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Humala, el “Depredator”. Después de Cajamarca, ahora le toca a la región de Espinar. Tropas dejan 4 muertos y 100 heridos. Multitudinaria resistencia comunitaria contra megaminería lleva al gobierno a decretar Estado de Emergencia

29.05.12

Estado de emergencia en Perú

Lima, Perú, mayo 29, 2012.– El gobierno peruano decretó el estado de emergencia, con vigencia de 30 días, en la región andina de Espinar (sureste) donde las protestas contra empresas mineras contaminantes han dejado hasta cuatro fallecidos y 96 heridos, 76 de ellos policías, según fuentes extraoficiales.

Los fuertes enfrentamientos que se registraron en la zona entre manifestantes antimineros y las fuerzas del orden, llevaron al Ejecutivo a aplicar la drástica medida que restringe reuniones y deja en manos de la policía la seguridad regional.

El conflicto que se recrudeció desde el fin de semana ha dejado hasta el momento cuatro muertos y casi un centenar de heridos, según los comuneros, pero el ministro del Interior, Wilver Calle, dijo que sólo son dos los fallecidos. Precisó que la Policía Nacional de Perú sofocará todo brote de violencia pese a la férrea determinación de grupos que se oponen al funcionamiento de la empresa XTrata Tintaya a la que acusan de contaminar el medio ambiente.

La declaratoria de emergencia implica que la Policía Nacional del Perú se hará cargo del orden interno y la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad y seguridad personales, así como la libertad de reunión y libre tránsito en el territorio.

Los pobladores de Espinar iniciaron sus protestas el 21 de mayo para exigir la modificación del Convenio Marco suscrito con la empresa Xstrata y rechazan la contaminación ambiental minera. El alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, afirmó que dos personas más fallecieron en los violentos enfrentamientos entre manifestantes que protestan contra la minera y la Policía Nacional de Perú, con lo que ya suman cuatro.

Añadió que las últimas dos personas fallecidas perdieron la vida por disparos de la policía a quemarropa. Datos de la Defensoría del Pueblo (Procuraduría de los Derechos Humanos) indican que los conflictos sociales en Perú han dejado un total de 14 muertos en la administración de Ollanta Humala, iniciada el 28 de julio de 2011.

En el anterior gobierno de Alan García (2006-2011) se reportaron 174 muertos por protestas sociales, según datos oficiales. Los conflictos, que suman casi 250 en todo Perú, amenazan con frenar más proyectos mineros por unos 53 mil millones de dólares previstos para los próximos años, indicó el reporte de la Defensoría.

Las autoridades regionales de Espinar acusan a Xstrata de contaminar los ríos Salado y Cañipía, y exigen un estudio ambiental de ambos afluentes. También exigen el aumento de 3% a 30% del aporte voluntario de las utilidades anuales de la minera.

El grupo suizo dijo en un comunicado que respeta las normas medioambientales en Perú. “Nuestras actividades son conformes a las obligaciones definidas por la ley. Esto ha sido probado por diversos procesos de vigilancia realizados por las agencias competentes”, precisó.

Xstrata, se mostró, sin embargo, dispuesto a llevar a cabo estudios adicionales para responder a los temores de la población, indicó “trabajar con las autoridades nacionales y regionales para establecer un diálogo con las personas implicadas en las manifestaciones para buscar una solución y restablecer la paz y el orden en la provincia”.

Con respecto al aporte voluntario de las utilidades anuales, Xstrata afirmó haber “expresado públicamente su voluntad de mejorar el acuerdo marco” que regula el ingreso del aporte.

Los enfrentamientos se suceden desde el 21 de mayo, dijo a la prensa el coronel Gastón Rodríguez, jefe policial de Cusco. Del lado de los pobladores, los heridos suman 42, algunos en estado grave, por efecto de perdigones disparados por la policía, informó Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar.

Las autoridades regionales de Espinar acusan a Xstrata de contaminar los ríos Salado y Cañipía, y exigen un estudio ambiental de ambos afluentes. También exigen el aumento de 3% a 30% del aporte voluntario de las utilidades anuales de la minera.


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