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Patriotismo depredador
FLORENT MARCELLESI*
Viernes 27 de abril de 2012. Número 173
Diagonal
Ante la re-nacionalización de YPF, la postura del Gobierno español está abiertamente teñida de neocolonialismo y de neoliberalismo para defender en el Sur los intereses de la multinacional Repsol. No obstante, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner merece también ser analizada de forma crítica.
Centrándonos en la cuestión energética, parece clara la voluntad del Gobierno argentino no sólo de controlar los recursos naturales, sino de explotarlos con aún más determinación. Si nos fijamos en el proyecto de ley de expropiación, además del objetivo de “autoabastecimiento”, se trata de la explotación de “hidrocarburos convencionales y no convencionales”. Recordemos que Repsol-YPF descubrió el año pasado en el área argentina de Vaca Muerta uno de los mayores yacimientos “no convencionales” de petróleo y gas de pizarra del mundo.
Para explotarlo, se requiere ni más ni menos que el mismo tipo de tecnología que hoy se propone utilizar en España y que ya está prohibida en Francia: el fracking o fractura hidráulica. Como bien sabemos, gracias al trabajo de plataformas anti-fracking ([de Cantabria, Álava, etc) o de documentales como Gasland, esta técnica supone graves riesgos de contaminación del agua y del aire, aumento del efecto invernadero, escapes de gas, terremotos locales y utilización masiva de químicos.
El Gobierno argentino, siguiendo los pasos de otros gobiernos de América Latina como Brasil, inscribe su acción dentro del llamado extractivismo (de petróleo, gas, materias primas, etc), particularmente agresivo con el medio ambiente y los pueblos originarios.
Esta “izquierda marrón”, como la ha denominado Eduardo Gudynas, construye su estrategia de desarrollo y legitimidad a través de una apropiación brutal de los recursos naturales, su exportación en los mercados globales, con la redistribución in fine de parte de las riquezas mediante un Estado fuerte.
Sin embargo, esta visión nacional-productivista que, al fin y al cabo, se parece bastante a la construcción histórica de nuestros estados de bienestar en el Norte, no se sostiene a largo plazo y aún menos de cara a la crisis ecológica actual. Por experiencia y desde una perspectiva de justicia ambiental, no supone diferencia apreciable quién posea los medios de producción si, al mismo tiempo, el proceso de producción en sí –ya sea público, privado o mixto– se fundamenta en suprimir las bases de su propia existencia.
Como lo demuestra el pulso entre la izquierda progresista y extractivista en el poder institucional con los movimientos ecologistas, sociales e indígenas que reclaman otro modelo de desarrollo desde abajo y respetuoso con la Pachamama [madre tierra], constatamos que soberanía (del Estado-nación) y buen vivir (de las comunidades) no son por esencia sinónimos.
La prosperidad, es decir nuestra capacidad de vivir felices dentro de los límites ecológicos del planeta, exige superar las crisis energética y climática. Para ello, tanto Argentina como España tendrán que emprender una transición hacia una sociedad post-fosilista. Esta transformación se basará, entre otras cosas, en dejar el oro negro y otros gases (no) convencionales en el subsuelo (véase el proyecto Yasuní en Ecuador), reducir drásticamente nuestros consumos y huellas ecológicas, evolucionar hacia un modelo energético sostenible con ahorro, energías renovables y eficiencia energética, reruralizar y adaptar nuestros territorios y ciudades (véase la agroecología o las ciudades en transición), y relocalizar la economía para que sea baja en carbono, resiliente y gestionada democráticamente desde abajo. Que sea español o argentino, no es una cuestión de patriotismo: es una cuestión de supervivencia civilizada de la humanidad.