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Se deteriora situación en Río Blanco, en especial la militarización
ALERTA: Crisis en Río Blanco / ALERT: Crisis in Río Blanco -
DECLARACIÓN DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS ANTE CRISIS EN RÍO BLANCO
Copinh
(English below)
A los medios de comunicación hondureños e internacionales
A las autoridades nacionales e internacionales de derechos humanos
A la Corte Interamericano de Derechos Humanos de la OEA
A la Presidencia, Congreso y Tribunal Supremo de Justicia de la República de Honduras
Al público hondureño y la comunidad internacional
Estamos sumamente preocupados sobre el deterioro de la situación inestable en Río Blanco, en particular la militarización del área y las acusaciones recientes hechas en los medios de comunicación hondureños en contra de miembros de la comunidad indígena Lenca y la gente que los apoya por la policía y las compañías SINOHYDRO y DECA quienes buscan construir la represa Agua Zarca en el Río Gualcarque cerca de la comunidad de Río Blanco. Ya ha habido derramamiento de sangre y hay alto riesgo de un baño se sangre en el futuro próximo. Muchos informes noticieros irresponsablemente han repetido acusaciones graves que la policía misma admite no han sido corroboradas y tenemos dudas serias sobre la versión oficial de eventos y expresamos nuestra preocupación en los términos más fuertes posibles sobre la potencial de que empeore la violencia, el hostigamiento, la represión, la criminalización y la persecución judicial.
Somos una delegación de 15 personas de observadores internacionales de derechos humanos organizada por La Voz de los de Abajo, una organización que ha estado trabajando por 15 años acompañando los movimientos por la justicia social en Honduras y reportando sobre la violaciones de derechos humanos. Nuestra delegación está compuesta de maestros, jóvenes y observadores de derechos humanos con mucha experiencia de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estamos en comunicación con el Grupo de Trabajo sobre Paramilitares de las Naciones Unidas y miembros del congreso de los Estados Unidos además de defensores de derechos humanos tras todo el mundo. Visitamos la comunidad de Río Blanco el 2 y 3 de julio del 2013 para investigar alegaciones de abusos de derechos humanos, hostigamiento, intimidación y violencia enfrentados por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco a raíz de la oposición de dicha comunidad a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la compañía de China continental SINOHYDRO y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos (DECA) además de las acusaciones en contra de miembros de la comunidad de Río Blanco, el Consejo Indígena de Río Blanco y la organización a la cual la comunidad está afiliada, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), incluyendo su Coordinadora General Berta Cáceres.
Nuestra delegación pudo entrevistar a docenas de miembros de la comunidad de todas edades, representantes del Consejo Indígena de Río Blanco y el COPINH además de policía, militares, administradores y personal de DECA y SINOHYDRO, y miembros de la comunidad empleados por las compañías. Fuimos testigos de una asamblea larga y democrática de más de 100 miembros de la comunidad facilitada por el Consejo Indígena de Río Blanco y el COPINH sobre las ofertas hechas por la compañía a la comunidad de Río Blanco. Fuimos testigos de la decisión contundente de la comunidad de no aceptar nada menos que el retiro de la represa Agua Zarca y las compañías extranjeras y nacionales que la buscan construir. Todos los presentes insistieron en su derecho como pueblo indígena a ser consultado y al respeto de sus derechos culturales y espirituales bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas.
La comunidad ha estado bloqueando uno de las calles de acceso al sitio de la construcción de la represa por más que 90 días. Numerosos miembros de la comunidad incluyendo niños, jóvenes, adultos y ancianos durante entrevistas distintas compartieron las mismas preocupaciones y versiones de eventos con respeto a varios actos de represión, intimidación y hostigamiento que han pasado desde el inicio del bloqueo incluyendo:
La llegada de más que 150 miembros de la policía y ejército a la toma el domingo 23 de junio, apuntando armas automáticas de alto calibre hacia niños y ancianos Policía y militares arbitrariamente entrando los hogares de muchos miembros de la comunidad y circulando la comunidad con armas de alto calibre intimidando a miembros de la comunidad Residentes de una comunidad cercana aparentemente empleados por las empresas hostigando a gente en la toma, llegando al sitio aparentemente borrachos con machetes y haciendo amenazas de muerte a líderes comunitarios y la gente que les apoya Un ataque con machete a un miembro de la comunidad que le dejó en condición grave, faltando una parte de si mano y una cara severamente desfigurada. Dicho miembro de la comunidad se encontró en el hospital en San Pedro Sula al momento de nuestra visita El hostigamiento de gente que apoya la toma por operativos de policía y militares, el ejemplo más reciente de los cual fue el día de la visita de nuestra delegación cuando Berta Cáceres y otros miembros del COPINH quienes se dirigían hacia Río Blanco fueron parados, ordenados a bajar de su vehículo, registrados y sujetos a gritos como ha pasado en varias otras ocasiones Amenazas de muerte en contra de Berta Cáceres, Aureliano Molina, Tomás Gómez, Francisco Javier Sánchez, Lucio Sánchez y otros miembros de la comunidad Colaboración de cerca con la seguridad privada de la empresa de parte de la policía nacional y el ejército, quienes están supervisando a las guardias privadas contratadas y están siendo hospedadas y alimentadas por las empresas y utilizando sus vehículos. Creemos que lo anterior afecta negativamente cualquiera posibilidad de que la policía y los militares actúan de manera objetiva y contribuye a la intimidación de miembros de la comunidad quienes perciben que la empresa está controlando las fuerzas de seguridad nacional.
