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7-06-2012
Algunas notas para pensar el lugar de los movimientos sociales emancipatorios en los estados latinoamericanos
Damian Andres Lobos
Rebelión
Para nada me propongo trabajar el caso del golpe al presidente Lugo en estas notas [1], sino que busco utilizar estos sucesos como excusa para colectivizar algunas reflexiones sobre el actual contexto latinoamericano. Tampoco quisiera plantear una exposición exhaustiva, sino sólo algunos subrayados particulares con miras a un debate colectivo en la búsqueda de nuevas estrategias y herramientas de lucha para enfrentar los nuevos escenarios. [2]
La idea que guía estas páginas es pensar en el reciente golpe institucional en Paraguay (y todavía más claramente el golpe a Zelaya en Honduras hace sólo 3 años) como una puesta en evidencia de una reconfiguración de los dispositivos de legitimación de los gobiernos latinoamericanos. Esta reconfiguración, creo yo, viene de la mano del doble proceso de alejamiento de los movimientos sociales como agentes de construcción política, sumado al enraizamiento de una nueva tecnocracia - ya no exclusivamente económica como en el neoliberamismo - de tipo administrativo/gerencial, fundada en el discurso de la governance.
Movimientos sociales y las nuevas legitimidades de los estados neodesarrollistas
Las consecuencias de la implementación de políticas neoliberales en nuestro suelo ha sido altamente documentada, aquí nos interesa destacar que la principal resultante de la clase política fue la deslegitimación casi total del estado y la emergencia de organizaciones populares de resistencia y una variada gama de experiencias autonomistas, en torno a los llamados movimientos sociales latinoamericanos.
Si pasamos revista a algunas de las principales revueltas ocurridas en nuestros territorios desde fines de los 90 hasta inicios de la década del 2000 (estoy pensando principalmente en las movilizaciones del 2001 en Argentina, la guerra del agua del 2000 en Bolivia y las revueltas del 2000 en Ecuador) encontramos toda una trama de discursividades e identidades políticas emergentes que se articularon en torno a una serie de macroconsignas inicialmente autonomistas, pero principalmente anti-neoliberales. Estas manifestaciones fueron el principal motor que condujo a la emergencia de nuevos patrones de legitimidad institucional en el seno de las clases políticas latinoamericanas. Nuevas palabras, nuevas reivindicaciones y (principalmente) nuevos actores surgieron como una alternativa viable para que el estado recobrara su rol de articulador del conflicto social, perdido tras la implementación sistemática y sin resabios de las doctrinas de Washington.
De esta fuerza movilizadora son deudores los llamados gobiernos de los movimientos sociales, neo-populistas, de nueva izquierda, de transición o progresistas (según el autor y el territorio que se analice). Tal vez el punto más alto de esta mimetización entre banderas populares y agendas gubernamentales podría identificarse en la enérgica negativa al ALCA durante la Cumbre de las Américas del 2005 o en torno a los debates sobre las constituciones plurinacionales en Ecuador y Bolivia.
El salto de este escenario a la reciente destitución de presidente Lugo, por parte del congreso paraguayo, sin ninguna instancia de debate público o callejero, sin organizaciones de base, sin movilizaciones, ¿qué nos queda por pensar? Que ha ocurrido algún tipo de viraje, un cambio de rumbo. Que esos espacios ya no son considerados relevantes para la producción de políticas estatales. Que lo que se definió como fuente de legitimidad en su momento hoy adolece de tales atributos.
