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ABRIL DE PAZ Y GUERRA
Se consolida el movimiento social por la paz. El hecho político más relevante de los últimos meses ha sido el nacimiento de un Movimiento Social por la Paz en Colombia.

Varios intentos venían articulándose de tiempo atrás, especialmente en la Ruta Social Común para la Paz, donde confluyen las iniciativas del Congreso de los Pueblos, Comosoc, Redepaz, Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, Marcha Patriótica, Red de Iniciativas de Paz desde la Base, Mujeres por la Paz, entre otros; el llamado Espacio Cinep (sobre todo de plataformas de organizaciones por la paz y derechos humanos) y el espacio ecuménico por la paz, también venían realizando importantes acciones de sensibilización, convergentes con iniciativas regionales, entre las que destaca el Espacio Regional de Paz del Cauca e incluso las audiencias organizadas por la Comisión de Paz del Congreso. Pero faltaba un bautizo de masas, que le diera peso a estas iniciativas, ocultadas a la opinión por los grandes medios de comunicación.

Tal bautizo tuvo lugar el pasado mes de abril, con el Congreso para la Paz y la gigantesca marcha del 9, que expresaron la creciente voluntad del pueblo colombiano por terminar la guerra interna y la posibilidad de convocar desde el movimiento social popular al resto de la sociedad. La Consejería y las autoridades tradicionales de la ACIN consideramos que la movilización del 9 de abril fue una gigantesca, diversa y multitudinaria experiencia, en la que los indígenas participamos con convicción junto a comunidades que llegaron desde diferentes rincones de Colombia; y al Congreso para la Paz lo valoramos como un importante ejercicio de armonizar la construcción de paz con justicia social y la terminación del conflicto armado. Lo más importante es que en esos actos se encontraron las organizaciones populares que se oponen al gobierno de Santos, al modelo neoliberal y al extractivismo minero-energético en manos de las corporaciones transnacionales.

Fueron totalmente equivocadas las posiciones de quienes decidieron no participar en el evento del 9 de abril argumentando que Santos lo “aprovecharía” para sus fines reeleccionistas. ¡Por supuesto que Santos quería aprovecharse de la marcha! ¡Y de las negociaciones y del fin del conflicto!, agregamos nosotros. ¡Por supuesto que los grandes poderes económicos y políticos querrán hacer negocios con la terminación de la guerra y con la construcción de la paz! No se puede esperar otra cosa de la burguesía colombiana y transnacional.

Pero el tema no es si la burguesía o la insurgencia quieren sacar provecho de la negociación para terminar el conflicto. La respuesta es obvia. El asunto es si el movimiento popular necesita que el conflicto armado termine y si es capaz –con su acción política y la movilización– de imponer o no sus proyectos, puntos de vista e intereses en cualquier escenario donde los armados estén intentando terminarlo. Las propuestas populares no lograrán ser compartidas por la sociedad en su conjunto si no actuamos a su interior para promoverlas. Lo cierto es que ninguna organización social fue a la movilización a apoyar a Santos; es más, la presencia del presidente fue intrascendente entre los manifestantes.

Lo trascendente fueron los cientos de miles de personas que con su presencia expresaron que su lucha es contra el capital y contra la guerra; el quiebre parcial del escepticismo de la sociedad sobre la urgencia de terminar el conflicto; la derrota que le propinó esa marcha a los medios masivos de comunicación que ocultaron durante semanas la inmensa movilización por la paz que se preparaba; la confluencia plural de sectores políticos -normalmente enfrentados- que se aproximaron para decir que es posible tramitar el conflicto social por medios diferentes a la confrontación armada; el posicionamiento de que el fin de la guerra implica cambios políticos y socio-económicos urgentes, aunque eso no equivalga a la paz, razón por la cual debemos profundizar la lucha por la justicia social. Y debemos agregar otro elemento relevante: la participación de representantes de partidos de todos los espectros políticos; la presencia de tales actores en estos actos permite que el clamor popular por la terminación del conflicto armado influya sobre su posición política, o indica que de forma autónoma han llegado a esa conclusión.

