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La reveladora furia de García y el proceso de cambio
Alejandro Almaraz
El pasado 22 de junio, un grupo de personas hicimos conocer a la ciudadanía el “Manifiesto por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”. Ese Manifiesto fue respondido por el vicepresidente Álvaro García Linera con un furioso libro de 168 páginas distribuido junto al periódico “Cambio” y titulado “El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo”.
En su respuesta, el Vicepresidente García pierde aplomo, seriedad y altura, y se prodiga en profusos insultos, descalificaciones personales alevosamente calumniosas, penosas incoherencias y viejas y nuevas mentiras. También pierde García, si alguna vez la tuvo, la habilidad polémica; dadas las pretensiones de ingenioso y ocurrente despliegue de erudición de su libro, podría esperarse un título un poco más imaginativo que ese parafraseo de Lenin tan trillado ya en las más pobres versiones de la izquierda setentista.
El desarrollo y desenlace final de la marcha indígena en defensa del TIPNIS, que ha convocado nuestra comprometida participación, nos obligó a postergar durante largos meses la publicación del presente documento. Esos mismos hechos bien podrían eximirnos de replicar al libro de García, pues han demostrado con dramática contundencia la profunda defección ética y política del Gobierno y su pleno alineamiento bajo los intereses del capital transnacional, argumento que sostenemos en el Manifiesto y que el Vicepresidente niega. Sin embargo, García concurre con su respuesta al debate político, que es nuestro más inmediato propósito, y tras sus falsedades e incoherencias, y en ellas mismas, revela nítidamente la actitud y la voluntad profundas de su Gobierno. Por eso creímos necesario responderle.
Un Vicepresidente oenegista en un Gobierno oenegista
El principal propósito de García es la descalificación personal de los firmantes del Manifiesto con el fácil y prejuicioso epíteto de “oenegistas”. Sabiendo perfectamente que gran parte de las autoridades de su Gobierno —incluyendo al núcleo del actual gabinete— provinieron de ONG, y con el simplismo propio de todo hombre crispado, García clasifica a las ONG como “buenas” y “malas” . Las buenas serían aquellas que “apoyan a las organizaciones sociales”, y las malas aquellas que “buscan suplantar el pensamiento y acción organizativa de los sectores populares indígenas y campesinos”. Se interpretaría, entonces, que las ONG a las que algunos firmantes del Manifiesto estamos vinculados son de las malas, y las otras, las que vincularon o vinculan a los miembros del Gobierno, son de las buenas. Resulta, sin embargo, que varias de estas instituciones, que García no quiere nombrar, reunieron no solo a algunos firmantes del Manifiesto, sino a varios ministros y altas autoridades de Gobierno actuales, y a él mismo.
García fue durante varios años no solo miembro de la asamblea de asociados del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sino su máxima autoridad institucional como Presidente de su Directorio. Desde esta función, ejercida hasta el mismo momento de asumir la candidatura vicepresidencial en el 2005, García aprobó el marco estratégico institucional del CEJIS, todos sus proyectos, convenios de financiamiento, planes anuales operativos, presupuestos, informes de gestión, balances financieros y, en general, todas las decisiones importantes de la institución, lo que implica, claro está, que García avaló con su firma el rol que la institución ha venido cumpliendo hasta el presente.
Por eso, salvo que García exceptúe específica y expresamente al CEJIS de sus descalificaciones, él es autor directo y principal de su carácter “ventrílocuo” que la hace “usar o comprar” a trabajadores e indígenas para sus “intereses particulares”, de que creara durante años “una relación prebendal y de neocolonización mental hacia diversas organizaciones sociales” y de las otras muchas execrables conductas que se explaya en denunciar (op. cit.: 10-11). Lo cierto es que, para García, el CEJIS que era una ONG buena cuando organizaba la presentación de sus libros, cuando le brindaba información especializada sobre la problemática agraria, o cuando le permitía nutrir al Gobierno de sus profesionales, se convirtió súbitamente en un temible monstruo al servicio del mal y del imperio en el momento en que decidió apoyar las demandas y movilizaciones de los sectores populares frente al Gobierno de Evo Morales. No obstante, el CEJIS y otras instituciones de similar función e identidad, hacen hoy lo que siempre hicieron: defender los derechos de los pueblos indígenas y otros sectores sociales populares y dar apoyo técnico a sus demandas y propuestas reivindicativas.
Pero además, si hay un grupo que podría caracterizarse de “oenegero”, por su larguísima, profunda y destacada pertenencia a las más importantes ONG del país, varias de las cuales hoy irritan a García, ese grupo es el que compone la parte más importante del actual Gabinete y de la conducción gubernamental. Pero nosotros, a diferencia de García, no manipulamos este hecho para descalificar a estas personas con epítetos fáciles y huecos, o acusándolas de “haber vivido de las ONG”. Preferimos debatir con ellas con honestidad y altura. Para terminar estos comentarios sobre el ridículo fantasma de las ONG que García ha desempolvado del arsenal retórico de los gobiernos neoliberales, que por lo visto guarda bien a mano, le hacemos una pregunta: ¿Las ONG ISBOL y FUNDABOL son de las buenas o de las malas? Suponemos que de las buenas, porque una de ellas hasta tenía oficina en el propio local de un Ministerio de reciente creación, muy vinculado a asuntos de especial interés oenegista.
“Valentía” y veracidad en García
Siempre en el deshonesto propósito de la descalificación personal, García miente cuando dice que varios de los firmantes del Manifiesto “tuvieron cargos de decisión” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que “ahora que no están en YPFB, es fácil exigir y reclamar” (op. cit.: 64). Esa afirmación es totalmente falsa, ninguno de los firmantes del documento fue jamás funcionario ni autoridad de YPFB. Igualmente, García nos acusa, a quienes fuimos parte del Gobierno, de que “ya fuera del gobierno, critican lo que antes hicieron, lo que antes les parecía bien cuando estaban adentro”(op. cit. : 9). Jamás ninguno de nosotros tuvo ni la más mínima participación en las decisiones que desvirtuaron la nacionalización de los hidrocarburos y frustraron la refundación efectiva de YPFB; ninguno de nosotros apoyó la inversión de las Reservas Internacionales en los bolsillos de la banca transnacional y el Tesoro de los Estados Unidos, ni fue partidario del dedazo presidencial para designar autoridades judiciales, ni respondió con la brutalidad policial y la calumnia alevosa a las movilizaciones populares; ninguno de nosotros respaldó la violación descarada de los derechos constitucionales indígenas, ni fue partícipe de todas las demás deplorables defecciones gubernamentales que señalamos en nuestro Manifiesto. En lo que García tiene razón es en que criticamos “lo que no quisimos hacer cuando tuvimos la posibilidad” (ibídem). Es cierto, no quisimos ni permitimos el loteamiento sindical y partidario de los cargos públicos y de las tierras fiscales a título de “sublevación de la plebe”; no fuimos parte de la prebendalización de la función pública, ni practicamos la obsecuencia servil a las jefaturas, ni el falaz y doble discurso.
