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Estados corporativos y pranización de la política: Políticas de contrainsurgencia y lucha territorial indígena en Venezuela.

Por: José Quintero Weir

Caminemos solos

A veces pienso que los indígenas esperamos a un hombre
que todo lo pueda, que todo lo sepa,
que ayude a resolver todos nuestros problemas.
Pero ese hombre, que todo lo puede y que todo lo sabe,
nunca llegará:
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros, camina con nosotros,
empieza a despertar, empieza a caminar.

Natalio Hernández, Poeta Nahua.

“Para l@s de arriba, el calendario está hecho de pasado, para mantenerlo ahí, el Poder lo llena de estatuas, festejos, museos, homenajes, desfiles. Todo con el objetivo de exorcizar ese pasado, es decir, de mantenerlo en el espacio de lo que ya fue y no será.

Para l@s de abajo, el calendario es algo por venir. No es un montón de hojas desprendidas por el hastío y la desesperanza. Es algo para lo que hay que prepararse. En el calendario de arriba se celebra, en el de abajo se construye. En el calendario de arriba se festeja, en el de abajo se lucha. En el calendario de arriba se manipula la historia, en el de abajo se hace (…) Así será, hasta que otro calendario se escriba donde debe de escribirse, es decir, abajo”.

Esto, en alguna oportunidad, dijo al Sub-Marcos Don Durito de La Lacandona.

I. A manera de Introducción.

aüri wakuwaipa weiran mmokarü
(Desde nuestra forma de ver el mundo)

Es posible decir que, dentro de la filosofía del pueblo añú, existen dos principios que definen su forma de ver y relacionarse con el mundo. Tales principios expresan la perspectiva desde la cual, milenariamente, configuraron su territorialidad al tiempo que territorializaron las aguas del Lago de Maracaibo, las riberas de sus ríos aledaños y la Laguna de Sinamaica donde, hasta el presente, resisten y re-existen como pueblo. Se trata pues, de dos de los fundamentos de su cosmovisión que, cotidianamente, los añú ejercen y manifiestan en una cosmovivencia que le es correspondiente. Estos principios son:

a.- Todo lo que está presente en el mundo es porque ha realizado la acción de emerger a nuestra presencia. El emerger implica, por tanto, que aquello que se hace presente en el mundo se muestra vivo. Dicho de otra manera, para los añú: todo vive.

b.- La vida de todo lo presente en el mundo se expresa mediante un su hacer particular y es con este hacer con el que nos relacionamos; por tanto, plantas, animales, ríos, selvas, personas y todos los seres visibles e invisibles tienen un hacer que les es propio; todo vive en y por su hacer y este, su hacer, siempre será complementario al hacer de los otros; es por ello que sólo a partir de nuestra relación con esos haceres, podemos conocer y decir que conocemos aquello que emerge vivo frente a nosotros, podemos decir que conocemos y re-conocemos el mundo.

En este sentido, todo acontecimiento que frente a nosotros ocurre es el resultado de un emerger que lo ha puesto de manifiesto mediante un su hacer que se ha incubado en un fondo no visible y que, igualmente, forma parte de la historia del acontecimiento mismo. Así, para comprender la historia en su acontecer es necesario un diálogo con el hacer de todo lo que emerge como manifestación de su presencia frente a nosotros. Esto quiere decir que los hechos poseen su propia palabra y es con ella con la que nos hablan; de esta forma, sólo comprendemos la historia en su hacer cuando somos capaces de entender la palabra de los hechos, es decir, dialogar con el hacer emergido. Por esta vía, la historia no es en modo alguno la de los personajes que participan de los hechos (la de los héroes que tanto gusta de destacar el pensamiento occidental), sino el hacer del acontecimiento con respecto a los pueblos. Por el contrario, para los añú (pensamos que para la mayoría de los pueblos indígenas del continente), los héroes como centros de la historia no existen, esto es, la historia poco tiene que ver con la persona o la palabra de los “protagonistas” sino con la palabra propia del hacer de los hechos en su acontecer, pues, sólo la palabra del hacer de los hechos hace visible ante nosotros el fondo no evidente que los ha incubado.

Será entonces desde esta perspectiva que trataremos de exponer (y exponernos) lo que para nosotros está diciendo el hacer de la realidad política por boca de los Estados-gobiernos a todos los pueblos indígenas de Venezuela y América Latina, especialmente, en cuanto a sus luchas territoriales y por la defensa de sus territorialidades. En este sentido, en una primera parte analizaremos lo que dicen las palabras del hacer de los más recientes acontecimientos en los que esta lucha ha emergido con mayor fuerza y contundencia. En una segunda parte intentaremos demostrar lo que se encuentra en el fondo y que explica el hacer verdadero de los hechos emergidos para, finalmente, tratar de precisar lo que comienza a fecundarse en el fondo y que, estamos convencidos, desde hace un buen rato aquí y allá a lo largo del continente, viene pugnando por emerger de manera definitiva como palabra y acción de los pueblos.

II.- aeintikarü apüreeruwa we. Ani aye eiñawa.
(Lo que frente a nosotros está. He aquí los hechos)

Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar en la ciudad de México al hermano Oscar Olivera, uno de los principales líderes de la llamada Guerra del Agua y reconocido vocero de las luchas sociales de Bolivia. En su exposición, Olivera narró con precisión todo lo acontecido durante la marcha de las comunidades del TIPNIS hacia La Paz: la cruenta represión de la que fueron víctimas por parte de la gendarmería oficial a la que se sumaron grupos de choque financiados y atizados por el gobierno; pero también, describió no sin alegría el multitudinario y popular recibimiento de los marchantes en la capital lo que, sin lugar a dudas, obligó al Presidente Evo Morales dar marcha atrás en su propósito y decretar una Ley que aseguraba la protección y defensa del TIPNIS. Todos celebraron.

Sin embargo, muy poco duró la celebración de la que fue una verdadera victoria popular, pues, atizado por los cocaleros del MAS (su base de apoyo político), guiado por la “razonable” palabra de su vicepresidente; pero sobre todo, presionado por la corporación brasilera impulsora del proyecto, el presidente “entró en razón” y, mediante un nuevo Decreto-Ley echó por tierra al primero y, ahora sí, haciendo uso de todos los recursos del poder del Estado-gobierno (compra de conciencias mediante obsequios en dinero o especies, división de las comunidades, acciones violentas ejecutadas por sus grupos de choque, etc.), Evo Morales “derrota” a los alzados indios del TIPNIS en una “consulta” totalmente controlada por el gobierno. En este punto, necesario es decirlo, al hermano Olivera se le quebró la voz y unas incontenibles lágrimas nos hablaron de su dolor y de su rabia.

A buena parte del público asistente les sonó increíble el relato de Olivera, pues, a su paramétrica mentalidad de “izquierda razonable” resultaba inconcebible que Evo Morales, primer “indígena” presidente de un Estado latinoamericano pudiera valerse (igual que el PRI) del acarreo, la compra de conciencias para dividir a las comunidades y, mucho menos, al uso de fuerzas de choque prestas a violentar y contener la lucha de las comunidades. Tal incredulidad, ciertamente, resulta del todo comprensible dado que tales acciones, se supone, no corresponden al deber ser de un gobierno de “izquierda” y, mucho menos, a un gobierno “indígena”. Sin embargo, las acciones del Presidente Morales deben ser comprendidas como la continuidad de la originaria forma de acción política de los Estados poseídos frente a la insurgencia de los desposeídos; es decir, lo que el Presidente “indígena” hizo no fue otra cosa que aplicar parte de un muy antiguo manual de contrainsurgencia del que, si a ver vamos, ningún Estado-gobierno en América Latina es ajeno y, por el contrario, es posible observar su aplicación con la misma regularidad y contundencia tanto en los países cuyos gobiernos son designados o declaradamente de “derecha” como en los países donde los gobiernos se estiman “progresistas”, “de izquierda” y, aún, “revolucionarios”.

Así por ejemplo, el Presidente Rafael Correa de Ecuador, ha logrado diseñar y ejecutar sistemáticamente toda una política de contrainsurgencia dirigida contra los pueblos indígenas y sus principales organizaciones: la CONAIE y la ECUARUNARI. Esto ha sido posible no sólo por los errores políticos cometidos por la dirigencia de algunas de estas organizaciones, sino sobre todo, mediante la ejecución de acciones que van desde la división provocada a través de la incorporación de elementos de las organizaciones indígenas a la órbita del gobierno al tiempo que persigue, criminaliza y encarcela a los líderes rebeldes de las mismas organizaciones indígenas, sindicales y campesinas, pues, está decidido a acabar con ellas; de hecho, es posible decir que a diferencia de los anteriores gobiernos de derecha que pretendieron contener a los pueblos indígenas y sus organizaciones, para beneplácito de las corporaciones y del mercado mundial, en el campo de la contrainsurgencia el gobierno de Correa ha alcanzado un éxito notable en el Ecuador.

Lo anterior pudiera ser una afirmación igualmente aplicable al caso del Brasil de Lula Da Silva y de su continuidad: Dilma Rouseff. Allí, a las acciones etnocidas ejecutadas de manera directa por el Estado-gobierno hay que sumar su silencio ante las acciones genocidas ejercidas por otros para liquidar de manera definitiva a los pueblos indígenas. Así, no es sólo el Estado-gobierno quien de manera directa les hace la guerra sino que, éste sabe guardar silencio cuando los otros: hacendados y corporaciones transnacionales “fastidiados” de la incómoda presencia y re-existencia de indios en zonas explotables, han sido capaces de declarar públicamente su guerra contra las comunidades y, tanto Lula (antes) como la Ruseff (hoy por hoy) como representantes del Estado-gobierno, lapidariamente han sabido guardar silencio y, por lo mismo, nada hacen por detenerlos. Fue por ello que los hermanos Guarani-Kaiowás acordaron pedir al Tribunal del Estado Federal que decidió expulsarlos de su territorio en beneficio de una Corporación, que junto al Tribunal de Desalojo enviara a los pelotones militares de fusilamiento, pues, estaban decididos a morir y ser enterrados en sus tierras, tal como ellos han enterrado milenariamente a sus antepasados en ese: su territorio.

Por nuestra parte, en Venezuela, podemos decir que desde 1999, año en que emerge en Venezuela el gobierno del Teniente Coronel Hugo Chávez, proceso al que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, hemos sufrido las mismas violaciones a los derechos de los pueblos y los mismos silencios ante los mismos crímenes. En su aplicación del manual de contrainsurgencia, ha sabido combinar el uso de los llamados programas sociales (Misiones) que han casi liquidado al movimiento social insurgente (indígena, campesino, obrero, pobladores de barriadas urbanas, etc.), pues, la mayoría de ellos han sido cooptados a las estructuras burocráticas controladas por el Estado-Gobierno, con la persecución, criminalización y represión selectiva de los rebeldes insurgentes de esos mismos sectores y movimientos.

Así, desde el inicial sometimiento de los indios pemones que en la Gran Sabana se enfrentaron a la construcción del tendido eléctrico del estado Bolívar (Venezuela) hasta Boa Vista en Brasil, para lo que el gobierno de la naciente “revolución” utilizó desde la persuasiva acción de la “justicia” aplicada por el Tribunal Supremo, la división provocada de las comunidades en lucha mediante el aporte de recursos económicos a los no deliberantes, hasta el uso de la represión militar en contra de las comunidades rebeldes que se atrevían a cortar, segueta en mano, las grandes estructuras de hierro del tendido eléctrico, lo que produjo un saldo de líderes indígenas presos, un par de muertos y la definitiva derrota de las comunidades pemonas alzadas y la definitiva inauguración del tendido eléctrico por el Presidente Chávez en acto solemne para el que se supo acompañar, nada menos que del presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso y del padre de la única revolución “victoriosa” de América Latina: Fidel Castro.

Sin embargo, a este ejemplo debemos necesariamente sumar el asesinato (vía sicariato) de dirigentes sindicales y campesinos como los del líder obrero Argenis Vásquez, Secretario General del Sindicato Obrero de la Mitsubishi en el oriente del país, quien fuera asesinado por “desconocidos” sicarios en el contexto de la discusión del contrato colectivo de trabajo y las exigencias de la empresa al Estado-gobierno de condiciones favorables para poder seguir operando en el país. Demás está decir que el asesinato de Argenis sigue siendo un “misterio” policial, tal como el de unos 140 líderes obreros y campesinos por los que, hasta ahora, no se ha señalado a ningún sospechoso y, mucho menos, se ha producido algún arresto puesto que jamás el gobierno de la “revolución” ha sentido la necesidad de pronunciarse siquiera.

