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Una discusión sobre la reelección no se aclara si no se la visualiza desde un contexto mayor, el de la crisis del proceso
La constitucionalidad a la deriva
Raúl Prada Alcoreza
Índice:
Las desventuras del Tribunal Constitucional
Reelección del presidente: ¿Debate leguleyo o constitucional?
El espíritu constituyente
Interpretación desde el espíritu constituyente
Exorcismo político
Las desventuras del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, que además lleva el denominativo de Plurinacional - lo que resulta desmesuradme grande e incongruente a lo que efectivamente representa, el Estado-nación en su crepúsculo -, ha resuelto fallar a favor de la reelección del presidente y del vicepresidente, a pesar del cuerpo escrito en las Disposiciones transitorias de la Constitución aprobada por el pueblo y promulgada por el presidente. El parágrafo II de estas disposiciones dice textualmente: Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. El espíritu de este escrito no puede estar zafado del cuerpo inscrito. Otra interpretación, sería la de otro texto, no de la Constitución promulgada. Esta simple lógica ha sido desconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como este tribunal ha desconocido el espíritu constituyente consecutivamente en sus resoluciones ambiguas anteriores. Se olvidó que el espíritu constituyente es la abolición del Estado-nación y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario, de los territorios indígenas, de los derechos de los seres de la madre tierra. Al optar por una reelección inconstitucional, en vez de hacerlo constitucionalmente, es decir, con una reforma parcial a la Constitución, acompañada por un referéndum constitucional, ha habilitado formalmente la reelección, empero, en la práctica la ha convertido en una violación a la Constitución, invalidando en la práctica la reelección misma. Este estrambótico malabarismo del TCP muestra, una vez más, su incompetencia para resolver e interpretar problemas y temas constitucionales. El TCP no es una garantía de defensa y cumplimiento de la Constitución. Estamos en manos de un dispositivo más de poder del ejecutivo. El TCP es un tribunal que condena a la Constitución al cadalso.
Los oficialistas, el llunkirio generalizado, no dejan de mostrar su algarabía y satisfacción por el fallo. Creen haber logrado una victoria; ¿victoria sobre quién? ¿Sobre la derecha, que es una insignificante minoría congresal? No, la victoria es contra el espíritu constituyente, contra la Constitución y contra el pueblo. Una vez más, en un tema no-crucial para las transformaciones estructurales e institucionales, que demanda la Constitución, en un tema de conservación del poder y continuidad de la cúpula dominante, se atenta contra la Constitución. Ya antes se hizo sobre temas cruciales como el relativo al entramado de las competencias autonómicas, las autonomías indígenas, el pluralismo jurídico, la condición plurinacional, los territorios indígenas. También es un victoria, por más paradójico que parezca, contra ellos mismos, contra su objetivo de conservarse en el poder. No hay instinto de sobrevivencia. Lo que han hecho, la pretendida astucia criolla, pues a eso se ha reducido la política, es como un boomerang; lleva el agua al molino de la derecha. Se incrementa el descredito y la desconfianza popular. Todo se reduce a la compulsa electoral; el mandato de las transformaciones se ha evaporado. Se pierden las oportunidades de re-conducción del proceso, precisamente para fortalecer las capacidades de transformación, la continuidad de la irradiación popular y de la movilización; se opta por la concepción vulgar y silvestre politiquera de administración y usufructuó del poder.
¿Cuáles son los argumentos del TCP para justificar su fallo? Que los mandatos se contabilizan desde la promulgación de la Constitución, desde la fundación del nuevo Estado. No vamos a discutir aquí lo que implica la fundación de un nuevo Estado, ya lo hicimos en otros textos[1], que no puede ser otra cosa que la abolición del Estado-nación, que no se ha efectuado, mas bien se lo ha restaurado, y la construcción del Estado plurinacional, del que no se han puesto ni los cimientos ni un solo ladrillo. Tampoco vamos a repetir lo que ya se dijo, que lo escrito en la Constitución dice otra cosa acerca desde cuándo se computa. Sólo haremos recuerdo que este tribunal constitucional es impuesto por la Asamblea Legislativa y el Órgano electoral, cuando precisamente el oficialismo perdió las elecciones de magistrados frente al voto nulo, lo que anulaba, de por sí, las elecciones de magistrados. Esta forma de instituirse vulnera la Constitución y desconoce el voto democrático. ¿Qué se puede esperar de un tribunal constitucional que nace de esta forma? El problema es que nos movemos en un juego de simulaciones, en un montaje de escenarios bañados de publicidad y propaganda exacerbados, en la descomedida manifestación de astucias criollas y de trampas políticas. Bajo esta “lógica” de poder no importa si es constitucional o no un fallo, lo que importa es la verdad del poder, la imposición de fuerzas, la conservación del poder a cómo de lugar. La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fallo está demás. No entra. En vano desgañitarse en el tema. Hay oídos sordos. Lo que está en juego es otra cosa, la manifestación descarnada de los juegos de poder. Tampoco, como se ve, se trata de una discusión “ideológica”, menos de la interpretación de la Constitución. No interesa. Los discursos están para eso, para justificar, digan lo que digan, lleguen incluso al extremo de la incoherencia y de la perversión de los sentidos. La ética y la moral están suspendidas. Lo único que importa es la materialidad descomunal del poder. Lo otro es para idealistas e inocentes. La “realidad real” del oficialismo es el poder; esta concepción “pragmática” se reduce al enunciado el poder produce realidades.
De lo que acabamos de describir se deduce lo siguiente: No se trata de una discusión racional, no es tampoco una discusión sobre la verdad del texto constitucional; se trata sólo de correlación de fuerzas. Lo que queda del espíritu de la movilización social, de la voluntad de cambio, lo que pueda reunirse de los fragmentos de los movimientos sociales anti-sistémicos, que abrieron el proceso de cambio, si quiere hacer algo, intervenir en el decurso de los acontecimientos, que marchan a un descalabro general del proceso político, no tienen otra alternativa que recurrir también a la fuerza, a la movilización, a re-articular el bloque popular, para re-conducir el proceso. No tiene perspectiva el querer discutir con los voceros oficialistas, ni con la mayoría de la Asamblea Legislativa, menos con el TCP; no escuchan. Tiene sentido el debate en relación a la comunicación popular, con las organizaciones sociales, pues el análisis y la reflexión están destinados a despertar nuevamente la potencia social.
Reelección del presidente: ¿Debate leguleyo o constitucional?
Se ha suscitado un debate sobre la constitucionalidad de la reelección del presidente. El gobierno, el presidente, el vicepresidente, los voceros de la Asamblea Legislativa, interpretan que esta reelección está totalmente habilitada por la Constitución, pues el conteo de las dos elecciones continuas permitidas constitucionalmente se contabilizan desde el 2009, una vez aprobada y promulgada la Constitución, con el nacimiento del Estado plurinacional. Por lo tanto la elección de 2014 sería la segunda. En cambio, la llamada oposición interpreta de otra manera; dice que el conteo comienza el 2005, la segunda elección continua permitida es la de 2009; de este modo no sería posible la participación en las próximas elecciones de Evo Morales Ayma. Antes de iniciar la contrastación del debate con lo que establece la Constitución, debemos hacer conocer nuestra sorpresa ante semejante esfuerzo por debatir el problema de la reelección, incluso retrotrayéndose a interpretaciones de la Constitución. La misma mayoría de la Asamblea Legislativa preparó una ley interpretativa que habilita la reelección, y la envió al Tribunal Constitucional para su consulta.
No se dio lugar una discusión parecida en otros temas, más cruciales, por cierto; no se dieron estos esfuerzos, por lo menos en su intensidad, con respecto a los problemas cardinales de la estructura constitucional; problemas que plantea la Constitución en la perspectiva de las transformaciones estructurales e institucionales que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. No se debatió con la misma intensidad y preocupación el desarrollo legislativo de las leyes fundacionales. Al oficialismo y a la oposición le interesan las elecciones, no les interesa discutir los alcances de las transformaciones estatales. Esta anotación pone en el tapete el interés político del oficialismo y de la oposición, su reducción de la interpretación de la Constitución, su reducción de la política a la compulsa electoral.
El Artículo 168 de la Constitución dice expresamente:
El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.