En la misma línea, García no especifica quiénes son aquellos que “querían usufructuar patronalmente de los resultados de una insurrección victoriosa, sin haber movido un dedo para que esa insurrección acontezca”, o “los insurrectos de café que no hicieron nada ante la primera escaramuza del golpe de Estado de los comités cívicos y prefecturas derechistas en agosto-septiembre del 2008”, o los “consultores que preparaban afanosamente las maletas de fuga ante el avance territorial del golpe de Estado cívico-prefectural” (op. cit. : 142-143). Por nuestra parte, le recordamos a García que entre los firmantes del Manifiesto están quienes condujeron la movilización popular cochabambina durante la Guerra del Agua, quienes marcharon sobre Santa Cruz en septiembre de 2008 en primera línea, los que estuvieron personalmente en los puntos de bloqueo más próximos a esa ciudad en ese mismo momento, los que sufrieron brutales agresiones físicas por dar la cara y defender la Constituyente en Sucre, y los que afrontaron la agresión armada de los terratenientes en el Chaco.
Nosotros fuimos físicamente parte de esa movilización popular que ahora García nos cuenta con tono melodramático y que solo conoce por haberla visto en televisión y por lo que le contaron sus agentes de seguridad. Pero habrá que entenderlo, porque en aquellos momentos, García, “estratégicamente” apostado en el Palacio de Gobierno, siempre rodeado de sus nutridos equipos de seguridad armados hasta los dientes, era el valiente “comandante” de heroicas batallas telefónicas y de temerarios asaltos mediáticos que nos condujeron a la gloriosa victoria de la revolución continental, en todas sus etapas y categorías.
En todo caso, García fue siempre muy cumplidor al notificarnos, invariablemente por los teléfonos que le atendían sus varios custodios militares y policiales, que, lamentablemente, los que sufríamos las agresiones físicas de los “golpistas” no podíamos contar con la fuerza pública. Finalmente, si hay algo que nos exime de más palabras sobre la “valentía” e integridad moral de García, es la brutal represión policial lanzada por su Gobierno a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, y la posterior negación que él y Morales hicieron de toda responsabilidad al respecto.
Alegato antirracista y “teoría de la inmunidad étnico-sindical”
Otro argumento central de García, tediosamente repetido a lo largo de sus 168 páginas, es el mismo que usan, cada vez con mayor frecuencia, los voceros del oficialismo para responder a cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión en los órganos públicos: calificar de racista al interlocutor por atacar al “Gobierno de los movimientos sociales”, “a cargo de campesinos, indígenas y trabajadores”. Con el mismo criterio, García encuentra en nuestro Manifiesto “cierta dosis de señorialismo”, “cierto tufillo racista” y hasta “racismo desbocado”.
García es pues autor de lo que podría reconocerse como la teoría de la inmunidad étnico-sindical en la función pública y, con ello, más allá de la defensa coyuntural de su Gobierno, expresa lo más claro y substancial de su pensamiento político. Su razonamiento es tan simplista como perverso: para él, la revolución radica en que “un campesino se vuelve Presidente, un indígena se convierte en Ministro, Director o Senador, un obrero se vuelve Viceministro, Concejal o Alcalde”. “Esa es la revolución que hay, la que es posible objetivamente”, nos dice, pero no es poca cosa, porque así, “el orden hasta acá acatado de las cosas se vuelca, se pone de cabeza, y se reorganiza el mundo” (op. cit.: 124-125); y más aún: esta es nada menos que “la revolución política más importante del país y del continente en los últimos siglos”(op, cit.: 122).
Para García, lo que hagan los dirigentes sociales en el poder, u otros a su nombre, resulta claramente secundario. Muestra de ello es que la desastrosa gestión pública a cargo del oficialismo, cuya inercia, incapacidad y corrupción han contribuido en gran medida a la paralización y crisis del proceso y al severo debilitamiento del propio Gobierno, es para García “el dificultoso aprendizaje y los reiterados esfuerzos, retrocesos y nuevos avances de gestión, propios de un gobierno compuesto por personas de distinto origen social popular, que no fueron educadas como profesionales del poder, y que tienen que ir aprendiendo sobre la marcha”(op, cit .:9).
Esta tesis de García es errónea en su misma substancia conceptual. Pero además, carece de toda autenticidad, pues ni el Gobierno ni el propio García la asumen verdaderamente, y la usan, más bien, como demagógica cobertura discursiva para la reproducción de las tradicionales prácticas de envilecimiento y prebendalización de la función pública. García tiene el infame propósito de hacerle creer al pueblo boliviano que la gestión de su Gobierno es mala porque está a cargo de indígenas y personas de condición humilde, y que en esto consiste la “grandiosa” revolución que vivimos. Esta es una pretensión especialmente despreciable porque miente descalificando y subestimando la capacidad e inteligencia de la gran mayoría de los bolivianos de origen o condición indígena, y fomentando los sentimientos de inferioridad históricamente implantados en ellos por la dominación colonial, para darle inmunidad e impunidad a su Gobierno.
En la Bolivia de hoy, merced a las transformaciones sociales producidas hace más de medio siglo y al enorme esfuerzo que hace la gente por educar a sus hijos, existen muchos indígenas y personas de condición social humilde con altos niveles de profesionalización e importantes conocimientos y capacidades que bien podrían hacer una gestión pública, cuando menos, muy superior a la del oficialismo. Pero muy pocas de estas personas aportan sus capacidades al Estado boliviano, la gran mayoría lo hace en beneficio del sector privado, de otros países o, en muchos casos, estas potencialidades verdaderamente estratégicas se desperdician y frustran producto del desempleo y la falta de oportunidades. Estos valiosos recursos humanos no están fortaleciendo la gestión del “Gobierno de los movimientos sociales” simple y sencillamente porque en este Gobierno no se elige al indígena, campesino u hombre o mujer del pueblo para ocupar un cargo público de acuerdo con su capacidad para cumplir con el mismo, sino que se lo hace, predominantemente, en función a la distribución corporativa y prebendal de la administración pública entre grupos de interés anclados en las cúpulas sindicales y políticas. Entonces, el funcionario público, que bien podría ser indígena, no es el más idóneo ni ética ni técnicamente para el cargo, sino el que ha decidido o “avalado” algún jerarca político o sindical a título de “redención de la historia”, como pago de su obsecuencia con el Gobierno y frecuentemente a cambio de “diezmos” que el aportante obligado tendrá que rembolsarse cobrando coimas.
Este sistema burocrático abyecto, que envilece la función pública usando el nombre y el rostro de los indígenas y los humildes, es el aplastante lastre que mantiene la administración del Estado sepultada en la inoperancia, la insensibilidad y la corrupción. Y no tiene nada de nuevo ni de revolucionario. Su origen histórico y su lógica de implacable desprecio por la gente son típicamente coloniales, pero fueron el MNR decadente y su saga militar quienes más profunda y ampliamente lo implantaron en todas las estructuras estatales, en el sistema político y en la propia mentalidad del sindicalismo servil. Ya ellos, los caciques del MNR y después el general Barrientos, hace medio siglo, presumían de “revolucionarios” mostrando entre sus correligionarios a ministros, parlamentarios y alcaldes campesinos, indígenas y obreros; Barrientos lo hacía también recorriendo todo el país en su helicóptero, regalando pelotas de fútbol y pronunciando encendidos discursos revolucionarios en un fluido quechua. Por cierto, esto último no le vendría mal al presidente Morales, dado el particular estilo de Gobierno que ha adoptado. A García no se lo recomendamos, porque sabemos que sus exhaustivos estudios de la realidad indígena le han impedido aprender algún idioma nativo.
¿Dónde están los “profesionales del poder”?