Finalmente, hemos venido siendo testigos de la persecución del líder indígena Yukpa Sabino Romero a quien, dicho sea de paso, le han venido sistemáticamente asesinando a su familia y su gente (hasta ahora le han asesinado a su padre, uno de sus yernos, dos de sus sobrinos y a por lo menos tres de sus compañeros de lucha), pues, para nadie es un secreto que Sabino se ha convertido en la piedra en el zapato tanto para los hacendados de Machiques de Perijá, como para el Estado-gobierno en su política de minimizar y silenciar la lucha territorial de todos los pueblos indígenas del país toda vez que, de acuerdo al mandato constitucional de 1999 el Estado estaba obligado a demarcar los territorios indígenas en un lapso no mayor a dos años luego de aprobada la Constitución. A más de una década de esta resolución constitucional, las tierras demarcadas no llegan al 10% del total estimado y, aún, las ya demarcadas y entregadas han sido objetadas judicialmente por algunas comunidades.

Ante esta flagrante violación constitucional por parte del Estado, de toda la dirigencia indígena ha sido Sabino y su comunidad yukpa de Chaktapa el único que ha insistido en establecer, de hecho, la demarcación territorial para su pueblo; es por ello que, tanto los hacendados (como enemigos directos) pero también el Estado-gobierno, han intentado por diferentes vías contener su rebeldía.

Así, luego del asesinato de su anciano padre (José Romero) por el que Sabino responsabiliza a un hacendado pero sobre el que, hasta donde sepamos, no pesa ninguna averiguación, se intentó liquidarlo físicamente a manos de sus propios hermanos yukpa mediante una provocación montada que terminó con varios heridos y un par de muertos del mismo pueblo. Posteriormente, le son asesinados familiares y compañeros de lucha por elementos “desconocidos” en lo que sin duda fueron verdaderas ejecuciones que la prensa local (especialmente el diario “La Verdad”) que citando fuentes gubernamentales estableció como “ajuste de cuentas por diferencias en el reparto de un ganado robado por la gente de Sabino”.

En fin, a pesar de las calumnias, el sicariato y la violencia del Estado en su contra, Sabino no desmaya y recientemente se lazó junto a su comunidad a la recuperación de sus tierras, esta vez, fue recibido a tiros por los hacendados pero también del Ejército bolivariano resultando algunos heridos, entre ellos, su propia hija, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, Sabino así lo ha denunciado, se ha convertido en un perseguido político en las montañas de Perijá.

Políticas de contrainsurgencia hoy en América Latina: Estados corporativos y pranización de la política.

a. De los Estados corporativos

Ahora bien, muy bien sabemos que tal como acertadamente señala Raúl Zibechi:
“las clases dominantes no cuentan con un abanico ilimitado de opciones para derrotar a los rebeldes, a tal punto que una y otra vez acuden a los mismos lugares comunes: esa mezcla de negociación con concesiones y represión o genocidio, para ablandar y desorientar a sus enemigos de clase hasta asestar la estocada final. Desde el fondo de los tiempos, los de arriba han acudido a formas diversas de esas dos tácticas complementarias, con resultados ventajosos para sus intereses” (Zibechi, 2010: 19).

De esta manera, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas que pudieran distinguir las acciones políticas de los Estados-gobierno de derecha o de izquierda o progresistas de América Latina, es posible observar desde México a Chile la aplicación de estas tácticas con incesante y pasmosa regularidad por parte de los gobiernos en sus relaciones con las comunidades.

Así, por ejemplo, en Chile el gobierno crea la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI) para, supuestamente, dar una respuesta adecuada y definitiva a la lucha territorial del pueblo Mapuche; sin embargo, la acción real de la Corporación está dirigida a producir división al interior de la lucha mapuche comenzando por imponer la obligación de constituir las llamadas “comunidades legales” , es decir, comunidades que aceptan someterse a la institucionalidad que el Estado establece para que puedan ser acogidas sus demandas territoriales, pero además, estas comunidades legales pueden ser conformadas hasta por un mínimo de diez (10) miembros y recibir tierras tituladas individualmente. Por otro lado, la Conadi puede hacer entrega de tierras fuera de los territorios tradicionales, lo que ha provocado obligados desplazamientos impidiendo con ello, además, la reconstrucción territorial pero, sobre todo, liberando espacios inmediatamente dispuestos para la explotación por parte de corporaciones. Así, por un lado el Estado convierte la tierra en moneda clientelar con la que doblega insurgencias y utiliza a los dominados (ha sucedido) como testigos en contra de las comunidades mapuches rebeldes que, en cambio, reciben todo el peso de la represión, la aplicación de la ley antiterrorista y el genocidio sobre sus mujeres, ancianos y niños.

En Colombia, a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, las operaciones militares y paramilitares en regiones como los territorios del pueblo Embera y las comunidades afrocolombianas del Chocó continúan provocando desplazamientos, hambre y muerte. Lo mismo puede decirse de la región del Cauca afectando a pueblos como los Nasa y los Awa; hasta las operaciones paramilitares y del Estado colombiano en la Guajira de los wayuu generando el desplazamiento de las comunidades indígenas al tiempo que libera espacios para la explotación de recursos y la construcción de las infraestructuras necesarias para tales explotaciones.

En México, el gobierno de Felipe Calderón está decidido a confiscar unas 200 mil hectáreas del territorio de los indígenas M’phaa en el estado de Guerrero precisamente, en la región de la CRAC y su rebelde Policía Autónoma Comunitaria. Tal confiscación se pretende hacer en nombre de la defensa de la biósfera y su militarización a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico. La misma militarización se ejecuta en Chiapas, donde, dicho sea de paso, el gobierno federal (en manos del PAN) une fuerzas con el gobierno estadal (en manos del PRD) para otorgar espacios a comunidades indígenas no zapatistas en tierras liberadas por los zapatistas luego del levantamiento de 1994 y ocupadas por sus propias comunidades. La intención es evidente, se pretende provocar una confrontación entre las comunidades indígenas para así justificar la intervención militar directa del Estado-gobierno mexicano en contra de las comunidades autónomas zapatistas.

Finalmente, en la Venezuela de la “revolución” bolivariana el panorama no es diferente; por el contrario, parece idéntico en sus acciones y propósitos. Así, para contener el grito de las comunidades indígenas, sindicatos obreros, campesinos, mineros artesanales y poblaciones pobres urbanas el gobierno pasa, una y otra vez, de las llamadas “Misiones” usadas como verdaderos “caramelos de cianuro”, al uso del garrote represivo de las fuerzas policiales y militares, acción siempre sustentada en el manido discurso de que cualquier protesta contra el Presidente Chávez puede abrir la puerta del retorno al poder a la derecha fascista y pitiyanqui.

Algo así fue lo que funcionarios del gobierno y algunos de sus allegados dijeron a la comunidad barí de Boksi para contener su protesta, pues, éstos habían bloqueado el paso de la carretera Machiques-Colón exigiendo la libertad de uno de sus hermanos que fue hecho preso en un falso positivo antidrogas orquestado por algunos elementos de las Fuerzas Armadas: No protesten, les dijeron, no digan que no van a votar, pues, si Chávez pierde no habrá más misiones para ustedes y su hermano jamás saldrá de la cárcel, sólo esperen a que Chávez vuelva a ganar. En efecto, los barí abandonaron su protesta, Chávez volvió a ganar pero el hermano barí sigue preso, sólo que ahora fue condenado a 15 años de prisión mientras que los efectivos militares involucrados en el falso positivo están libremente impunes.

Por su parte, los yukpas que han venido demostrando su disposición a morir por sus tierras el gobierno les responde de primeras con represión, tal como en la última confrontación de la comunidad de Chaktapa pero; por otro lado, inmediatamente ofrece alguna peculiar concesión. En este sentido, Sabino denuncia que desde el Ministerio de Pueblos Indígenas le han ofrecido dinero y, más recientemente, la construcción de una Casa de Saberes para su comunidad. Dicho de otra forma: Demarcación territorial no. Territorio, no. Si quieren, les hacemos una Casa de la Cultura, eso sí, diseñada nada menos que por Fruto Vivas, el mejor arquitecto de Venezuela quien, consciente o inconscientemente se presta para la jugada . En todo caso, la no demarcación territorial indígena permite dejar libres todos esos espacios a efectos de los intereses corporativos que, más adelante, descifraremos.

En conclusión, esta breve revista de los hechos nos muestra que los Estados-gobiernos (no importa su impronta ideológica), actúan como verdaderas corporaciones al lado de las grandes corporaciones en contra de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, negras y desposeídos urbanos, mediante políticas de contrainsurgencia que a toda costa buscan contener, paralizar, someter y eliminar la insurgencia anti-sistémica. Para este estratégico propósito va desde el halago, la compra de conciencias, la cooptación de líderes comunitarios, sindicales y campesinos; pero también, de intelectuales de prestigio; hasta el uso de la violencia represiva que empieza por invisibilizar luchas y luchadores comunitarios en los medios (que el Estado-gobierno controla en un 90 % y que, para el caso de la lucha territorial indígena, logra el apoyo del 10 % restante con el apoyo de medios que, por supuesto, son igualmente anti-indígenas), la criminalización, la judicialización y, finalmente, la acción represiva directa con las Fuerzas Armadas policiales, militares y, como veremos en el siguiente aparte, paramilitares.

En todo caso, nuestros Estados nacionales latinoamericanos no pueden seguir siendo interpretados en la acepción clásica de su definición de origen luego de la Segunda Guerra Mundial sino que, deben ser considerados desde la palabra de su hacer que, hasta donde vemos, es la de aparatos corporativos nacionales asociados a corporaciones transnacionales en el contexto de un proceso de re-colonización del mundo que implica para nosotros en primera instancia, el re-ordenamiento territorial del continente. Vale decir, la idea de la toma del poder del Estado para la transformación social no puede seguir orientando la lucha revolucionaria de las comunidades; por cuanto, el nuevo modelo de dominación ha desplazado su eje del dominio desde un centro político al eje del dominio económico, particularmente financiero; de tal manera que, en esta etapa de recolonización los llamados gobiernos progresistas o de izquierda han sido necesarios para sostener la gobernabilidad mediante el uso de: 1) Una falsa permanencia del discurso de la guerra fría que ha hecho posible la aplicación de todos los conceptos, planes y programas contrainsurgentes ideados por el Banco Mundial naturalizados por el supuesto discurso anti-imperialista de los nuevos detentadores del poder latinoamericanos; 2) Contener la insurgencia de todos los movimientos anti-sistémicos que siempre resultan peligrosos en el contexto de cambios paradigmáticos e históricos, esto es: pocos creerán la palabra de Obama refiriéndose al cambio (para no cambiar) del nuevo curso de la colonialidad pero, de seguro, todos creerán a Daniel Ortega y sobre todo a Chávez, pues, en el contexto de la recolonización en el ejercicio del gobierno de los Estados-gobiernos latinoamericanos está permitido hablar de anti-imperialismo ya que, a fin de cuentas, el sustento económico para la permanencia de tales gobiernos está basada en su estrecha relación financiera con las corporaciones transnacionales que, finalmente son las que orientan y dirigen el curso de actuación de los Estados-gobiernos-corporaciones-nacionales.

b.- De la Pranización de la política

Por otro lado, es un hecho más que evidente en todo el continente la vinculación entre elementos de los Estados-gobiernos y el hampa común fuertemente organizada. Ésta ha cobrado un poder tal que, en algunos casos, sus fuerzas parecen llegar a sustituir a las fuerzas regulares en el ejercicio de la violencia del Estado. Así, los casos de México, Colombia y Venezuela son emblemáticos.
En el caso venezolano creemos que es posible armar un listado de casos que permiten ver este fenómeno en su gradual desarrollo y en su intensidad de acción y sus implicaciones para el movimiento social en general y para la lucha indígena en particular, puesto que se trata de la utilización de fuerzas no regulares para la acción contrainsurgente; pero nos conformaremos con mencionar dos que nos parecen suficientemente contundentes para explicar eso que estamos denominando: la pranización de la política.

