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Guerra al narcotráfico genera un ciclo de violencia en México
Por ADRIANA GOMEZ LICON y KATHERINE CORCORAN | AP
VERACRUZ, México (AP) — Brighitte Cuesta Sánchez atendió una llamada telefónica el mismo día en que un diario local informó en su primera plana que estaba muerta.
Era su madre, que quería saber de ella, una conocida trabajadora sexual de 22 años, con extensiones rubias y provocativo pantalón negro, que conducía un Mini Cooper. Las dos se encontraron, se rieron y llamaron al diario para pedirle una corrección. Esa noche, sin embargo, Brighitte desapareció.
Dos días después individuos enmascarados arrojaron su cadáver y el de otras 34 personas en un boulevard céntrico durante una hora pico. Un cártel decía que los muertos eran miembros del cártel de los Zetas, asesinados por una organización rival.
El gobernador Javier Duarte dijo que la mayoría de las víctimas eran delincuentes con antecedentes. Los fiscales federales, en cambio, indicaron que unos pocos tenían antecedentes y que sus contactos con el crimen organizado eran mínimos. Casi tres meses después, ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente.
La madre de Brighitte, por su parte, afirmó que su muerte no tenía nada que ver con el narcotráfico y que parecía más bien un secuestro cuyos autores buscaban cobrar un rescate, pues había recibido la llamada de alguien que le exigió entregar el Mini Cooper.
Esta saga resume un poco lo que es México cinco años después de que el presidente Felipe Calderón le declaró una guerra frontal al crimen organizado: Abundan las matanzas masivas entre cárteles que luchan por sus territorios y muchos civiles caen en medio de la violencia; la policía no puede hacer mucho por poner orden ni investigar los crímenes.
Diez días después de asumir, el 11 de diciembre del 2006, Calderón despachó 6.500 soldados a su estado, Michoacán, para combatir a los cárteles. Dijo que el gobierno tenía que actuar con determinación para enfrentar a las organizaciones delictivas. El gobierno necesitaba actuar decididamente, dijo el mandatario, para evitar que la delincuencia organizada tomara el control del país.
En los cinco años siguientes movilizó a 45.000 soldados, dio grandes golpes a la conducción de al menos cinco cárteles y gastó cerca de 46.000 millones de dólares combatiendo al crimen organizado, la iniciativa interna más importante de su gestión.
Pero desde entonces, ha estallado el caos en sitios otrora tranquilos, incluido Veracruz. Las autoridades se enfocan en un sitio, y la violencia se traslada a otro. Cuanto los jefes de los cárteles fueron arrestados, sus organizaciones se dividieron en agrupaciones más violentas todavía que se pelean entre sí en zonas donde las autoridades locales no las enfrentan.
Tras la fragmentación de las organizaciones, han quedado dos megacárteles que hoy controlan la mayor parte del país. Y la cantidad de muertos subió de los 2.000 del 2006 a 46.000 desde entonces, según diversos conteos, con un promedio de más de 9.000 anuales. Calderón ha dicho que su gobierno reaccionó a hechos violentos que ocurrían ya entre los cárteles, y ha negado que las acciones que emprendió hayan sido la causa de la violencia intensificada.
La droga, mientras tanto, sigue fluyendo hacia Estados Unidos. Según la Oficina Nacional de Políticas de Control de las Drogas de ese país, México continúa siendo la fuente del 95% de la cocaína que ingresa al país y es el proveedor más importante de marihuana y metanfetaminas procedentes del exterior.
Luego de cinco años de guerra al narcotráfico, los mexicanos conviven con otro tipo de temor.
“Se preocupan cuando salen de su casa. Aproximadamente uno de cada seis conoce a alguien que ha muerto en esta lucha contra el narcotráfico”, afirmó el encuestador Roy Campos. “Ya no la vemos en televisión nada más, lo hemos sentido” en carne propia.
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La ofensiva inicial de Calderón consistió en usar a los militares para destruir cosechas y laboratorios, instalar retenes y hacer allanamientos y arrestos. En enero del 2007 delineó un programa de cinco puntos que incluía el envío de soldados para reforzar a la policía federal y un aumento en el presupuesto para cuestiones de seguridad. Además se le pidió al procurador general un plan para mejorar la seguridad y juzgar a los delincuentes.
En los últimos cinco años Calderón creó una gran fuerza policial federal. Su fórmula inicial fue desplegar esa fuerza y a los militares para combatir brotes de violencia. Los programas para reformar los tribunales y las policías locales, en cambio, han sido anémicos. Una reforma judicial aprobada en el 2008 estableció juicios públicos, el principio de inocencia hasta que se compruebe la culpabilidad y el uso de pruebas más que de confesiones obtenidas a menudo con torturas. Pero solo uno de los 32 estados puso en vigor la reforma hasta ahora. En 23, incluido Veracruz, está en pañales.