Las autoridades de condición indígena, campesina y obrera que menciona García como prueba de “revolución”, al igual que las que incorporaban los gobiernos del pasado, no son parte del núcleo de poder en el Gobierno, por el contrario, su peso en las decisiones principales es escaso o nulo. Hasta donde sabemos, ni las ministras Achacollo y Copa, ni el ministro Santalla, tuvieron o tienen mucho que ver en la política monetaria o de inversión pública, en la estrategia de hidrocarburos, en la intervención del poder judicial, en la definición de acuerdos globales con Brasil, o siquiera en la negociación y elaboración de la Ley de Revolución Productiva, pese a corresponder al área del desarrollo rural. No son estos ministros ni otras autoridades indígenas o campesinas, ni siquiera el Canciller Choquehuanca, y mucho menos la dirigencia de los movimientos sociales, quienes componen el núcleo íntimo de poder con el que el presidente Morales trata cotidianamente los asuntos estratégicos de la administración estatal.
Quienes componen ese estrecho núcleo concentrador de las decisiones del “Gobierno de los movimientos sociales” son unos muy pocos profesionales del poder —para usar los términos de García—, muy criollos ellos, de clase media acomodada y de significativas trayectorias en la academia, las ONG o la administración estatal en la etapa neoliberal. El propio García es un exponente representativo de esta nueva cúpula estatal: educado en el mejor colegio privado de Cochabamba, profesionalizado en una buena universidad del exterior, acogido y muy bien tratado por los círculos académicos, las ONG, las grandes cadenas mediáticas, y hasta por el mundo del modelaje y la farándula. Con esta trayectoria, ¿querrá García ser considerado como un “intelectual orgánico” de la clase obrera y el movimiento indígena y no como un “profesional del poder”?
Los otros integrantes de la cúpula de poder en el Gobierno de Morales tienen trayectorias e identidades sociales y políticas básicamente iguales, con la diferencia de que mientras unos se pasaron la vida en las ONG que tanto fustiga García, otros lo hicieron administrando diligentemente el modelo neoliberal. ¿Habrá alguien al que pueda considerarse más “profesional del poder” que el ministro Arce Catacora, que ni bien salió de la universidad, donde tenía la militancia izquierdista común en aquellos tiempos, inició una larga carrera en el Banco Central, llegando a ser funcionario jerárquico durante la mayor parte del periodo neoliberal? En el “Gobierno de los movimientos sociales” son estos “profesionales del poder” los que se sientan con Evo Morales a la mesa de las decisiones importantes. Los otros, acomodados más allá, en la periferia del poder, ofrecen sus rostros indígenas y populares para legitimarlas, y sus nombres para que García demuestre la “revolución” y atribuya a su falta de educación las deficiencias de una gestión gubernamental desastrosa y deplorable, de la que en realidad son principales responsables Evo Morales y su núcleo de “profesionales del poder”, capitaneados por García.
Pero la torpe doblez con que García emplea el recurso de la imputación de racismo va más allá todavía. Pretende mostrar que nuestro Manifiesto es un desleal ataque de un grupo de “resentidos” intelectuales “oenegistas” al “Gobierno de los movimientos sociales”, de los indígenas y campesinos. Oculta García el hecho de que ese Manifiesto fue elaborado y suscrito por meritorios líderes y luchadores indígenas, obreros y campesinos como Rafael Quispe, Oscar Olivera, Ernesto Sánchez, Moisés Torrez, Julia Chambi o Pablo Mamani, entre varios otros, quienes tuvieron una participación mucho más activa, decidida e importante que la suya en las luchas sociales que abrieron el proceso de cambio. Ellos, si bien plantean sus críticas respecto de la globalidad de la gestión del Gobierno que se dice “de los movimientos sociales”, precisamente por no serlo, en particular las dirigen a los responsables principales y directos de esa gestión: Morales, García y su estrecho núcleo gobernante de criollísimos profesionales del poder.
Ante los cuestionamientos y críticas de esos luchadores sociales que no presumen de infalibilidad o superioridad por su condición indígena o popular, García responde con su larguísimo alegato de insultos y descalificaciones. Desde su propio razonamiento que inmuniza su gestión de gobierno respecto de la crítica, a título de expresar la gloriosa “sublevación de la plebe”, su libro tiene de racismo no solo un “tufillo”, sino una pesada pestilencia. Es verdaderamente insólito que quien tacha de racistas a todos sus detractores, incluidos muchos líderes indígenas y campesinos, sea el Vicepresidente del único Gobierno de la historia que ha reprimido con brutalidad criminal una marcha pacífica de indígenas que reclamaban por la flagrante violación de sus derechos constitucionales, cometida por ese mismo “Gobierno de los movimientos sociales”.
Nosotros creemos que es indudablemente necesaria la amplia y decisiva participación de los sectores sociales históricamente oprimidos y excluidos en la administración del Estado, en un proceso de transformación estructural de este y emancipación integral de aquellos, como es la misión histórica del proceso que vivimos. Sin embargo, para que esa presencia popular en el aparato del Estado adquiera sentido y trascendencia transformadores en la perspectiva democrática y emancipatoria que demandan del proceso las mayorías nacionales, son imprescindibles por lo menos dos condiciones. Para empezar, ese acceso a la gestión estatal debe producirse por los conductos y procedimientos de una nueva institucionalidad pública fundada en los valores y normas que se asuman como sustento ético del nuevo Estado, y no reproduciendo los que caracterizaron al corrupto y prebendal Estado oligárquico y colonial. Luego, y con importancia fundamental, la labor de esos nuevos funcionarios públicos de condición popular, como la del Estado en su conjunto, debe estar eficazmente enmarcada en los lineamientos estratégicos y objetivos programáticos de la transformación social y estatal.
Si estas condiciones no se cumplen, aquella presencia popular en la función pública, que por sí sola podría considerarse como un avance democrático, derivará, como ha ocurrido ya ampliamente en el pasado, en su asimilación y funcionalización a las tradicionales lógicas y propósitos con los que se ha administrado el Estado boliviano contra la gran mayoría de los bolivianos, perdiendo todo sentido transformador. Peor aún, si la presencia estatal de los pobres, carente de aquellas condiciones que la proyectan a las transformaciones histórico-sociales, es presentada, como lo hace García, como el meollo de una gigantesca revolución de alcances insuperados en toda la historia del continente, tendrá además el perverso efecto regresivo de renovar y reforzar la discriminación racial, el desprecio étnico, los sentimientos de inferioridad implantados por la colonialidad y, en suma, desfogar, sobre la identidad y el proyecto de los indígenas y los pobres, el peso política y moralmente devastador de una nueva y profunda frustración nacional.
Es a esta última y nefasta perspectiva a la que nos encaminan los actos del Gobierno autodenominado “de los movimientos sociales”, de rostros y nombres indígenas, pero de pensamiento y voluntad conservadora, tecnocrática y desarrollista. Es pues en este Gobierno, y en la gestión de una ministra campesina en el Ministerio de Desarrollo Rural, que el poderoso empresariado soyero ha logrado su ansiado sueño de darle rango de ley a la autorización que tímida y débilmente les diera Banzer para producir y comercializar soya transgénica. Es en este mismo Gobierno encabezado por un campesino que, con su expreso respaldo y el patrocinio de la cúpula sindical campesina, se pretende reformar la legislación agraria surgida de décadas de luchas indígenas y campesinas, para revertir la distribución comunitaria de la tierra y entregarla al mercado. Es en este Gobierno que importantes autoridades de procedencia popular y sindical incurren en los mismos actos de corrupción que cometían sus oligarcas predecesores en la administración pública, para luego beneficiarse con los mismos premios e idéntica impunidad.
