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Policías amotinados en Bolivia no aceptan acuerdos de sus dirigentes con el gobierno

25.06.12

ERBOL
Los policías amotinados van rechazando en las diferentes regiones del país el acuerdo del incremento salarial de 220 bolivianos, al haber básico, sino que piden la nivelación al igual que los militares; además, demandan la derogación de la Ley 101, pero están muy molestos porque no fueron consultados por sus dirigentes.

El máximo dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL), suboficial Edgar Ramos, no fue a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para presentar el acuerdo.

La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, simplemente se excusó ante sus bases, señalando que “la amenazaron y obligaron a firmar el acuerdo”, pero dijo que no renunciará a la dirigencia, que ya está cuestionada.

El gobierno nacional se comprometió a no iniciar acciones judiciales a los responsables de los actos violentos y destrozos “durante la reivindicación policial”, señala el primer punto de acuerdo.

Sobre la demanda de derogación de la Ley 101, el Ejecutivo simplemente manifestó la voluntad de conformar una comisión técnica para trabajar “las observaciones y planteamientos presentados” para la abrogación o la derogación. Sobre la implementación de la Defensoría Policial señala que será incorporada “en el proyecto de reforma a la Ley 101”.

En el aspecto salarial señala que “se acordó un incremento de 220 bolivianos retroactivo al mes de enero de 2012, en el Bono de Seguridad Ciudadana, este incremento se aplicará a los siguientes grados: policías, cabos, sargentos, sub oficiales y hasta oficiales en el grado de subtenientes”.

Sobre el pedido de jubilación con el 100 por ciento del último mes ganado, la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) propuso que el Consejo de Vivienda Policial (Covipol) sea cambiado de razón social por el Fondo de Compensación, de acuerdo a las normas de la institución, hasta en 90 días, destaca.

Finalmente, los representantes del Órgano Ejecutivo se comprometieron a aprobar lo más pronto posible la Ley de la Seguridad Ciudadana.


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