El primero ocurrió en el estado Bolívar, al sur del país. Allí el gobierno impulsó la llamada Misión Piar, la cual consistía en un programa de formación para la conversión de los mineros artesanales en productores agropecuarios, así como el apoyo financiero y la dotación de espacios para la producción que harían posible finalmente, el abandono de sus explotaciones de oro en la región de La Paragua, logrando, por esta vía, proteger el ecosistema de los efectos de la minería. Sin embargo, el programa de conversión no se llegó a ejecutar según lo planeado, los recursos asignados para tales efectos terminaron extraviados en el enjambre burocrático del gobierno (para no hablar de corrupción), pero además, el gobierno cede a una corporación rusa concesiones para la explotación de oro en la misma región que antes explotaban artesanalmente los mineros muchos de los cuales pertenecen a los pueblos pemón y ye’kuana.

Una vez que la Misión Piar expone su farsa los mineros artesanales regresan a espacios que ya la corporación rusa está presta a ocupar y explotar; por supuesto, la confrontación es inmediata. Es cuando indígenas pemones y mineros artesanales sorprenden y detienen a un grupo de efectivos militares explotando oro ilegalmente en sus tierras y exigen la presencia del Ministro de la Defensa para entregarlos. Casi inmediatamente superado este impase jamás explicado públicamente por las autoridades, los mineros son atacados por una decena de sicarios llegados a la región desde la capital. En estos hechos muere un dirigente minero pero igualmente perecen todos o casi todos los sicarios. El Ministro de Interior y Justicia declara que se trata de un enfrentamiento interno entre mineros pero éstos le desmienten de inmediato y denuncian que se trató de un enfrentamiento entre ellos y fuerzas irregulares enviadas “por quien sabe quién” para asesinar a su dirigencia y aterrorizar a los rebeldes.

El segundo hecho fue el motín de los presos de la Cárcel de La Planta en la ciudad de Caracas, donde, por varios días los presos dirigidos por los llamados pranes se enfrentaron a la Guardia Nacional para impedir su traslado a otras prisiones. Con esta acción los pranes no sólo demostraron el poder de fuego que poseen y el control que ejercen sobre las prisiones, sino el poder político que han logrado desarrollar mediante vinculaciones a elementos de las estructuras del Estado. Desde la cárcel no sólo dirigen las operaciones de distribución y tráfico de drogas en los barrios de las ciudades, el cobro de vacuna o extorsión por protección especialmente a comerciantes y hasta taxistas, operaciones de secuestro, pero también de sicariato y hasta de aportar efectivos armados para la acción política de intimidación.

En fin, los pranes de la Cárcel de La Planta no sólo obligaron a la ministra de prisiones a encontrar un eufemismo para dirigirse a ellos: líderes negativos, les llama la ministra, sino que, en esa oportunidad lograron la libertad para una cantidad indeterminada de sus “luceros” , ser trasladados a las prisiones que ellos determinaron con sus arcas y armamento intactos, pero lo más importante fue que esta negociación fue realizada de manera directa, dicho por él mismo en cadena televisiva nacional, por el propio Presidente Chávez quien, dijo, llamó personalmente al teléfono del Pran de la cárcel para pactar el acuerdo. Esta concesión presidencial jamás ha sido lograda por ningún sindicato obrero, gremio profesional y, mucho menos, por ningún pueblo indígena, ni por su fuerza social ni por la justicia de sus reclamos.

III.- aeinta wanapüi: Lo que está en el fondo

Como es posible observar en este breve repaso, las políticas de contrainsurgencia en contra de los pueblos son las mismas, las diferencias pueden ubicarse en que algunos gobiernos sean más descarados que otros pero, a fin de cuentas, los propósitos son los mismos. Pero, ¿qué es lo que está en el fondo?; ¿por qué no ejecutar de una buena vez la demarcación territorial de los pueblos indígenas en Venezuela? Para comprender las respuestas a estas interrogantes es necesario hacer un breve recuento histórico. Veamos:

A comienzos de los años 70 la etapa del capitalismo industrial había sido sobrepasada. Esto se expresaba en la convergencia entre capital industrial y capital financiero a escala mundial. Así, la división territorial del trabajo traspasaba los linderos de los Estados nacionales que, hasta ese momento, habían sido necesarios para cumplir un importante papel en la recomposición del capitalismo luego de la Segunda Guerra Mundial, a través del Plan Marshall y la política del llamado Estado de bienestar que establecieron; por un lado, un reordenamiento territorial mundial a través de una “descolonización” dirigida que obligó a la creación de nuevos Estados reconocidos como tales pero dependientes política y económicamente de los centros de poder político y económico. Así, los Estados nacionales se encargarían de impulsar políticas públicas e inversiones de desarrollo económico interno, que permitiera a sus poblaciones obtener el ingreso necesario para la adquisición de mercancías. De allí surge la política de sustitución de importaciones que, permitió instalar parques industriales, especialmente de ensamblaje, que al tiempo que concedía a los países dependientes la ficción de entrar en el camino del “desarrollo”, generaba en todos estos países un desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, generando un “ejército de reserva” de mano de obra muy barato, pero engordando de manera sostenida las ciudades al tiempo que dejaba grandes espacios rurales en poder de la agroindustria. Esto, a su vez, hacía posible el objetivo de incorporar al “libre mercado” grandes territorios y poblaciones (consumidores) para la adquisición de las mercancías que el capitalismo industrial, particularmente de los Estados Unidos, estaba en capacidad de producir.

Sin embargo, a comienzos de los años 70 la realidad del capitalismo mostraba superada esta etapa de posguerra y, con ella, se llegaba al fin del Estado de bienestar. Dicho de otra manera, la etapa del Estado de bienestar de la posguerra implicó una división territorial del trabajo y su consustancial división social del trabajo; una vez superada esta etapa y ante la nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial, una nueva división territorial del trabajo se comenzaba a establecer a través de lo que se conoce como la etapa Neoliberal.

Es necesario señalar, que la ficción de soberanía y autonomía de los Estados nacionales, hizo posible el surgimiento de movimientos sociales y políticos que, en los términos políticos establecidos por el mismo Estado, consiguieron alcanzar triunfos políticos que, en casos extraordinarios como el de Chile, habían logrado hacerse del poder del gobierno. Sin embargo, la nueva etapa neoliberal implicaba una sustancial pérdida de importancia de la industria y la consustancial pérdida de relevancia de la clase obrera, y cobraba relevancia el capital financiero para el cual, las soberanías relativas de los Estados nacionales debían flexibilizarse a tal punto que, las relaciones sociales de producción se enmarcaban ahora en el contexto de una igualmente flexibilizada relación laboral.

Precisamente, la llamada etapa neoliberal se instaura en América Latina con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la aplicación de ajustes económicos en todos los países del continente. Estos ajustes económicos implicaban, entre otras cosas, un nuevo marco constitucional y jurídico, así como un nuevo reordenamiento territorial para todos los países, que hiciera posible la intervención y libre control del capital financiero y de las corporaciones, de espacios territoriales hasta entonces no tocados, poco intervenidos y, en algunos casos, protegidos por leyes y reglamentos generados durante la etapa del capitalismo industrial y la sustitución de importaciones en todo el continente.

Se trata, entre otras cosas, de liberar territorios en beneficio de la intervención y dominio del capital financiero mundial y sus corporaciones. Esto, a su vez, ha implicado una nueva relación entre los Estados nacionales y las corporaciones y, por supuesto, entre los Estados gobiernos y las poblaciones habitantes de los territorios requeridos en el contexto de una nueva división territorial del trabajo en América Latina.

De allí, pues, se explica el proceso de cambios y reformas constitucionales impulsados en todo el continente durante los años 80 y 90, la última de las cuales fue la Constitución bolivariana de Venezuela de 1999. Nuevos marcos jurídicos para la nueva etapa del capitalismo en el que conceptos como el de soberanía, debían ser relativizados a tal punto, que su significación se hace insignificante.

Sin embargo, la nueva división territorial del trabajo no puede ser establecida sin entrar en fuerte contradicción con las poblaciones originarias de los territorios a intervenir que, en la mayoría de los países de Suramérica, está conformada por pueblos indígenas, campesinos, negros y demás poblaciones rurales que, hasta entonces, habían sido consideradas como desaparecidas o totalmente integradas a las llamadas culturas nacionales. Así, el reordenamiento territorial a la medida de las exigencias del capital financiero y las corporaciones se ha visto confrontado en todo el continente por la férrea resistencia de pueblos y comunidades que, con sus luchas en defensa de sus territorios, se constituyen en nuevos sujetos sociales que, obligadamente, han de ser considerados como protagonistas en el nuevo contexto político económico latinoamericano.

Es este, pues, el contexto que obliga a la conversión de los Estados nacionales en Estados corporativos; pero también, la obligatoriedad de reconocer la existencia de pueblos y comunidades hasta ese momento negadas como tales en la etapa anterior. Así, el reordenamiento territorial, es decir, la nueva división territorial del trabajo en América Latina, pasa por el reconocimiento “formal” de la existencia de los pueblos indígenas, negros y campesinos. Esto lo han hecho todas las nuevas constituciones, desde Bolivia a Venezuela; desde Brasil a Chile. No importa, pues, la supuesta impronta ideológica de los que detentan el poder del gobierno en cada uno de los Estados, pues, en todo caso, de lo que se trata es de ofrecer el piso jurídico político a la nueva etapa de la colonialidad nunca desaparecida y a producir nuevas relaciones de colonialidad entre los Estados-gobiernos y las poblaciones destinadas a ser desplazadas y despojadas de sus territorios.

En fin, el nuevo orden jurídico político sobre el que se sustentan actualmente todos los Estados corporativos en América Latina, responde a los programas económicos y a la nueva división territorial del trabajo correspondiente a tales programas de las grandes corporaciones y el capital financiero mundial. Para el logro de este propósito con el menor trauma social posible, esto es, sin riesgo de un verdadero quiebre social siempre presente en toda crisis, el capital transnacional ha debido liquidar antiguas relaciones y establecer algunas nuevas; así, por ejemplo, la salida negociada de Pinochet (en Chile), o la defenestración de Carlos Andrés Pérez (en Venezuela) o de Alan García (en Perú), forman parte del proceso de reajuste que, entre otras salidas, tuvo la aparición de un Fujimori en el Perú o de un Hugo Chávez en Venezuela, como parte del nuevo entramado político para la nueva colonialidad. En todo caso, quedaba claro a las corporaciones que el viejo discurso de la guerra fría, de una supuesta confrontación ideológica entre socialismo y capitalismo, seguía siendo conveniente a la instauración de la continuidad de la colonialidad en América Latina que, en el terreno económico se expresa en los grandes programas de integración económica transnacional contenidos en el llamado Plan Puebla-Panamá y las Infraestructuras de Integración de la Región Suramericana (IIRSA).

a.- ¿Qué es la IIRSA?

La etapa neoliberal del capitalismo se dirige; por un lado, al control energético mundial por parte de las corporaciones pero también, de las fuentes de agua y biodiversidad, fuentes esenciales a los nuevos procesos científico-tecnológicos que, suponen, un hasta ahora retenido cambio energético paradigmático.

Así, si en la etapa de la ficción desarrollista de la sustitución de importaciones el imperialismo permitía y aún estimulaba las iniciativas de integración comercial desde los Estados nacionales como, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras, en todo el continente, la nueva etapa de predominio del capital financiero impone una nueva visión de los procesos de integración comercial. En este sentido, el capital financiero jugó a las cartas mostrando a los movimientos sociales y políticos del continente solamente el as representado por los Tratados de Libre Comercio que, de inmediato fueron rechazados por todas las comunidades y movimientos de izquierda de los diferentes países; sin embargo, bajo la manga, las corporaciones, el gran capital financiero y el imperialismo, supieron siempre jugar con los nuevos Estados gobiernos del continente el as de programas de integración mediante infraestructuras regionales que les permitía; por un lado, esquivar su confrontación directa con las poblaciones en tanto que, los proyectos de infraestructuras son impulsados directamente por los Estados gobiernos nacionales, y, por el otro, controlar e intervenir de manera directa los espacios territoriales plenos de los recursos energéticos y de biodiversidad que aseguran el futuro del crecimiento capitalista y, por supuesto, el control político futuro de la nueva etapa imperialista y colonial en todo el continente latinoamericano.

