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El plazo es de 15 días desde el 22 de enero
Servindi, 25 de enero, 2013.- Las comunidades indígenas del pueblo Guaraní Ñandeva y la comunidad Cuyabia, del pueblo Ayoreo, emplazaron al gobierno a responder de forma oportuna y efectiva a sus reclamos territoriales y concedieron quince días a partir del martes 22 de enero.
Para ello entregaron formalmente una solicitud al gabinete civil de la Presidencia de Federico Franco a quién le exigen cumplir el deber estatañ de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Paraguay.
Primer caso: Transferencia inconstitucional e ilegal de 25 mil hectáreas de la Comunidad Ayoreo de Cuyabia
El primer caso se refiere a la transferencia ilegal de 25 mil hectáreas de la propiedad comunitaria de Cuyabia, y que forman parte del territorio ancestral del pueblo Ayoreo. La finca transferida se ubica en Teniente Americo Pico, Distrito de Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Boquerón.
La venta ilegal fue ejecutada por Rubén Quesnel, máxima autoridad en la aplicación de politicas públicas indígenas en Paraguay, en su calidad de presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
A pesar de la gravedad del hecho y el escándolo suscitado por dicha acción Rubén Quesnel permanece en el ejercicio de sus funciones gracias al aval y co responsabilidad del gobierno quién avala su titularidad en un cargo de confianza.
Cuyabia es el nombre de una región conocida por el grupo local Ayoreo Atetadiegosode. En la misma habitan 19 familias desde el año 2010, con respaldo del INDI y la Gobernación de Boquerón. En la región de Cuyabia viven también indígenas en aislamiento- sin contacto en los bosques que quedan.
Actualmente se han interpuesto dos acciones ante la justicia ordinaria. En el fuero penal se ha denunciado penalmente al presidente del INDI y a quienes resultaren responsables por lesión de confianza y abandono.
En el fuero civil se ha solicitado diligencias preparatorias para presentar una demanda civil orientada a obtener la nulidad de la transferencia realizada a favor de una particular, la señora Julia Vargas de nacionalidad paraguaya.
Segundo caso: Invasión de inmueble de la Comunidad Indígena Siracua
El segundo caso emplazado para la atención presidencial es la invasión de inmueble de propiedad comunitaria de la Comunidad Siracua Centro y Siracua Segunda Trinchera, del pueblo Guaraní Ñandeva propiciada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La Comunidad Siracua exige al INDERT la anulación definitiva de aproximadamente ocho expedientes en trámite que recaen sobre los Lotes 41 A-B y 42 A-B de unas 10.000 ha. ubicadas dentro de la propiedad de la comunidad indígena, en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
La comunidad indica que dicha entidad viene promoviendo adjudicaciones de hasta 4000 ha. y los expedientes se encuentra en tramite en dicha institución.
Agregan que una reciente resolución del INDERY (Nº 150/13) solo suspende la tramitación de dichos expedientes administrativos, por lo que dicho pronunciamiento “carece de la eficacia requerida para la restitución y reconocimiento de los derechos de propiedad de la Comunidad Siracua”.
La comunidad también solicita al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para que en el marco de su función tuitiva requiera el Juzgado en lo Civil y Comercial de Filadelfia levantar los Autos Interlocutorios (A.I.) por los cuales se han otorgado más de una medida de “no innovar de hecho y de derecho” a favor de los ocupantes irregulares de la propiedad comunitaria indígena.