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El caso de Patishtán, de etnia tzotzil, es considerado como “paradigmático” de los obstáculos que afrontan los indígenas de bajos recursos para defenderse ante la justicia mexicana
El profesor indígena que intenta sacudir la justicia mexicana
Con una fe templada por 13 años de cárcel, Alberto Patishtán confía en ser absuelto de su condena por el crimen de siete policías en el sur de México, un caso que organizaciones civiles consideran emblemático de la falta de justicia para los indígenas mexicanos.
En el penal de San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas, sureste), en el que cumple una condena de 60 años, el profesor Patishtán aparece el lunes sonriente y de buen ánimo pese a los graves problemas de salud que ha padecido y de los regulares ayunos que lleva a cabo con sus compañeros para pedir el fin de sus encarcelamientos “injustos”.
“Pueden pasar muchas cosas pero yo digo que sí, que sí podemos tener una respuesta favorable” en los próximos días, dijo Patishtán en entrevista con la AFP, refiriéndose al fallo que debe emitir en los próximos días un tribunal de Chiapas sobre su petición de reconocimiento de inocencia.
El caso de Patishtán, de etnia tzotzil, es considerado como “paradigmático” de los obstáculos que afrontan los indígenas de bajos recursos para defenderse ante la justicia mexicana, recalcan las organizaciones sociales locales e internacionales como Amnistía Internacional que llevan años apoyando al profesor.
Patishtán, de 41 años, fue detenido en 2000 después de que siete policías murieran en una emboscada de hombres armados en el municipio de El Bosque, en una zona montañosa de Chiapas (sureste), uno de los dos estados con mayor población indígena.
Chiapas vivía entonces tiempos convulsos con enfrentamientos armados entre pobladores simpatizantes y no simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El profesor es el único de los detenidos por este ataque que sigue en prisión a pesar de que su defensa y las ONG alertan de que las irregularidades que se aceptaron en el juicio.
“No se respetó el debido derecho ni se tuvieron en cuenta pruebas de su inocencia como los testimonios que decían que no estuvo en el lugar de los hechos”, explica a la AFP Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional en México.
Patishtán alegó que su detención pudo ser una represalia por su oposición activa al entonces alcalde de El Bosque, quien también era su primo.
El hijo del edil fue uno de los dos testigos que situaron a Patishtán en el lugar de la emboscada a pesar que en una primera declaración había señalado que los atacantes tenían la cara tapada con pasamontañas, apunta Amnistía.
El caso de Patishtán, que atrae la solidaridad de movimientos civiles de Francia, España y otros países, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que en marzo resolvió -por tres votos contra dos- no aceptar la competencia y devolverlo al Tribunal Colegiado de Chiapas.
La defensa de Patishtán dice que este fallo fue “político” y Amnistía Internacional lo vio como una oportunidad perdida que contrasta con la liberación que decretó en enero la Corte de la francesa Florence Cassez, cuyos derechos también fueron violados en el momento de su detención por delito de secuestro en 2005.
“Sería importante para muchas personas que están en la cárcel injustamente si la justicia mexicana reconoce que se equivocó y que debe dejar en libertad a una persona porque no fue capaz de cumplir las mínimas garantías judiciales (…) pero el impacto no es el mismo si lo hace la Suprema Corte que un tribunal de distrito”, reconoce Zapico.
El abogado de Patishtán, Leonel Rivero, cree que la liberación de su cliente conllevaría que muchísimos otros presos, sean en realidad inocentes o culpables de los delitos, se acogieran a este precedente para pedir su puesta en libertad.
“Por eso este caso era tan importante y tan peligroso para todo el sistema, porque daba en un problema estructural del sistema de justicia mexicano como son las violaciones al debido proceso. Y a ese precedente podían acudir tanto culpables como inocentes. Por eso este asunto generó tanta preocupación en la Corte (Suprema)”, argumenta Rivero a la AFP.
Sentado en una sala del penal de San Cristóbal, en el que sigue trabajando en la organización del colectivo de presos, Patishtán pide a los jueces que reflexionen sobre los efectos de sus sentencias.
En su caso, comparte una pequeña celda con nueve personas, sufrió problemas de salud que le han llevado a perder parcialmente la vista y ha perdido contacto con familiares cercanos como su madre, que también por su estado y falta de recursos no le ha podido visitar en los últimos 13 años.
Deberían pensar “un poco en cuanta gente, y no solamente hablo de mí, están sentenciadas injustamente”, pide el preso. “Si la justicia se viera como es, las cárceles quedarían a la mitad”.