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A veinte años de la Agenda 21
Sábado, 14 Abril 2012
Puntos esenciales del documento aprobado en Río’92 no se han cumplido
Por Miguel Palacín Quispe (*)
LIMA - El 13 de junio de 1992, 178 países aprobaron la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro. Esta Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial, nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan directamente a la Madre Tierra.
La Cumbre de la Tierra eligió como escenario un país sudamericano porque en este continente están los Andes y la Amazonía, que alberga las reservas estratégicas de agua y biodiversidad. Y se realiza en un año clave para los pueblos indígenas: 1992, cuando se cumplían los 500 años de la invasión europea y empezábamos a visibilizarnos, a articularnos, a pasar de la resistencia a la propuesta y la acción.
En esos años, mientras en el mundo se avanzaba en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y empezaba una seria preocupación por el cambio climático, en nuestro continente y el mundo se imponía la globalización neoliberal. Nuestros Estados se abrieron a las inversiones, principalmente extractivas, lo que fue aparejado a un proceso de militarización territorial, de criminalización del ejercicio de derechos y de la planificación de megaproyectos de infraestructura (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA, Plan Puebla-Panamá).
Poco o nada se ha avanzado en el cumplimiento de la Agenda 21. Por el contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido exponencialmente. Uno de los puntos centrales de la Agenda 21 es el cambio de los patrones de consumo, pero los países responsables de las mayores emisiones se oponen radicalmente a hacerlo. Entonces, los ojos del mundo se vuelven a los pueblos indígenas, que supimos y sabemos convivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra desde hace miles de años.
Los pueblos indígenas nos identificamos con la Madre Tierra, en esta identificación se sustenta nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestro modo de vida. Los pueblos indígenas andinos siempre supimos adaptarnos, conservar y desarrollar la biodiversidad, el agua, la vida.
Ante la amenaza de la crisis climática de acabar con todas las formas de vida, el agua y la biodiversidad se convierten en recursos estratégicos. Y la voracidad de las multinacionales y los países ricos apunta a la región andina, que alberga grandes reservas de estos recursos. Una voracidad que contradice dos puntos centrales de la Agenda 21: la conservación de la biodiversidad biológica y la protección de la calidad y el suministro de recursos de agua dulce.
En la región andina, la minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua. En el Perú, por ejemplo, a inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban 2 millones trescientas mil hectáreas y a finales del año 2010 ya superaban los 21 millones 280 mil hectáreas. Y solo en un año (noviembre de 2008 a noviembre de 2009) estas pasaron del 13.46% al 15.38% del territorio nacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras.
Alarmante desglaciación
Otro de los puntos centrales de la Agenda 21 es la ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sustentable de las montañas. Contrario a ello, según el Informe Stern, en los Andes tropicales los glaciares se han reducido en una cuarta parte en los últimos 30 años. Ciudades como Quito y Lima y más del 40% de la agricultura en los valles andinos dependen del agua procedente de los glaciares andinos.
La región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo. El 71% de ellos están en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia. En todos se observa un franco retroceso producto del calentamiento global.
Una respuesta integral: el Buen Vivir
Otros dos puntos de la Agenda 21 son el reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas y la información para la toma de decisiones. Contrario a ello, los pueblos indígenas y sus organizaciones estamos excluidos en la formulación y ejecución de los programas nacionales e internacionales sobre el cambio climático y de todos los mecanismos de negociación. No solo nos impiden participar, ni siquiera nos informan.
Pese a esta exclusión, los pueblos indígenas continuamos consolidando nuestras organizaciones, articulándolas y avanzando en la construcción de propuestas basadas en nuestros derechos y nuestros paradigmas, como el Buen Vivir. En el continente hemos construido el Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio Climático.
Los pueblos indígenas planteamos una respuesta integral: cambiar el modelo de vida volviendo al equilibrio y la armonía con la Madre Tierra. Planteamos la alternativa del Buen Vivir. Vivir bien es la vida en plenitud. En armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia, en permanente respeto de todos. Vivir bien significa comprender que el deterioro de uno es el deterioro de todos.
Buen Vivir es democracia comunitaria, que es el ejercicio diario de consulta y participación en nuestras asambleas. Donde la autoridad es un servidor. Es el mandar obedeciendo. Buen Vivir es trabajar sin competencia y sin explotación. No acumular sino satisfacer las necesidades de todos. Frente a la economía acumuladora, competitiva y depredadora, proponemos la economía comunitaria, respetuosa de la vida y la naturaleza. Para lograr el Buen Vivir, los pueblos indígenas proponemos un Estado Plurinacional, que es el reconocimiento constitucional de todas las culturas en igualdad de condiciones.
El gran desafío: cambiar el modelo
La crisis climática, el saqueo y la depredación de la Madre Tierra, son la esencia misma del modelo capitalista neoliberal. La respuesta es cambiar este modelo de desarrollo actual de inequidad social, por el desarrollo sostenible y no solamente la reforma de las políticas ambientales
Cambiar el modelo significa responder ante los impactos negativos del extractivismo y ejercer nuestro derecho al desarrollo propio, es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiramos los pueblos y comunidades locales. Esto implica el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para toda actividad y proyecto en nuestros territorios. Es el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación.
Para el plazo inmediato, planteamos suspender las actividades extractivas en nuestros territorios hasta que nos garanticen los mecanismos de consulta, consentimiento y vigilancia ambiental, y hasta que se haya hecho una zonificación económica y ecológica que señale claramente dónde puede haber actividades extractivas y dónde no puede haberlas.
Es también fundamental asumir el agua como un derecho colectivo. Priorizar su uso para el consumo humano y la agricultura, ganadería, forestal y acuicultura. Nos oponemos a su mercantilización. Debemos evitar su privatización y acaparamiento por unos pocos. Y excluirla de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio (TLC).
Un tema central en este debate son las “falsas soluciones”, que mercantilizan la vida: mercado de carbono y REDD, energías peligrosas como la nuclear, los agrocombustibles, las represas y los transgénicos. La alternativa es reconocer y apoyar los conocimientos tradicionales y estrategias propias de nuestros pueblos dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Cumpliendo uno de los puntos centrales de la Agenda 21: la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, los pueblos indígenas debemos acceder a los fondos de adaptación, creación de capacidades, transferencia de tecnología y otros.
Es indispensable atender las verdaderas soluciones: producción y consumo responsables, especialmente en los países industrializados culpables de las excesivas emisiones, promoviendo las energías renovables, el pago de la deuda ecológica y la justicia climática.
En resumen, nuestras propuestas centrales son:
1. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas.
2. Reconocimiento de la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible a todos los niveles.
3. Salvaguardar los territorios. Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, zonas de alta biodiversidad.
4. Reconocimiento, protección y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
5. Incorporar la visión y los derechos de las mujeres de forma transversal en todos los programas de desarrollo sostenible y economía verde. al acceso a los territorios de las mujeres para asegurar la supervivencia de los pueblos.
Las propuestas de los pueblos indígenas para enfrentar el calentamiento global y sus efectos parten de la perspectiva de los derechos de la Madre Naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas: a la autodeterminación, a la identidad, a los territorios, al consentimiento previo, libre e informado. Ese es el reto que hemos asumido y estamos cumpliendo.
(*) Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI; tomado de http://alainet.org por convenio con ContraPunto