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Cabildo comunitario decide interponer un amparo constitucional en contra del Gobierno
La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz
14 de junio de 2013
Los cocaleros del municipio de Apolo decidieron interponer un amparo constitucional en contra del Gobierno, para frenar la erradicación de coca ilegal que se realiza en esa región del norte paceño. Gregorio Cari, dirigente del sector, dijo que la determinación se la tomó en un cabildo.
“Vamos a demostrar en cualquier campo que la coca de Apolo es tradicional y milenaria y que no puede ser afectada con la erradicación”, afirmó Cari al término del encuentro en la localidad de Apolo, en el que —según dijo— participaron representantes de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Central de Cooperativas Mineras y de la Regional de Defensa de la Coca.
El dirigente no especificó la fecha en la que presentarán la demanda, pero advirtió que el bloqueo de caminos que comenzó el fin de semana en la provincia Bautista Saavedra continúa y se mantendrá, precisamente para evitar la erradicación de cocales.
En Apolo, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), hay 370 hectáreas (h) de coca. El Gobierno sostiene que en la zona debe haber un máximo de 300 h, por lo que el 26 de mayo empezó a erradicar los cultivos ilegales.
Norma. El artículo 9 de la Ley 1008 reconoce al subtrópico de la provincia Franz Tamayo, en la que se encuentra Apolo, como zona de producción tradicional de la hoja . Es en esta norma en la que Cari dice que los cocaleros quieren hacer prevalecer su legalidad.
El Gobierno ya definió un área legal en la provincia Franz Tamayo en la que hay 995 productores que tienen carnet biométrico. Sin embargo, hay otros 757 cocaleros que no tienen el documento y son considerados ilegales, en el sector del dirigente Cari.
No obstante, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionicio Núñez, indicó que en el sector de Apolo los cultivos no debe exceder la producción de 300 hectáreas de coca.
Actualmente, gracias a un acuerdo que fue firmado entre el Ejecutivo y los comunarios, se revisa el registro biométrico para reactualizarlo. En este caso no se descarta extender el carnet a productores que no lo tramitaron a tiempo o quitar el documento a quienes ya no viven en la zona.
Cari advirtió que si los cocaleros a los que representa no logran frenar la erradicación con el amparo constitucional, iniciarán una marcha de protesta desde Apolo hasta La Paz.
En caso de que persista la eliminación de cultivos considerados ilegales, los cocaleros prevén impulsar la clausura del año escolar en las 26 comunidades del municipio de Apolo. Cari justifica esta decisión en el hecho de que si dejan de tener cocales, ya no podrán solventar el estudio de sus hijos.
La norma legal vigente
Área tradicional
“Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del departamento de La Paz”, estipula el artículo 9 de la Ley 1008.