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Se retiran del programa de la ONU para la reducción de emisiones porque viola los derechos indígenas
HispanTV
Pueblos indígenas de Panamá denuncian políticas de discriminación y antidemocrática por parte del Gobierno. Durante tres días, las doce autoridades que representan a los 7 pueblos indígenas de Panamá, se reunieron en una Asamblea General Ordinaria en la Comarca Guna Yala, donde debatieron y definieron acciones y estrategias políticas para atender necesidades prioritarias y compromisos incumplidos por el Gobierno nacional.
Sin embargo, además de retirase del programa conjunto de la Naciones Unidas para la reducción de emisiones por considerarlo violatorio a los derechos indígenas, los caciques denunciaron ser víctima de políticas discriminatorias y antidemocráticas de parte del Gobierno nacional.
El encuentro también sirvió para conmemorar a través de un socio drama el 88 aniversario de la Revolución Tule de 1925.
Actualmente, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 23 de marzo de 2001, las Comarcas tienen una organización político-administrativa distinta e independiente a la del resto del país, siendo la de mayor importancia su Congreso General.
En Panamá existen siete pueblos indígenas conformados por una población que sobrepasa los 400.000 habitantes, es decir un 12.26% de la población panameña que de acuerdo al último censo de 2010, vive en medio de la carencia de respuestas de los Gobiernos y la lucha constantes por impedir que se les arrebate su única riqueza, la naturaleza.
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Panamá, 26 feb (PL)
El movimiento indígena Ngöbe-Buglé reiteró hoy la posibilidad de que si las autoridades del gobierno insisten en ignorar sus peticiones sobre la hidroeléctrica Barro Blanco, a partir del 1 de marzo reiniciarían el cierre de calles.
Ricardo Miranda, coordinador del Movimiento 10 de Abril, señaló que el jueves próximo se reunirán en el Centro Misionero de Tolé para decidir con la población si quieren que se realice el peritaje o la suspensión del proyecto Barro Blanco.
Ante las posibilidades de que el problema se vuelva a complicar, la Iglesia católica, en su calidad de mediadora, reiteró en un comunicado que su rol en las mesas de diálogo es garantizar un ambiente donde las partes puedan dialogar en condiciones de equidad, procurando ante todo la justicia social.
La Iglesia insistió en su vocación de ser promotora de la cultura de paz y de buscar, a través del diálogo, caminos que permitan trabajar en los consensos necesarios para el desarrollo de las comunidades.
Sin embargo, los indígenas están muy molestos, pues el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega insiste en que el diálogo concluyó y no hay nada más que negociar, salvo esperar el veredicto de un peritaje independiente que no acaba de empezar.
Los indígenas tienen una opinión contraria. La cacica general, Silvia Carrera, acusa al gobierno de incumplir los acuerdos derivados del diálogo surgido a raíz de la represión en febrero de 2012 en San Félix que dejó un saldo de dos muertos y numerosos heridos.
La cacica dijo que ni se han pagado las indemnizaciones, ni hay un plan concreto de desarrollo de las comunidades, ni se ha hecho el peritaje independiente, ni se han detenido las obras de la hidroeléctrica.