De tal manera, pues, por vía de las reformas constitucionales se naturalizaba la nueva etapa imperialista y la nueva colonialidad en cada uno de los países latinoamericanos, al tiempo que las corporaciones y el imperialismo se garantizaban las fuentes materiales de plusvalía y de poder evitando, hasta donde es posible, su confrontación directa con las comunidades.

En este sentido, los Estados gobiernos en poder de las llamadas fuerzas de “izquierda” o “progresistas” (especialmente en Venezuela), no sólo sirvieron de matarifes a la etapa de la ficción desarrollista y sus representantes políticos, sino que en su configuración como Estados corporativos, han conducido diestramente el proceso de contrainsurgencia en contra de los movimientos sociales antisistémicos, ya sea por la vía de la cooptación (mediante programas de integración a nuevas estructuras de gobierno creadas con ese propósito y que, muchas veces, son encargados para su promoción e imposición al interior de los movimientos sociales en lucha elementos en los que las comunidades han depositado su confianza); pero también, provocando su invisibilidad mediante el uso de los medios de comunicación (casi totalmente en su poder), o, finalmente, liquidándolos físicamente (etno-genocidio), cuando su rebeldía se hace incontrolable, para lo cual, hace preciso uso de la pranización de la política y del poder de fuego de sus fuerzas irregulares con las que negocia de manera pragmática y operativa.

Dicho de otra manera, al capital financiero mundial (verdadero dueño de la economía y determinante de la nueva coyuntura de poder político mundial), no le representa ningún inconveniente entregar el control político local de los Estados gobiernos a fuerzas políticas supuestamente anti-imperialistas, y, mucho menos, en el método que éstos empleen para garantizar la flexibilización de la soberanía siempre y cuando tales fuerzas en el control de sus respectivos Estados, entren en el proceso de conversión corporativo de sus Estados y de sus gobiernos puesto que, en todo caso, su interés está totalmente dirigido al control y dominio económico de espacios territoriales específicos, dejando el control político sobre el restante territorio a las fuerzas políticas en control del Estado gobierno, se autodenominen estas como de “izquierda” (caso Venezuela) o de derecha (caso Colombia, por ejemplo), pues, en definitiva, el objetivo económico estratégico del capital financiero y la nueva fase imperialista, termina uniendo en el mismo propósito a los supuestos, ideológicamente confrontados, gobiernos de “izquierda” y gobiernos de derecha en América Latina.

Es en este marco que debe entenderse la significación política de programas como el Plan Puebla-Panamá (para Centroamérica) y el programa de la IIRSA (para Suramérica) es decir, se trata de programas en los que el énfasis de dominación y control político está determinado a espacios territoriales concretos y no al control y dominio de los Estados nacionales, esto es, al capital financiero no le interesa ya, el dominio total de los Estados sino el control y dominio de aquellos espacios territoriales particulares dentro del territorio de los Estados nacionales. Dicho de otra manera, las corporaciones imperialistas asumen la explotación y la plusvalía generada por la explotación de esos territorios específicos; mientras que al nuevo Estado corporativo y su gobierno (ya sea de derecha o de “izquierda”), le corresponde asumir las políticas de contención social de las comunidades en resistencia y, por eso y, para eso mismo, recibir parte de la utilidad de la explotación para su perpetuación en el poder del Estado-gobierno dentro de los términos de la nueva colonialidad.

En este sentido, el programa IIRSA (como el Plan Puebla-Panamá para Centroamérica), debe ser entendido, no sólo como un programa correspondiente a la nueva etapa económica del capitalismo mundial, esto es, como la concentración del capital financiero actuando como dominación político-económica en espacios territoriales concretos, sino como base material de sustentación del capital imperialista y la adecuación política de los Estados nacionales a esta sustentación.
Es por ello que, a pesar de los discursos anti-imperialistas de los líderes de los Estados gobiernos latinoamericanos de “izquierda” o progresistas (llámense Rafael Correa, Evo Morales, Lula Da Silva o Hugo Chávez), todos encajan su acción política interna en el contexto de un mismo programa: el de las corporaciones, que para Suramérica ha sido definido mediante la IIRSA.
Pero, ¿qué es, en definitiva, la IIRSA?

Tal como su nombre lo indica, se trata de un programa para la construcción de infraestructuras que hagan posible la integración material de todos los países de América del Sur, mediante la cimentación de grandes carreteras internacionales, enormes hidro-vías a lo largo de los principales ríos suramericanos que hagan posible su navegación por barcos de mediano y gran calado; grandes represas para la generación de energía; importantes tendidos eléctricos y de fibra óptica para garantizar las telecomunicaciones; vías férreas y puertos de aguas profundas; en fin, todas aquellas obras de infraestructura necesarias para la explotación, extracción y transporte de los recursos naturales, energéticos y de biodiversidad presentes en espacios territoriales concretos en el continente suramericano.

El Programa se estructura en base a Ejes en los que se logra la interconexión de regiones a través de vías de comunicación que hagan posible la movilización de las inversiones y el traslado de las mercancías y productos. Así, por ejemplo, el Eje Andino es la interconexión vial de Caracas a Bolivia a través de dos grandes carreteras extendidas a lo largo de los países andinos, tal como lo muestra el Mapa Nº 1.

En este sentido se han definido los siguientes Ejes: Eje Andino, Eje del Escudo Guyanés, Eje Amazonas, Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje Interoceánico Central, Eje Capricornio, Eje Mercosur-Chile, Eje Andino-Sur, Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, Eje del Sur (Ver Mapa Nº 2). La definición de tales no es en modo alguno azarosa, sino que responde a la prospección de los recursos naturales, energéticos, minerales, agua, biodiversidad, etc., presentes en los mismos; así como las posibilidades ciertas de ser interconectados a través de las debidas infraestructuras.

Mapa Nº 2. IIRSA: Ejes de Integración y Desarrollo

El Programa de la IIRSA ha sido definido a partir de lo que sus promotores establecen como siete principios básicos; a saber:

1) Regionalismo abierto: se considera a Suramérica como un espacio geo-económico integrado en tanto se reducen las barreras internas al comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y en los sistemas de regulación y operación regionales, para lo cual se ha de establecer una Apertura comercial total, que haga posible no sólo identificar los sectores productivos de alta competitividad global sino su extracción, explotación y comercialización en el mercado mundial. El regionalismo abierto es, pues, el principio que sustenta la intervención de espacios territoriales a los que, hasta hace muy poco, las políticas públicas de los Estados nacionales no alcanzaban.

2) Ejes de Integración y Desarrollo: En concordancia con la visión geo-económica de la región, debe establecerse un estándar mínimo de servicios de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones a fin de apoyar las actividades productivas específicas de cada franja o Eje de Integración y Desarrollo. Esto implica el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala. La infraestructura debe facilitar el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o subutilizadas. Se trata de una redefinición de un viejo concepto colonial: el concepto de vacío, que permitió justificar la invasión europea de los territorios indígenas en todo el continente, en tanto que los mismos se encontraban aislados, vacíos u ocupados por entes sin conocimiento de las armas, la palabra escrita, sin religión, en fin, vacíos de cultura.

3) Sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional: La sostenibilidad en el tiempo se establece de acuerdo a cuatro elementos: (i) por la eficiencia y la competitividad en los procesos productivos; (ii) por el impacto visible del crecimiento económico que se supone impactará sobre la calidad de vida de las poblaciones; (iii) por el supuesto uso racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio ecológico; y, (iv) para que los diversos agentes públicos (los Estados) y privados (las Corporaciones) de la sociedad puedan y quieran contribuir al proceso de desarrollo e integración.

4) Aumento del Valor Agregado de la Producción: El desarrollo y la integración regional no deben ser simplemente para producir más de lo que tradicionalmente hemos producido, sino mejorar con innovación y generación de conocimiento; por tanto, nuestras economías deben reorientarse para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global (el mercado mundial), capitalizando las diversas ventajas comparativas. Se trata, pues, de grandes proyectos de escala mundial en el que las economías locales de los pueblos habitantes de los territorios a intervenir, no tienen cabida por su condición mínima y tradicional.

5) Tecnologías de la Información: supone la transformación total de los conceptos de distancia y espacio (y, por supuesto, de territorio y soberanía), a fin de superar barreras geográficas y operativas; transformación que debe aplicarse no sólo a los sistemas productivos de la región sino también, al funcionamiento general de la sociedad, incluyendo los sistemas educativos, la provisión de servicios públicos y de gobierno, y la organización misma de la sociedad civil; esto es, nuevos marcos jurídicos e institucionales que naturalicen la intervención de los territorios y obliguen a los pueblos a aceptar tal intervención y despojo.

6) Convergencia Normativa: todos los países deben con los requisitos jurídico-políticos que permitan viabilizar las inversiones en infraestructura regional, esto implica una necesaria convergencia de visiones y programas entre los países más allá de lo específicamente relacionado con la infraestructura. Vale decir, el programa se supone está por encima de cualquier interés geopolítico particular, o las diferencias de visiones ideológicas de los Estados gobiernos nacionales lo que los homogeniza, es decir, los hace converger en un mismo plan de explotación de lo que se considera el territorio global de la IIRSA.

7) Coordinación Público-Privada: finalmente, todo esto impone una coordinación precisa y un liderazgo compartido entre los Estados gobiernos y el sector empresarial privado (las corporaciones), lo que incluye la promoción de asociaciones estratégicas público-privadas (empresas mixtas) en un ambiente regulatorio adecuado para la participación significativa del sector privado. Se entiende por liderazgo compartido, el desarrollo como una responsabilidad compartida entre Estados gobiernos y los empresarios nacionales y transnacionales.

Como es de apreciar, la IIRSA se configura como el Programa concreto para la ejecución de un proyecto de recolonización continental, ya no por parte del imperio de un país determinado, tal como la primera colonización europea en el territorio de Abya Yala, sino de grandes corporaciones sin lugar, es decir, del gran capital financiero transnacional que opera sin rostro ni lugar, planetariamente.

Por otro lado, a partir de la aceptación e impulso del Programa IIRSA por parte de todos los Estados y gobiernos en todo el continente suramericano, la visión y misión de los mismos, sin lugar a dudas, pasa a otro plano y por tanto, deben ser entendidos desde esa perspectiva. Esto es, el fin de la ficción del periodo desarrollista y el inicio de la globalización neoliberal en América Latina, convierte a los Estados nacionales en aparatos al servicio de la nueva colonización o recolonización del continente.

En fin de cuentas, la aceptación e impulso de la IIRSA en todo el continente resulta ser una contundente victoria imperialista en tanto que ella no es más que la concreción en el espacio, del Tratado de Libre Comercio con el que nos enfrentamos todos los pueblos y hasta celebramos su derrota, mientras nuestros Estados gobiernos (de derecha o de “izquierda”) acordaban su ejecución directa a través de la IIRSA. Si quieres derrotar a alguien, muéstrale un falso enemigo para que se desgaste en una lucha que, le impedirá verte como su enemigo real y terriblemente verdadero.

b. IIRSA y lucha territorial en Suramérica.

Si bien es cierto que la primera gran sublevación popular en contra del establecimiento de las políticas neoliberales en el continente fue la rebelión de Caracas, el 27 de febrero de 1989, no menos cierto es que tal rebelión se produjo; por un lado, sin la conciencia política del pueblo acerca del enemigo verdadero al que, con su vida, estaba enfrentando, y, por el otro, por la ausencia de una dirigencia que tuviera claridad política acerca de la coyuntura histórica y, mucho menos, de la necesidad de organizar con visión estratégica esa batalla. En este sentido, lo primero se explica por cuanto, apenas un par de meses atrás la población había votado masivamente por el ahora presidente enfrentado con rabia, y, lo segundo, porque los movimientos revolucionarios (léase, la guerrilla de los años 60 y 70), estaba totalmente desarticulada (por no decir derrotada).

