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Cuando es asesinado un mapuche, se tiende un manto de silencio y de impunidad, en cambio, si muere un latifundista, la prensa, las autoridades e instituciones rasgan vestiduras invocando todas las leyes y aparatos represivos del estado.
Chile / Mapuche: aumenta de intensidad el conflicto mapuche
“Régimen chileno echa aceite al fuego”
Bolzano/Bozen, Göttingen, 10 de enero 2013
La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) teme un aumento de la escalada de violencia en lo que fue definido el conflicto Mapuche. Las fuertes tensiones entre el pueblo mapuche para el reconocimiento de sus derechos ancestrales y los latifundistas y las empresas agrarias y forestales que hoy poseen y utilizan las tierras mapuche podrían hacerse incontrolables y transformarse en más violencia. El gobierno chileno debe finalmente iniciar un dialogo serio y sincero con el pueblo y las organizaciones mapuche. Además el gobierno debe dejar de agudizar el conflicto militarizando la región y persiguiendo y criminalizando a las demandas y a los representantes mapuche a través de la ley anti-terrorismo promulgada durante la dictadura militar de Pinochet.
Luego de la muerte violenta de Werner Luchsinger y Vivianne McKay - en cuyo fundo hace cinco años fue asesinado por un carabinero el joven Mapuche Matías Catrileo - la situación fue ulteriormente agravada por las amenazas del grupo de extrema derecha Hernán Trizano contra toda la población mapuche. La familia Luchsinger posee en la región al rededor de 1.200 hectáreas de tierras, reivindicadas por las vecinas comunidades mapuche.
Ahora las comunidades Mapuche y la municipalidad de Temuco invitaron al presidente chileno Sebastian Piñera y a los representantes de la sociedad civil a una cumbre para el próximo 16 de enero en la ciudad de Temuco. Los representantes de la Iglesia Católica y el premio Nobel por la Paz Adolfo Perez Esquivel piden al gobierno tomar en serio las demandas de los representantes Mapuche e iniciar una negociación real. El pueblo Mapuche pide recuperar por lo menos 700.000 hectáreas de tierras ancestrales que ya le fueron devueltas durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) e inmediatamente expropiadas de nuevo por la dictadura militar del general Pinochet.
Según las fuentes, en Chile viven entre los 800.000 y 1.400.000 Mapuche. Como consecuencia a las graves violaciones de los derechos humanos que sufren y a la falta de voluntad de todos los gobiernos pos-dictadura para reconocer sus derechos y resolver verdaderamente su situación, los Mapuche – y en particular los jóvenes – viven una situación de creciente exasperación y decepción. La agencia estatal Conadi, que entre otras tareas debería ocuparse de la adquisición de tierras para luego devolverlas a las comunidades Mapuche, no tiene suficientes medios financieros e institucionales para poder absolver de manera satisfactoria sus tareas. A esto hay que sumar las persecuciones de los activistas de los movimientos mapuche para la recuperación de tierras y su ser criminalizados como terroristas. Juzgados por la ley anti-terrorismo de los tiempos de la dictadura militar, los activistas Mapuche sufren condenas y penas arbitrarias y desproporcionadamente altas y hasta los menores de edad son juzgados y condenados como si fueran adultos. Los detenidos Mapuche siguen poniendo en peligro sus vidas con largas huelgas de hambre siendo éstas la única posibilidad que queda para obtener la atención de los medios de información y de la sociedad civil sobre la grave situación en la cual viven las comunidades mapuche. También preocupan las muchas denuncias por la brutal violencia usada por las fuerzas del orden durante los allanamientos y los maltratos y las humillaciones sufridas por los detenidos mapuche en las cárceles chilenas. Los representantes mapuche también lamentan el clima de miedo en el cual crecen los niños. Desde 2002 hasta hoy ya murieron asesinados por las fuerzas del orden ocho comuneros mapuche.