El parágrafo II del artículo 411, de Disposiciones transitorias, establece que:
Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
Con esta disposición transitoria debería quedar saldada la discusión. No es un argumento sostenible que las disposiciones transitorias son transitorias (tautología), por eso responden a un corto tiempo. ¿A quién se le ha ocurrido que las transiciones duran sólo unos días, una pizca de tiempo? Las disposiciones transitorias ayudan a transitar de una etapa constitucional a otra etapa, basada en la nueva estructura normativa de la Constitución promulgada. Esta disposición transitoria habla y resuelve claramente el problema de la transición. No hay discusión en esto. Además las transiciones políticas, económicas y culturales pueden durar mucho tiempo, combinando medianos y largos plazos. De eso tratan precisamente las teorías de la transición.
Sin embargo, no necesariamente puede terminar la discusión ahí. La misma Constitución plantea la posibilidad de una reforma total o parcial de la Constitución. En caso de una reforma total establece que esto lo puede hacer una nueva Asamblea Constituyente, convocada por referéndum, por dos tercios de la Asamblea Legislativa o por el propio presidente. Para una reforma parcial de la Constitución, la misma carta magna establece, en el artículo 411, correspondiente a la Quinta parte, relativa a la Jerarquía normativa y reforma de la Constitución, que:
La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.
Entonces, si la mayoría legislativa, el gobierno y el MAS requieren una nueva participación en elecciones del presidente, una tercera vez, pueden acudir a una reforma parcial de la Constitución. Para esto pueden optar por una iniciativa popular o por la aprobación de la reforma constitucional por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa. No hay donde perderse. La Constitución también es clara en relación a esta posibilidad y situación requerida. ¿Entonces por qué tanto problema? La mayoría tiene la potestad de aprobar una reforma constitucional que habilite al presidente a una tercera elección continua. Ese podría haber sido el sentido de la ley interpretativa de la Constitución mandada a consulta del Tribunal Constitucional; sin embargo, la mayaría congresal se han embrollado en los argumentos y en el manejo de los dispositivos jurídicos.
Están demás los argumentos que buscan justificar el conteo desde el 2009, decir que se ha acortado el anterior periodo constitucional, lanzar la tesis del alcance transitorio de las disposiciones transitorias. También están demás los argumentos opuestos que dicen que el presidente no puede ser reelecto, porque así lo establece la Constitución; de todas maneras se requiere un referéndum para habilitar una reforma constitucional, que habilite al presidente a una tercera elección. Bastan dos tercios de los asambleístas para una reforma parcial que habilite una tercera elección. De todas maneras, cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.
No hay necesidad de rasgarse las vestiduras, ni por el lado oficialista, ni por el lado de la oposición. El problema estaría resuelto constitucionalmente. No se puede seguir perdiendo el tiempo en una discusión tan estridente.
La discusión es otra. ¿Por qué no se han desarrollado leyes fundacionales del Estado plurinacional? ¿Por qué se ha restaurado el Estado-nación y toda su institucionalidad? ¿Por qué no se han efectuado trasformaciones estructurales e institucionales que sostengan la construcción del Estado plurinacional? ¿Por qué se ha violado la Constitución sistemáticamente, una y otra vez? El problema se encuentra en la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas por el gobierno. Empero este problema no va a ser debatido ni por el oficialismo, ni por la oposición, que son partidarios, desde distintos ángulos, del Estado-nación. La construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico no les interesa ni al oficialismo ni a la oposición. Este es el mandato constitucional y el horizonte abierto por la lucha de los movimientos sociales anti-sistémicos. Esta es la esperanza y el proyecto de los protagonistas del proceso de cambio, los movimientos sociales, las multitudes, el proletariado nómada, las naciones y pueblos indígenas originarios, el pueblo. Este problema ha sido planteado y discutido por esta potencia social. Problema ignorado por el oficialismo, que cree que ya el Estado plurinacional ha sido conformado; ignorado también por la oposición, que puede aceptar un nombre como plurinacional, en la medida que se quede en sus dimensiones nominales y folklóricas.
Llama la atención la desesperación por la reelección del presidente, indiferente de la preocupación por el proceso de cambio. Hay como una apuesta de garantizar la continuidad del proceso por medio de la reelección, como si la reelección por sí misma salvara al proceso de sus profundas contradicciones. Esta apuesta es una evidente manifestación de la reducción de la política a la connotación carismática de la figura del caudillo. El “destino” del proceso, por así decirlo, se concentra en la fatalidad del cuerpo del caudillo; no hay otro horizonte que el de los contornos de la pasión del cuerpo del caudillo. Todo gravita en el peso específico de esta corporalidad y su irradiación simbólica. Los que se reclaman de “revolucionarios”, los que emulan a los jacobinos del siglo XVIII o a los bolcheviques del siglo XX, han volcado el sentido de las “transformaciones” y el alcance del cambio a lo que suceda con la existencia del líder. La semántica política se ha reducido a su dramática somatización.
Estos “revolucionarios” del siglo XXI no son más que las sombras desdichadas del cuerpo del caudillo. Existen porque existe el caudillo, quien proyecta sus sombras, dependiendo de los ángulos de la luz, así como de la inclinación de los planos. Todo el programa de “transformaciones” se reduce a la reelección. Esta es la pobreza política de esta corriente mayoritaria, que combina nacionalismo, populismo y un socialismo crepuscular. También es el recorrido sintomático del camino al suicidio político. En el debacle constatado de la conducción del proceso de cambio, en la explosión alarmante de las contradicciones profundas, apostar con todas las fuerzas a la reelección, sin evaluar la crisis del proceso, sin reencausar sus cursos, sin proponerse una reconducción del proceso, es sencillamente inclinarse por el suicidio político.
Como van las cosas, desmoronamiento y descomposición del ejercicio de poder, los escenarios posibles corresponden a las distintas versiones de la muerte del proceso. En el caso improbable de una victoria electoral por mayoría absoluta por parte del MAS, no se puede esperar otra cosa que el reforzamiento de las prácticas políticas, las formas de gobierno, los manejos clientelares y prebéndales, que han llevado a la agudización peligrosa de la crisis del proceso. Esto no es otra cosa que continuar con la condena del proceso a repetir la reiterada historia de las revoluciones, que han cambiado el mundo y se han hundido en sus contradicciones. En el caso probable de una victoria electoral por debajo del 50%, peleando ampliar el margen del núcleo duro electoral del MAS, que se estima que es del orden del 30%, la correlación de fuerzas congresales, y la perentoria obligación de formar coaliciones para gobernar, repetiría, de otra manera, la historia negociada de los pactos, de la llamada democracia pactada. Esta sería la constatación estadística de la muerte del proceso. En el otro caso probable, de una derrota electoral, aunque sea por mínimas distancias, se ratificaría sin lugar a dudas la muerte del proceso. Por donde se lo vea, la conducción política dominante, “pragmática” y apegada al realismo político, habría llevado al proceso al derrotero de su propia destrucción.
La salida teórica más plausible al decurso dramático de las contradicciones del proceso es la reconducción del proceso mismo. Esta tesis política se basa en la certeza de que no va a haber otro proceso; los procesos no son producto de la imaginación política, tampoco de deseos, sino que se desatan por acumulación orgánica, organizacional, de experiencia, de saberes, de memorias, de alternativas y subjetividades constitutivas. Otro proceso puede darse en décadas. Por lo tanto, teóricamente queda defender el proceso, hacerlo críticamente, transfiriendo la conducción del proceso a sus protagonistas, los movimientos sociales anti-sistémicos, las naciones y pueblos indígenas originarios, respondiendo a la usurpación y suplantación de grupos de poder, subidos a la cresta de la ola de las movilizaciones. Esto significa formar un gobierno provisional revolucionario, encargado de la reconducción, obligando al Congreso a cumplir con la Constitución, mediante la movilización general, acompañando la reconducción con el ejercicio de la democracia participativa, plural, directa, comunitaria y representativa.
Inclinarse por una estrategia electoral, buscando una salida, formar una alternativa, sin plantearse reconducir el proceso, es trasladar el problema político, la crisis del proceso, al computo electoral. El MAS ha confundido el proceso politico con la eterna compaña electoral; ha creído que su asenso estadístico en las elecciones de 2002 se ha debido a una estrategia electoral. Desde entonces, se ha embarcado en una recurrente y compulsiva campaña electoral. Nada más equivocado, los resultados electorales de 2002 y 2005, además de los sucesivos, se han debido a las vitorias políticas y territoriales logradas por las movilizaciones desatadas desde el 2000 al 2005. Estas victorias políticas quebraron las estructuras psicológicas de dominación, pusieron en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación, la crisis de representación, la crisis de la clase política, de los partidos políticos, del sistema politico, de tal manera que las masas se encontraron en condiciones de votar por alguien que sale de su seno, ya no estaban dispuestas a votar por los doctorcitos. Sin las movilizaciones de la guerra del agua y el sitio de cuatro ciudades durante el 2000, el MAS nunca hubiera sido la segunda fuerza del Congreso el 2002. Sin la movilización prolongada de seis años de luchas semi-insurreccionales (2000-2005), el MAS no se habría nunca convertido en gobierno. Las siguientes elecciones ganadas se deben a la irradiación de esta prolongada movilización, incluyendo las elecciones a la Constituyente, el referéndum revocatorio, la aprobación de la Constitución, las elecciones de 2009. Transferir la lucha política a la compulsa electoral es una ilusión, responde al fetichismo electoral, a la “ideología” cuantitativa de la verificación electoral.