El proceso de cambio del que hablamos
Otra línea argumental del libro de García es atribuirnos lo que no decimos. Como es tan común en los polemistas de pobres razones, García quiere que seamos y digamos lo que él escasamente puede rebatir. Así es que nos atribuye haber dicho que en el país “nada ha cambiado” (op. cit.: 12). Esta es otra mentira. Lo que afirmamos en nuestro Manifiesto es que hoy, a casi seis años de gobierno de Evo Morales, la gran mayoría del pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre, y que pareciera que a los que mejor les ha ido, es a los que siempre les fue bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. Nos ratificamos plenamente en ello, y lo que tendría que hacer García, si su intención fuera debatir con honestidad, sería aceptarlo o negarlo, y no endilgarnos otra afirmación para eludir su posición frente a lo que realmente hemos dicho.
Mal podríamos afirmar que en el país “nada cambió”, si desde el mismo título de nuestro Manifiesto reconocemos la histórica apertura de un proceso de cambio y llamamos a recuperarlo desde la iniciativa y la movilización social. Sin embargo, nuestra comprensión de dicho proceso es profundamente distinta a la de García y del Gobierno. Para ellos, el proceso de cambio es, lisa y llanamente, lo mismo que el Gobierno de Evo Morales; para ellos, proceso y Gobierno de Morales son sinónimos perfectos. Así de simplista y propagandística es su visión del proceso histórico del país. Para nosotros, en cambio, el proceso es la proyección y expresión estatal de la emergencia indígena, campesina y popular producida en las últimas décadas, contra las viejas estructuras de la dominación colonial y las recientes del modelo neoliberal. Esta expresión estatal, si bien ha quedado restringida al ámbito de la formalidad jurídica en los casos de mayor relevancia global, tiene la extraordinaria significación histórica de definir, desde el propio seno de la institucionalidad estatal, el carácter de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Este es particularmente el sentido de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que, recogiendo las aspiraciones, demandas y proyectos de las mayorías nacionales, ha proclamado el carácter plurinacional, comunitario y autonómico del Estado boliviano y ha definido el modelo social-comunitario como principal orientación en organización económica de la sociedad boliviana.
En todo caso, y ya prevenidos de la repentina y notable devoción jurídica de García, esa que le hace creer que porque un Decreto Supremo dice que los hidrocarburos son de propiedad del Estado efectivamente lo son, cabe añadir que, como ha sido propio de la escisión entre la ley y la realidad a lo largo de toda nuestra historia, no porque la CPE preceptúe el carácter plurinacional del Estado, este lo habrá adquirido en la realidad concreta. Para que esto último ocurra, son necesarios los resueltos impulsos trasformadores de las estructuras estatales a los que el Gobierno ha renunciado. Y siempre en el ánimo de prevenir las audaces distorsiones con las que García pretende servirse de la realidad, esta vez las de simple carácter propagandístico, es necesario destacar que las realizaciones estatales en las que el proceso de cambio tiene su expresión y, a la vez, la apertura de su perspectiva transformadora del conjunto de las estructuras sociales y políticas, no son, en lo principal, obra del Gobierno de Evo Morales o del MAS. Son más bien el resultado directo de la ofensiva social y política del emergente movimiento indígena y campesino que, articulado a la movilización de los otros sectores populares, fue capaz, primero, de resistir y derrotar el modelo neoliberal derrocando y expulsando a sus exponentes, instalar democráticamente en el Gobierno —con un claro mandato de transformación revolucionaria— a quienes creyó sus representantes y, por último, concebir un nuevo Estado y una nueva sociedad y establecerlos como razón y carácter del Estado boliviano.
Algunas de estas realizaciones, en los momentos de mayor vigor en la incidencia autónoma de las organizaciones populares emergentes sobre el poder político, se produjeron con la participación, generalmente débil y vacilante, del Gobierno de Evo Morales. Pero varias otras, se produjeron sin esa participación y aun contra ella. Este último es el caso de varios contenidos de la nueva CPE, fundamentales para definir el sentido de los cambios en el país, como el carácter comunitario de la distribución y redistribución de la tierra, o la representación política directa de los pueblos indígenas en las estructuras de los poderes públicos. Tan evidente fue la adversidad gubernamental a varias demandas e iniciativas de las organizaciones sociales-populares en el proceso constituyente que, cuando pudieron, aprovechando el desenlace crítico del mismo, las desplazaron del texto constitucional en acuerdo con la derecha parlamentaria. Y en el caso de las que no pudieron eliminar en Oruro, en el edificio de la Lotería Nacional o en el Senado en La Paz, por mucho que quisieran y la derecha empresarial se los pidiera, han optado por el viejísimo y simple recurso del poder político oligárquico: violar la Constitución e ignorarlas en los hechos, como viene ocurriendo con buena parte de los derechos constitucionales indígenas.
“El Estado no debe ni puede perder ante nadie”
En su libro, García hace una vehemente defensa de la reforma del Órgano Judicial en curso, cuyo encendido entusiasmo lo lleva a la clara confesión de su carácter autoritario y su propósito de subordinación de la administración de justicia. En la ya señalada línea argumentativa de atribuir al contendor la posición con la que él quisiera debatir, responde a las denuncias hechas en nuestro Manifiesto atribuyéndonos el criterio de que la justicia loteada por los partidos tradicionales sería independencia de poderes.
Jamás hemos afirmado lo que García quiere hacernos decir. Todo lo contrario, la históricamente invariable servidumbre de la administración de justicia respecto a los intereses del poder económico y político ha sido siempre una expresión estructural de las profundas injusticias sociales en nuestro país, y una fundamental e insalvable negación de toda posibilidad democrática para el Estado boliviano. Por este convencimiento básico, hemos aportado a la redefinición normativa e institucional del sistema judicial que establece la nueva CPE, y consideramos su correcta aplicación como uno de los más indispensables y urgentes objetivos del proceso de cambio. Seguimos pensando que sin un sistema de justicia indisolublemente identificado con la sociedad boliviana y profundamente imbuido de sus valores y de su diversa identidad cultural, independiente del poder económico y político, transparente y eficaz, no es posible la transformación del Estado boliviano en el horizonte democrático, plurinacional y social de derecho proclamado en la misma Constitución.
Al producirse la reelección de Evo Morales y Álvaro García en diciembre de 2009, expresándose un abrumador respaldo ciudadano al proceso de cambio y constituyéndose la holgada mayoría legislativa del MAS, el Gobierno dispuso de inmejorables condiciones para desarrollar la reforma democrática del sistema judicial en el sentido que señalamos y cumpliendo el mandato de la nueva CPE. En ese renovado contexto de extraordinarias oportunidades políticas e institucionales, el Gobierno podía, como proclama García, “desmontar el sistema patrimonialista de justicia” y “construir un nuevo sistema judicial transparente y al servicio de la sociedad” (op. cit.: 117). La condición fundamental para hacerlo era renunciar, desde el centro del poder, a la tradicional subordinación del sistema judicial; respetar los preceptos constitucionales que sustentan la independiente y transparente administración de justicia; normar y ejecutar el proceso de selección y elección de nuevos magistrados en el propósito de poner la justicia en las manos ética y técnicamente más idóneas y libres de designios y condicionamientos políticos o corporativos. De haberse procedido así, se habría dado inobjetable aplicación a la nueva CPE, se habría ganado una amplia confianza ciudadana en favor de la reforma judicial, y se tendría hoy autoridades judiciales si no perfectas y químicamente puras en su independencia respecto de intereses sociales y políticos, enormemente más idóneas, independientes y confiables que las surgidas de los viejos y nuevos “loteos” de la administración judicial.