El “solos no podemos” de los indígenas del Cauca es hoy mucho más pertinente en este empeño de terminar la guerra; vamos a seguir ese camino, para aislar a quienes desde algunos sectores sociales dicen “no necesitamos a nadie”. La iglesia católica, las alcaldías de izquierda y progresistas, las ongs, la academia, el movimiento de mujeres, las organizaciones de víctimas, el movimiento popular, sectores de los partidos tradicionales, en fin, todas las personas que estuvieron en la calle, no son simples oportunistas o burócratas insurgentes. Los habrá; no hay duda. Pero es con todos esos sectores que vamos a conquistar la paz. No será el aislamiento político y social, a nombre de una supuesta lucha de los pueblos incontaminada, la que logre la paz. Al revés, el aislamiento político de los sectores populares o de cada organización política es el camino seguro para que nunca tengamos suficiente fuerza para imponerle la paz a los armados. El mensaje de la marcha del 9 y también del Congreso para la Paz no puede ser más oportuno: la sociedad no quiere la guerra, no se levanten de la mesa hasta llegar a acuerdos y pacten un cese al fuego bilateral.

El asunto de fondo: terminar la guerra, continuar la lucha popular

El Congreso para la Paz sirvió para resolver positivamente una vieja discusión: la relación entre la terminación de la guerra y la construcción de la paz. La ratificación y actualización de los puntos de la agenda del Congreso de los Pueblos -que incorporaron y ampliaron los formulados por la Minga Social y Comunitaria del 2008- permitió que los diversos sectores participantes acordáramos lo que constituye una Agenda para un País en Paz, es decir, un país con justicia social. Allí nos encontramos quienes planteamos que el fin del conflicto armado no implica la terminación de todos los conflictos socio-económicos inherentes al capitalismo, sino que éstos podrían tramitarse sin armas en el actual periodo histórico del país (si el establecimiento lo permite), con las mínimas garantías políticas de una democracia moderna.

Otras conclusiones relevantes del Congreso para la Paz fueron: 1) “acompañar” el proceso de negociación de La Habana desde un Movimiento Social por la Paz en donde confluyan todos los sectores que encontramos en el dialogo y la solución política el camino para la terminación del conflicto armado; 2) exigir desde la movilización social la participación del ELN en la mesa de diálogos de La Habana; 3) promover desde ese Movimiento por la Paz la realización de los cambios imprescindibles en el sistema político, la estructura socio-económica y la política minero-energética, como camino que garantice la terminación de la confrontación armada, y 4) avanzar en la apropiación, control y autodeterminación de los territorios por parte de los pueblos que los habitan, en otras palabras, avanzar en la construcción alternativa de poder popular. Ese Movimiento Social por la Paz, así como el Diálogo Social por la Paz, fueron los principales temas de la Declaración Final. Nos faltó, hay que reconocerlo, avanzar más en la precisión de propuestas políticas para la coyuntura de la negociación del gobierno y las insurgencias; es un tema que las organizaciones debemos abordar urgentemente en el mismo proceso del Diálogo Social por la Paz.

Con estas conclusiones se mostró que no puede haber contradicción entre las luchas populares de todos los días y la incidencia sobre los actores armados que negocian en Cuba, o entre construir paz y terminar la guerra. Aunque algunos sectores como la ONIC y movimientos de mujeres ven imperativa la presencia física en La Habana, el Congreso para la Paz considera la participación en ese escenario más bien en términos de incidir, influir o presionar con la movilización; de ahí la idea del diálogo social. El Congreso para la Paz fue insistente en que la paz solo la construimos los pueblos y movimientos populares organizados, pero se entiende que sin terminar el conflicto armado es casi imposible avanzar en ese empeño; también dijimos allí que la terminación de la guerra no podemos dejarla como asunto exclusivo de los armados, pues sus decisiones nos afectan, y hondamente; los mismos temas de la negociación obligan a participar.

La paz es con los de la guerra

En el propósito de conformar el Movimiento Social por la Paz aparecen muchas preocupaciones sobre cómo debería relacionarse ese movimiento con los actores armados. ¿Debe un movimiento social de paz “facilitarle” las cosas a los actores armados? ¿No debería ser la posición una defensa cerrada a los derechos de las víctimas a la justicia?