Incluso los sectores que aplauden la campaña de Calderón dicen que el gobierno no estaba preparado para hacer frente al caos que esa política generó en las calles.
“No creo que se hayan dado cuenta de lo complejo que sería esto”, expresó un funcionario de seguridad estadounidense que pidió no ser identificado por razones de seguridad. “No sé si pensaron que necesitarían el apoyo de los aparatos de seguridad estatales y locales. Creo que probablemente supusieron que lo podrían hacer con los (policías) federales y los militares”.
Calderón ha dicho que necesitaba actuar para impedir que partes de México cayesen en manos de los cárteles. Pero algunos estados ya estaban controlados por organizaciones delictivas, que se beneficiaban de una cultura de corrupción de décadas.
En los 71 años de gobierno de un mismo partido, los traficantes movían sus cargamentos y controlaban algunos estados, a menudo haciendo alianzas y treguas con otros cárteles y también con políticos y elementos del aparato de seguridad.
La campaña contra los cabecillas de los cárteles hizo que algunas de esas organizaciones se desbandasen y surgiesen grupos más pequeños que se pelean entre ellos por controlar territorios. La seguridad se deterioró rápidamente porque la policía colaboraba con los cárteles.
El rápido reclutamiento de pistoleros para librar las guerras creó un tipo de criminal cada vez más brutal.
“Hay una criminalidad espontánea en un estado sin leyes”, afirmó Homero Aridjis, poeta, diplomático y defensor del medio ambiente que se crió en Michoachán, el estado donde comenzó la guerra de Calderón. “Esto produjo un nuevo tipo de mexicano, monstruos, que la gente no puede creer sea capaz de cometer estas atrocidades”.
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Calderón decía que el aumento de la violencia era un indicio de que los cárteles estaban a la defensiva y de que el gobierno estaba ganando la guerra. Afirmaba que todos los muertos eran delincuentes. Ahora cambió de discurso y enfatiza la necesidad de atener de las víctimas y de reformar los tribunales, la policía y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad a largo plazo.
Algunos consideran que este proceso se ha caracterizado por la terquedad.
Calderón, quien deja el cargo en diciembre del 2012, prometió dejar una fuerza policial confiable. Para acabar con la corrupción, el gobierno nacional ha estado promoviendo un complejo proceso que busca garantizar que los 460.000 agentes policiales mexicanos sean gente limpia, sin sospecha alguna de corrupción.
Según cifras del propio gobierno federal, solo el 16% han sido convalidados, y apenas el 8% del total aprobó una revisión de antecedentes. En Veracruz, un estado que el propio Calderón admitió había sido entregado a los Zetas, el 14% de la policía estatal había sido evaluada hasta fines de septiembre y apenas el 6% de la municipal. No se disponen de las cifras de los que aprobaron la evaluación, pero menos de un mes después de la aparición de los 35 cadáveres, un millar de policías estatales fueron despedidos por no aprobar esas evaluaciones.
El gobierno nacional asignó este año el equivalente a 331 millones de dólares a la capacitación y el equipamiento de las policías municipales de 200 ciudades. Suspendió la ayuda a 162 ciudades en julio porque no cumplieron los requisitos de gastos y posteriormente cambió de curso de nuevo e hizo casi todos los aportes.
Los gobernadores estatales dicen que no tienen los conocimientos necesarios para instalar centros con polígrafos, capaces de hacer revisiones de antecedentes y otras tareas para garantizar la integridad de sus policías.
La mitad de los 32 estados mexicanos todavía no tienen centros de evaluaciones acreditados. En Veracruz fue acreditado uno solo de los tres centros que hay planeados.
El analista de temas de seguridad Eduardo Guerrero, que inicialmente apoyó la guerra de Calderón contra el crimen organizado, ahora dice que la campaña no estuvo bien pensada.
“Me pareció que debió haberse invertido el año inicial para planearla, para pensarla, para recopilar mucha información de inteligencia para conocer el tipo de enemigo con el que estábamos lidiando y además limpiar el propio gobierno federal, depurarlo de elementos ligados con el crimen”, expresó Guerrero.
El ex secretario de Gobernación (ministro del interior) Francisco Blake Mora no quiso opinar acerca de si la corrupción había incidido cuando la Associated Press le preguntó por qué los estados se resistían tanto a una limpieza. Se limitó a decir que el proceso era lento, “pero avanza en la dirección indicada”, y exhortó a la ciudadanía a presionar a las autoridades locales para que hagan reformas.
Blake Mora falleció al accidentarse un helicóptero el mes pasado. El nuevo secretario del interior, Alejandro Poire, no estuvo disponible para hablar del tema.
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México es un tradicional productor de marihuana y amapolas, y las batallas contra el narcotráfico se remontan a por lo menos 1948, en que el gobierno movilizó a los militares para combatir los cultivos ilegales.