Pero en lugar de ello, el Gobierno de Morales y García optó por desmontar el viejo sistema judicial loteado por la oligarquía, para montar el suyo, tan patrimonialista, servil y excluyente como aquel. En ese propósito, incumplió, distorsionó y violó la CPE, grave y reiteradamente. Empezó vulnerando frontalmente el principio de la independencia de poderes con el aberrante dedazo imperial para designar a las autoridades judiciales provisionales; luego, organizó y ejecutó un proceso de selección de postulantes plagado de arbitrariedades e irregularidades que cumplió el cometido de excluir a los que, al margen de su calidad ética y profesional, no gozaran de la confianza del Gobierno y de su partido, y remató con la imposición de la consigna partidaria, tan grotesca y prepotente, que ahorrándose razones y argumentos, siempre tan difíciles para la mayoría oficialista, descendió a instruir el voto legislativo con las pedagógicas papeletas de la vergüenza. Es debido a su clara percepción de este embuste que la ciudadanía ha expresado su categórico rechazo, como queda indudablemente claro en el triunfo electoral de los votos nulos y blancos, e incluso de los nulos solos, sobre los válidos. Pero el Gobierno hace mucho que se ha desconectado de la realidad y de la voluntad del pueblo, y no es extraño que para negar la humillante derrota que supone esperar, con triunfalista proclamación, el 70 por ciento de los votos y obtener solo el 40 por ciento, encuentre pueriles explicaciones técnicas, o simplemente persista en su línea habitual de subestimación de la gente, tachándola de incapaz para comprender las particularidades operativas de la elección.
Tan evidente es la violación del principio constitucional y democrático de la independencia de poderes en la reforma judicial ejecutada por el Gobierno que, para justificarla, García se ve obligado a confesarla. Así, luego de dirigirnos interminables insultos por defender la independencia de poderes, dice que esta “es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno” (op. cit.: 117-118). Esto es lo que García y Morales —por elementad honestidad— debieron decirle claramente a toda la ciudadanía cuando postulaban su reforma judicial. Pero además, y en un muy particular y sugerente desarrollo teórico, García argumenta que “la justicia en la mayor parte de los Estados es independiente del pueblo y dependiente del dinero y de la propiedad, y lo que nosotros queremos, y estamos construyendo, es lo contrario, es decir, que la justicia sea dependiente del pueblo, dependiente de los intereses comunes de todos los bolivianos, e independiente del dinero y de la propiedad” (op. cit.: 117). Siguiendo el razonamiento de García, habrá que asumir que ese conglomerado social tan amplio y heterogéneo que se designa con el término de “pueblo”, no tiene nada que ver con el “dinero y la propiedad”, al igual que los intereses comunes de los bolivianos. Pero García va más allá y hace esta afirmación digna de Mussolini: “En esta etapa de transición lo que predomina es la lógica de que el pueblo trabajador, el Estado, como síntesis del interés común, no puede ni debe perder ante nadie, y que la defensa del patrimonio público está por encima de la defensa del interés privado o personal” (op. cit.: 117). Por supuesto, se debe recordar que para García se ha consumado ya en el país una gigantesca revolución de alcances continentales, por lo que se tendrá que asumir que todas las contradicciones existentes en la sociedad boliviana, y los contenidos de clase y de casta del Estado boliviano, se han superado en favor de los sectores oprimidos, y el Estado se ha convertido en “el pueblo trabajador” y en “la síntesis del interés común”.
Si es así como se piensa, lo elementalmente honesto y coherente, en vez de ofrecer democracia plural y amplios derechos ciudadanos, es postular, abiertamente, la constitución de un Estado autoritario, como los del socialismo real o del fascismo en su múltiples variantes históricas, en los que se supriman aquellos intereses sectoriales o corporativos susceptibles de generar contradicción con los del “pueblo convertido en Estado”. Pero aun en los Estados autoritarios se comprendería que el Estado tiene expresiones institucionales concretas que, necesaria e inevitablemente, y no obstante ser personas de derecho público, sostienen relaciones jurídicas de derecho privado con otras personas. Luego, estas relaciones jurídicas, como es común a todas ellas, son siempre susceptibles de caer en controversia y conflicto, por muy maravilloso y revolucionario que sea el Estado en cuestión, y siendo, además, que las personas de carne y hueso que toman decisiones y actúan por las entidades estatales, probablemente no sean siempre la mismísima encarnación de Tupak Katari o Robespierre, y puedan lesionar los legítimos derechos de otras personas o del conjunto de la sociedad cometiendo errores y latrocinios, como contratar la construcción de carreteras con fraudulentos sobreprecios o destruir valiosos activos de empresas públicas por incompetencia. En estos casos, siempre previsibles, con la sentencia de García, en verdad más polpotiana que mussoliniana, de que “el Estado no puede ni debe perder ante nadie”, queda plenamente garantizada la impunidad y la discrecionalidad de los burócratas corruptos, abusivos e incapaces, y el desamparo de todos los demás. Así, queda también claro lo que traerán a la administración de justicia los magistrados elegidos por Morales, García y los jerarcas del oficialismo. Por nuestra parte, rechazamos tan oscuro y amenazante amasijo teórico, mezcla del pensamiento fascista con las tesis estalinistas y la vieja educación cívica escolar, y, sin lugar a dudas, preferimos la “ingenuidad liberal” de considerar la independencia de poderes como una norma de necesidad básica para construir, en el marco de la democracia plural del Estado Plurinacional, una veraz institucionalidad democrática en el sistema de justicia.
Algo más: proclamando los logros de la transición revolucionaria en el sistema judicial, siempre en la tónica de su emocionado optimismo, García dice que “los que se creían inmunes a la justicia para asaltar el erario público, que estaban acorazados frente a las investigaciones de los malos usos del patrimonio estatal, están yendo a los juzgados como cualquier ciudadano más” (op. cit.: 116). Este es un engaño tan grande como su teorización revolucionaria. Es probable que algunos de los antiguos inmunes deban ahora encarar a la justicia, pero no porque se esté liquidando la impunidad y la servidumbre de la administración de justicia, sino porque ahora sus beneficiarios son otros. En efecto, algunos de los jerarcas corruptos de la vieja partidocracia tradicional que no han alcanzado a reacomodarse en el nuevo aparato de poder, han caído en la desgracia del desprotegido juicio, pero, en cambio, los que no “están yendo a los juzgados como un ciudadano más”, pese a que los casos de corrupción que los implican son tan graves como los que pesan sobre los primeros, son los jerarcas del nuevo poder político encumbrado en el “Gobierno de los movimientos sociales”.