La crisis del proceso es material, responde a la materialidad histórica, política, social e institucional. Esta crisis no se resuelve electoralmente. Buscar conformar una alternativa electoral al MAS, un frente de izquierda, sin pasar por la reconducción, es caer en la misma ilusión electoral. Se eluden las respuestas políticas a la crisis política. Se prefiere la verificación de las convocatorias electorales. En estas condiciones, en las condiciones del desencanto de la gente, respecto a las expectativas del proceso, es como cavar la fosa junto a todos los sepultureros del proceso. Las masas no acudieron a las urnas por las elecciones mismas, acudieron a la votación como ratificando su apoyo al proceso de cambio, proceso irreductible a la cuantificación estadística y a la verificación electoral. Las masas acudieron a las urnas porque se movilizaron contra el sistema, contra el Estado, contra el neo-liberalismo, contra la clase política, contra las empresas trasnacionales. Las masas acudirían nuevamente con entusiasmo a las elecciones si se desata nuevamente la movilización general; esta vez por la reconducción del proceso.
Acudir a las elecciones, en estas condiciones, como frente alternativo de izquierda, es repetir los magros resultados electorales de la izquierda alternativa. Lo alternativo no es electoral, es político, radica en la lucha política, en la movilización, en la rearticulación del bloque popular que abrió el proceso, en la recuperación del ejercicio de la democracia participativa, en la deliberación abierta de las multitudes y los cabildos. Si no se materializa esta lucha política no hay reconducción, si no hay reconducción, nos encaminamos a la cura artificial de las elecciones, que no va a hacer otra cosa, que ratificar, de una u otra manera, la muerte del proceso.
Ciertamente la reconducción del proceso es difícil y hasta puede ser imposible. El principal bloque de defensa del proceso, el Pacto de Unidad, se ha dividido. Las organizaciones campesinas se encuentran cooptadas a nivel de sus dirigencias; una de las organizaciones indígenas ha sido escindida, la CIDOB. La defensa del TIPNIS ha logrado una gran convocatoria durante la VIII marcha indígena, obligando al gobierno a recular y aprobar una ley en defensa del TIPNIS, la Ley 180. Parecía que esta convocatoria en defensa de la madre tierra y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios podía re-articular el bloque popular, recomponer alianzas sociales, lanzarse, de este modo, a la reconducción. Empero, esta convocatoria no se volvió a repetir en la IX marcha indígena. Ha continuado la resistencia en el TIPNIS, sobre todo contra la consulta espuria del gobierno; sin embargo, la resistencia de las comunidades es solitaria, sin repercusiones en el resto del pueblo boliviano.
La COB ha decidido conformar un instrumento político de los trabajadores; este proyecto ya tiene su historia. Podemos retomar esta historia política desde la formación de los partidos marxistas como el POR, el PIR, después el Partido Comunista, incluso transitando por la experiencia populista y nacionalista del PRIN, que fue una división del MNR, con el legendario líder obrero Juan Lechín Oquendo a la cabeza. Podemos continuar esta historia política con los frentes de izquierda que llevaron a dirigentes obreros y campesinos a las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales; una de esas experiencias fue la de la del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Estas experiencias, que son como los antecedentes del proyectado instrumento político de los trabajadores, no tuvieron el éxito esperado en cuanto a convocatoria electoral. Ciertamente, no todas estas experiencias se conformaron para participar en elecciones, tampoco son experiencias parecidas. La historia del POR, del PIR y del PC no se pueden comparar con la historia del PRIN, tampoco con los frentes de izquierda electorales, como por ejemplo con el FRI. Sin embargo, se puede hablar de una analogía compartida; pretendieron ser partidos de los trabajadores. Esto no está lejos de la pretensión de conformar el instrumento político de los trabajadores. Pero, para qué se conformaría un instrumento de esta índole. ¿Para participar en las elecciones de 2014? ¿No es esto reducir la connotación política de la lucha de los trabajadores a un acto electoral? ¿No ocurrió algo parecido con el proyecto de creación de un instrumento político de las organizaciones sociales campesinas, indígenas y populares, que debió haber sido el MAS? El MAS nunca llego a constituirse en un instrumento político de las organizaciones sociales; quedó en proyecto. Se convirtió en un instrumento electoral, un aparato de convocatoria electoral en todo el país.
Varios grupos marxistas se entusiasmaron con el proyecto de conformar un instrumento político de los trabajadores. En este entusiasmo bien intencionado falta la labor crítica y analítica. No se contrasta la pretensión con la historia de estas formas de organización políticas, que terminaron involucrándose en las elecciones. No sé preguntan sobre el perfil del mismo proyecto, sobre los alcances del contenido politico. Sólo se dejan impresionar por el nombre, instrumento político de los trabajadores; de esta proposición proyectiva deducen que ya es una alternativa al MAS, una alternativa de izquierda. La situación no es tan fácil de resolver con hipótesis tan apresuradas. Los partidos políticos tradicionales de los trabajadores, que ciertamente se constituyeron, en principio, como externos a la clase obrera, como partidos de intelectuales, para luego introducirse en las organizaciones sindicales obreras, se plantearon como tarea prioritaria la formación de la “consciencia de clase”. El PRIN apostó al carisma de su líder principal y a la participación de experimentados dirigentes sindicales; en este caso, la formación de los trabajadores se asumía de una manera mas bien empirista. Los frentes de izquierda electorales, que llevaron candidaturas obreras y campesinas, se basaron en la garantía de la presencia de dirigentes obreros y campesinos. Todas estas experiencias contienen premisas implícitas racionalista. La fuerza de convocatoria radica en la racionalidad del proyecto obrero, en las razones profundas de sus postulados emancipatorios, en su crítica racional al modo de producción y explotación capitalista. Esto es suficiente para convencer a las masas, a la multitud, al pueblo. Mucho más si se plantea la figura de la alianza obrero y campesina; simbólicamente estarían presentes las grandes mayorías, el proletariado y el campesinado. El problema es que el pueblo no responde a esta convocatoria racionalista. ¿Por qué? El campo politico no es un espacio de retórica argumentativa, de enfrentamientos discursivos, de pretensiones de verdad; no es un espacio racionalista. El campo abigarrado de la lucha política es un espacio de concurrencia, contrastación, contradicción, enfrentamiento de fuerzas. Las convocatorias no se realizan racionalmente, sino por apelación afectiva, pasional, imaginaria, subjetiva. La fuerza de convocatoria de los nacionalismos y populismo radica precisamente en estas dinámicas afectivas; también se explica la atracción de los líderes carismáticos. Para que un proyecto racionalista, como la dada desde la interpelación marxista a nombre del proletariado, de los obreros y de los trabajadores, pueda disputar estas convocatorias afectivas, debe, dado el caso, lograr hacer emerger el mito desde la misma interpelación racionalista, o, en su defecto, convencer argumentativamente a las grandes mayorías de la justeza de su proyecto político. Ahora bien, esto último implica desmitificar, develar la “ideología” inmersa en las masas. Esto último parece haber sido el trabajo “ideológico”, el trabajo desmitificador, de los partidos marxistas.
