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San Cristobal de las Casas, Chis. 6 de mayo. En Chiapas, “en términos reales, el poder lo tiene el Ejército (federal)” aunque en apariencia lo detenten civiles, declaró hoy el general José Francisco Gallardo, en el contexto del primer Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización, y afirmó que el sector castrense tiene responsabilidad en la operación de grupos paramilitares al hacer mención directa de la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.
“Quien controla es el Ejército. Principalmente en Chiapas. También sucede en otros lugares donde hay gran presencia de pueblos indígenas”, agregó en conferencia de prensa el controvertido oficial, quien pasó varios años en prisión por demandar la creación de un ombudsman castrense.
“La militarización es la antítesis de la paz” dijo, antes de cuestionar al Ejército Mexicano por “responder a los intereses del Pentágono” y hacer “adquisiones de armas que no son necesarias para el país”.
Lamentó que el Congreso de la Unión sea tan “aquiescente” con los mandos de la Secretaría de la Defensa. “Las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados y el Senado están presididas por militares, por lo que obedecen a los intereses” del general secretario en turno.
En relación con la contrainsurgencia en Chiapas y su vinculación con las tropas federales, expresó: “No es un supuesto que el Ejército tiene que ver con los grupos paramilitares”. Está documentado, apuntó. Recordó que al menos un oficial castrense, como mando policiaco, está procesado en relación con la investigación por la matanza de Acteal.
El general Gallardo se manifestó convencido de que “hay personal militar que ha participado (en estas acciones de contrainsurgencia) con respaldo de la autoridad civil y el Ejército”. De otra manera, no se explica el paso de armamento por caminos totalmente controlados por los militares en Chenalhó, con todos los puestos de revisión que había en tiempos de la ofensiva paramilitar.
Recalcó que efectivos del Ejército Mexicano han recibido adiestramiento en academias militares no sólo de Estados Unidos, sino también de Israel, Francia, Gran Bretaña y otros países. En todas ellas se siguen manuales de guerra y contrainsurgencia del Pentágono. “No existen métodos militares que respondan a nuestra idiosincrasia”, señaló.
Gallardo, quien durante su cautiverio fue considerado preso político y de conciencia por Amnistía Internacional, se pronunció por la “democratización” del Ejército Mexicano, “que debe sujetarse a rendir cuentas a los ciudadanos y hacer públicos sus presupuestos”.
Poco antes, Gallardo había leído, en el encuentro hemisférico, el ensayo Impacto de la ayuda militar de Estados Unidos en los ejércitos y fuerzas policiales de América Latina y su implicación en los derechos humanos, en el que proponía “comprender los efectos de la formación y la educación estadunidense sobre los derechos”, para concluir que “no se puede alcanzar la justicia y la democracia en charcos de sangre e impunidad”, sino en un sólido estado de derecho que tenga como vértice el respeto a la dignidad.
“La activa participación de los militares en la vida civil de nuestros países contraviene uno de los principios universales de los Estados modernos y democráticos, que se sustenta en la preponderancia de los civiles como fuente del poder nacional” y en asuntos como la procuración de justicia, la aplicación de la ley, la deliberación en política y los asuntos que tienen que ver con la seguridad pública.
“La presencia militar en actividades que son competencia de la autoridad civil ha trastocado en toda nuestra historia el orden institucional y jurídico del Estado. Además, no contamos con un Ejército que cumpla con sus funciones constitucionales, es decir, como una institución al servicio de los más puros intereses de la nación. Esto abre espacios de vulnerabilidad a nuestras soberanías y seguridad nacionales, situación que desenlaza en una grave violación a los derechos humanos y libertades ciudadanas que socava la conciencia de la sociedad.”
Propone llamado a Washington
Gallardo llamó a que “apoyados en nuestra legislación interna y en los tratados internacionales, obliguemos al Departamento de Estado y al Congreso de Estados Unidos a que retire la ayuda y asistencia que proporciona a las fuerzas armadas y policiales en esta región”.
La capacitación con fuerzas militares extranjeras, según el analista, “es uno de los principales componentes de la estrategia para la defensa nacional de Estados Unidos”. En la actualidad, fuerzas de ese país participan en programas de formación y en ejercicios militares junto a grupos policiales y de seguridad de naciones donde han abundado abusos contra los derechos humanos.
Subrayó que “la mayor parte de los mandos militares mexicanos encargados de la represión y de la guerra contrainsurgente en las comunidades indígenas, principalmente en Chiapas, han recibido esta clase de formación”.