Así, solo a manera de ejemplo, resulta que el señor Jorge Ledezma, exprefecto de Cochabamba designado por Evo Morales, “no está yendo a los juzgados” a responder por malos manejos idénticos a los que han derivado en el enjuiciamiento de Manfred Reyes Villa, puestos en conocimiento del Ministerio Público por la propia Gobernación de Cochabamba hace aproximadamente un año. Por el contrario, Ledezma ha recibido el honroso reconocimiento de ser designado como embajador en el Perú. Tampoco “está yendo a los juzgados” la ministra Nemecia Achacollo, a responder por el cúmulo de extorsiones y falsificaciones de documentos públicos agrarios cometidas a su nombre y, según serios indicios, en su beneficio, por una banda delincuencial encabezada por su estrecho asesor, que alternaba estos delitos con la estafa a los municipios rurales cruceños a cargo del MAS en la ejecución de los proyectos “Evo Cumple”. Curiosamente, hace varios meses que se relevó al fiscal asignado al caso y no se nombró otro, por lo que la investigación está congelada y olvidada.
Ni qué decir de Marcelo Zurita, sobrino de Leonilda Zurita, que, habiendo sido implicado en gravísimos hechos de corrupción con los recursos del Plan Nacional de Vivienda Social hace ya aproximadamente cuatro años, y siendo desde entonces tales hechos de conocimiento de la Ministra Anticorrupción y de los sucesivos ministros de Obras Públicas, los mismos que han anunciado reiteradamente un pronunciamiento que jamás han hecho, tampoco “está yendo a los juzgados”. También él, contrariamente, ha gozado del renovado aprecio y confianza presidencial, expresados en su nombramiento como principal responsable del Programa “Evo Cumple”. En todos estos tan “auspiciosos” resultados de la nueva justicia, la de la “transición revolucionaria”, al igual que en el de los delictivos sobreprecios en los contratos de construcción de carreteras suscritos con la brasileña OAS, esperamos ver si el Estado no “deberá” ni “podrá” perder.
En conclusión, lo que el Gobierno de Morales y García está haciendo con la reforma del sistema judicial es, efectivamente, desmontar el particular aparato establecido y loteado por la antigua partidocracia oligárquica, pero no para abolir la subordinación y la servidumbre de la administración de justicia respecto de los intereses del poder, como demanda el pueblo boliviano y es mandato constitucional, sino para montar su propio aparato, tan servil y subordinado como el anterior, y brindar los mismos privilegios de impunidad y prevaricación a las nuevas élites que encumbra con los actos de su defección moral. La agravante está en que esta perfecta reproducción del viejo envilecimiento de la justicia se hace al nombre legitimador de la “revolución”, del pueblo y del proceso de cambio.
La singular “nacionalización” de García
Sobre el fundamental tema de la nacionalización de los hidrocarburos, el libro de García tiene la especial importancia de revelar que el Gobierno la ha incumplido porque, en realidad, la ha descartado. En efecto, García sostiene que la producción hidrocarburífera tiene tres componentes: las riquezas naturales hidrocarburíferas, el excedente o ganancia de su explotación y, por último, “la infraestructura extractiva de los hidrocarburos, las máquinas, las herramientas, los taladros con los que se extraen, etc.”. A continuación, dice que “de esos tres componentes, los dos primeros son los que definen si un recurso material está en manos privadas o en manos del Estado. Ellos constituyen la columna vertebral de cualquier nacionalización de los hidrocarburos en el mundo, y la garantía del control soberano del Estado sobre sus materias primas” (op. cit.: 32-33). Aún más, García afirma que en la Rusia soviética, en Cuba o en Bolivia con las primeras nacionalizaciones, la soberanía estatal se asienta en la nacionalización de esos dos componentes (op. cit.: 33).
Nos llena de vergüenza e indignación que el Vicepresidente de nuestro país haga gala de tanta ignorancia, con tanta soltura y desparpajo, pero, aun así, avergonzados e indignados, celebramos que desemboce su oposición a la nacionalización de los hidrocarburos. En la segmentación de la producción hidrocarburífera que propone García, corresponden al relegado y desvalorizado tercer componente nada menos que las estructuras productivas que permiten extraer los hidrocarburos de sus yacimientos naturales y convertirlos en riqueza, ganancias y excedente. Estas estructuras productivas no son solo “máquinas y taladros”, como dice García con un simplismo deplorable, sino que, además de los costosos bienes de capital, implican conocimiento científico especializado, generación y aplicación de alta tecnología, mano de obra calificada, organización productiva y capacidad gerencial, todo articulado y desplegado bajo una estrategia productiva de mediano y largo plazo. Estas estructuras productivas son centralmente las empresas, y constituyen el único medio de apropiación material de los recursos hidrocarburíferos.
Ante la ignorancia displicente con que García conceptualiza esas estructuras productivas, es comprensible que se pregunte qué es esa “apropiación material” que reclamamos en nuestro Manifiesto. Exactamente al contrario de lo que García sostiene, todos los países del mundo que se han propuesto ejercer soberanía efectiva sobre sus hidrocarburos, han considerado insuficiente la proclamación jurídica de la propiedad estatal sobre las reservas y la percepción de ganancias generadas por su explotación, y han optado por centrar sus estrategias de apropiación nacional en la conformación y funcionamiento de empresas estatales que les permitan adquirir un control pleno, directo y autónomo del proceso productivo, es decir, apropiarse del recurso natural materialmente. Exactamente en dirección contraria a lo que afirma García, salvo algunos fallidos casos africanos, ninguna otra experiencia de nacionalización en el mundo ha dejado de sustentarse centralmente en la creación y desarrollo de las empresas estatales.
Ocurre entonces que casi todos los Estados del mundo que han asumido la necesidad de nacionalizar sus hidrocarburos o de ejercer soberanía efectiva sobre su producción, han razonado a la inversa de García y del neoliberalismo. Para empezar, la definición legal de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos no es, como parece creerlo el entusiasta García, ninguna novedad revolucionaria ni resultado de nacionalización alguna, ni en Bolivia ni en los otros países que nacionalizaron sus hidrocarburos o sus minerales. Es una muy antigua expresión de la concepción regalista y dominal de los recursos del subsuelo que caracteriza a la amplísima tradición jurídica continental en contraposición a la tradición anglosajona, regida más bien por el sistema de la accesión . Por eso es que, desde hace varios siglos, en los muchos Estados tributarios de esta tradición jurídica, Bolivia entre ellos, la ley establece invariablemente que los yacimientos de minerales e hidrocarburos son de propiedad del Estado. Por eso mismo, por muy aperturistas o liberales que hayan sido o sean las políticas de esos Estados, no se concede jamás la propiedad formal de esos recursos a los particulares, sino que se los concesiona bajo condiciones determinadas y con la posibilidad de recuperar su dominio efectivo. Tal vez recuerde García que la propia Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada empezaba estableciendo, con absoluta claridad, que los hidrocarburos eran de propiedad inalienable del Estado boliviano. Sin embargo, cuando los Estados legalmente propietarios de los yacimientos hidrocarburíferos y minerales de sus respectivos territorios no ejercen ese derecho explotando por sí mismos esos recursos, la efectividad del mismo se restringe a la percepción de una renta, con distintas modalidades y denominaciones posibles, producida por la explotación de los recursos que necesariamente quedará a cargo de actores privados, y, adicionalmente, a ejercer algún grado de fiscalización y control sobre estos.
