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11-02-2012
Joxerra Bustillo
Azogeak
He seguido desde la distancia la peripecia judicial del juez de instrucción Baltasar Garzón. Desde que ordenó la clausura del diario “Egin” y la emisora “Egin Irratia”, allá por julio de 1998, no es santo de mi devocion, por razones obvias. Para quien no lo sepa, fui uno de los periodistas damnificados por aquel cierre y varios compañeros de trabajo y amigos permanecen hoy en la cárcel con motivo de aquella operación made in Garzón.
La sentencia que se ha conocido hoy, por la que se inhabilita y separa de la carrera judicial a este hombre, supone un gran alivio. Ya no ordenará el cierre de más periódicos. Ya no ordenará más escuchas a abogados de presos. Ya no seguirá haciendo lo que le venga en gana, como ha hecho hasta ahora. Incluida su cínica postura ante las innumerables denuncias de tortura realizadas cara a cara por presos vascos.
No soy ingenuo. Sé perfectamente que quienes lo han denunciado son una cuadrilla de sinvergüenzas relacionados con tramas de corrupción, pero si el axioma de que el fin no justifica los medios debe prevalecer, Garzón también debe cumplirlo. En el caso de los abogados de presos vascos siempre se ha saltado ese principio. Se han grabado las conversaciones de los abogados con sus defendidos como norma habitual. Garzón, y otros jueces de instrucción como él, han actuado a su antojo, amparados en la razón de Estado.
El paradigma ha cambiado cuando esa práctica ilegal y antidemocrática les ha sido aplicada a abogados de detenidos de alto estanding, implicados en la trama Gürtel. Garzón se pasó de listo y pinchó en hueso. Se creía, como el Borbón, intocable, cuando se había labrado una interminable lista de enemigos. Y se ha quedado fuera de su querida Audiencia Nacional, para siempre.
En el caso de las víctimas de la Guerra Civil, guiado por su megalomanía enfermiza, ha intentado abrir una Causa General contra el franquismo. Un loable afán, si no fuera porque se ha acordado tarde de las víctimas y se ha saltado a la torera los pactos que los antecesores de quienes ahora le jalean -léase el PCE y el PSOE- suscribieron a escondidas con los franquistas reciclados, encabezados por Suárez y Fraga. Esa Causa General debió ser abierta a instancias de un primer gobierno democrático tras la muerte de Franco, incluyendo entre los acusados a su sucesor en la Jefatura del Estado, pero nunca se hizo, y de aquellos polvos estos lodos.
Por otra parte, da lástima esa “izquierda garzoniana”, que olvida todos los atropellos protagonizados por este juez estrella, y se agarra como clavo ardiendo a su paripé contra Pinochet y su guiño judicial a los que reclaman, con dignidad, la memoria histórica de los derrotados. Una “izquierda” patética, incapaz de plantar cara a una Constitución monárquica infumable, verdadero obstáculo para una verdadera regeneración democrática del Estado español. Siempre les quedará la opción de auparlo de líder carismático cara a las próximas contiendas electorales.
Pero más allá de esas miserias políticas, lo significativo, lo que tiene verdadero relieve, es que un juez de instrucción que ha protagonizado a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional incontables irregularidades, ha sido, por fin, puesto en su sitio por sus compañeros del Tribunal Supremo y además por unanimidad. Seguro que en la sentencia han podido influir prejuicios personales y políticos contra él, pero esa circunstancia es el pan nuestro de cada día en esas instancias.
Retirado de la primera linea de combate en defensa del Estado, por su propia prepotencia, el juez que elaboró la teoría del “todo es ETA” acaba su carrera profesional, saliendo por la puerta de atrás. Ahora lo único que deseo es que su reciclaje profesional no tenga nada que ver con Euskal Herria y sus gentes. Viviremos más tranquilos.
Publicado en www.azogeak.com