En un país tan victimizado por la guerra y donde ésta ha reemplazado al régimen político, es ineludible que el movimiento popular intervenga de forma decisiva en su terminación, lo que implica una relación con los actores armados. El fin de las confrontaciones y hostilidades es un asunto determinante para permitir que el movimiento popular avance en el proceso autónomo de construcción de paz; por eso afirmar que las guerrillas o el ejército no tienen nada que decir sobre la paz porque ésta va más allá del fin del conflicto armado y la construye el movimiento popular, es insostenible. Es sabido que las guerrillas y el Estado son responsables de agresiones y crímenes contra el movimiento social; aun así, el gobierno, las FARC y el ELN pretenden coincidir con los planteamientos de las organizaciones populares e incluso representarnos. ¿Qué hacer? Nuestra posición es que los actores de la guerra, a pesar de ser reiterados victimarios del movimiento social popular, son también actores políticos, y por tanto hay que interlocutar con ellos.

En conflictos de larga duración como el colombiano aparece siempre la “descomposición”, expresada en la vinculación mercenaria de combatientes, los lazos con el mundo del delito, la financiación despolitizada de los ejércitos, etc. Estos hechos justifican un cuestionamiento ético a la guerra en su conjunto, pero no servirían para cuestionar el carácter político de los contendientes; de hecho, son los Estados los que más acuden al crimen para proteger sus intereses, y nadie puede decir que por eso dejan de ser entidades políticas. Esa degradación llevó a algunos analistas a decretar el fin de los móviles políticos de las guerrillas y del propio Estado, recordando una especie de pasado virtuoso “cuando la guerra sí era política”, en oposición a la de ahora que estaría determinada por puros intereses económicos o por ansias de poder militar o incluso por instintos criminales. Algunos llegaron tan lejos como afirmar que terminar la guerra no compete a las organizaciones populares, pues al fin y al cabo los armados no nos representan. Estas posiciones han terminado por negar las evidencias: que las guerrillas y el Estado tienen proyectos político-territoriales y que sectores de la sociedad se sienten representados en sus plataformas políticas y en sus doctrinas; a los pueblos indígenas no nos representan, pero seríamos ciegos si desconociéramos que mucha gente los considera sus voceros.

Para la ACIN es claro que acabar el conflicto armado se logra hablando con y poniendo a hablar a los actores armados. No hay otro modo. Claro que las organizaciones sociales que hemos sido víctimas de sus acciones tenemos no solo el derecho sino el deber de dudar del Estado y de la guerrilla, y de denunciarlos cuando cometen crímenes contra las comunidades. Ni más faltaba. Pero nuestra denuncia no significa cuestionar el diálogo con ellos, porque sería ponernos del lado de quienes sostienen que la única solución es la victoria militar. ¿De quién? ¿De uno de los dos actores victimarios? El argumento es insostenible.

Pero la guerra sigue…

Lo que sigue débil en el Movimiento Social por la Paz (y lo fue en el Congreso para la Paz y en la Marcha del 9) son exigencias más contundentes para que las guerrillas y el ejército decreten un cese de hostilidades. El llamado al cese al fuego bilateral que hemos venido haciendo es claramente insuficiente; es una autocrítica que debemos profundizar. Porque la guerra sigue, y no solo pone en riesgo la confianza general en el proceso, sino que hace que actores políticos relevantes como las comunidades indígenas del Cauca debamos replegarnos organizativa y políticamente ante el incremento de la agresión armada, debilitando de hecho el movimiento por la paz que está naciendo.

Los asesinatos premeditados de comuneros indígenas, y las ejecuciones de líderes políticos y espirituales de la ACIN realizadas por el Ejército y las FARC, que superan las 70 personas en el último año y medio, han provocado una situación delicadísima en el Cauca indígena. A pesar de eso, la posición de la ACIN y el CRIC se ha mantenido firme en su propósito de impulsar la terminación de la guerra, politizar el conflicto (es decir, reconocer como actor político a la guerrilla), apoyar que las insurgencias entren al escenario de la política no armada con las debidas garantías, y defender con convicción la tesis de que el fin de la confrontación debe incluir cambios en el sistema político y socio-económico.

Los crímenes están agotando la paciencia política de la organización indígena, y podrían producir hechos políticos irreparables. En el marco del reciente juicio a milicianos de las FARC por el asesinato de uno de los médicos tradicionales del pueblo nasa, la ACIN y el CRIC emitimos un fuerte comunicado donde condenamos a la comandancia de esa organización como autores intelectuales de la muerte, criticamos que ésa sea la respuesta de las FARC a los serios intentos de diálogo impulsados por las autoridades indígenas y caracterizamos los hechos como parte de un plan sistemático. Los hechos no nos permiten llegar a otras conclusiones.