En el caso de los hidrocarburos, la uniforme experiencia internacional nos muestra que los actores privados que concentraron su explotación a escala mundial fueron las empresas transnacionales, así constituidas en uno de los núcleos más fuertes y agresivos del capital. Esa experiencia nos muestra también que esas empresas, muy lejos de ser el buen socio que trae sus taladros o el inofensivo pintor de brocha gorda que le pinta la casa a García (op. cit.: 35), capturaron el control unilateral y discrecional de los respectivos procesos productivos y, por esa vía, se apropiaron de hecho de los recursos mismos. De este modo, las transnacionales obtuvieron inmensas ganancias ilegítimas de la explotación a su cargo, en grave detrimento de la renta adeudada a los Estados dueños de los recursos, sometieron globalmente la industria hidrucarburífera a sus estrategias e intereses monopólicos, normalmente contradictorios con los de los países en los que operaban y, por último, utilizaron su poderío económico y político para someter a los Estados a la dependencia que garantizaba la reproducción de su poder y sus ganancias. Esta captura generalizada de los recursos hidrocarburíferos por parte del capital transnacional, independientemente de la vulnerabilidad política de los Estados, especialmente del tercer mundo, fue posible por el posicionamiento y dominio unilateral de esas empresas transnacionales sobre el proceso productivo, sin que las contrapartes estatales tengan la capacidad técnica y operativa que les permita sustituirlas o controlarlas efectivamente.
Ante esta realidad, tan conocida como dramática en la historia mundial, ninguno de los Estados sometidos y expoliados por las transnacionales petroleras razonó como lo hace García, y consideró “tener en sus manos” sus hidrocarburos, o los dio por bien “nacionalizados”, por el hecho de gozar de la propiedad legalmente establecida sobre los mismos, o por participar de su renta, elementos que además, como se ha visto, siempre estuvieron vigentes. Por el contrario, fue unánime la percepción de que si se carecía de la capacidad propia e independiente de producir y convertir en riqueza esos sus recursos naturales, la propiedad estatal de los mismos quedaba reducida a la ficción de la formalidad jurídica, mientras que su propiedad real y fáctica, en tanto amplia capacidad de disponer y disfrutar, quedaba en las manos ajenas de las transnacionales. En esas condiciones, la propia participación de esos Estados en la renta petrolera quedaba supeditada y, normalmente, ilegítimamente disminuida por el incontrolado manejo unilateral que las transnacionales hacían del proceso productivo. Consecuentemente, todos aquellos Estados asumieron el objetivo nacional de ejercer plenamente su soberanía sobre la producción de sus hidrocarburos y, para ello, centraron sus acciones en la creación y desarrollo de empresas estatales que les permitieran la producción propia de esos recursos y, consiguientemente, su apropiación material. Todos optaron por lo que para García es “la modalidad movimientista de nacionalización” (op. cit.: 37). A este contexto histórico y a esta finalidad corresponden todas las nacionalizaciones, y todas ellas han tenido como su componente central la adquisición o construcción de las empresas estatales del sector. Solo mediante las empresas estatales, aquellos Estados podrían garantizar sosteniblemente la apropiación de la renta petrolera, conservar e intervenir sus reservorios hidrocarburíferos de acuerdo con su propio interés, incidir autónomamente en el mercado internacional y articular su producción hidrocarburífera al desarrollo de su economía nacional. En síntesis, solo así podrían concebir y desarrollar una estrategia nacional para el aprovechamiento soberano de sus hidrocarburos.
Es importante advertir que el surgimiento de las empresas estatales de los hidrocarburos, en muchos casos de gran relevancia histórica, permitió a sus respectivos Estados sustituir a las empresas transnacionales en el proceso productivo y, consiguientemente, lograr la apropiación total de la renta hidrocarburífera. En otros, esos emprendimientos tuvieron una importancia decisiva para modificar substancialmente las relaciones con las mismas empresas transnacionales, mediante acuerdos cuyo carácter asociativo y ya no concesional, limitaba el dominio discrecional de estas y otorgaba a las empresas estatales márgenes variables de control con los que podían subordinar o alinear los respectivos procesos productivos a sus propias estrategias. Esta última situación tuvo gran relevancia durante el fuerte impulso aperturista y privatizador del neoliberalismo, pues permitió que, en la gran mayoría de los países productores de hidrocarburos —Bolivia fue una de las desdichadas excepciones—, la apertura del sector a la inversión privada no determinara la privatización de las empresas estatales, sino que pudiera canalizarse por medios contractuales asociativos que permitían, en algún grado, la intervención y el control de las empresas públicas sobre las operaciones productivas. Dicho interés se mantiene en importante medida, ante la actual necesidad de muchos países productores —Bolivia entre ellos— de acceder a mayor capital y a la tecnología de punta que dominan concentradamente las transnacionales.
En todo caso, la historia y la realidad enseñan que esas relaciones contractuales asociativas pueden recaer subrepticiamente en el tradicional sentido concesional que derivaba en el control unilateral de las transnacionales. Para que ocurra aquello, o que la empresa estatal logre imponer su control y el interés nacional, será decisivo, nuevamente, el grado de involucramiento real de esta en el proceso productivo. A su vez, este involucramiento estará determinado, por un lado, por las atribuciones derivadas del marco normativo legal y convencional. En este sentido, será fundamental el otorgamiento del rol de operador, el mismo que consiste en la atribución de ejecutar el conjunto de acciones y procedimientos materiales que constituyen el proceso productivo y son objeto de la respectiva relación jurídica. El operador es el productor en sentido estricto. Es bien sabido en los círculos especializados en la materia que el rol de operador supone, para quien lo ejerce, la decisiva ventaja de dominar la amplia y compleja materialidad del proceso productivo y, consiguientemente, adquirir pleno y pormenorizado conocimiento de la misma. A partir de esta privilegiada situación, el operador tendrá salvaguardados sus intereses y, adicionalmente podrá, como ha sido una práctica común a las empresas transnacionales, obtener grandes ventajas ilegítimas y subrepticias, aprovechando las múltiples oportunidades que ofrece para ello el unilateral manejo operativo de un proceso técnicamente tan complejo y de tan poca visibilidad como el de la producción de hidrocarburos.
La contraparte asociativa del operador solo podrá equilibrar el poder de este ejerciendo un riguroso control operativo, para lo cual requerirá, indispensablemente, de atribuciones suficientemente amplias y específicas y, a la vez, la suficiente capacidad técnica y operativa para ejercerlas efectivamente. Así, el involucramiento en el proceso productivo resulta también determinado por la capacidad técnica y operativa de las empresas concurrentes a estos esquemas de inversión conjunta. Si se goza de estas capacidades, se podrá aspirar a cumplir el rol de operador, prioritaria pretensión de toda empresa hidrocarburífera que se respete, o, en caso de no tenerlo, se podrá resguardar el interés propio ejerciendo un efectivo control sobre las complejas y fundamentales operaciones productivas.
Los mismos ejemplos que menciona García para respaldar su tan original teoría de las nacionalizaciones están plenamente inscritos en esta uniforme experiencia mundial. En efecto, García parece ignorar que durante el socialismo soviético el Estado ejerció un férreo y total monopolio de las industrias extractivas, y, aun ahora, derrumbado ya el socialismo y superado el efímero ultraliberalismo de Yeltsin, Rusia ha reconstruido una fuerte y dinámica empresa estatal de los hidrocarburos que controla plenamente la producción de los suyos e interviene en la de otros muchos países. García también parece ignorar que la primera nacionalización del petróleo en Bolivia, una vez caducadas las concesiones de la Standard Oil, se desarrolló centralmente en la fundación y rápido y exitoso funcionamiento de YPFB, que en muy pocos años superó la producción de la Standard, satisfaciendo el mercado interno y abriendo la exportación. ¿No hay entre los cinco mil títulos de la biblioteca de García un humilde texto escolar de historia nacional? Incluso ignora lo escrito en su mismo libro, pues allí se menciona que la nacionalización de la Gulf, en 1969, supuso trasferir los activos de la transnacional a YPFB, es decir, sustituirla por la empresa estatal. En cuanto al caso cubano, donde las reservas de hidrocarburos son una expectativa y no una realidad, la celebración de contratos de exploración con empresas extranjeras, surgida de la necesidad del Estado cubano de acceder a la tan compleja como poco accesible tecnología de punta para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lecho marino, no significa que ese Estado, aún regido por la visión monopólica socialista, haya renunciado a ejercer soberanía, mediante su empresa estatal, sobre los hidrocarburos que espera tener.