Esta rebelión fue seguida por la Marcha por la tierra y la dignidad de Bolivia y también en Ecuador pero, como verdadero parte-aguas, por el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de los indios mayas de Chiapas, México, 1994. La significación de este levantamiento no sólo venía dado por tratarse de un levantamiento armado, porque se trataba de una guerrilla totalmente indígena, ni siquiera porque proclamaba una palabra jamás escuchada en las luchas revolucionarias del continente: ¡Para todos todo, nada para nosotros!, sino que su enorme significación continental presente hasta hoy, viene dada por el hecho de que el levantamiento se produce exactamente en el momento en que el Presidente Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio de los países de Norteamérica (NAFTA, en sus siglas en inglés); pero también, porque ante el acuerdo de la colonialidad los zapatistas respondieron con la reterritorialización de sus espacios, construyendo, no sin costo de vidas, persecución y férrea resistencia, un gobierno propio y verdadero en el más amplio sentido, es decir, de las comunidades.

Asimismo, la lucha de los pemones en contra del tendido eléctrico Venezuela-Brasil, es la primera confrontación de los pueblos indígenas venezolanos en contra de un proyecto de la IIRSA y en defensa de sus territorios. Lamentablemente, fueron derrotados, no sólo por ser una minoría enfrentada a un monstruo imperialista, sino sobre todo, porque en el contexto de la lucha contra el tendido surgió la figura de Chávez como posibilidad de producir un cambio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas que condujera a la eliminación (tal fue su promesa electoral del momento) del proyecto de tendido. Como hemos visto, no pudieron estar más equivocados los pemones y las fuerzas políticas que confiaron en el proyecto chavista. Chávez supo desviar la lucha territorial pemona y la de todos los pueblos indígenas a cambio de pequeñas atenciones a necesidades inmediatas de las comunidades, al mismo tiempo que ha venido naturalizando nacionalmente la IIRSA como su programa de gobierno “revolucionario y socialista”.

Posteriormente, abril del año 2000, se produce en Bolivia la llamada Guerra del agua en Cochabamba. Esta, junto a la previa Marcha por la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas del Ecuador, representaron en su momento las dos más grandes movilizaciones que terminaron con la defenestración de varios presidentes en el Ecuador y en Bolivia, e impulsaron la carrera política de Rafael Correa y Evo Morales en los respectivos países, al punto de alcanzar la presidencia aupados por la esperanza de transformación social que los pueblos indígenas, sobre todo, pusieron en sus manos. Hoy, las políticas pro IIRSA de Correa con sus nuevas leyes que abren los espacios territoriales amazónicos indígenas para la explotación minera en el Ecuador, o la defensa de Evo Morales del proyecto de la carretera del TIPNIS, pone en evidencia una vez más, la imposibilidad de una reterritorialización de los pueblos en contra del proyecto imperialista desde las estructuras de los Estados gobiernos y, mucho menos, dejando su lucha en manos de algún elegido.

Así, tanto a los pueblos indígenas bolivianos como ecuatorianos, les toca regresar al camino que ellos mismos comenzaron a trazar con la Guerra del agua y la Marcha por la Tierra y la dignidad; puesto que, en ese momento de la lucha pusieron en evidencia al verdadero enemigo: las grandes corporaciones que unidas al Estado gobierno nacional pretenden alcanzar un nuevo modelo de colonialidad que haga posible la continuidad de su existencia en contra de la existencia de los pueblos.

En Venezuela, la IIRSA ha logrado adquirir carta de naturalización, incluso con Cédula de Identidad “socialista” y “revolucionaria”. Ya en el comienzo del primer periodo presidencial de Chávez, su ministro de economía Jorge Giordani presentó la ruta de desarrollo económico del proyecto bolivariano sintetizado en lo que él denominó como de su autoría: Los Ejes de Desarrollo de la revolución bolivariana; a saber, el Eje Oriental, constituido por proyectos de explotación petrolera, gasífera y un puerto de aguas profundas ubicado al extremo del estado Sucre en función del traslado de los recursos (mineros y petroleros) extraídos de la región que constituye el segundo de sus ejes: el Eje Apure-Orinoco, el cual supone la construcción de hidrovías, líneas férreas y puertos fluviales que permitan interconectar las explotaciones de recursos mineros, petroleros y de biodiversidad de la Amazonia del norte del Brasil, los llanos orientales de Colombia y la región del Amazonas venezolano. Finalmente, está el Eje Occidental, conformada por la totalidad de la Sierra de Perijá y la cuenca del Lago de Maracaibo, y, cuyos proyectos esenciales los representan la explotación minera-carbonífera, pero también de coltan presentes en la Sierra, así como la transportación de gas, petróleo y carbón de los dos costados de la Sierra (Venezuela y Colombia), a través del mejoramiento de los puertos ya existentes en el Lago de Maracaibo y la construcción de un nuevo Puerto de aguas profundas en la península de la Guajira.

Todo esto es lo que se nos ha ofrecido como el camino a seguir, para convertirnos en una “gran potencia energética” que es el “corazón del Plan Patria”. Este singular plan “patriótico” ha supuesto la conformación de empresas mixtas entre el Estado gobierno nacional y las más grandes corporaciones para la explotación de esos espacios en el oriente, sur y occidente del país. En otros casos, la cesión de concesiones directas a transnacionales mineras para la explotación de carbón, coltán y oro en el estado Bolívar en el sur y en la Sierra de Perijá en occidente. Pero, sobre todo, dado que el desarrollo de este “gran Plan Patria” se localiza en espacios territoriales fundamentalmente indígenas, el reordenamiento territorial que suponía la demarcación de los espacios territoriales indígenas ha sido totalmente redefinido por la “revolución bolivariana” en función de los intereses de estos proyectos de explotación.

De tal manera que, la demarcación de “tierras y hábitats” indígenas establecida constitucionalmente desde 1999, no ha sido más que un sueño de opio para los pueblos indígenas, y una justificación para el Estado gobierno chavista para la liquidación de la lucha territorial indígena en Venezuela.

Es importante observar, además, que el “gran Plan Patria” y sus Ejes de desarrollo representan la continuidad del modelo colonial impuesto por los europeos en el siglo XVI, en el cual, la idea de vacío es determinante. Así, en su justificación del programa, el ministro “socialista” Giordani establece que (palabras más, palabras menos), Venezuela es un país cuya distribución poblacional es totalmente anómala, pues, en su franja norte-costera se ubica el 60% de la población cuando en su lugar sólo se registra el 10% de los recursos hídricos y naturales como para garantizar la existencia a tan elevada población. Por el contrario, es en la región de la franja sur fronteriza donde se concentra el 60% de los recursos mientras en ella sólo habitan cerca del 10% de la población total del país. En definitiva, se trata de espacios geográficos vacíos o, cuya población puede ser sujeta de desplazamiento en virtud de su escasa o nula contribución al crecimiento económico nacional en tanto que, se trata de economías tradicionales de auto-sustentación comunitaria que, por eso mismo, no pueden ser colocadas por encima de los intereses del Estado que representa a la mayoría de la población (Ver Mapas 3, 4 y 5).

Mapa Nº 3. Distribución demográfica en Venezuela.

No de balde, en declaración hecha a través de cadena televisiva nacional, precisamente, desde el territorio indígena del estado Bolívar y, especialmente dirigida a los pueblos indígenas, el presidente Chávez sentenció como imposible la demarcación territorial de los pueblos indígenas fuera del contexto del “gran Plan Patria”, esto es, fuera de la IIRSA, sus proyectos e intereses estrechamente asociados al futuro del Estado gobierno “socialista” en Venezuela.

Mapa Nº 4. Distribución de los recursos naturales en Venezuela.

Mapa Nº 5. Distribución de la biodiversidad en Venezuela.

Es por ello que, luego de más de una década de haber sido promulgada la Constitución bolivariana que, en una de sus más inmediatas disposiciones establecía la obligatoriedad del reordenamiento territorial venezolano que suponía la demarcación de los espacios territoriales correspondientes a los pueblos indígenas, este proceso puede ser catalogado sin temor, como un despojo territorial que nada tiene que envidiar al realizado por la corona española durante la conquista y colonización del siglo XVI, pues, como quiera que sea, se trata no sólo del desconocimiento y la invisibilidad de los pueblos indígenas a partir del concepto de vacío, sino la adecuación del Estado nacional a la nueva configuración del capitalismo mundial que lo requiere como Estado corporativo. Así, los pueblos indígenas de Venezuela se encuentran en el disparadero: o se deciden, a todo riesgo, iniciar la reterritorialización autónoma de sus espacios (lo que implica la generación de autogobiernos con agenda política y calendario propios), o caerán en la rampa creada por el imperialismo, el capital financiero mundial pero concretamente aplicada por los Estados nacionales representados por quienes ejercen su gobierno, que prometen una salvación que sólo alcanzarán con su muerte y desaparición, algo así, como el paraíso después de la muerte.

Todos los pueblos indígenas venezolanos han venido sufriendo a lo largo de la historia colonial europea y de la colonialidad interna republicana, una paulatina e incesante pérdida de territorios; de tal manera que, cuando la Constitución bolivariana estableció su reconocimiento como comunidades con lengua, tradiciones, religión y espacio propio, no podían menos que celebrar el sueño de opio que se les proponía. Sin embargo, en el fondo, de lo que se trataba era de la nueva etapa del despojo territorial y de la definitiva condena de su desaparición cultural, esta vez, aupada aún por buena parte de sus propios integrantes, ahora convertidos en Ministros, Diputados, o dirigentes de Consejos Comunales establecidos por el partido de Gobierno y que sustituían sus autónomas formas de organización política, pues, en esta etapa y en todo caso, el reordenamiento territorial sólo tiene que ver con la determinación de espacios para la explotación de recursos, en estratégico negociado entre el Estado gobierno y las imperialistas corporaciones; mientras que, los pueblos indígenas (algunos de ellos para ser más precisos), de acuerdo al concepto colonial de vacío revitalizado por el “gran Plan Patria” de la “revolución bolivariana”, deben conformarse con la demarcación de pequeñas parcelas que terminarán por enclaustrarlos en pequeños “hábitats” que habrán de condenarlos a una segura desaparición cultural y física. (Ver Mapas Nº 6 y 7).

Mapa N° 6. Pueblos Indígenas y sus territorios en Venezuela.

Así, luego de 12 años el gobierno de la “gran Patria” sólo ha demarcado (según sus propias cifras), unas 905.582 hectáreas, “beneficiando” apenas a unas 34 comunidades indígenas pertenecientes a unos 6 de los 34 pueblos indígenas originarios en Venezuela. Dicho de otra manera, se trata de una demarcación territorial conscientemente ejecutada como política de contrainsurgencia en contra de los pueblos indígenas y como política entreguista y en contra de la soberanía de Venezuela como república.

Mapa Nº 7. Tierras otorgadas a pueblos indígenas. Informe 2005-2007 .

Ver el mapa en http://laguarura.net/wp-content/uploads/2013/01/mapa7-iirsa.jpg

En definitiva, la lucha territorial indígena en Venezuela y todo el continente, no sólo es una lucha de resistencia por el espacio que les hace ser lo que son, sino que constituye la verdadera confrontación civilizatoria entre la nueva colonialidad y la posibilidad de reconstituir nuestras naciones latinoamericanas desde otra perspectiva, es decir, desde otra filosofía, otro pensamiento y, por tanto, desde otra forma de organización y funcionamiento social. Tal perspectiva, no sólo es difícil de comprender por los propios pueblos sometidos, sino también, por las fuerzas críticas que, en su reflexión, se resisten a abandonar un estadocéntrismo de profunda raíz colonial que les impide aceptar la posibilidad de un papel protagónico de las filosofías indígenas, negras y campesinas, pues, siempre han sido consideradas “incapaces” de proveer de pensamiento propio a un proyecto societario que englobe a todos los que somos hacia una vida mejor.