La mañana del 3 de julio llevamos acabo una entrevista extensiva con la policía, los militares, la administración de la empresa y su personal además de miembros de la comunidad quienes estaban con ellos en propiedad de la empresa y quienes fueron identificados como familiares del persona acusado con el ataque reciente con un machete. La policía y el ingeniero de la represa dijeron que la noche de sábado 29 de junio habían disparos al sitio de la construcción de la represa al lado del Río Gualcarque y que la noche del 2 de julio (la noche antes de la entrevista que estuvimos conduciendo) a las 8pm aproximadamente habían disparos hacia la cafetería y las oficinas de la empresa en el sitio de la plantilla cerca de la toma. Nuestra delegación estuvo presente en la toma hasta las 7pm esa noche en cual momento nos fuimos a la comunidad de Río Blanco porque empezó una tormenta severa con lluvia muy fuerte y truenos y relámpagos fuertes, frecuentes y ruidosos que duraron por una gran parte de la noche. De acuerdo con la versión de eventos del ingeniero y la policía, oyeron disparos y se tiraron al suelo, pero no mencionaron nada sobre los truenos y la tormenta que estaba ocurriendo a exactamente durante el supuesto tiroteo y no nos mostraron ni casquillas ni agujeros. Culparon con nombre y apellido a Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH, por incitar la supuesta violencia, diciendo, “cada vez que ella aparece alo pasa.” No tuvieron respuesta cuando les preguntamos si ella estuvo presente antes del supuesto tiroteo del sábado. No tuvieron nada que decir sobre el hecho de que el juez falló a favor de ella en su último caso en contra de ella debido a falta de evidencias. Nuestra delegación explicó que durante toda la asamblea en la cual ella estuvo presente el martes por la tarde ella recordó a la gente varias veces que la lucha ha sido y tiene que seguir siendo pacífica. Nuestra delegación preguntó a la policía, los militares y el personal de las empresas si han entrevistado a cualquier miembro de la comunidad opuesto a la represa sobre las alegaciones de violencia y dijeron que no. Nuestra delegación les preguntó si han investigado la posibilidad de involucramiento de otras empresas interesadas en el Río Gualcarque, como la empresa enérgica Grupo Terra, asociada con el yerno de Miguel Facussé, Freddy Nasser, quien ha expresado su interés varias veces en hacer una represa en el Río Gualcarque. Respondieron que no lo han investigado. Nuestra delegación preguntó si van a proveer trabajos a los miembros de la comunidad que han estado colaborando con la empresa. Dijeron que van a proveer tantos trabajos como pueden mientras miraron hacia los miembros de la comunidad quienes se encontraron con ellos.
Mientras estábamos terminando la entrevista, dos camiones llenos de policía adicional de Santa Bárbara portando armas automáticas de alto calibre llegaron y nos informaron que venían más en camino, supuestamente para investigar el supuesto tiroteo de la noche previa.
El día después de que nos fuimos, aparecieron acusaciones en los medios de comunicación hondureños acusando a la comunidad de Río Blanco y el COPINH de pasar de alguna forma toda la policía, los militares y las guardias privadas de seguridad para quemar una parte de la infraestructura del sitio de la represa. La policía también aparece acusando al COPINH y a miembros de la comunidad de un tiroteo adicional. Los reportes en los medios de comunicación están usando la palabra “terrorismo” y denunciando a los miembros de la comunidad por supuesto uso de violencia, mencionando solo brevemente que miembros de la comunidad siguen afirmando que su lucha es pacífica y que lo único que andan son los machetes que usan como herramientas de trabajo. Las únicas armas de fuego que nuestra delegación vio durante todo el tiempo que estuvimos presente en la comunidad, la toma, los hogares muy pequeños de líderes comunitarios claves y alrededor del sitio de la empresa fueron las armas de alto calibre del ejército, la policía y las guardias privadas de seguridad.
