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28-03-2012
Richard Bater
Diagonal
La explicación de que la deuda ahoga las economías europeas es hoy uno de los grandes consensos mediáticos en torno a la crisis. Y las recetas que no se planteen en términos de ajuste para el pago de la misma no tienen reflejo en las discusiones publicitadas. Pero la vía islandesa –no pagar la deuda y que quiebren los bancos– es una demostración de que hay otras salidas. Aportamos la última parte del relato, iniciado en el número anterior, sobre el cambio político que se abrió en dicho país.
¿Qué pasó después de que la “Revolución de las Cazuelas y las Sartenes”, como ha sido bautizada por los medios, consiguiera forzar la única caída de un gobierno europeo causada por las revueltas populares directamente relacionadas con la crisis ‘financiera’? El nuevo gobierno de coalición decidió reparar la infraestructura constitucional, elaborando otra. Con este fin, el 16 de junio de 2010, el Alþingi (el parlamento islandés) aprobó –a pesar de la oposición de los partidos del gobierno anterior–, la Ley para la Asamblea Constitucional. Un documento sin precedente que delegaba la intensa tarea legal de redactar una constitución en un grupo de ciudadanos, con el apoyo por un consejo legal.
Dicha ley estableció, en primer lugar, que se celebrara una Junta Nacional, en noviembre de 2010, con el propósito de determinar, mediante consulta ciudadana, las normas y valores de la ciudadanía islandesa, contestando colectivamente a la pregunta: ¿qué significa Islandia en el siglo XXI?. Para ello, la Junta adoptó un procedimiento complejo basado en técnicas de democracia participativa. Compuesta por 1.500 personas elegidas aleatoriamente en todo el país, sus integrantes fueron divididos en pequeños grupos centrados en temas concretos, en los que cada participante tenía el tiempo y el espacio para contribuir de modo significativo al debate, y a alcanzar consensos. La Junta elaboró un mapa de los valores islandeses contemporáneos, un marco en el que la Asamblea Constitucional produciría su borrador de constitución.
En segundo lugar, la Ley determinó los pasos necesarios para la elección de 25 ciudadanas y ciudadanos que compondrían la Asamblea Constitucional. Cualquiera podía presentarse, siempre que no fueran ya miembro electo del Alþingi y reuniera el mínimo de firmas necesario para formar parte de las listas. La gran mayoría de las personas elegidas fueron figuras públicas reconocidas. Sin embargo, fueron elegidas por el pueblo según criterios esencialmente no-partidistas.
Tras la elección de la asamblea, varios miembros de los partidos hostiles en la oposición presentaron una denuncia ante el –también hostil– Tribunal Supremo, alegando que seis aspectos técnicos –muy residuales– invalidaban el proceso electoral en su totalidad. Aunque como mucho, dichos aspectos hubieran podido afectar a la elección de uno solo de los miembros de la constituyente –miembro que además se retiró voluntariamente–, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de los denunciantes. Decretó que las elecciones habían sido nulas. La decisión dejó al gobierno tres opciones: a) volver a celebrar elecciones, b) nombrar directamente a los representantes a un Consejo Constitucional; o c) abandonar el proceso en su totalidad. El gobierno decidió respetar el resultado de las elecciones y nombró a las personas elegidas para la Asamblea Constituyente para dicho Consejo.
Los miembros del Consejo trabajaron a jornada completa y se les pagó el equivalente al sueldo de un parlamentario. El Consejo, completamente autónomo, nombró una presidenta y eligió los miembros de los cuatro subcomités encargados de desarrollar, mediante discusiones abiertas, el texto constitucional, dentro del marco de valores definido por la Junta Nacional. En un anodino bloque de oficinas en las afueras de Reykjavík, los integrantes del Consejo Constitucional se reunían todos los días. Una vez por semana, los subcomités celebraban una asamblea general – televisada–, en la que debatían y acordaban nuevas contribuciones y enmiendas. Cada semana, el nuevo borrador de constitución se colgaba en la página web. El Consejo fomentaba activamente que la gente enviara cartas, mensajes de Facebook y correos electrónicos con sugerencias. El proceso de redacción constitucional se extendió más allá de los las paredes del bloque de pisos gris en que se redactó, llegando a las casas, oficinas y bares de toda Islandia.
La legitimidad del Consejo no derivaba simplemente de su composición –islandeses ‘de a pie’ elegidos democráticamente–, provenía del continuo diálogo en tiempo real, facilitado por la tecnología, entre el Consejo y el pueblo. Pero también de la receptividad del Consejo a las propuestas de la población –que podía asistir a las asambleas generales–, y de su independencia respecto a intromisiones políticas y a lobbies corporativos.
Finalmente, en enero de 2011 se estableció un Equipo de Análisis Constitucional (CAST, en sus siglas en inglés), un colectivo semiformal de individuos interesados en el proceso constitucional, que analizó la constitución a medida que se redactaba. De hecho muchos de los miembros del Consejo se unieron al proyecto. Hacia el final del proceso de redacción, a medida que la constitución comenzaba a estabilizarse –mediados de junio–, CAST organizó un “test de presión”: un evento abierto a todas las personas que quisieran poner a prueba el texto constitucional buscándole fallos. Tras cuatro meses de intensa redacción, el Consejo Constitucional completó su tarea el 27 de julio de 2011, dejando el documento listo para ser votado en referéndum, lo que sucedió poco después.
La constitución de Islandia hoy vigente ha sido redactada por el pueblo. El Tribunal Supremo es independiente. Las actas de todas las reuniones son públicas. El/la Primer Ministro estará a partir de ahora obligado a responder por su Gobierno ante el Parlamento. La información sobre asuntos de interés público estará siempre a la disposición del público. A través de este proceso, y a causa del mismo, el pueblo ha sido y será soberano.
Aunque nada de esto es garantía total de buen gobierno, el proceso constitucional islandés es, no obstante, un recordatorio oportuno, no sólo de la poderosa esperanza que el cambio desde abajo supone, sino, como las recientes tendencias (anti)democráticas en el sur de Europa han puesto de manifiesto, del carácter necesariamente interdependiente de las relaciones entre sistemas de gobierno y los diferentes tipos de capitalismo que apuntalan la estructura fundacional de dichos sistemas. El Truth Report o Informe de la Verdad que se elaboró en los meses anteriores, investigó las raíces de la crisis económica en Islandia –paradigma arruinado del experimento neoliberal– evidenciando la ausencia de democracia, de responsabilidad política y de transparencia que se escondían tras ella.
Un Truth Report de dimensiones internacionales podría revelar que estos errores son más intrínsecos a las formas de gobierno de lo que los gobernantes están dispuestos a admitir. Quedaría patente la necesidad de que todas aquellas personas cuyas vidas se ven afectadas por las estructuras de poder que caracterizan al neoliberalismo, reconsideren fundamentalmente la naturaleza de su democracia constitucional, y tomen las medidas necesarias para recuperarla.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Islandia-componiendo-lo-comun.html