IV. Aeinta jara atta eirawa: Lo que está por verse.

Cuento:
En una oportunidad, viajamos a la Sierra de Perijá para visitar a la comunidad barí de Karañakaëg y, muy particularmente a Benito Askerayá. Nos parecía importante esta visita pues, teníamos la información de la posibilidad de inicio de trabajos para la explotación de un lote de carbón ubicado exactamente en el territorio de la comunidad. Sabíamos que la empresa MAICCA había vendido su concesión a un consorcio chileno que, de inmediato pretendía hacer efectiva la explotación.
Así, con estas inquietantes noticias llegamos a la comunidad que, como siempre, se encontraba apacible y dedicada a sus labores cotidianas. De inmediato, comentamos a Benito y sus compañeros las informaciones, el riesgo que ellas suponían y la necesidad de preparar un curso de acciones para enfrentarlas.
Pero, para nuestra sorpresa, Benito y los otros barí a pesar de escuchar con atención nuestra alarma, sin embargo, no mostraron inquietud alguna, por el contrario, con pasmosa tranquilidad sólo asentían a nuestras palabras sin referirse a nuestras propuestas de acciones. En un momento de descanso de la reunión, me acerqué a Benito para decirle que no entendía cómo al enterarse de lo que se sobrevenía ellos se mostraban tan tranquilos; entonces, Benito me respondió:
– Cuando venías por el camino, ¿viste bien el río?
– Si.
– Te fijaste que hay partes de las orillas que las hojas lo tapan.
– Si, el río casi ni se ve.
– Bueno, así somos los barí. Cuando todos creen que estamos tranquilos, es porque andamos como el río debajo de las hojas.

Ciertamente, un par de meses después, los barí de Karañakaëg y de otras comunidades vecinas, detuvieron a los hombres de la minera, apresaron a su jefe, capturaron sus herramientas y enseres, antena de radio-transmisión, GPS, y terminaron expulsándolos de su territorio en una acción tan contundente, que la compañía chilena se retiró del lugar de manera definitiva abandonando para siempre la concesión.

Para la lucha indígena en contra de los planes de la “gran Patria” como “potencia energética”, esta experiencia barí es singularmente importante, pues, de cierto los pueblos indígenas saben que lo que está sobre la mesa es su definitiva permanencia y su existencia como pueblos culturalmente diferentes. Sin embargo, es necesario señalar, que una cosa es la consciencia acerca de la circunstancia histórica y otra muy diferente convertir la consciencia en acciones correspondientes. Esto es, una cosa es lo que se incuba y otra muy diferente lo que está por verse.

Tal vez, uno de los falsos teoremas que más daño ha hecho al pensamiento de la izquierda es aquel que, esquemáticamente, señala el devenir histórico al socialismo como una especie de flecha que avanza inexorable hacia el cambio de la sociedad. Nada más falso, pues, una cosa es lo que se cocina en el horno de la historia y otra lo que está por verse fuera del horno. De allí que, pensar que la actual coyuntura de crisis del capitalismo señala su fin puede ser, no sólo ingenuo, sino mortal para los pueblos en lucha. De hecho, estamos convencidos que lo correcto es pensar que la crisis actual del capitalismo forma parte del proceso de su pase a una nueva configuración de sí mismo, lo que ciertamente no deja de ser traumático y riesgoso para su permanencia. En este sentido, el gran capital tiene consciencia de ese riesgo y, por eso mismo, se dedica a cambiar la fisonomía de sus políticas de contrainsurgencia, toda vez que la crisis genera el surgimiento de sujetos que pudieran en un momento determinado profundizar la lucha hacia un camino verdaderamente antisistémico.

Dicho en palabras de Raúl Zibechi:

“Aunque atraviesa una profunda crisis estructural, el capitalismo durará tanto tiempo como los de abajo demoremos en encontrar alternativas sostenibles, o sea capaces de auto-reproducirse. Ningún sistema desaparece hasta tanto nazca otro capaz de sustituirlo; uno que esté capacitado para cumplir de modo más eficiente, las funciones que no puede seguir realizando el sistema en decadencia. Por esta sencilla razón, avalada por todas las transiciones en la historia, es que las elites se empeñan en impedir que nazcan, crezcan y se expandan formas de vida no capitalistas, capaces de superar el inevitable aislamiento inicial para crecer, hasta convertirse algún día en sistema. En esa función, las políticas sociales juegan un papel relevante, insustituible. Con la excusa de aliviar la pobreza, buscan la disolución de las prácticas no capitalistas y de los espacios en los que ellas suceden, para someterlas a las prácticas estatales. El mejor camino es no hacerlo por la violencia, que suele mutarlas en organismos resistentes, sino someterlas suavemente, administrándoles –como antídotos- relaciones sociales similares a las que dieron vida a esas prácticas no capitalistas”. (Zibechi, 2010:11)

En este sentido, podemos decir sin temor, que luego de los grandes levantamientos en contra de las políticas neoliberales en toda América Latina, que fue capaz de derribar gobiernos y obligar a reformas políticas en todos los Estados nacionales, solamente el movimiento zapatista de los mayas de Chiapas, ha seguido la ruta de la consolidación del autogobierno en espacios autónomamente re-territorializados. Como los zapatistas, pocos son los movimientos indígenas, campesinos, negros o de comunidades rurales o urbanas que hayan resistido con éxito a ese “inevitable aislamiento inicial”, y, por el contrario, la mayoría de ellos ha sucumbido a los espejismos creados (como políticas sociales ejecutadas exactamente por “gobiernos populares”), por el propio capitalismo en su etapa de globalización, y, hay que ver los esfuerzos que política y militarmente, las elites mexicanas (desde el PAN, el PRI y el PRD) han realizado a lo largo de los últimos 18 años en función de quebrar la lucha por la autonomía de los mayas zapatistas de Chiapas, su dirección política reunida en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y su EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y obligarlos a mediatizar su lucha a través de los mecanismos del Estado-gobierno.

Cuento:
Nos encontrábamos en una comunidad zapatista un grupo de compañeros mexicanos y de otros países trabajando en el proceso de formación de maestros autónomos para la educación autónoma de las comunidades.

Esa mañana fuimos despertados por un singular llamado a todos los miembros de la comunidad a participar en una asamblea general que se realizaría en el espacio destinado a ese tipo de reunión. Nosotros, por supuesto, sólo éramos testigos de una situación que no lográbamos comprender puesto que, todos los discursos se daban en lengua Tzeltal que no dominábamos.

El hecho es que la asamblea de personas se organizó en un gran círculo en cuyo centro se encontraba un compañero que, sabíamos, ocupaba un cargo como autoridad dentro de la comunidad. Por el tono y los gestos de los participantes, entendimos que, por alguna razón que desconocíamos, el compañero estaba siendo sometido a un verdadero juicio por su comunidad.

Luego de una enorme algarabía en la que todos hablaban casi al mismo tiempo, sin cesión parlamentaria del derecho de palabra, la asamblea fue quedando en silencio. Luego de un breve instante de mutismo, un miembro de la asamblea dijo un breve discurso y, de inmediato, el personaje que había permanecido en el centro de la asamblea, sacó de su bolsa un pequeño fajo de billetes que ante todos, comenzó a despedazar uno a uno. Posteriormente, fue llevado a un camión en el que se colocaron varias bolsas de comida y acompañado por varios hombres de la comunidad, el juzgado partió hacia el pueblo más cercano.

En la noche, un compa nos llegó a informar y aclarar lo que habíamos presenciado todos sin llegar a comprender: el compañero, miembro de las autoridades de la comunidad, había sido juzgado por haber aceptado del gobierno oficial municipal (una alcaldía en manos del PRD), bolsas de comida y dinero en efectivo que la municipalidad otorgaba en supuesta solidaridad para favorecer a los indígenas zapatistas que, ciertamente, padecían de muchas necesidades. Sin embargo, su decisión colectiva de reiniciar su originario y guerrero camino autónomo, les llevó a condenar a uno de sus miembros, por demás elegido por ellos como autoridad, aún por encima de sus buenas intenciones para con la comunidad. Se trataba, pues, de sostener, aún en el peor de los aislamientos y necesidades, un camino propio y diferente al que el Estado gobierno pretende establecer como único y natural camino posible.

El espíritu y las consecuencias que supone esta rebelde decisión, lamentablemente, no se encuentra en la mayor parte de las organizaciones indígenas del continente, y, mucho menos, en las organizaciones indígenas de Venezuela. Por el contrario, sobran los que buscan justificar el sometimiento de las organizaciones indígenas a las políticas sociales del Estado gobierno (siempre lo hicieron en tiempos de la llamada 4ª República, pero también ahora en la 5ª de Chávez). Se trata de las elites políticas (de derecha e “izquierda”) que buscan reencauzar los movimientos antisistémicos hacia la razón del sistema.

En los últimos años, exactamente en lo que va del periodo de la llamada “revolución bolivariana” hemos sido señalados, casi en despectivo tono acusatorio, de anarquistas. Este señalamiento se nos hace como si hubiera que avergonzarse de lo que se nos endilga como infamante apelativo. No obstante, estos señalamientos los hemos entendido cuando la acusación proviene de sectores que, realmente desconocen los aportes de los anarquistas al impulso de las luchas sociales en el mundo; pero, esto mismo resulta inaceptable cuando proviene de intelectuales que, conociendo la historia del anarquismo la usan para descalificar la lucha por la autonomía de los pueblos. Estas acusaciones no son gratuitas ni fortuitas, responden en lo esencial, a la política de contrainsurgencia desarrollada por el Estado gobierno chavista y sus elites, en función de contener cualquier proceso de construcción autónomo o no apegado a las políticas del gobierno cuya pretensión no ha sido otra que el hacer de una adecuación a la reconfiguración de la colonialidad imperialista en Venezuela y el continente.

Así, pues, no resultará nada fácil generar las condiciones para que emerja a la superficie de la lucha política lo que, ciertamente, se está incubando en todo el continente pero que, aún está por verse. Esto es a lo que Hugo Zemelman denomina “lo dándose” al interior de una realidad pero que, no necesariamente, termina por darse, ya que en una misma coyuntura pueden converger condiciones diversas que ciertamente pueden lograr desviar a los movimientos y reencauzarlos hacia la corriente de su antigua dominación, es por lo que muchos miembros de esas elites que ahora nos acusan, terminan generalmente del lado contrario, pues, llegan a naturalizar en sí mismos las políticas de contrainsurgencia que desde su estado-centrismo y de manera consciente o inconsciente, han contribuido a desarrollar en contra de las iniciativas autónomas de las comunidades.

En todo caso, debemos tener claro que el actual momento histórico es trascendental, no sólo para el movimiento indígena continental, sino también, para los campesinos, los negros, los sin tierra, los sin techo, los desplazados rurales y urbanos, los desempleados, los tercerizados, en fin, para todos los necesariamente excluidos de la nueva etapa de la globalización capitalista y la recolonización y su correspondiente colonialidad interna en América Latina.
Sin embargo, estos riesgos pueden ser perfectamente interpretados en su más amplia dimensión a partir de tres principios que las elites estado-céntricas no se cansan de promover; a saber:

a.- La separación del espacio y el tiempo como categorías distanciadas.

Para el pensamiento y la ciencia occidental, la separación conceptual entre espacio y tiempo es una herencia del filósofo Inmanuel Kant. De esta separación conceptual surgen como disciplinas, igualmente separadas, la Geografía, dedicada a dar cuenta de los fenómenos del espacio y la naturaleza, y, la historia, como relato narrativo de los acontecimientos. Por esa vía, los acontecimientos históricos vinculados a la lucha entre las diferentes clases sociales en función de alcanzar su propio bienestar, quedan separadas de los espacios territoriales ocupados por las mismas clases en lucha. Esto quiere decir, que para el pensamiento occidental (incluida su versión más crítica del marxismo-leninismo), la lucha de clases como motor de la historia no debe implicar, necesariamente, el espacio donde ciertamente ocurre. Vale decir, la lucha por el poder no es necesaria y kantianamente, territorial.

Esta separación conceptual entre espacio y tiempo no sólo es abstracta, sino que tiene su sentido de aplicación política práctica, especialmente, para las elites intelectuales estado-céntricas actuales en cuanto a la periodización de los procesos políticos de lucha de clases; esto es, la relativización temporal de los procesos de transformación, lo que equivale a decir y, a exigir a los movimientos sociales, paciencia, no exigir más allá de lo que temporalmente el nuevo Estado gobierno pueda realmente dar en el contexto de su “juego de poder” con las fuerzas imperialistas; de lo contrario, pudiera estarse obligando a una ruptura radical, “anárquica”, del tiempo del proceso “revolucionario”.