Cuestionamos la credibilidad de las acusaciones hechas en contra del COPINH y la comunidad de Río Blanco y la credibilidad de las investigaciones limitadas de parte de la policía. La policía y los militares con quienes hablamos dijeron que están allí por la seguridad general del área pero están quedando en la propiedad de las empresas, vigilando la propiedad de las empresas, siendo alimentados por las empresas y están muy amistosos con los administradores de las empresas y los pocos miembros de la comunidad empleados por las empresas. El portavoz por los residentes locales empleados con las empresas fue presentado a nosotros como un familiar del persona involucrado en el ataque con machete que mandó a un miembro de la comunidad al hospital. Él y la policía dijeron que el ataque fue de autodefensa porque el miembro de la comunidad ahora hospitalizado supuestamente estaba tratando de “tumbar su casa” pero dijeron que no nos podían mostrar ninguna evidencia del supuesto atento y más importante aún la policía dijo que no han hablado con ningún otro miembro de la comunidad opuesto a la represa sobre el incidente.
Hacemos un llamado por la desmilitarización de la comunidad de Río Blanco y las áreas alrededor y recordamos a las autoridades hondureñas e internacionales además que las empresas DECA y SINOHYDRO del deber de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos que les afectan y de respetar sus derechos culturales, espirituales y territoriales, como está claramente destacado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas. También recordamos a las autoridades que Berta Cáceres tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos como una persona de alto riesgo por represión y que las acusaciones no substanciadas implícitas y directas en contra de ella, el COPINH y la comunidad de Río Blanco de parte de la policía y los medios de comunicación están contribuyendo a una clima de miedo e intimidación. Las numerosas amenazas de muerte en contra de ella y otros miembros de la comunidad no deben de ser tomadas levemente ni tampoco la posibilidad de que las acusaciones en su contra están contribuyendo a estas amenazas y el clima general de represión, intimidación y criminalización. Tememos que la campaña mediática actual tiene como fin criminalizar al COPINH y a la comunidad de Río Blanco como pretexto para justificar más violaciones de derechos humanos.
Como observadores de derechos humanos seguiremos monitoreando la situación de cerca y esperamos con mucha anticipación una respuesta del estado hondureño, los medios de comunicación, la policía local y nacional, el gobierno estadounidense (quien financia la policía y las fuerzas armadas hondureñas), la empresa de China continental SINOHYDRO, la empresa hondureña DECA y los organismos regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos ante el crisis de derechos humanos actual en Río Blanco.
La Voz de los de Abajo
Publicado desde El Progreso, Honduras
4 de julio, 2013 ———————————-
STATEMENT OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS OBSERVERS ABOUT CRISIS IN RÍO BLANCO
To the Honduran and international media
To national and international human rights authorities
To the Inter-American Commission on Human Rights
To the President, Congress and Supreme Court of Honduras
To the Honduran public and international community
We are extremely worried about the deterioration of the already volatile situation in Rio Blanco, in particular the militarization of the area and recent accusations made in the Honduran media against indigenous Lenca community members and their supporters by the police and the SINOHYDRO and DECA companies who seek to build the Agua Zarca dam on the Gualcarque River near Rio Blanco. Blood has already been shed and there is grave danger of a broader bloodbath in the near future. Many media reports have irresponsibly repeated serious claims and accusations that police themselves admit have yet to be corroborated and we have serious questions regarding the official version of events and express our concern in the strongest terms possible about the potential worsening of violence, intimidation, repression, criminalization and legal persecution.
We are a 15-person delegation of international Human Rights observers organized by La Voz de los de Abajo, an organization that has been working for 15 years accompanying social justice movements in Honduras and reporting on human rights violations. Our delegation is made up of teachers, youth and experienced human rights observers from Chicago, Illinois, United States. We are in communication with the United Nations Working Group on Paramilitary Activity and members of the United States Congress as well as human rights monitors around the world. We visited Rio Blanco on July 2nd and 3rd, 2013 to investigate allegations of human rights abuses, intimidation and violence faced by the indigenous Lenca community of Rio Blanco because of that community’s opposition to the construction of the Agua Zarca hydroelectric dam by the Chinese company SINOHYDRO and the Honduran company Desarrollos Energéticos (DECA) as well as the allegations made against Rio Blanco community members, the Rio Blanco Indigenous Council, and the organization with which the community is affiliated, the Civil Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), including its General Coordinator Berta Cáceres.
Our delegation was able to interview dozens of members of the community of all ages, representatives of the Rio Blanco indigenous council and COPINH, as well as police, military, administration and personnel of DECA and SINOHYDRO, and community members employed by the company. We were witness to a lengthy and democratic discussion by over 100 community members facilitated by the Indigenous Council of Rio Blanco together with COPINH about the offers made by the company to the Rio Blanco community. We were witness to the community’s overwhelming decision not to accept anything less than the withdrawal of the Agua Zarca dam and the foreign companies seeking to build it and repeated insistence on their right to consultation and respect for their cultural and spiritual rights under Convention 169 of the International Labor Organization of the United Nations.