En la historia política del siglo XX los partidos marxistas llegaron al poder por lucha armada, en sus formas insurreccionales, en sus formas revolucionarias, así como de guerra prolongada, también en sus formas de guerrilla; pero, también, como resultado de la ocupación del ejército rojo en la guerra anti-imperialista. Son mas bien escasas las experiencias de la llegada al poder por la vía electoral. Cuando ocurre esto, estos partidos se encuentran involucrados en frentes de izquierda, coaligados con otras fuerzas progresistas. Estos frentes con gran convocatoria responden a una larga acumulación organizativa, de alianzas, de difusión y formación de cuadros. Estos frentes de izquierda logran disputar los escenarios democráticos formales en determinadas coyunturas, que podríamos llamar crisis de legitimación del poder burgués. Los partidos de la burguesía, sus aliados conservadores, ligados a los intereses del latifundio, se encuentran deslegitimados, cuestionados e interpelados. Hay crisis de representación; la casta política dominante ya no es creíble. La crisis económica ha calado en la gente, ha afectado a la economía popular; esto puede venir acompañado, además de menguados ingresos, por desocupación, carestía y subida de precios de bienes de consumo alimentario, de vivienda, de salud y educación. Como que nace una esperanza de la gente en el proyecto socialista. Empero, esto no es tan fácil que ocurra. Se requiere también que los partidos que acceden más fácilmente a la convocatoria, como los partidos nacionalistas y populistas, hayan perdido también credibilidad o no se hayan podido conformar, no sean todavía fenómenos sociales y políticos. En estas condiciones, como que se da una valoración colectiva del proyecto socialista. Los partidos marxistas, el proyecto socialista, involucrados en frentes de izquierda, se habrían vuelto en los principales defensores de la democracia. Estas circunstancias se dan cuando se sale de una larga noche, la de las dictaduras militares o formas totalitarias conservadoras.
A fines del siglo XX y principios del siglo XXI aparecen gobiernos de izquierda en Sud América, incluyendo el gobierno de izquierda sandinista de Nicaragua, como resultado de votaciones electorales. Estos gobiernos de izquierda, de una u otra manera, de una forma más abierta, clara y declarada o más bien, más mezclada, se identifican como socialistas, como portadores del proyecto del socialismo del siglo XXI, en la mayoría de los casos, o socialismo comunitario, como en el caso de Bolivia. La referencia al discurso marxista reaparece de una manera más matizada o, en su caso, con mayor insistencia o pretensión; sin embargo, estos gobiernos, no se conformaron sobre la base de una convocatoria electoral racionalista, como es el caso de los partidos marxistas de los que hablamos, insertos en frentes de izquierda, apelando a una argumentación lógica. Esta “nueva izquierda” ha despertado el mito, ha logrado convocatorias afectivas, ha renovado imaginarios sociales milenaristas, incluso religiosos, combinándolos, en una composición abigarrada, con un renovado y transformado proyecto socialista. Se trata de una “nueva izquierda” que ha asumido también renovadas formas populistas y nacionalistas. Esta combinación ha resultado en una extensa y aplastante convocatoria electoral.
Disputar la convocatoria de estos nuevos populismos compuestos desde la conformación de frentes de izquierda alternativos, que reproduzcan el estilo racionalista de los partidos marxistas tradicionales o el estilo de un marxismo ajustado, adaptado y adecuado a las organizaciones sindicales, es una tarea desmedida. Intentar repetir e imitar el proyecto del instrumento politico del MAS, desde el ámbito de los trabajadores, es retomar el inacabamiento mismo del proyecto en una escala menor. Decimos esto valorando la idea inicial de instrumento político de las organizaciones sociales, instrumento al servicio de las organizaciones sociales, como parte de la dinámica de los movimientos sociales anti-sistémicos, emergido de las bases, sobre la plataforma de la experiencia asambleísta, colectivamente deliberante y autogestionaria; sin embargo, mostrando, al mismo tiempo, que este proyecto inicial quedó como posibilidad, reducido, en la práctica a la reiteración de las mediaciones y delegaciones representativas, desplazando las relaciones horizontales, sustituyéndolas por relaciones verticales, mandos centralizados, reducidos a un grupo palaciego.
¿El instrumento político de los trabajadores puede cambiar esta orientación? La COB actual tiene por lo menos dos problemas de inicio; no es el poder dual, que fue la COB nacida de la revolución de 1952; por otra parte, la COB no ha sindicalizado a la gran masa del proletariado nómada, que trabaja a destajo, mayoritariamente compuesto por mujeres. La COB se ha reducido a sectores sindicales que podríamos llamar privilegiados, no solamente por gozar de seguro, derechos laborales, sino incluso, en algunos casos, como el de los mineros, con buenos salarios. El sector más combativo no es el proletariado minero sindicalizado, como lo fue en los periodos gloriosos de la COB, sino un sector radicalizado del sindicato de maestros. Sobre estas condiciones y con esta composición de su perfil actual, la COB está obligada a resolver varios problemas ante la tarea de conformar un instrumento político. Primero, para retomar la experiencia política de este bloque organizado de trabajadores, es urgente recuperar su memoria, recuperando el tiempo perdido, mediante un balance histórico crítico de sus trayectorias. Segundo, dar respuesta al tema pendiente: ¿Por qué el proyecto político de transición, bajo hegemonía proletaria, periclita en 1971 con la derrota de la Asamblea Popular? ¿Se requiere algo más que la hegemonía proletaria, como por ejemplo, incorporar la problemática colonial, de la colonialidad, de la dominación simbólica y física sobre los cuerpos, abriéndose a otras luchas contra las estructuras de poder polimorfo? Tercero, asumir otras formas de anti-capitalismo, como el devenido desde la perspectiva indígena y de la defensa de la madre tierra, además de los feminismos radicales de-coloniales, así como el de las subjetividades diversas. Cuarto, sindicalizar al proletariado nómada, organizarlo en la defensa de sus derechos, articulándolos a la luchas políticas emancipatorias y de liberación. Quinto, comprender la experiencia de las movilizaciones sociales anti-sistémicas desatadas, donde la COB no fue de ninguna manera la protagonista. Sexto, replantearse el proyecto politico emancipatorio y liberador del proletariado más allá del socialismo, asumiendo críticamente la experiencia socialista del siglo XX.
El instrumento politico de los trabajadores, una vez resuelto estos problemas pendientes, debe plantearse la construcción de una convocatoria que contenga al país mismo. No parece posible construir esta convocatoria popular a través de las viejas estrategias de hegemonía proletaria. Más parece necesario formar consensos políticos, voluntades colectivas, composiciones alternativas, con los otros sectores populares. Como se puede ver, no se trata, de ninguna manera, de renunciar al instrumento politico, sino, al contrario, de evitar reducirlo a una caricatura, a un mero instrumento electoral, repitiendo a escala la triste historia del MAS. O, en su caso, sin poder superar el límite de las convocatorias reducidas de los partidos obreros. La tarea primordial de un instrumento político de los trabajadores es luchar con las formas actuales del capitalismo, escapando del círculo vicioso de la izquierda, que cree seguir peleando con las formas del capitalismo del periodo de la revolución industrial y las formas imperialistas de la primera mitad del siglo XX. El dominio del capitalismo financiero ha trastrocado la composición orgánica del capital y el propio funcionamiento del sistema capitalista, sus ritmos y sus ciclos. En la época del ciclo largo del capitalismo, bajo hegemonía estadounidense - la misma que ha entrado en declive, en la fase precisamente financiera de todo ciclo largo, en la cual emergen bloques de competencia, buscando convertirse en el nuevo centro hegemónico de un siguiente ciclo largo del capitalismo -, la dinámica de la acumulación ampliada de capital ha reactivado expansiva e intensamente, aplicando nuevas tecnologías de punta, que podríamos considerar devastadora, las formas de la acumulación originaria de capital, por despojamiento y desposesión, extendiendo peligrosamente el modelo extractivista a toda el orbe, sobre todo en los territorios de las periferias, aunque también en los propios territorios de los centros del sistema-mundo capitalista. En este contexto, no se puede sostener que la lucha económica del proletariado es la misma que la de la primera mitad del siglo XX. El proletariado, sobre todo su mayoritaria composición nómada, no puede sostener el desarrollismo y el modernismo como parte de su horizonte “ideológico” socialista. Esto los convertiría en aliados de la burguesía crepuscular del imperio, de la descomunal estructura de poder del sistema-mundo capitalista, que apuesta al extractivismo, para continuar su acumulación ampliada, realizada de manera desbordante y destructiva, comprometiendo la reproducción de la vida en el planeta.
El Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), en su último tantachawi, ha decidido también conformar un instrumento político, eta vez de las organizaciones indígenas originarias. Ante la división del Pacto de Unidad, la constatación del curso que ha tomado el gobierno, desplazándose a políticas públicas extractivistas, bajo un discurso desarrollista, que lo llevó a posiciones anti-indígenas, el CONAMAQ considera que es imprescindible formar un instrumento politico de las organizaciones indígenas, que retome la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, la defensa de la Constitución y la defensa del proceso, proceso que no pertenece al MAS. Retomando además la histórica y fundamental tarea de descolonización, de reconstitución territorial y construcción civilizatoria alternativa, basada en la herencia cultural y cosmovisión de los pueblos indígenas. El proyecto de instrumento politico de las organizaciones sociales vuelve a aparecer en su proyección inicial, en su irradiación descolonizadora, en su alteratividad civilizatoria a la modernidad hegemónica y dominante. Empero, no dejan de reaparecer las analogías con el fracasado proyecto de instrumento político del MAS, convertido en mero instrumento electoral. Mucho más aún, en este caso, no es sostenible proyectarse a una estrategia electoral, como parece darse, en tanto una de las preocupaciones del consejo indígena originario, ante la proximidad de las elecciones de 2014.
El proyecto de instrumento político indígena originario tiene que sortear varios problemas y desafíos. En primer lugar, no puede reducir el proyecto de instrumento político a un proyecto electoral. De principio, esta sería la muerte del proyectado instrumento político descolonizador. En segundo lugar, no es aconsejable restringir la convocatoria política sólo a los indígenas. Como en el caso del instrumento politico de los trabajadores, las convocatorias restringidas a sus propios ámbitos territoriales y poblacionales limitan la capacidad política, terminan repitiendo la historia de los partidos de clase o partidos indios, que no pudieron salir de sus convocatorias vanguardistas, circunscritas a núcleos conscientes y de convencidos del proyecto en cuestión. En la lucha política la acumulación política cuantitativa y cualitativa es fundamental. No se logra capacidad de transformación sin contar con convocatorias masivas, sin convencer y seducir a la mayoría popular. Por eso, es indispensable construir una convocatoria del instrumento político indígena originario a todo el pueblo. No se trata de una convocatoria populista, al estilo de los partidos populistas, tampoco de formar un frente, al estilo de los partidos marxistas, sino, que partiendo de las tradiciones comunitarias y asambleístas, es menester generar espacios colectivos deliberativos de formación de consensos. El instrumento político indígena originario está más obligado, que otros proyectos de instrumentos políticos, a desplazar las prácticas políticas habituales de la clase política. El instrumento político indígena originario puede convertir la matriz comunitaria en un paradigma politico alterativo a las prácticas políticas institucionales y partidarias, retomando enfoques territoriales, alianzas complementarias, confederaciones guerreras, en las luchas anti-coloniales, anti-capitalistas, alter-modernas, proyectando la alternativa civilizatoria al desarrollo capitalista.
Como se puede ver el panorama politico de la coyuntura es altamente complicado. El llamado “proceso de cambio”, que es el nombre que se emplea para referirnos a temporalidades y espacialidades, a espacio-tiempos entrelazados, que marchan más o menos paralelamente, también cruzándose, entrabándose y afectándose, que pueden ser tomados como acontecimientos de múltiples singularidades en composiciones variadas, se encuentra debatiéndose en el estallido de sus propias contradicciones profundas. En lo que queda del periodo de gestión de gobierno, los dos años hasta el 2015, es un lapso electoral. El gobierno, todos los aparatos de Estado, controlados por el gobierno, el MAS y las organizaciones sociales controladas por el gobierno, se hallan ya en campaña electoral, aunque nunca hayan salido de este tipo de consumación política, sólo que en estos periodos se entregan a esta compulsión con más asiduidad. La apuesta del MAS, como hemos dicho a un principio, es la reelección del presidente. No vamos a repetir los argumentos del análisis de esta estrategia electoral. Frente a esta alternativa, lo que llamamos derecha tradicional, hablamos de los partidos políticos y las expresiones políticas ligadas a las oligarquías regionales, parecen sondear la posibilidad de un bloque conservador, de una alianza que haga frente al MAS. Desde la izquierda al MAS, por así decirlo, se sondean posibilidades de un frente de izquierda, tanto desde la perspectiva de los trabajadores como desde la perspectiva indígena originaria. Por otra parte, el partido que fue aliado del MAS, el MSM, intenta, a su vez, conformar un frente alternativo al oficialismo, a partir de una visión más institucional del proceso.
Estas disposiciones políticas parecen mostrarnos la tendencia a una dispersión de la votación, quizás con cierto grado de concentración en opciones polarizadas, el MAS y el frente único de la derecha, con cierta participación estadística de los frentes o el frente de izquierda, disputando la votación consciente. Este panorama no es nada halagador en lo que respecta a las perspectivas del proceso de cambio. El proceso se habría estancado, habría quedado detenido por el estallido de sus contradicciones, transfiriendo sus problemas cualitativos al espacio artificial de las verificaciones estadísticas electorales. Ante este panorama, teóricamente, parece que la respuesta más plausible es la re-conducción del proceso. Empero, esta reconducción no aparece como viable, dadas las circunstancias, acompañadas por contradicciones agudizadas por el debilitamiento de las mismas organizaciones sociales, sus prácticas clientelares, prebéndales, mediante las que fueron cooptadas sus dirigencias. El intento de una reconducción pasa necesariamente por recuperar la autogestión y la autonomía de las organizaciones sociales. Para que pueda darse esto es menester que las organizaciones sociales puedan asistir a un recambio de las dirigencias, convocar a Congresos, re-articular el bloque popular, formando consensos sociales para tal efecto. La formación de los instrumentos políticos pendientes lleva su tiempo; no es una tarea que se efectúa y realiza de la noche a la mañana. Ante la perentoriedad de lo que queda de la gestión de gobierno y de la fase electoral, los dos años, se requiere de un pacto social para la reconducción del proceso, cumplir con un programa mínimo de pasos de reconducción, consensuado. Un programa que busque reposicionar al bloque popular y recuperar la fuerza inmanente del proceso. Lo que se tenga que hacer para las elecciones del 2014 depende de la reconducción del proceso, además es una decisión que tienen que tomar las organizaciones sociales.
El espíritu constituyente
En el Capítulo Sexto, Tribunal Constitucional Plurinacional, del título III de la parte correspondiente al Órgano Funcional del Estado, el artículo 196 dice:
I.El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.
II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.
La voluntad constituyente se refiere a lo que también se nombra como espíritu constituyente. ¿Qué es el espíritu constituyente? Ciertamente se trata de una metáfora cuando se habla del espíritu; la metáfora se remite no sólo a la voluntad, sino al sentido de lo escrito. También se refiere al contenido subjetivo del texto constitucional. Ahora bien, el espíritu no se desajusta, no se desentiende del cuerpo escrito, no entra en contraposición con la escritura. Precisamente es el significado del significante, si recurrimos a Ferdinand de Sausurre. Lo curioso del uso oficial de este artículo es que se pretende remitir el espíritu constituyente al texto constitucional aprobado en Oruro. Se puede decir que el espíritu constituyente de ese texto era precisamente que el conteo de la secuencia permitida por la Constitución comenzaba desde la promulgación de la nueva Constitución. El texto se cambió en el Congreso convertido en constitucional, que revisó el texto aprobado en Oruro; el texto dice:
Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
¿Cuál es entonces el espíritu del constituyente? ¿De cuál de los textos? Si volvemos al texto de Oruro, entonces, la consecuencia necesaria es que se debería volver a todo el texto aprobado en la ciudad del Pagador. La consulta al Tribunal Constitucional tendría que ser sobre hacer válida la Constitución aprobada en Oruro e invalidar la Constitución aprobada en el Congreso. Si no se hace esto, entonces hay una comprobada incoherencia y manipulación al sólo quererse remitirse a un artículo de los 411 aprobados y promulgados. Querámoslo o no el texto constitucional aprobado por el 64% del pueblo boliviano es el que contiene el artículo 196 citado. Entonces el sentido buscado debe ser el del escrito de la Constitución promulgada. No hay donde perderse. ¿Este sentido es o no la voluntad del Constituyente? No, pues la Constitución aprobada en Oruro tenía otro contenido. El 30% de la Constitución aprobada en la ciudad del Pagador fue cambiado. Entonces lo que dice este artículo no es lo que expresaba la voluntad del Constituyente. Se cambio por los acuerdos políticos en el Congreso. El sentido dado a este artículo y otros cambiados es otro, distinto al espíritu constituyente. ¿Qué se hace en este caso para interpretar la Constitución promulgada? El parágrafo II dice que la interpretación debe darse con preferencia, de acuerdo a la voluntad del constituyente, contando entonces con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Esto se entiende como que el uso de los documentos, las actas y resoluciones no debe desfasarse del tenor literal del texto. ¿De cuál texto? Obviamente del texto promulgado, no del aprobado en Oruro, aunque este texto haya perdido en la parte interpretada el espíritu del constituyente, sustituido por el sentido del acuerdo político, expresado en el artículo 196.
