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¿Quién rige los destinos de la política de tierras en el Ecuador?

29.11.12

I era Parte

Agrocomunal; Quito; 24/9/2012.- Desde las últimas investigaciones sobre los sucesos en la Subsecretaría de Tierras (ex INDA) en los que Agrocomunal denunció la entrada de Dora Suasnavas Flores, persona vinculada con Cesar Montufar y la Concertación Nacional[1], no ha cambiado mucho el panorama dentro de esta importante institución del mundo agrario.

Por un lado, después de desvincular a Suansnavas Flores de la Subsecretaría de tierras, se la traslada, nuevamente al MAGAP como Coordinadora General de Asesoría Jurídica del ministerio, teniendo todavía poder sobre el tema tierras y por el otro se nombra a Xavier Oliva, abogado consultor legal en compras públicas y servicios ambientales, como cabeza de la subsecretaría de Tierras.

Esta acción inexplicable dentro del discurso progresista del ministro de agricultura actual se la puede entender asumiendo que el ministro tiene un doble discurso, y que de izquierda solo tiene el membrete.

El nombramiento de Silvana Vallejo, Carol Chejab y otras figuras vinculadas con los anteriores procesos de negociación del TLC con los Estados Unidos, no son una coincidencia, sino una clara muestra del viraje del ministerio hacia los sectores agroindustriales marcando una complicidad amistosa con el loby político de los agroindustriales.

Xavier Oliva Lalama, Subsecretario de Tierras
Así, Xavier Oliva, es una clara muestra del espacio que van ganando dichos sectores. Abogado de los tribunales del Ecuador, máster en derecho ambiental, es especialista en compras públicas y procesos. De hecho, él fue el consultor contratado para elaborar el Reglamento de Régimen Especial y otros sectores estratégicos para la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Oliva Lalama, antes del cargo público (mismo que según nuestras fuentes no puede encarar al tener una prohibición del SENRES), fue gerente general de la compañía L&O Attorneys Consultors jurídicos Cia Ltda, cargo que ocupo por tres años desde el 17 de septiembre del 2009. La compañía se dedica al negocio de las consultorías con el Estado.

Su experiencia en el sector público ha sido tanto trabajar en asesoría y soporte legal en contrataciones públicas, como en instituciones puntuales, habiendo trabajado antes es Andinatel y ahora en el Magap.

Oliva Lalama, junto con L&O Attorneys, ha realizado varias consultorías con el Estado, como por ejemplo con el Ministerio de Transporte con los procesos de delegación de sectores estratégicos y servicios públicos relacionados con la gestión del transporte intermodal y multimodal, contrato suscrito el 11 de abril del 2011 con un monto total de 45.000 usd[2].

También prestando servicios de consultoría para la elaboración de manuales de capacitación sobre temas ambientales con el gobierno provincial de pichicha en el año 2010. Dentro del campo agrícola/ganadero son los consultores que estaban elaborando la Ley que Regula el Sistema Nacional de Producción, Distribución y Consumo de Proteinas Animales y sus Derivados, cuyo objetivo es integrar toda la cadena de producción, transporte, faenamiento, comercialización, distribución y consumo, tanto para la carne leche y subproductos bajo una entidad única: la Agencia Nacional de Regulación de Cárnicos.[3]

Esta iniciativa, en la que encontramos la única vinculación de Oliva y su grupo con el mundo agrario, es impulsada por el Ministerio Coordinador de la Producción (MIPRO – ministerio puntal de la derecha que asciende como espuma en la cartera de Agricultura), cuenta con la ayuda de los pesos pesados de la defensa de la agroindustria como Silvana Peñaherrera, asesora del MIPRO en temas agroindustriales, tomando como base social de la propuesta a ASOPROLE (Asociación de Productores de Leche) y la Federación Nacional de Ganaderos[4].

La tendencia a favor de la agroindustria es clara.

Otra área de trabajo de Oliva es como consultor legal en temas de telecomunicaciones, área que nos esclarece la forma de cambiar puestos con intereses vinculados entre la empresa pública y privada; fue abogado senior de la vicepresidencia jurídica y regulatoria de OTECEL (Movistar) y también fue Vicepresidente Jurídico y Gerente de Regulación de Andinatel S.A

No está por demás aclarar que tanto la hoja de vida, como la experiencia laboral de este personaje nos relata la historia de conveniencias, será en un futuro de investigar el nivel de contratación de consultorías bajo su mandato (como la que se plantea hacer con el Plan Tierras para estudios de asistencia técnica en 15 predios entregados por este plan gubernamental), mientras sigue la desestructuración de la Subsecretaría de Tierras a favor de los consultores y las empresas agroindustriales.


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