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Criminalización a quienes defienden la naturaleza y los derechos de las comunidades
Ecuador: solidaridad urgente con líderes de Azuay defensores del agua
Estimados compañeros y compañeras
El proceso de judicialización contra tres defensores del agua
líderes de Azuay (Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi) se
encuentra en el punto de aplicación de la sentencia la misma que ordena
prisión de un año para ellos (aun cuando considerando que las acciones
realizadas por los tres líderes son de carácter “altruista” ésta se
rebaja a 8 días, señala paradójicamente el dictamen de los jueces).
Se ha preparado una carta de solidaridad con los tres compañeros con el
fin de recibir adhesiones de personas, organizaciones, redes,
colectivos, etc, tanto dentro del país como a nivel internacional, y que
permita presentarla -con un amplio respaldo- a las autoridades que
tienen responsabilidad sobre estos hechos y a la opinión pública.
Las confirmaciones de apoyo hay que hacerles llegar a la brevedad posible
a Luisana Aguilar de Cedhu: cedhu@cedhu.org
Si además quisieran enviar un mensaje directo a los compañeros, ésta es
la dirección de Carlos: carlosperezunagua@gmail.com
abrazos
Ricardo Buitrón
CARTA DE SOLIDARIDAD
ECUADOR: APRESADOS TRES DEFENSORES DEL AGUA
POR OPONERSE A PROYECTO MINERO
PARADÓJICAMENTE, EL JUEZ RECONOCE QUE SU CAUSA ES “ALTRUISTA”
Hemos sido informados sobre la situación en que se encuentran tres líderes sociales de la provincia del Azuay, Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, con sentencia condenatoria a causa de su liderazgo en procesos comunitarios que defienden las fuentes de agua amenazadas por actividades mineras a gran escala en el páramo de Kimsakocha. Conocemos asimismo que el proceso judicial que se instauró contra ellos desde mayo de 2010 presenta graves irregularidades que ponen en duda la imparcialidad del sistema judicial.
Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza nos preocupa que esto ocurra en un país como Ecuador, que ha ratificado múltiples tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de quienes son sus defensores; que tiene una Constitución que establece el derecho fundamental al agua, garantiza la soberanía alimentaria, reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
Más aún, la Asamblea Constituyente de 2008 otorgó amnistías a cientos de personas defensoras de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que “algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos (segundo considerando)
Desconociendo este precedente jurídico y el nuevo marco constitucional, desde el 2009 surgieron nuevos casos de criminalización en similares contextos de defensa de la naturaleza y los derechos comunitarios y colectivos; uno de ellos es el de los dirigentes sociales Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, reconocidos líderes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, donde ante las amenazas de un proyecto minero de escala industrial se han impulsado iniciativas de articulación y movilización creativa y no violenta en defensa del agua, como es la realización el 2 de Octubre de 2011 de la primera consulta comunitaria del Ecuador sobre minería, en la que el 93% de la población se pronunció en contra de la actividad minera a gran escala en sus territorios. Con pasos como éste la lucha comunitaria por el agua ha logrado hasta ahora salvaguardar a Kimsakocha de ser destruido por la minería.
El proyecto minero Kimsakocha fue concesionado en el año 2001, en medio de denuncias de ilegalidad, a la empresa Iamgold -hoy asociada con INV Metals, también canadiense- que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes.
En los páramos de Kimsakocha nacen 2 de los 4 ríos que pasan por la ciudad de Cuenca y abastecen de agua para uso doméstico y riego a numerosas comunidades indígenas que viven de la agricultura y la ganadería.
Cronología de un proceso judicial viciado
Por esta causa Carlos Pérez Guartambel sufrió una detención arbitraria en 2009. Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, durante la movilización no violenta realizada en oposición al proyecto oficial de Ley de Aguas, la misma que es reprimida por la policía, da lugar a que se inicie el procesamiento judicial contra Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi. Al momento de la detención de los tres líderes en Tarqui, en el parte policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos”.
El mismo día, el Juez II de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden de prisión preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la Corte Provincial del Azuay, revoca la prisión preventiva. Veinte días después el mismo Juez II de lo Penal, en respuesta a un nuevo pedido de prisión preventiva por el fiscal, dicta medidas alternativas: abstenerse de concurrir al lugar de la protesta, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en la fiscalía cada 8 días.
El 28 de junio el mencionado juez penal llama a juicio y otra vez dicta orden de prisión preventiva. El 1 de julio el juez concede fianza carcelaria a solicitud de los procesados, aduciendo que “el delito que inicialmente se acusó por terrorismo y sabotaje, se cambió por lo tanto se admite la caución”. El 24 de agosto, el primer tribunal de garantías penales del Azuay, pese a fuertes presiones políticas, confirma la inocencia de los tres líderes.
El 27 de agosto la Fiscalía XI de lo penal del Azuay interpone recurso de casación ante la Corte Nacional, la misma que en vez de desechar el recurso por mal interpuesto corrige al fiscal que no debe casar la sentencia sin antes haber agotado otros recursos y sugiere apelar ante la Corte Provincial; efectivamente el fiscal apela la sentencia ante la sala segunda de lo penal de Cuenca, que acepta el recurso de apelación y revoca el fallo del Tribunal Penal condenando a un año de prisión a los acusados y agrega que por ser una lucha altruista en defensa del agua, rebaja la pena a 8 días.
El 14 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional con voto de mayoría de los doctores Merino e Iñiguez, desecha la casación y condena a prisión a los líderes indígenas, defensores del agua y la pachamama; mientras que el juez Blum con voto de minoría declara la nulidad del proceso por interponer mal la fiscalía el recurso de casación en vez de apelación. El 15 de enero de 2013 son notificados con la sentencia condenatoria y se apresta a la ejecución de la sentencia.
Este hecho sienta un grave precedente judicial para el movimiento social ecuatoriano pues conculca el derecho a la resistencia y a la protesta social pacífica, más todavía si se aprueba el proyecto de código penal propuesto por el ejecutivo, que acumula y endurece las penas en la mayoría con sanciones de prisión.
Nuestro reclamo y exigencia:
Vemos con profunda preocupación que se vulnere el derecho a la resistencia contra proyectos de minería industrial, como el que se pretende implementar en los páramos de Kimsacocha, afectando los sistemas de agua comunitarios. No podemos aceptar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana se traduzca en acciones represivas que terminan criminalizando a quienes defienden la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Condenamos la sentencia contra los tres líderes defensores del agua en Azuay, más aún cuando ésta reconoce su inocencia al agregar que “en consideración a las condiciones humanas de los procesados, esto es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y social, en defensa del agua (…) ve como atenuante y rebaja la pena a 8 días”.[1]
Censuramos la actuación parcializada de operadores de justicia como resultado de la falta de independencia judicial que corresponde a un estado constitucional de derechos. Por ello, denunciamos a la comunidad internacional esta condena judicial y el riesgo que corren centenares de líderes sociales que son víctimas de persecución judicial.
[1]
Sentencia (proceso 128-11) dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Página 29