¿Se puede desconocer lo escrito en el texto promulgado? No, sin un referéndum que plantee el retorno a la Constitución aprobada en Oruro. En este caso se volvería a la voluntad del Constituyente expresada en el texto de Oruro. Así tendría que ocurrir con los otros artículos cambiados por el Congreso constitucional. ¿Qué clase de voluntad se encuentra en el artículo 196 de la Constitución promulgada? La voluntad de los congresistas. Al final se transfirió la voluntad de los constituyentes a la voluntad de los congresistas; después, el texto aprobado en el Congreso, fue ratificado por el referéndum constituyente. Este fue el resultado del decurso de la construcción dramática del pacto social, querámoslo o no.
Desde todo punto de vista no es aconsejable ni comprensible lo que hacen los voceros del gobierno y de la mayoría de Asamblea Legislativa, embrollar la interpretación de la Constitución promulgada. Es meterse en una encrucijada al desconocer el texto promulgado. Por este camino, ponen en peligro la misma Constitución. Esto lo hacen con fines electorales. No les importó interpretar a su manera, sin respetar el espíritu constituyente, cuando aprobaron y promulgaron leyes que resultaron inconstitucionales. Como dijimos en otro artículo[2], llama la atención que al oficialismo le importe el debate constitucional y haga alusión al espíritu constituyente en el tema de la reelección, cuando esto no aconteció para nada cuando se trataron las leyes que deberían ser fundacionales.
Si a un constituyente de mayoría le preguntaran ¿con qué Constitución se queda, con la aprobada en Oruro por la Asamblea Constituyente o con la aprobada en La Paz por el Congreso Constitucional? Con seguridad respondería con la aprobada en Oruro por la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes descartaron el espíritu constituyente? Los del Congreso Constitucional. Esta fue la estrategia del gobierno. Nunca se preguntó a los constituyentes qué es lo que se debería hacer antes del referéndum constituyente. Con una falta total de consideración a la Asamblea Constituyente, al poder constituyente, el poder constituido, el ejecutivo y el Congreso, decidieron revisar la Constitución aprobada por los constituyentes y efectuar los cambios que les parecieron convenientes, en el marco de acuerdos políticos. Ahora, estos mismos que decidieron descartar el espíritu constituyente piden volver a esta voluntad para interpretar el artículo 196 de la Constitución promulgada. ¿Quién entiende este comportamiento?
El argumento de interpretar desde el espíritu constituyente no está bien fundamentado, tampoco es honesto. No miden las consecuencias, sobre todo la de poner en peligro la validez de la misma Constitución promulgada. Tampoco les interesó el espíritu constituyente a la hora de elaborar, aprobar y promulgar leyes, que resultaron inconstitucionales. Sólo les interesa la reelección. El peso de la decisión política gravita en este tema. Esta inclinación devela su compulsión electoral; se encuentran muy lejos de una preocupación por las transformaciones estructurales e institucionales, muy lejos de la interpretación integral de la Constitución y de su aplicación. No se dan cuenta que no está en cuestión la posibilidad de reelección del presidente; lo que se discute es el modo como se habilite la misma; forzando una interpretación estrambótica o acatando la Constitución. Esta conducta no parece ser un apoyo efectivo al presidente para su reelección, sino todo lo contrario. Lo empujan a una situación inconstitucional, des-cualificando su postulación, debilitándola desde la circunstancia de des-legitimación. La excesiva muestra de llunkirio termina mermando la fuerza de una reelección. ¿Por qué inclinarse hacer las cosas torcidas? ¿No es mucho mejor que el pueblo termine decidiendo en un referéndum la reforma parcial a la Constitución? ¿No es acaso este comportamiento que espera el pueblo de un presidente que responde a la Constitución, sobre todo al sistema de gobierno constitucional que es el de la democracia participativa? ¿Por qué generar conflictos desgastantes?
Este problema no es generado por la reelección del presidente, sino por la reelección del vicepresidente. El Congreso del MAS sólo eligió a Evo Morales Ayma como candidato a la presidencia; la candidatura a la vicepresidencia estaba pendiente. La astucia de la mayoría de la Asamblea Legislativa es mandar una consulta al Tribunal constitucional donde se incluye al vicepresidente. Con esto zanjan el tema del vicepresidente saltando el Congreso del MAS.
No sabíamos cómo iba a responder el Tribunal Constitucional. Su dilema era grave; o resuelve confesar la subordinación al ejecutivo y validar un proyecto de ley interpretativo estrambótico e inconstitucional, o resuelve interpretar la Constitución como corresponde, asumiendo las condicionantes establecidas en la Constitución promulgada. Aunque el Tribunal Constitucional nos tiene ya acostumbrados a resoluciones ambiguas, ésta resolución pendiente no parecía fácil de zafarse. Está en juego la existencia misma del Tribunal Constitucional, de una manera o de otra. Si resolvía lo primero, habrá evidenciado su condición inconstitucional al subordinarse al capricho del ejecutivo; si resolvía lo segundo, es probable que el ejecutivo decida liquidarlo o, en todo caso, arrinconarlo, poniéndolo como en suspenso. Ahora sabemos cómo ha resuelto, ha optado por lo primero, por la subordinación, la sumisión, la dependencia indisimulada al ejecutivo. Ha optado por la inconstitucionalidad.
El senador por Cochabamba Adolfo Mendoza saca una tesis insólita semántica, dice que si bien la letra del artículo 196 establece que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones; el espíritu de este escrito quiere decir que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de función. Es decir, todo lo contrario[3]. En otras palabras el senador sugiere que el espíritu del cuerpo escrito es precisamente lo contrario de lo expresado. A esto se reduce el espíritu del constituyente. Este malabarismo y prestidigitación es digna de un mago; no importa lo que está escrito, lo que importa es la interpretación de acuerdo al espíritu del constituyente, aunque se diga que tiene que estar de acuerdo al tenor literal del texto.
Ahora bien, este malabarismo semántico es síntoma de algo, es síntoma de la forma cómo se ejerce mayoría en el Congreso, en las políticas públicas, en la práctica política oficialista. Se cree que la mayoría absoluta otorga impunidad, otorga potestad como para cambiar las reglas lógicas y lingüísticas, que se puede acudir al espíritu constituyente cuando conviene y cuando no conviene no, que se puede hacer de todo pues el poder produce verdades. Se puede volver al texto constitucional aprobado en Oruro en un artículo sobre la reelección y no en los otros artículos de la Constitución. En otras palabras, se puede hacer lo que se quiere, de acuerdo al interés político del momento. Esta forma de hacer política es decadente; expresa la degradación de una práctica de gobierno, de la práctica política oficial, que desprecia además el sentido común de la gente, no sólo desprecia a la opinión pública. Se puede demostrar lo contrario de lo que está escrito en la Constitución promulgada. Estas demostraciones espantosas tienen que ser escuchadas por el público, con la pretensión, además de que sean aceptadas. Lo que llama la atención de todo esto, no es sólo que se efectúe este malabarismo semántico, sino que después de decirlo se sientan satisfechos, como después de haber cumplido una labor. ¿Qué clase de labor es esta? El objetivo principal es conservar el poder; en esto no hay sorpresa, lo hacen todos los gobiernos, de derecha o de izquierda. Lo que sorprende es que se busque conservar el poder, cosa que es comprensible, con los argumentos más insólitos, cosa que ya no es del todo comprensible. Hay un exceso de actuación ante el jefe, una búsqueda estridente de llamar su atención, de decirle yo estoy contigo en todo, en tus aciertos y en tus errores, que para mí no son errores, sino una muestra de tu grandeza. Puedo hacer lo que sea por ti, adulterar una interpretación, manipular el significado de lo escrito, de tal manera que diga lo contrario. Este llunkirio que de por sí es desagradable e indigno, es la muestra patética de que se ha perdido todo principio de realidad, toda coherencia discursiva; se ha caído ya no en la retórica política sino en una adulación sin límites y en una desbordante manipulación sin ningún decoro. No es necesario caer en esta degradación para lograr la reelección del presidente.