Contradicciones en el seno de los gobiernos neodesarrollistas
Maristella Svampa [3] propone pensar en el concepto de estado neodesarrollista, nombrando así a aquellos gobiernos latinoamericanos contemporáneas que se caracterizan por la articulación conflictiva entre una matriz política y discursiva nacional-populista, sumada a una matriz económica sostenida en inserción internacional en torno al modelo extractivista - exportador. La primera matriz puede entenderse como la inscripción histórica que aquellas movilizaciones y resistencias populares (opuestas y férreamente enfrentadas al proyecto neoliberal) le imprimieron a los gobiernos posteriores. Ahora bien, esta matriz coexiste con la implantación del régimen extractivista-exportador, sostenido por el enorme acervo de recursos naturales de la región y por el precio de los commodities a nivel internacional. Los principales beneficiarios de este modelo son las empresas petroleras, mineras y del llamado agro-negocio (en su gran mayoría trasnacionales, debido a los prohibitivos costosos de capital inicial que estas actividades requieren).
De este modo, siguiendo a Maristella, los estados neodesarrollistas logran insertarse a nivel internacional, obteniendo un importante rédito económico de la explotación del determinados espacios, los cuáles son utilizados para sostener las políticas redistributivas propias de su matriz nacional-popular. Ahora bien, este equilibrio es estable sólo mientras las organizaciones sociales (detentoras de la legitimidad política perdida por las instituciones estatales) no entren en disputa del modelo económico, y centren su accionar a reivindicaciones parciales y concretas.
Governance como desaparición de la matriz nacional-popular
¿Qué ocurre cuanto esto no acontece? ¿Qué ocurre cuando en el seno de los movimientos populares emergen disputas y debates sobre el uso de la tierra, sobre los valores del territorio? ¿O entra en debate/disputa modalidades productivas y distributivas de los territorios locales? [4] En estas experiencias ciertamente se pone en entredicho la sostenibilidad del modelo extractivo-explotador, exponiéndose una fuerte contradicción en el seno de los gobiernos neo-desarrollistas.
En esos casos se pone en práctica la teoría/paradigma/escuela/caja-de-herramientas de la governance; segunda fase del programa de reforma neoliberal y banderín de batalla de las nuevas tecnocracias administrativistas. Según los teóricos de la governance el estado tiene como nueva finalidad la articulación de los agentes sociales, la profundización de sus vínculos y las soluciones conjuntas y/o co-coordinadas de sus problemáticas. La legitimidad política del estado se convierte, entonces, no en la búsqueda/discusión de cambios o reformas de fondo, sino que el estado es tan solo una máquina que recibe, canaliza y entrega relaciones sociales. [5] Lo legítimo no es un discurso consciente del estado, sino el buen gobierno (good governance) de esa externalidad que es la sociedad. El estado no es un agente real, concreto y materialmente comprometido en este proceso, sino un aparato mecánico que, como tal, no asume posiciones -no porque se niegue la conflictividad, sino porque la misma es sólo un problema de ingeniería técnico-social.
Inserto en este paradigma, y para pensar más concretamente en lo ocurrido en Paraguay y en Honduras, cobra relevancia revisar el concepto de accountability de O´donnell [6], donde la legitimidad del gobierno se mide [7] por los logros económicos y sociales de las políticas implementadas particularmente por cada uno de los poderes del estado –ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno debe rendirle cuentas al gobierno, a sus compañeros de clase, sin necesidad de tomar en consideración al pueblo y a las organizaciones que respaldan, sostienen y otorgan contenido a la estatalidad.
Lo que se suele borrar del debates es que los dispositivos neoliberales de la governance implican en el fondo un progresivo abandono de la matriz nacional-popular de los gobiernos, al tiempo que promueven el enraizamiento de nuevos actores relevantes para la política, principalmente vinculados al debate tecnocrático de la organización y armonización social. La política ahora son las ONGs (principalmente las internacionales), son los grupos sindicales y los movimientos sociales institucionalizados y participantes de la gestión pública, pero principalmente son las empresas (Monsanto, Grupo Petrobras, PDVSA), los grupos empresarios (Foro empresarial para el Pacto Mundial) y las agencias internacionales para la cooperación y el desarrollo (PNUD, BID, FONPLATA, ASDI, USAID). Los espacios de la política ya no son la calle y los barrios, sino los lobbyes ministeriales, los congresos de agenda pública y los foros público-privados para el desarrollo [8] .
