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La Parota decide también organizar su policía comunitaria autónoma

26.11.12

Se suman 27 comunidades mixtecas a la CRAC
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2012, p. 32

San Luis Acatlán, Gro., 25 de noviembre. Al cumplirse 17 años de la fundación de la policía comunitaria en esta región, 27 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla se sumaron a las 104 de 13 municipios de la Costa Chica y la Montaña que aplican este sistema de vigilancia rural, ante la desconfianza hacia la policía, el Ejército y la Marina.

El acto conmemorativo se inició con una misa para los elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-policía comunitaria), y con un desfile de unos mil integrantes de dicha corporación.

El dirigente del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, Eugenio Jiménez, demandó a las autoridades estatales respeto a su sistema de seguridad y advirtió que no permitirán más atropellos de la delincuencia ni de los policías involucrados con ésta.

Arturo Campos Herrera, promotor de la CRAC en Ayutla de los Libres, dijo que no persiguen intereses políticos o económicos. No queremos ser alcaldes ni diputados. Nos organizamos porque tampoco queremos empresas mineras en nuestros territorios.

Claudio Carrasco, otro promotor, tomó protesta a más de 200 policías de 27 comunidades de Ayutla de los Libres, que formaron dos nuevas casas de justicia, una en El Paraíso y otra en Ahuacachahue, que se suman a las de la cabecera de San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y la de Zitlaltepec, en Metlatónoc.

Felipe Flores, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), anunció que este grupo buscará que Cacahuatepec se escinda de Acapulco, Guerrero, para constituirse en municipio autónomo, pero antes vamos a impulsar la creación de la policía comunitaria .

Los representantes acordaron rechazar mineras, represas, proyectos de conservación como el pago de servicios ambientales y las reservas de la biosfera, las autopistas, los proyectos inmobiliarios y otros que, a consideración de las comunidades, pongan en riesgo su territorio.


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