Espero que la ironía sea entendida, pues, ciertamente, no existen verdaderos procesos de transformación cuyo origen resulten de una periodización calculada. Esto lo saben muy bien las elites intelectuales del gobierno chavista; sin embargo, insisten en ello cubriendo su falacia, extrayendo, no precisamente de Marx al que juran lealtad, sino del fondo de la filosofía kantiana la justificación de una supuesta periodicidad de los procesos de transformación revolucionaria.
“Esperen. Todo llegará a su tiempo”, dicen las elites asesoras, y dice Chávez continuamente a la población esperanzada. Por esta vía, no sólo logra asentarse en el poder el nuevo Estado gobierno, sino que desde la supuesta naturalidad del tiempo separado del espacio, las comunidades entran en la ruta marcada por el capitalismo como sistema natural en el tiempo. Así, a pesar del “chulo” Dietrich (Diosdado dixit), más que marxista, el gobierno de Chávez y su elite intelectual es kantiana, lo que resulta a la luz de su discurso, toda una aberración.

Pero la separación de tiempo y espacio, además, ha permitido a la elite intelectual del nuevo Estado gobierno trasladar la lucha territorial de los pueblos indígenas hacia otras instancias; por ejemplo, la racial. Por esta vía, la lucha de Sabino por los territorios yukpas en la Sierra de Perijá, por ejemplo, no constituye, según ellos, un enfrentamiento entre comunidades indígenas en contra de los planes imperialistas contenidos en la IIRSA, sino que se trata de una singular confrontación entre unos “hacendados racistas” en contra de los indios exclusivamente por su raza. En modo alguno pretendemos negar la condición racista de buena parte de los hacendados y aún de la población no indígena de la región de Perijá; sin embargo, adjudicar la confrontación yukpa por sus territorios a una cuestión racial deja intencionalmente por fuera al Estado gobierno que, por demás, constitucionalmente (aceptado aún por los hacendados racistas), está obligado a demarcar los territorios indígenas en todo el país, tal como ha ocurrido en todos los países del continente. De tal manera que, esta no es más que una manera kantiana de sacar al Estado gobierno de sus innegables vinculaciones con la propuesta imperialista de dominación territorial a través de la IIRSA.

Por otro lado, separar el tiempo del espacio permite construir agendas y calendarios totalmente fuera del contexto de la lucha territorial. Así, las luchas y aspiraciones de las comunidades concretas por sus espacios territoriales locales concretos, generalmente quedan fuera de la agenda y su calendario de realización es siempre postergado. Esto, lamentablemente, ha venido ocurriendo a lo largo de la historia del movimiento social latinoamericano hasta ahora, donde, salvo el movimiento zapatista de Chiapas ha logrado establecer su propia agenda y calendario de lucha. Pero el movimiento zapatista es una excepción y no la regla; por tanto, de lo que se trata es de convertir la experiencia zapatista en regla del movimiento social latinoamericano en general, y venezolano en particular, en el sentido de entender que la agenda de lucha de los de abajo debe corresponder a su propia y autónoma interpretación del tiempo en su espacio concreto, y, de esa interpretación autónoma imponer a los de arriba el calendario y la agenda de confrontación.

El hecho de desandar a partir del calendario y la agenda que imponen los de arriba (los del Estado gobierno y sus opositores), no sólo distrae a las comunidades en luchas de poder propias de los que están en el poder. Ahora mismo, ante la coyuntura de la desaparición de Chávez del poder del Estado gobierno, más de un movimiento social comienza a transitar la agenda y el calendario que los de arriba (adeptos y contrarios al chavismo) imponen, haciendo especial uso de los medios de comunicación, como un destino marcado y por el que todos debemos obligatoriamente transitar.

Con esto no queremos decir que se desconozca la coyuntura, sino que nuestra acción en la misma debe darse a partir de nuestra propia agenda y nuestro propio calendario de lucha. Así, ante el muy probable retiro de Chávez del gobierno (anunciado por él mismo en testamento televisado), la cuestión no está en quien lo sustituye, ni cuando, sino que desde nuestra agenda y nuestro propio calendario debemos profundizar la lucha por los territorios indígenas asumiendo el gobierno de nuestros propios territorios; tal como los obreros de las Salinas en Sucre han tomado el gobierno de la empresa, el que además, debe extenderse territorialmente hacia el espacio donde el Estado gobierno de Chávez ha negociado la construcción de un Puerto de Aguas profundas como parte de la IIRSA.

En fin, se trata de que de una vez por todas, asumamos de manera autónoma la soberanía de nuestras luchas en nuestros espacios. Dicho de otra manera, de lo que se trata es de territorializar nuestro tiempo histórico, lo que no significa otra cosa que tomar la decisión de ser autónomos en nuestro pensar y en nuestro hacer como único camino posible a nuestra liberación como comunidades, como pueblo, como nación.

b.- La filosofía del mal menor.

Encadenada a la intencionada separación de tiempo y espacio, la “filosofía” del mal menor es aquella a través de la cual se concede carta de naturalización a lo que, desde el poder, las elites imponen al resto de la sociedad; de tal manera que, los explotados: indígenas, campesinos, obreros, desempleados y demás han de conformarse con lo otorgado, en tanto que, su realidad es en sí un mal menor.
Este principio de conformidad (y de conformismo), ha llegado a convertirse en teoría política que nuestras elites han diseminado en el corazón y el pensamiento del pueblo dominado, a tal punto, que siempre terminamos aceptando lo que en realidad es inaceptable a cuenta de que se trata de un mal menor a riesgo de entrar en un tobogán de confrontación y de inestabilidad, es decir, se nos amenaza con la posibilidad de un mal mayor.

Así, por ejemplo, desde la “filosofía” del mal menor se nos dice comúnmente: entre Arias Cárdenas y Pablo Pérez, voten por Arias, porque él es un traidor capaz de pactar con hacendados y sectores vinculados a las transnacionales carboneras y al proyecto de Puerto de Aguas profundas en la Guajira, pero él es el mal menor, frente al mal mayor que representa Pablo Pérez, representante de Manuel Rosales y la derecha imperialista. Y, para colmo, publican toda una justificación que une con saliva de loro, nada menos que a Sabino Romero con Chávez y Arias Cárdenas en un mismo proyecto de paz mundial. Sólo que en la realidad de los hechos de ese peculiar proyecto de paz, a Sabino y su comunidad le ha tocado poner los muertos, Chávez no ha tenido problemas en poner los territorios indígenas y las trasnacionales la explotación de los mismos, a Arias sólo le tocará gerenciar la renta correspondiente al Estado gobierno, eso sí, con lealtad al líder de nuestra singular revolución.

Pero todo esto es posible porque, sabemos, desde la óptica del Estado gobierno y sus elites, el territorio como espacio, nada tiene que ver con el tiempo; pero además, esta relación convertida en agenda económica y política es naturalizada a partir de que buena parte del movimiento social (por no decir que todo) entra en esa agenda y cede una y otra vez bajo la interpretación de su lucha desde la entronizada “filosofía” del mal menor.
Por esta vía, hemos venido no sólo actuando dentro de la agenda y calendario impuesto por los de arriba, sino aceptando como natural el mal menor que nos otorgan con una condescendencia tal, que le borra incluso su condición de derecho, lo que convierte al mal menor en una dádiva por la que tenemos que pagar y, además, debemos agradecer al comandante presidente y a sus acólitos del Estado gobierno, pues, se supone que ante la inexistencia de otro camino al establecido por el capitalismo mundial, todo lo que el comandante presidente hace desde el gobierno del Estado, permite perdonarnos la vida y darnos un poquito más de tiempo de existencia. Esta especie de sentimiento de culpa con la que se ha inoculado al movimiento social venezolano durante la última década ha sido, además, edulcorada por la explotación de una religiosidad que ciertamente asimila la “filosofía” del mal menor con la frase del sentido común: “No hay mal que por bien no venga”.

En última instancia, la separación del tiempo y el espacio y su consecuente “filosofía” del mal menor, como nunca antes ha formado parte de las acciones de sustentación y ejecución de la política de contrainsurgencia del Estado gobierno para el sometimiento de las comunidades. En este sentido, la lucha por los territorios requiere un movimiento indígena capaz de asumir su autonomía como expresión del ejercicio del autogobierno en sus espacios; para lo cual debe ser igualmente capaz de impulsar la alianza entre iguales, con los otros explotados: campesinos, obreros, desempleados, marginados urbanos, etc., con ellos ha de territorializar la lucha en la construcción de otra sociedad, una basada en la filosofía de la vida buena que nunca será un mal menor, sino el ejercicio de la plenitud de la existencia humana.

c.- El destino manifiesto.

Este tercer principio es un viejo argumento utilizado por el imperialismo para la justificación de su imposición colonial y su aceptación, por una supuesta imposibilidad de luchar contra la corriente de la historia, por parte de las poblaciones sometidas. Este principio siempre fue asumido por los Estados nacionales en su etapa desarrollista en contra de las poblaciones rurales (indígenas y campesinas) para su aceptación del despojo territorial a favor del capital industrial y la agroindustria. Fue el tiempo de la lucha del Estado en contra del Latifundio y el Minifundio y su concreción en una Reforma Agraria continental que, al tiempo que liberaba espacios a la nueva distribución territorial del trabajo, paralizaba la lucha continental por la tierra en el contexto de una generalizada guerra revolucionaria en los años 60. Se trataba de lo que la administración de John F. Kennedy denominó como la “revolución permitida” instrumentada y llevada adelante por un aparato creado ad hoc conocido como la Alianza para el Progreso.

No es de extrañar que fuerzas políticas de izquierda asuman principios y conceptos provenientes de los centros imperiales de poder, pues, ciertamente, en América Latina la historia de la colonialidad del poder no es posible ser separada de la historia de la colonialidad del saber, ya que la colonialidad del poder requiere del sustento de una subjetividad creada por la colonialidad del saber; esto es, todos los conceptos que sustentan el poder colonial y la colonialidad, son construcciones teóricas elaboradas en instituciones creadas (especialmente las educativas universitarias) o encauzadas a tales fines, que se proponen además, como expresiones de un inapelable método científico como orientador del rumbo a seguir de manera inexorable.

Sin embargo, es realmente interesante ver cómo la idea del destino manifiesto, combatido por los movimientos de izquierda con particular fuerza en los años 60, se convierte hoy, en el más importante principio sobre el que se fundamenta el accionar de los Estados gobiernos en manos de la “izquierda” en América Latina. Es por ello que podemos escuchar a los más importantes intelectuales del llamado “pensamiento crítico”, frases como: “es imposible construir el socialismo desconociendo la presencia y fortaleza del capitalismo mundial”; o, “nuestra revolución debe avanzar por etapas en las que la negociación con el imperialismo forma parte del proceso”. En fin, aún en el supuesto proceso de construcción del socialismo, el destino de las comunidades ya está escrito.

Personajes como Rafael Correa (formado en una Universidad norteamericana) llegan aún más lejos, y catalogan como un infantilismo las pretensiones del movimiento indígena de negarse a la explotación minera de sus territorios; o la de Chávez cuando les comunica a los pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, que “él no puede darles las tierras del Amazonas (como si en verdad fueran de él y estuvieran en su bolsillo para ser repartidas), pues, eso negaba la posibilidad al desarrollo indetenible de Venezuela como una potencia energética. Sólo le faltó decir, como destino manifiesto e impuesto por las corporaciones.

Para no abundar más en este punto, la separación del tiempo y el espacio (de la filosofía kantiana) no sólo conduce al movimiento social a la religiosa aceptación del mal menor como alternativa, sino como el destino manifiesto escrito por los dioses de las corporaciones y aplicados por sus “Papas” al frente de los Estados gobiernos como verdaderos representantes del Dios del capital en la tierra.

