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La movilización de la COB, y en particular la de los mineros de Huanuni, ha desconcertado y enfurecido al Gobierno, que no esperaba su magnitud ni perdona su atrevimiento.
La COB, Huanuni y La Internacional
La COB, Huanuni y La Internacional
Alejandro Almaraz
La movilización de la COB, y en particular la de los mineros de Huanuni, ha desconcertado y enfurecido al Gobierno, que no esperaba su magnitud ni perdona su atrevimiento. Como era absolutamente previsible, se ha desplegado el consabido repertorio gubernamental contra las movilizaciones populares: generosa profusión de mentiras calumniosas y gases lacrimógenos mezclados con algunas balas “misteriosas” y, por supuesto, la contramovilización administrativa de los movimientos sociales administrados.
Pero las mentiras oficialistas son cada vez más disparatadas y, en este caso, han llegado al absurdo de la calumnia autoincriminatoria. Así, el más frecuente vocero televisivo del Gobierno, cuyos denodados esmeros siguen sin merecer designación alguna, ha afirmado en Cadena A que Huanuni “en los hechos es una cooperativa”. Si eso es cierto, el vocero de marras ha desvelado una causa más, que se suma a las otras muchas evidentes y graves, para el insoslayable juicio de responsabilidades contra el gobierno de Evo Morales.
En efecto, si el Gobierno habría nacionalizado Huanuni con tanto alarde, para entregarla “en los hechos” a la discrecionalidad privada con la que se dispone del patrimonio cooperativo, habría violado la montaña de disposiciones constitucionales y legales relativas a la pertenencia patrimonial de la mina a Comibol y a las múltiples y detalladas responsabilidades del Órgano Ejecutivo central en la buena administración del patrimonio público expresado en ambas empresas.
Lo mínimo que cabría, en la legalidad más elemental, es el enjuiciamiento y condena de los ministros de Minería, Economía y Transparencia por incumplimiento de deberes y actos contrarios a la Constitución, haciendo de la vista gorda sobre los serios elementos que configuran traición a la patria. En la misma línea del absurdo autoincriminatorio, esta vez en masivo coro mediático, el Gobierno denuncia los altos sueldos del personal de Huanuni, como una absoluta inmoralidad o un acto de corrupción, mientras guarda el más absoluto e impúdico silencio respecto a su ineludible obligación legal de aprobar toda escala salarial o remuneración contractual en la empresa pública Huanuni.
Lo cierto es que todas las decisiones administrativas y técnicas importantes tomadas en Huanuni desde su reciente nacionalización, incluyendo obviamente los niveles de remuneración laboral, han sido aprobadas por el Gobierno, aunque en muchos casos la iniciativa haya sido de los trabajadores.
Es probable que uno de estos casos, con felices resultados para la empresa, haya sido el pago de las remuneraciones altas que el Gobierno condena como si ayer nomás hubiera tenido la terrible noticia de su existencia. Dados los ineludibles condicionamientos del mercado profesional, esos niveles son los mínimos posibles para remunerar al personal técnico especializado que, a su vez, es absolutamente indispensable para la eficiencia y productividad de la empresa. Ojalá hace siete años YPFB hubiera tenido obreros como los mineros de Huanuni, para salvarla de la paralización operativa a la que la condenó durante varios años la demagogia criminal de aplicarle la hipócrita escala salarial de “austeridad”.
El Gobierno de Evo Morales miente tanto que también se miente a sí mismo. Éste parece ser el caso de su triunfal y presuntuoso augurio de “fracaso total” de la COB en su movilización. La COB ya ha triunfado categóricamente, no sólo porque le ha arrancado al Gobierno significativas ofertas que desbaratan su prepotente inflexibilidad inicial, sino porque su movilización ha tenido la fuerza y amplitud que no lograba en las últimas dos décadas. Insisto que esto parece más bien un acto de alucinado autoconvencimiento, entre otras cosas, porque quien más enfáticamente lo expresó fue el viceministro Rada, el mismo que ha interpretado, con enternecedor entusiasmo, que la entonación de La Internacional en la plaza Murillo el 1 de mayo es una muestra de “ideologización del proceso”.
Hay que tener un sentido muy surrealista de la vida y la historia para estimularse con una escena cuyo grotesco patetismo la hace digna del morboso deleite con que Vargas Llosa narra la miseria de la vieja izquierda en su Historia de Mayta: el himno de los viejos comunistas cantado por la militancia de un Gobierno que, entre otras muchas muestras de profunda convicción capitalista, financia a la banca transnacional con el ahorro nacional, mientras niega todo financiamiento estatal al Fondo Solidario para las pensiones de los obreros bolivianos, y rechaza cualquier participación de ellos en la fiscalización de sus propios aportes a la seguridad social.
Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.