¿Cuál es el interés de los llunk’u que medran a la sombra del caudillo? Mantener la proyección de su sombra que los cubre. Se constata el interés de la clase política oficial de mantenerse, de conservarse en sus puestos, de seguir ejerciendo en los espacios de dominio ganados. Poco importa lo que pase con el proceso de cambio mismo; se soslayan sus contradicciones y se opta por la propaganda, de la que parecen convencidos. Se puede llegar a comprender que este “pragmatismo” de sentido común, este realismo político, que cada vez más se parece al oportunismo, haya reducido el proceso de cambio a la mera conservación del poder y la eterna campaña electoral. Lo que no se comprende es que no avizoren, estos voceros oficiales, que lo que hacen al final vulnera y debilita su objetivo, conservación del poder. Esta práctica no sólo que no es legal, no es constitucional, sino que deslegitima, resta credibilidad, descalifica la misma función de gobierno y el ejercicio de la mayoría del Congreso. Este exceso está demás para cumplir con el objetivo, conservación del poder, concretamente lograr la reelección.
Dejemos estos contrasentidos ahí, en su propia desesperación. Volvamos a la reflexión sobre el espíritu constituyente, que es lo que ciertamente se debe rescatar en la interpretación y aplicación de la Constitución.
Interpretación desde el espíritu constituyente
Para Henri Bergson el espíritu tiene que ver con la duración y la memoria, con la cualidad y la subjetividad; en términos más amplios con la intuición, que para Bergson es el método de precisión de la metafísica. En el caso que nos toca, el espíritu constituyente, el espíritu se acerca a la voluntad; lo que quiso decir el constituyente, el sentido que quiso darle al texto constitucional. Este espíritu se encuentra expresado en el prólogo, en los 11 primeros artículos, en la estructura integral de la Constitución. En el preámbulo se escribe:
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.
Los dos primeros artículos de la Constitución son fundacionales:
Artículo 1°.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Artículo 2°.- Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
El espíritu constituyente se encuentra en la constitucionalización de los derechos fundamentales y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, además de contener implícitamente, en el postulado del vivir bien, los derechos de los seres de la madre tierra. El espíritu constituyente responde a cuatro modelos fundacionales; el modelo político de Estado plurinacional comunitario y autonómico; el modelo territorial que se configura en el pluralismo autonómico, teniendo como su característica fundamental las autonomías indígenas; el modelo económico, que se abre al horizonte de la economía social y comunitaria, comprendiendo las condicionantes ecológicas, prohibiendo la exportación de materias primas, definiendo a los recursos naturales como no mercantilizables, destinados al vivir bien; el macro modelo civilizatorio del vivir bien, que articula los modelos anteriores y se definió, en la Conferencia de los Pueblos contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba, como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. El espíritu constituyente se encuentra en el entramado de competencias autonómicas, exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas. El espíritu constituyente es la perspectiva pluralista, donde se encuentra el pluralismo jurídico, que comprende tres jurisdicciones, la ordinaria, la indígena originaria campesina y la agroambiental. El espíritu constituyente se expresa en la definición del sistema de gobierno como de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria; así mismo y como consecuencia en la participación y control social; en la construcción colectiva de la ley, de la decisión política de la gestión pública. El espíritu constituyente se encuentra en la exigencia de la equidad de género y la alternancia. También podemos decir que el espíritu constituyente se encuentra en la transversal de interculturalidad.
Como se puede ver, este es el espíritu constituyente explicitado en el texto constitucional, este es el espíritu constituyente que ignoran el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficialistas y el Tribunal Constitucional. Sólo se refieren al espíritu constituyente cuando quieren imponer una forma de reelección que no se encuentra en la Constitución promulgada. Hay una forma de reelección posible, incluso si se busca realizarla por tercera vez. Pero esto es lo que no se quiere. ¿Qué clase de espíritu es este? Obviamente no es el espíritu constituyente convocado; se trata del espíritu de resentimiento de la “consciencia desdichada”[4]. Los voceros oficiales sustituyen el espíritu constituyente por el espíritu de resentimiento de la “consciencia desdichada”. El malabarismo semántico e interpretativo de los voceros deriva en esta suplantación “espiritual”. Nada más canallesco para exorcizar el espíritu constituyente.
Retomando nuevamente el tema sugerente del espíritu constituyente, que el acontecimiento subjetivo del acontecimiento político que es la Constitución; el espíritu constituyente es la constitución de la duración, de la memoria, de la cualidad histórica de la percepción política de las multitudes, del proletariado nómada, de las naciones y pueblos indígenas originarios, del pueblo boliviano. Se da como un plegamiento subjetivo e imaginario; pliegue, despliegue y repliegue de la constitución subjetiva descolonizada, emancipada y liberada. Es este espíritu el que tiene que animar a la interpretación de la Constitución, en la aplicación de la Constitución, que transmite el mandato de la abolición del Estado-nación y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto es precisamente lo que no hace el gobierno, la Asamblea Legislativa, los órganos del Estado; han optado por restaurar, consolidar y defender el Estado-nación, dispositivo colonial del sistema-mundo capitalista y del orden mundial de la dominación imperial. ¿Con qué moral pueden hablarnos del espíritu constituyente?
Exorcismo político
Se dice del exorcismo que es una práctica religiosa o mágica, como un ritual, para expulsar al espíritu maligno que posee el cuerpo de la persona afectada. Usamos esta metáfora para aludir la práctica de los políticos oficialistas de exorcizar el espíritu constituyente del cuerpo inscrito de la Constitución, así como de los cuerpos de las multitudes y de los movimientos sociales, que forman parte integral e inmanente del poder constituyente. Lo primero que hace el oficialismo, una vez aprobada la Constitución en Oruro por la Asamblea Constituyente, es hacer revisar el texto constitucional aprobado por el Congreso, convertido en constitucional. El poder constituido suplantaba las funciones y atribuciones del poder constituyente. Los voceros del oficialismo no dijeron nada, más bien aplaudieron. Incluso el vicepresidente en un discurso declaro que se mantuvo el núcleo de la Constitución, reconociendo las revisiones. El gobierno y la Asamblea Legislativa iniciaron la elaboración de leyes sin atender a los condicionamientos de la Constitución, que establece, de manera clara, la construcción colectiva de la ley. Tampoco tomaron en cuenta la interpretación integral de la Constitución, el espíritu constituyente, menos los mandatos transformadores exigidos en la transición. Todas las leyes promulgadas por el presidente son inconstitucionales; en vez de ser fundacionales restauraron el Estado-nación; no fueron la base jurídico-política de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Los voceros oficialistas no dijeron nada, tampoco convocaron al espíritu constituyente. En el conflicto del TIPNIS desconocieron flagrantemente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la consulta con consentimiento, previa, libre, e informada. Los siguen haciendo con las leyes que siguieron, al desconocer los acuerdos con el Pacto de Unidad, que elaboró el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, logrando consensuar un proyecto de ley instrumental, que contenía el espíritu del anteproyecto. En vez de aprobar la ley consensuada y puesta en agenda en la Asamblea Legislativa, el gobierno y la Asamblea Legislativa prefirieron destrozar esta ley de la madre tierra y elaborar un bricolaje de ley, donde introducen como marco el desarrollo integral, subordinando a la madre tierra al desarrollo. Después elaboran un proyecto de Ley Marco de Consulta que tiene las caracterizas evidentes de una ley colonial que reitera el etnocidio. Ante estos hechos que desconocen abiertamente el espíritu constituyente el gobierno, la mayoría de la asamblea, los voceros oficialistas, no dijeron nada. Ahora, cuando se requiere ir a la reelección del presidente, ante las condicionantes y limites que establece la Constitución, desesperados proponen una interpretación estrambótica de los artículos relativos a la reelección, a las disposiciones transitorias y a la interpretación del Tribunal Constitucional. Su principal argumento es volver al espíritu constituyente; llama la atención que recién recurra a esta convocatoria en un tema menor, en comparación con los temas estratégicos que contemplan las leyes que deberían ser fundacionales. También llama la atención que se lo haga de una manera que mas bien se parece al exorcismo del espíritu constituyente, siguiendo su costumbre vulneradora de la Constitución. Vamos a detenernos nuevamente a analizar estos síntomas de una práctica política que combina demagogia y violencia estatal, simbólica y física, violando sistemáticamente la Constitución y desconociendo el espíritu constituyente, el sentido transformador y descolonizador del texto.
El artículo 196 de la Constitución, correspondiente al capítulo sexto, Tribunal Constitucional Plurinacional, relativo al título III, Órgano judicial y Tribunal Constitucional, dice:
En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.