En resumen, ni el socialismo soviético, ni Toro y Busch con la Standard Oil, ni Marcelo Quiroga Santa Cruz con la Gulf, ni nadie en el mundo que asumiera el propósito del ejercicio de la soberanía nacional sobre los hidrocarburos, han creído, como García, que la “columna vertebral” y la “garantía” de ello y de cualquier nacionalización está en la declaración legal de la propiedad estatal sobre las reservas y en la participación en la renta petrolera. Los que obviamente tampoco lo creen, pero suelen decirlo con el indisimulado e impaciente interés de legitimar su eterna e insaciable voracidad, son las transnacionales, temerosas de ser desplazadas del control de los hidrocarburos y de su proceso productivo. Pero a estas alturas de la historia, nadie les cree, salvo, por lo visto, García.
Lo que se hizo y lo que no se quiso hacer con la “nacionalización”
Aun como simple pretexto, tomado al vuelo de algún amigo consultor de Petrobras o Repsol, la teoría de García de la “nacionalización” es reveladora de que la auténtica nacionalización y la verdadera refundación de YPFB no están en la voluntad política del Gobierno de Evo Morales. Esta verdad fundamental es contundentemente confirmada por los hechos que denunciamos en nuestro Manifiesto y que ahora la ratificamos. La nacionalización de los hidrocarburos se ha frustrado porque YPFB no se ha reconstruido con la misión, ni la capacidad, ni la voluntad de intervenir y controlar el proceso productivo de los hidrocarburos bolivianos. Lo reiteramos enfáticamente: a más de cinco años de su refundación, YPFB es una empresa relegada, con sensibles debilidades e insuficiencias, al ámbito secundario del transporte y la refinación, y en el de la producción es absolutamente marginal e irrelevante.
Con la misma sobrecogedora ligereza con la que plantea su disparatada teoría de la nacionalización, y con la misma entusiasta adhesión al libreto de las transnacionales, García sostiene que YPFB es productor directo del 50 por ciento del gas natural y del 46 por ciento del crudo que se producen en el país (op. cit.: 41). El cándido fundamento de tan gigantesca mentira es considerar arbitrariamente como producción de YPFB toda aquella que corresponde a Chaco, a Andina y a los contratos en los que intervienen estas empresas, como es el caso de los megacampos gasíferos. Pero, por un mínimo de rigor conceptual y honestidad, corresponde considerar productor a la empresa que cumple la función de operador en las respectivas operaciones productivas. Siendo así, reiteramos que YPFB es productor solamente respecto a la producción de Chaco, limitada a pocos campos en declinación y absolutamente irrelevantes en el conjunto nacional de la producción.
Habiendo adquirido a buen precio la mayoría accionaria en Andina, sería del más básico sentido empresarial que YPFB asuma también la condición de operador en la producción de la misma, como lo afirma García, pero existen bien fundadas dudas respecto a quién es verdaderamente operador de la producción de Andina. Para el necesario esclarecimiento público de este trascendental asunto, desafiamos a García a cumplir su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todos los documentos suscritos con Repsol, socia de YPFB en Andina, y particularmente los concernientes a la administración y operación de esta. Por lo demás, atribuirle a YPFB la producción de los megacampos, por el solo hecho de que alguna de sus filiales intervenga en los respectivos contratos, es ya una grosería falta de toda seriedad. De acuerdo con la información que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) recientemente ha difundido empleando las fuentes oficiales de YPFB , y que el Gobierno no ha rebatido hasta hoy, el 85 por ciento de la producción de hidrocarburos está en poder de Petrobras y Repsol, mientras que menos del 15 por ciento, suponiendo además que YPFB es operador en Andina, le corresponde a YPFB. Esa es la realidad concreta de la “nacionalización” de Morales y García.
Pero la misma carencia de una estrategia productiva de sentido nacional, así como de capacidad empresarial, que le han impedido a YPFB operar la producción de los campos hidrocarburíferos del país en alguna proporción significativa, le han impedido también ejercer control y conducción sobre las operaciones relativas a los muchos contratos de producción suscritos con las transnacionales, y cuya operación, obviamente, está a cargo de esas empresas. Esto también es negado por García que, por el contrario, con infinita confianza y fanática devoción por la formalidad jurídica, afirma que el Estado tiene “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos” por la simple razón de que así lo dice el Decreto de Nacionalización del 1 de mayo de 2006 (op. cit.:28). Pero en los hechos, las transnacionales contratistas tienen un control de las operaciones productivas a su cargo, substancialmente tan amplio, unilateral y excluyente, como el que tenían antes de la “nacionalización” y la “migración” de sus respectivos contratos. No obstante las atribuciones de control y conducción operativa que la formalidad normativa de los nuevos contratos otorga a YPFB, ni se controla efectivamente ni, muchos menos, se conduce esos procesos productivos en función del interés nacional. Nuevamente, son el interés y la estrategia de las trasnacionales los que se imponen.
Si esto no fuese así y, como dice la enajenada euforia de García, fuera el Estado boliviano el que decide “cuánto, cómo, dónde y para qué se produce” (op. cit.: 37), nuestras reservas hidrocarburíferas no serían objeto de la detentación especulativa de las transnacionales que retrasa los procesos exploratorios y productivos contra el interés nacional y, en algún caso, como en el del bloque Lliquimuni, buscando oscuros réditos también a costa de nuestro patrimonio. Si fuera cierto lo afirmado por García, y la actividad de nuestros “contratistas”, tan buenos e inofensivos como “el albañil que nos construye la casa”, estuviese controlada y subordinada por el Estado boliviano, es elemental suponer que se habría impuesto sobre ella la desesperante necesidad de combustibles para el consumo interno, que se habría incrementado la producción de hidrocarburos líquidos de las reservas con las que las transnacionales especulan, y que, consecuentemente, el Gobierno no habría tenido ninguna necesidad de afectar tan sensiblemente su respaldo social con el gasolinazo. Todo lo contrario: el gasolinazo, cuyo propósito principal reconocido por el mismo gobierno era pagar a las transnacionales el precio que pedían por barril de petróleo , es la concluyente demostración de que quienes deciden unilateralmente qué producen, cómo, cuándo, dónde, a qué precio, y a quién vender son Petrobras, Repsol y las demás transnacionales.
Es conveniente reflexionar acerca de que nosotros, al igual que muchísimos otros bolivianos esperanzados y comprometidos con la nacionalización de nuestros hidrocarburos, no pretendíamos que se prescindiera súbita y absolutamente de la inversión extranjera y de la presencia de las mismas transnacionales. Todos tenemos conciencia de las materialmente insalvables limitaciones que, por ahora, impone la realidad de nuestra economía y de nuestras múltiples carencias como Estado y como sociedad. Pero esto de ningún modo puede justificar el abandono del mandato de la nacionalización solapado e