acción Ecológica. Según un informe de estas organizaciones en este momento hay 42 juicios abiertos contra líderes campesinos e indígenas: 31 procesos penales contra 158 activistas; 10 administrativos contra otros 28 y uno civil que involucra a un líder.
Correa ha criticado abiertamente a los líderes indígenas, que fueron claves para su llegada al poder. Ha llamado a los pueblos a descartar a “los malos dirigentes que fomentan el odio y llaman a la resistencia” y ha acusado a la CONAIE de ir en contra del progreso del país y de sembrar el odio. Sin embargo, Acción Ecológica considera que “a criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas. Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización”.
Amnistía, no soluciones
De nada parece haber servido la amnistía decretada por la Asamblea Constitutyente en 2008 y que, aunque no garantizó ni precisó el derecho a la protesta –como bien denuncia Daniela Salazar en el libro “¿Es legítima la criminialización de la protesta social?”-, si permitió la liberación de cientos de personas que, según la resolución habían sido “reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos” (tercer Considerando, Resolución de 14 de marzo de 2008).
El artículo 98 de la Constitución sí insiste en que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. Y eso es lo que han hecho los movimientos indígenas y campesinos.
La militarización de esos conflictos, los casos de represión como la de Río Grande (18 de octubre) o la sordera del órgano judicial a la hora de aplicar la amnistía de 2008 están llevando al extremo la tensión social en Ecuador. La propia Defensoría del Pueblo ha vuelto a solicitar amnistías para líderes sociales, como es el caso de los 7 pobladores de Nabón, en Azuay, que viven en la clandestinidad y en muy precarias condiciones para evitar una condena de 8 años.
Tal y como explica Matthieu Le Quang en Rebelión, la estrategia inicial de Correa fue la de incluir en su Gobierno a líderes indígenas y de otros movimientos sociales para así comprar su silencio.