Las FARC deberían tomar nota de que el comportamiento de sus tropas en contra de una organización como la nuestra -que ha dado pruebas contundentes de su compromiso con la paz y la justicia social- es totalmente injusto. Y sobre todo que es totalmente contrario a sus propios intereses, de una negociación para terminar el conflicto armado y de posicionarse como un actor político. El Secretariado de esa organización ha tardado demasiado en dar una orden explícita a sus combatientes y milicianos de no intervenir en los conflictos internos de las comunidades indígenas o de éstas con las organizaciones vecinas; tampoco ha ordenado claramente finalizar los ataques contra la organización indígena del Cauca, independiente de los conflictos reales o ficticios que se quieran argumentar para justificar las muertes. Está claro que el gobierno indígena es el único legítimo en nuestros territorios; pretender cambiar nuestro gobierno utilizando la fuerza de las armas es, de hecho, declarar las hostilidades a unas comunidades desarmadas, lo que no tiene ninguna justificación política ni militar. Eso ya se lo expresamos al comandante de las FARC en carta abierta.

Sirva la ocasión para reiterar nuestra posición sobre las Zonas de Reserva Campesina ZRC, que impulsa un sector del movimiento campesino. Debemos recordar que el movimiento indígena fue uno de los promotores de esta figura jurídica de protección en los años 90s. En el congreso de ANZORC de 2012 la ACIN y el CRIC ratificamos nuestro acuerdo con la misma, obviamente llamando al respeto de los territorios ancestrales afros e indígenas. Celebramos que ANZORC haya incluido nuevos elementos en la propuesta, como los planes de desarrollo ambiental, el derecho a gobernar y las formas de propiedad colectiva y común, y que estén dispuestos a excluir las áreas culturales y ambientales protegidas. Los conflictos por la tierra que tenemos indígenas, campesinos y afrodescendientes son resultado de las expectativas territoriales de diferentes organizaciones y procesos sobre los mismos terrenos, todos los cuales podrían resolverse con los “pactos para la liberación de la Madre Tierra” que el movimiento indígena del Cauca ha propuesto.

En el comunicado que expedimos hace unos días, hicimos referencia a la propaganda e imposición armada que hacen las FARC de su propuesta de reservas campesinas, la cual tiene un origen diferente a la de ANZORC. Para nosotros es claro que las ZRC no son una iniciativa insurgente. Condenamos los señalamientos que el ministro de Defensa y sectores de la derecha hacen contra las ZRC y la Marcha Patriótica; si un actor social o político tiene propuestas coincidentes con las de las FARC, eso no lo hace ilegal; de hecho, muchas de nuestras propuestas han sido acogidas en la mesa de La Habana. Incluso las coincidencias políticas con la insurgencia no convierten a nadie en un actor armado; son parte de las libertades que reclamamos para todo el movimiento popular incluidos los indígenas. Eso sí, quienes actuamos en la legalidad tenemos el deber de exigir a los actores armados no intervenir en los conflictos que se presentan entre o al interior de las organizaciones populares, ni promover con la fuerza de las armas iniciativas o propuestas que también defendemos, pues eso inevitablemente termina afectando a las comunidades que legítimamente las promueven. Quienes compartimos el propósito de terminar el conflicto armado debemos pronunciarnos en favor del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, afros y campesinos.

Hay una oportunidad

Es imperativo que las FARC y el Ejército decreten un cese bilateral del fuego y manifiesten su compromiso de no continuar las acciones ofensivas que afectan a las comunidades del Cauca, en un proceso vigilado por las comunidades indígenas; pensamos que éste puede ser el paso inicial para un cese del fuego en todo el país. Las comunidades indígenas del Cauca vamos a movilizarnos para acercar ese momento.

Al mismo tiempo, es muy importante que las organizaciones sociales y políticas que le apuntan a la terminación del conflicto armado nos pronunciemos solidariamente por el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y de las comunidades organizadas en resistencia; y es vital un diálogo social y político entre las organizaciones del departamento del Cauca, donde acordemos las acciones requeridas para liberar la Madre Tierra, continuar construyendo la paz e imponer con la movilización el fin del conflicto armado.

Consejería de la ACIN-CXHAB WALA KIWE
Mayo de 2013