Éste es el artículo que usan los voceros oficiales para pretender demostrar que el artículo 411, correspondiente a la quinta parte de la Constitución, Jerarquía normativa y reforma de la Constitución, relativa a Disposiciones transitoria, en el parágrafo II, donde el tenor literal es:
Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
Quiere decir, de acuerdo a la “voluntad del constituyente”, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto lo contrario, es decir, que:
Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución NO serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
El tenor literal del texto no contiene esa negación; ¿de dónde sale esta? La frase es afirmativa, no negativa. Los documentos, actas y resoluciones, tienen que estar de acuerdo al tenor literal del texto. El espíritu constituyente no puede desfasarse del cuerpo de la inscripción inscrita. Si ocurriera esto muere la vida del sentido de la inscripción. Ya no hay posibilidad de interpretación de ninguna clase ente la muerte. Ante el cadáver del texto literal los voceros oficiales quieren convocar el espíritu constituyente, que ya se ha alejado del cuerpo que lo cobijaba. Lo único que acompaña ante el cuerpo inerme de lo escrito, aprobado por el pueblo boliviano y promulgado, es la pronunciación insólita de un discurso que le dice al cadáver tu espíritu constituyente decía NO en Oruro, aunque tu texto inscrito dice SI. Despierta Lázaro con el espíritu constituyente, vuelve a la vida.
Por cierto, esta es una “interpretación” forzada, que adultera el tenor literal del texto. Como dijimos, cuando se separa sentido de significante, espíritu de inscripción, significación de escritura, muere la posibilidad de interpretación. Lo que hay es una turbia y manipulada “interpretación” de un texto muerto, que es en lo que queda el parágrafo del artículo sobre disposiciones transitorias, debido al uso perverso que hacen de éste los voceros oficiales, que más se parecen a unos prestidigitadores.
Como escribimos en un texto anterior, es el gobierno popular y el Congreso constitucional los que extirparon el espíritu constituyente en un 30% de lo aprobado en la Constitución de Oruro, suplantando el espíritu constituyente por el espíritu de los congresistas, que básicamente era un acuerdo político. Lo grave de lo que hicieron, fuera de violar las competencias del poder constituyente por un poder constituido, es introducir los términos de nación boliviana, república, haber sacado la posibilidad de la reforma agraria, incorporando en lo cambiado un sentido conservador. Frente a este hecho consumado, los voceros defensores del “espíritu constituyente” no dicen nada; callan y callaron. Ahora lanzan sus gritos al cielo y se desgarran escandalosamente las vestiduras cuando se tiene que discutir la forma de viabilizar la reelección. Esta conducta perturbada asombra por sus pretensiones y sus poses. Pretende que el sentido de lo escrito es todo lo contrario del tenor literal, hace gala de fidelidad al jefe y convoca ritualmente al espíritu constituyente, cuando ellos fueron los que lo exorcizaron, no sólo con la modificación congresal, sino en la violación sistemática de la Constitución a lo largo de lo que viene de la segunda gestión de gobierno, promulgando leyes inconstitucionales, restaurando el Estado-nación, dispositivo colonial del orden mundial del sistema capitalista. Esta falaz y estridente pose cae por su propio peso.
Si se quiere volver al texto constitucional en Oruro, cosa que los constituyentes de mayoría estaríamos de acuerdo, entonces hagamos una reforma total de la Constitución promulgada; esto equivale a convocar a la Asamblea Constituyente, lo que implica también llevar la Constitución de Oruro a un referéndum constitucional. Sin embargo, esto no lo van a hacer; no están interesados en ninguna consecuencia. Sólo emiten demagogia en relación a un artículo de la Constitución, artículo que no es de lo más importante del texto y de la estructura constitucional. Con esta actitud de llunkirio extremo colocan al presidente en una situación no sólo incomoda sino peligrosa. Quieren llevarlo a la reelección en contra de las disposiciones normativas de la Constitución, cuando se puede ir a la reelección respetando estas disposiciones, convirtiendo una reforma parcial a la constitución y el referéndum consecuente en parte de una buena campaña electoral. Estas improvisaciones torcidas, malabaristas, lo único que hacen es deslegitimar la reelección del presidente. El llunkirio ha llevado al proceso de cambio al abismo y al presidente al peligro de su deslegitimación. A los llunk’u no les interesa meditar sobre estos temas, sobre estas consecuencias políticas; lo que les interesa es mantenerse en los espacios privilegiados donde se encuentran, usufructuando del poder.
Ahora bien, la pregunta es: ¿Por qué se hace todo este teatro? ¿Cuál es la estrategia, la táctica, el objetivo, o lo que se llame? ¿Se quiere más elecciones consecutivas, hasta el 2025? ¿Si fuese este el caso, por qué no se presenta una reforma parcial de la Constitución en este sentido? ¿Por qué se ocultan las cosas, para volver más tarde, en las subsiguientes elecciones a volver a repetir los escándalos? ¿Por qué esta falta de honestidad y transparencia? Al parecer los llunk’u creen en la astucia, prefieren la manipulación y el engaño como medio de táctica de sorpresa. Por medio de estos procedimientos han convertido al ejercicio de gobierno, al ejercicio legislativo, al ejercicio del poder, en un laberinto sin salida.
¿Cómo explicar este desatino inescrupuloso, que lo único que hace es embrollar las cosas y complicar la situación? ¿Hay como una costumbre de hacer esto, de aprovecharse de las circunstancias, las mínimas ventajas comparativas, las confusiones revueltas a propósito? Esta opción aparentemente astuta, que no es otra cosa que una maña tramposa, se da cuando no hay una estrategia política, no se tiene un proyecto político, pues se ha renunciado a éste, que es la Constitución. Cuando no se tiene un programa político, como lo entiende el marxismo, entonces se recurre a estas ambivalencias, a estos juegos puntuales que pretenden astucia. La apuesta es por el sensacionalismo, la bulla, la escenificación, la propaganda, la publicidad y la permanente campaña electoral. Con estas prácticas el ejercicio de la política ha perdido perspectiva; se trata de agotar en el momento el alcance de las acciones. ¿Qué se construye con estas constantes improvisaciones? El panorama de la incertidumbre; es como un juego al azar, con la diferencia de que no es la teoría de los grandes números la que termina encontrando regularidades en la misma secuencia de irregularidades, sino son las estructuras de poder local, regional y mundial, las que condicionan la marcha de los hechos, empujándolos a los objetivos históricos de estas estructuras, la acumulación ampliada de capital, el despojamiento y desposesión de los recursos naturales, la colonización interna de territorios y cuerpos, modulando y construyendo subjetividades afines a la reproducción del capital y del poder. Por eso, al orden mundial no le preocupa las fintas anti-imperialistas, mientras no sean otra cosa que puestas en escena, tampoco le preocupan las improvisaciones de los gobiernos, sabe que todo vuelve a su curso por el peso específico y el campo gravitatorio de las estructuras de dominación enclavadas en el orbe.
El indicador que se obtiene de una discusión tan estridente como la de la reelección, a la que le prestan tantas atenciones tanto oficialistas como opositoras, así como los medios de comunicación, es que lo que ocurre indica la pobreza política de oficialistas y de oposición, así como la profunda debilidad informativa y comunicativa de los medios. Como dijimos en otro artículo[5], el problema no es la reelección sino la crisis profunda del proceso de cambio, el desajuste entre la práctica gubernamental y la Constitución. El tema de la reelección se puede resolver constitucionalmente; lo que tiene que resolverse políticamente es la crisis del proceso; esto no ocurre sin la participación de los movimientos sociales anti-sistémicos. Una discusión sobre la reelección no se aclara si no se la visualiza desde un contexto mayor, el de la crisis del proceso. Quedarse a discutir lo que permite o no la Constitución es inútil; es un debate de abogados. Lo que importa y es imprescindible es avizorar una salida a la crisis del proceso, que no se resuelven con reelección o con otra salida electoral, sino con el cumplimiento de las transformaciones estructurales e institucionales que exige la Constitución.
[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Horizontes de la descolonización. Horizontes Nómadas. La Paz.
[2] Ver de Raúl Prada Alcoreza Reelección del presidente: ¿Discusión leguleya o constitucional? Bolpress 2013; La Paz.
[3] Esta “tesis” la sacó a relucir dicho senador en un debate en la Red A, en el programa del comunicador Jhonn Arandia. El programa fue televisado la noche de 27 de febrero de 2013; La Paz.
[4] Ver de Raúl Prada Alcoreza Consciencia desdichada y dialéctica colonial; Bolpress 2013; La Paz.
[5] Ver de Raúl Prada Alcoreza Reelección del presidente: ¿Discusión leguleya o constitucional? Bolpress 2013; La Paz.