V. Ama eiña oota Aeinta jara atta eirawa (¿Cómo hacer brotar lo que está por verse?)

Para explicar este, nuestro último punto, esperamos nos sirva esta relación:

Entre los añú, al salir de pesca, la tripulación de sus pequeñas embarcaciones debe ser conformada de manera hermanada como los dedos de una mano. Así, el dedo pulgar es el aeinkai (el conductor), es decir, el que tiene el espíritu, el corazón de la embarcación y la lleva hacia el lugar señalado por el dedo índice que, en su condición de Kacheekai (el que escucha), es el encargado de sumergirse en las aguas del Lago, y detectar con su fino oído la voz de los cardúmenes para señalar su especie, posición y distancia para que, finalmente, los tres restantes: medio, anular y meñique actúen como red en el momento de ookotiwin jou’üyükan (cortar las aguas para emerger los peces). Como vemos, se trata de todo un esfuerzo colectivo en el que cada miembro de la tripulación actúa en conjunto, y, por tanto, imposibilitado de cualquier acción individual que lo separe de la mano social de la que forma parte. De esta forma, la pesca será siempre exitosa y benefactora; por tanto, no hay posibilidad a que cualquiera actúe por cuenta propia ya que cada acción requiere de la participación coordinada de cada uno de sus miembros.

Con esto queremos establecer como principio fundamental para lograr hacer brotar lo que está por verse, la necesidad de una visión colectiva de todos y todas nuestras acciones, de tal manera que, de manera definitiva, la consideración de personajes iluminados o predestinados los enviemos definitivamente a la dimensión a la que corresponden: el campo del destino manifiesto imperialista al que representan.

Así, en contraposición de los principios de la colonialidad del poder y del saber, anteriormente descritos, la construcción autónoma de nuestro camino de liberación exige que entendamos y ejerzamos los siguientes principios:

a. Cuando un dedo de nuestra mano es golpeado, toda nuestra mano sufre.

Una de las condiciones que la colonialidad del poder y la colonialidad del saber han establecido como cuestión inobjetable para alcanzar el conocer la realidad y la acción sobre la misma es, la separación de las partes del todo. Así, el hecho de dividir una totalidad en sus elementos garantiza, según su percepción, su conocimiento y, por tanto, su manipulación. Sin embargo, sabemos, que desde la perspectiva y experiencia de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y negras, esta separación es imposible, a riesgo de desarraigar y alienar a toda la cultura de su espacio y de su tiempo histórico.

Con esto queremos establecer como punto de partida para un hacer que haga posible la emergencia de lo que el actual momento histórico plantea a todos los pueblos indígenas, la necesidad de enlazar todas nuestras luchas en una sola: la re-territorialización y la defensa de nuestras particulares y enlazadas territorialidades.

De tal manera que, la lucha de los Mapuches, por ejemplo, aunque histórica y geográficamente particular, en nada se diferencia de la lucha de los barí o yukpas de Venezuela. Pero también, no es en nada diferente ni puede ser separada de la lucha de los obreros de las Salinas de Sucre en el oriente venezolano, ni de los Nasa, Awa y Embera en Colombia; en fin, que todos estamos siendo atacados por un mismo y único enemigo: el capital financiero internacional y sus corporaciones, en alianza directa con los Estados gobiernos nacionales y sus representantes políticos circunstanciales (ya de “izquierda” o de derecha).

En este sentido, es urgente la creación de mecanismos que permitan a nuestras manos actuar de manera inmediata cuando alguno de nuestros dedos está siendo golpeado por estos enemigos.

b. Cuando un dedo de nuestra mano se mueve toda nuestra mano se moviliza.

En este orden, debemos ser capaces de atender de manera inmediata al señalamiento de nuestro Kacheekai, en el momento y lugar en que se produzca. Es decir, toda comunidad que se decide a territorializar su lucha se constituye en ese particular momento, en nuestro Kacheekai y, por tanto, nos moviliza a todos en su defensa, ya que ella es, al mismo tiempo, la defensa de la territorialización de todas y cada una de nuestras luchas.
Esto es así, por cuanto, debemos entender que a pesar de la particularidad espacio-temporal que cada lucha posee, ninguna de ellas, en el contexto de la globalización imperialista, podrá sostenerse sin el concurso de una lucha de todos.

c. Cuando nuestra mano pesca, comparte todo con las otras manos.

Todo lo anterior no se refiere a otra cosa que a la decisión política de construir nuestra autonomía. Sin embargo, la autonomía es una construcción que no sólo está vinculada a decisiones políticas sino, igualmente, económicas; esto es, la necesidad de construir desde y por nosotros mismos la resistencia, por tanto, es para nosotros fundamental construir la alianza entre iguales y, sobre estas bases establecer el rumbo de nuestras alianzas con todos los posibles aliados, y no a la inversa.

Así, pues, la alianza entre iguales comienza por todos aquellos lazos que se establecen desde las propias luchas y en acuerdo a nuestra propia interpretación de la coyuntura histórica. Vale decir, nos unimos en principio a todos aquellos que forman parte de la mano que somos: indígenas, campesinos, negros, campesinos sin tierra, desempleados, sin techo y todos los despojados y tercerizados locales, nacionales y continentales, es decir, con todos nuestros iguales, y, es con ellos que debemos, en primer término, ser capaces de tejer las redes de nuestra autonomía.

d. Nuestra mano es para construir y acariciar sueños, pero también para abofetear pesadillas.

Al tiempo que territorializamos nuestras luchas, esto es, nuestra resistencia, a partir de la decisión autónoma de establecer en nuestros espacios el tiempo de nuestro propio gobierno, debemos prepararnos para defender tal decisión y acciones, lo que equivale a decir, que debemos construir todas aquellas formas de organización posibles y necesarias para defender nuestra autonomía.

Dicen los más viejos añú (araurakan, paraa añunkan) que en el momento en que el cacique Nigalee organizaba los contingentes para lucha en contra de los españoles que les habían arrebatado a los añú su más apreciado producto: la sal, dijo a la asamblea, algo como esto:

Api wookota Nükü enemigakarü, wakaanipeichi keeta aeini jaña ama wannü

Esto es: Para nosotros decir la palabra enemigo tuvimos que nombrarlos a ellos como a nuestra enfermedad.

Para los añú, al igual que para muchos pueblos indígenas, la existencia de todo lo que está presente en el mundo se define por su complementariedad con los otros, por tanto, las relaciones entre todas las cosas se enmarcan en una armonía que sólo brinda la paz. Vale decir, jamás se busca la guerra sino el acuerdo, tal es el sueño que se acaricia mientras se construye la vida; sin embargo, tal como sucedió con Nigalee, en el momento en que la pesadilla llega con la imposición del sometimiento al dolor, la humillación o la negación, el soñador está obligado a sacudir su sueño, despertar y borrar violentamente las imágenes perturbadoras de la pesadilla.

Lo que pretendemos decir es que, todo pueblo tiene el derecho a construir su sueño de sociedad en paz, pero asimismo, debe estar preparado para defender con la vida esa paz que con sus manos colectivas ha diseñado y construido.

VI. Coda final.

Para concluir, lo que hemos pretendido establecer con esta, ya larga exposición, son algunos elementos que consideramos imprescindibles para el impulso del movimiento indígena y social en Venezuela a partir de otra perspectiva de visión e interpretación de nuestra realidad nacional en el contexto continental. Por tanto, todo lo aquí expuesto es totalmente discutible. Sin embargo, los acontecimientos que generalmente van a una velocidad mayor que nuestras interpretaciones, aunque parecieran imponernos un ritmo de decisiones, no deben en modo alguno separarnos del propósito de alcanzar esta perspectiva que proponemos y sobre la que hemos estado argumentando.
Así, a pesar de y, precisamente, por encontrarnos en la coyuntura de una casi indetenible confrontación entre las fuerzas del gobierno y sus opositores tradicionales por el control del Estado, nosotros debemos pensar desde nuestra perspectiva del tercer excluido en esa contienda. Por ello, en vez de entrar en el torbellino que más temprano que tarde terminará en un pacto que asegure la gobernabilidad para la continuidad de los programas fundamentalmente económicos en Venezuela y el continente, el movimiento indígena debe profundizar su organización al tiempo que debe tomar la iniciativa en la lucha por sus territorios.

Para ello, debemos ser capaces de unir esa lucha con la de todos los movimientos sociales que se decidan a actuar desde la perspectiva del tercer excluido: campesinos sin tierra, obreros mercerizados, desempleados, sin techo, en fin, todos aquellos dispuestos a construir su autonomía en sus espacios de lucha. De tal manera que, ante la ingobernabilidad que se sobreviene para el Estado gobierno, nuestra respuesta debe ser la de movilizarnos no en función de ninguno de los dos bandos en pugna, sino en función de establecer, de hecho, nuestra propia gobernabilidad, en nuestros propios territorios. Es a esta decisión, no libre de alto riesgo, a la que hemos venido llamando desde hace algún tiempo el camino de las comunidades. Es este el camino al que, de manera hermanada como los dedos de una mano, estamos convocando a transitar, pues, una mano nunca es sola si su hacer es verdadero, necesita de la otra, de todas las otras para construir ese camino.

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Notas:

[1]El presente es un texto expresamente elaborado para ser presentado en el Simposio: Unasur: crisis y perspectivas. Organizado por la Cátedra Colonialidad del Poder, coordinada por el maestro Aníbal Quijano en la Universidad Ricardo Palma en Lima del 21 al 23 de Noviembre de 2012.

[2] Llamamos “izquierda razonable” a todos aquellos (agrupaciones, partidos y personalidades) que se declaran críticos pero siempre dispuestos a “razonar” o a “entrar o hacer entrar en razón”, pues, siempre se definen como alejados de cualquier radicalización de las expectativas y de las luchas de los desposeídos ya que, para ellos, toda radicalización invoca al des-orden.

[3] En Venezuela se trata de los llamados Consejos Comunales que el gobierno ha impuesto a los pueblos indígenas como interlocutores obligando a las comunidades a sustituir sus propias formas de organización y de representación política.

[4] Justo es decir, en honor a la verdad, que el arquitecto Fruto Vivas echó por tierra el mencionado proyecto luego de reunirse con Sabino, pues, éste planteó la posibilidad de que en vez de gastar ese dinero en construir una Casa de Cultura que, dicho sea de paso, jamás ha existido como parte de la cultura yukpa, el gobierno destinara ese dinero a pagar las bienhechurías a los hacendados y les entregara de una vez por todas sus tierras ya saneadas. No obstante, otro proyecto arquitectónico parece haber sustituido al primero rechazado.

[5] La “liberación” negociada de colonias permitió constituir nuevos Estados como expresión de la apertura de nuevos mercados desde las pequeñas islas del Caribe como Trinidad-Tobago hasta grandes territorios y enormes poblaciones como la India. Se zanjaba así, finalmente, la gran disputa territorial que habían llevado a las potencias a dos grandes guerras y a millones de muertos.

[6] Decimos esto, a contrapelo del actual discurso oficial (del Estado-gobierno), que pretende asimilar y endilgar el acontecimiento, a Chávez como “revolucionario” y a su movimiento como generador de esa rebelión, con más interés en el significado heroico de un pueblo que se lanzó a morir en las calles de Caracas, que en los muertos que se produjeron; no de balde, a pesar de que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado venezolano por esas muertes, el gobierno de Chávez jamás cumplió con el dictamen de la Corte, lo que es como decir: “me interesan tus muertos sólo para levantarme sobre ellos”.

[7] Este es el verbo utilizado en el informe del gobierno “revolucionario” para referirse a lo que consideran un “gran” logro de justicia social, sin embargo, justo es decir que el mismo verbo: “beneficiar”, es también aplicado para referirse al sacrificio del ganado para el consumo humano.

[8] Las áreas marcadas en rojo constituyen las tierras indígenas demarcadas y sobre las que sus comunidades recibieron títulos. Si comparamos vis a vis los Mapas 4, 5, 6 y 7 puede apreciarse que, lo hasta ahora demarcado y “otorgado” no representa ni siquiera el 5% de lo que los pueblos indígenas de Venezuela consideran sus territorios; pero además, podrá apreciarse que el gobierno “revolucionario” ha sido cirujanamente cuidadoso en demarcar sólo aquellas parcelas que están fuera del radio de acción de los proyectos de la IIRSA.

[9] H. Zemelman, Conocimiento y ciencias sociales. Algunas lecciones sobre problemas epistemológicos. Colección Reflexiones. Universidad de la Ciudad de México, México, 2003.