Bajo el gobierno de Calderón, casi se duplicó la inversión en el aparato de seguridad –ejército, armada, policía federal y Procuraduría General–, que el año que viene llegará a los 46.000 millones de dólares. Los 900 millones aportados hasta ahora por Estados Unidos a través de la Iniciativa de Mérida son un porcentaje menor.
Se han movilizado 45.000 soldados del ejército y varios miles de la infantería de marina. Más de 45.000 personas han muerto violentamente, según distintos cálculos. El gobierno dejó de ofrecer estimados hace un año, cuando la cifra llegó a 35.000.
Con cada intervención de los militares y la policía federal, la violencia se pasa a otro sitio. Al descabezarse algunos cárteles, cambió el equilibrio de poder y se dio una dinámica en la que se afianzaron dos grandes cárteles, el de Sinaloa y los Zetas.
El gobierno de Calderón le dio duro a varios otros cárteles, sobre todo La Familia Michoacana, el de los hermanos Beltrán Leyva en el centro y sur de México y La Línea en Ciudad Juárez. También debilitó al Cártel del Golfo, que creó a los Zetas para que hiciese el trabajo sucio.
Veracruz ha padecido las consecuencias de esta guerra por partida doble: Cuando el gobierno la emprendió contra las bandas de Tamaulipas, estado vecino en la frontera con Estados Unidos, el baño de sangre se desplazó a Veracruz.
Los Zetas y Sinaloa se disputan ahora ese estado.
Los Zetas son tal vez el grupo que más ha crecido a lo largo de la campaña de Calderón contra los cárteles y en poco más de dos años pasaron a ser una de las organizaciones delictivas más grandes del país.
Cuando intentaron penetrar territorios tradicionalmente controlados por el poderoso cártel de Sinaloa, en el oeste, un grupo disidente aliado con Sinaloa, llamado Nueva Generación, comenzó a aterrorizar a los Zetas.
Los 35 cadáveres arrojados el 20 de septiembre tenían un aviso de la Nueva Generación, que advertía que se proponía expulsar a los Zetas de Veracruz. Desde entonces han aparecido decenas de cadáveres, incluidos siete la semana pasada.
Ahora que la infantería de marina patrulla Veracruz, las autoridades ven cómo el conflicto se traslada a Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México y bastión de la Nueva Generación. Hasta ahora era conocida por los mariachis, el tequila y las calles coloniales adoquinadas.
El mes pasado aparecieron 26 cadáveres en tres camiones abandonados, en lo que muchos consideran una represalia por los 35 de Veracruz. Entre las víctimas figuraban un camionero, un vendedor de gaseosas y un técnico dental.
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No está claro qué pasará con la guerra contra el narcotráfico cuando Calderón deje la presidencia dentro de un año. Todos los políticos con aspiraciones presidenciales prometieron poner fin a la violencia y devolver a los militares a sus cuarteles. Pero para lograr ese objetivo, nadie ha propuesto nada diferente a lo que hizo Calderón.
La gente trata de hacer una vida normal en Veracruz y de asistir a los Papaquis, como se denomina a unos festivales callejeros previos al carnaval de febrero. Un día reciente de semana, una docena de niñas con leotardos morados manipulaban bastones y bailaban al ritmo de reggaeton junto a un camión decorado con globos. Una reina de belleza saludaba a la gente.
Pero la vida no es la misma.
Los soldados de la marina están descontrolados, según Ezequiel Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río.
“A veces se violan los derechos humanos. En los últimos 20 días han entrado a ocho hoteles a buscar a personas. Son cateos arbitrarios”, expresó. “Llegan amedrentando a los huéspedes. Familias sanas que ni la deben ni la temen”.
Un oficial de la marina de Veracruz, que no puede ser identificado por razones de seguridad, dijo que esa fuerza opera sin violar las leyes.
Las familias de las víctimas no quieren hablar de los cadáveres que han aparecido. Ninguna de las personas que se presentó a recoger el cuerpo de un ser querido hizo denuncia alguna, según Gina Domínguez, portavoz del gobernador Duarte.
La madre de Brighitte hizo un pequeño funeral para su hija trasgénero, cuyo nombre original fue Iván Cuesta Sánchez y quien dejó la escuela secundaria para llegar a ser muy conocida a nivel local. Ponía anuncios en Facebook y ganaba lo suficiente como para manejar un auto bueno y cobrar por entrevistas, una de las cuales fue vista más de 100.000 veces en YouTube.
Su madre siente hoy una mezcla de dolor, temor y confusión.
“No le voy a dar mas información por como están las cosas”, declaró en su departamento de un barrio peligroso de Veracruz, donde decenas de taxistas son informantes de los traficantes. “No quiero que le pase nada a mi familia, mis hijos, mi mamá”.
Escuchó que los marinos tienen el Mini Cooper de Brighitte. Pero no piensa investigar el asunto.
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En este despacho colaboraron los reporteros de AP, E. Eduardo Castillo, Olga R. Rodríguez, Michael Weissenstein (todos desde Ciudad de México) y Mark Stevenson (Michoacán).