A modo de conclusión
Considero como relevante destacar dos planos de lucha diferenciados que emergen de esta lectura;
- En primero lugar cabe un llamado a la profundización de la solidaridad (territorial, nacional e internacional) entre las organizaciones populares y de resistencia, a sabidas cuentas de que, tanto como estas tendencias políticas se asemejan en uno y otro estado (salvando grandes matices), las victorias, logros y/o experiencias entre nosotros también deben colectivizarse y formar banderas conjuntas. Luego de la emergencia de los gobiernos neo-desarrollistas se han dejado de lado experiencias de articulación política inter-orgas muy ricas, y que debieran de regresar a escena como una estrategia de conjunto para expresar presencia y fuerza en escalas diferentes de las locales.
- En segundo término propongo revisar las ideas de autonomía del estado que muchas organizaciones conciben y aplican. Creo que sería interesante construir refugios populares y emancipatorios dentro de algunos (y elegir estratégicamente bien cuáles y por qué) de los diferentes espacios que conforman al estado, con miras a radicalizar sus prácticas y disputar sus sentidos. El estado no es un monstruo de mil cabezas, sino una relación social concreta, con subjetividades y posibilidades/limitaciones materiales igualmente concretas.
Quisiera dejar este espacio totalmente abierto al intercambio de experiencias y expectativas, de estrategias de lucha y de lecturas políticas alternativas, opuestas y/o similares. Dejo mi e-mail (damian.lobos@ufabc.edu.br) abierto para este objetivo.
Como dice alguna gente linda,
NOS VEMOS EN LA CALLE!
Notas:
[1] Para el interesado propongo la lectura del interesante articulo de Idilio Méndez Grimaldi en http://www.atilioboron.com.ar/2012/06/por-que-derrocaron-lugo.html
[2] Esta necesidad surge principalmente de mi contexto de haberme ido de Córdoba y de mis espacios de militancia (Movimiento Lucha y Dignidad dentro del EO) y encontrarme en la búsqueda de nuevas referencias en mi territorio actual. Todo lo que viene a continuación es ese maremoto colectivo de charlitas lindas, discusiones acaloradas y construcciones del día a día, ante las cuáles sólo me resta agradecer a todo ese conjunto de gente rara (pero muy linda!).
[3] Revisar el fascinante artículo “La disputa por el desarrollo. Territorios, movimientos de carácter socio-ambiental y discurso dominante” en http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo43.pdf
[4] Como bien me destacó un compañero, las organizaciones populares y de base no debaten directamente los modelos económicos-productivos, sino que sus reivindicaciones y ejes conflictivos se presentan en torno a territorialidades y experiencias concretas. Los lenguajes tecnocráticos de economistas, administrativistas y empresarios no son el espacio de disputa y resistencia. Muy interesante en este sentido la producción reciente del colectivo de investigación El llano en llamas (www.llanocba.com.ar).
[5] Transición ya planteada por Focault entre la gubernamentalidad biopolítica y el neoliberalismo.
[6] Que en Argentina se conoce como el padre nuestro, a causa de la prédica del gran discípulo de O´donnell, y actual jefe de gabinete, Abal Medina.
[7] Y aunque sorprenda, en este caso la palabra “medir” no es sólo una metáfora si tomamos en consideración dispositivos tales como los semáforos de gestión o los planes de metas gubernamentales.
[8] Como contrapartida de este alejamiento nace el discurso de demonización de toda forma de movilización social disidente, y con ello la profundización de políticas securitarias y de control social masivo (aprobaciones masivas de leyes antiterroristas en toda la región, expansión del Plan Colombia, puesta en agenda de políticas represivas de seguridad y control urbano). En este sentido, los principales medios de comunicación paraguayos vienen exponiendo una y otra vez una - siempre supuesta - vinculación entre los campesinos de Curuguaty y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización política armada y principal justificativo para la aprobación de la ley antiterrorista y la presencia de la DEA en suelo paraguayo.