The community has been blocking one of the access roads to the site for the dam construction for over 90 days. Numerous community members including children, youth, adults and elders during separate interviews shared the same concerns and versions of events about numerous acts of repression and intimidation that have occurred since the beginning of the blockade including:
Over 150 police and military appearing at the blockade on Sunday June 23rd and pointing high caliber automatic weapons at small children and elders Police and military arbitrarily entering the homes of many community members and circulating the community with heavy armament intimidating community members Residents of a nearby community allegedly employed by the dam company intimidating people at the blockade, arriving at the site appearing drunk and wielding machetes and making death threats to community leaders and supporters A machete attack on one community member leaving him in grave condition missing part of his hand and with a severely disfigured face. This community member was in the hospital at San Pedro Sula at the time of our visit The targeting of supporters of the blockade by military and police operations, the most recent of which was on the first day of our delegation’s visit when Berta Cáceres and other members of COPINH on their way to Río Blanco were stopped, told to all exit their truck, yelled at and searched, as has happened on numerous other occasions Death threats against Berta Cáceres, Aureliano Molina, Tomas Gomez, Francisco Javier Sanchez, Lucio Sanchez and other members of the community Close collaboration with private security by the national police and military, who are supervising the company’s privately contracted guards and are being housed and fed by the company as well as using company vehicles. We believe this negatively affects any possibility of the military and police acting objectively and it serves as a further intimidation of the community who see the company as controlling the national security forces.
On the morning of July 3rd we conducted a thorough interview with police, military and company administration and personnel as well as community members who were with them on company property and were identified to us as family of the person accused of the recent machete attack. The police and dam engineer claimed that on the night of Saturday June 29th there were shots fired at the site of dam construction next to the Gualcarque River and that the night of July 2nd (the night before we interviewed them) at approximately 8pm there were shots fired at the cafeteria and offices for the company at the site across from the blockade. Our delegation was present at the blockade until 7pm at which point we went to the town of Rio Blanco because a severe storm with a heavy downpour of rain and loud and frequent thunder and lightening that lasted well into the night. According to the engineer and police version of events, they heard shots and hit the floor, though they mentioned nothing of the thunder and rain storm that was taking place at the exact time of the alleged gun fire and showed us no bullet shells or bullet holes. They explicitly blamed Berta Cáceres, General Coordinator for COPINH, for inciting the alleged violence, saying, “every time she comes something happens.” They had no answer when asked if she was present before the alleged gunfire on Saturday. They had nothing to say about the judge throwing out their last case against her due to lack of evidence. Our delegation explained that throughout the meeting at which she was present on Tuesday afternoon she repeatedly reminded people that the Rio Blanco struggle has been and must remain a non-violent struggle. Our delegation asked the police, military and company personnel if they had interviewed any community members opposed to the dam about the alleged violence and they said that they had not. Our delegation asked them if they had looked into the possibility of involvement from potentially competing interests in the Gualcarque River such as the Grupo Terra energy company associated with Miguel Facussé’s son-in-law Freddy Nasser, which has expressed interest numerous times in building a dam on the Gualcarque River. They responded that they had not. Our delegation asked if they would be providing jobs to those community members that had been collaborating with the company. They said that they would provide as many as they could, looked at the community members who were amongst them and nodded reassuringly.
As we were finishing the interview, two truckloads of additional police from Santa Barbera bearing high caliber automatic weapons arrived and they informed us that more were on the way, supposedly to investigate the alleged gunfire of the previous night.
The day after we left, accusations appeared in the mainstream Honduran media accusing the community of Rio Blanco and COPINH of somehow making their way past all of the police, military and private security and burning down part of the infrastructure of the dam site. The police appear in these reports also accusing COPINH and Rio Blanco community members of additional gunfire. The mainstream media reports are using the word “terrorism” and denouncing community members for supposed use of violence, mentioning only briefly that community members repeatedly say that their struggle is non-violent and the only thing they carry are the machetes they carry as work instruments. The only firearms our delegation saw or heard of the entire time we were present in the community, at the blockade, in the very small houses of key community leaders and around the site of the company were the high power weapons wielded by the army, police and private security.
We call into question the credibility of the allegations being made against COPINH and the Rio Blanco community and the credibility of the limited investigations by the police. The police and military we spoke with claimed to be there for the general safety of the area yet are staying on company premises, guarding company property, being fed by the company and are very friendly with both company administrators and the handful of community members employed by the company. The spokesperson for the local residents employed with the company was introduced to us as a family member of the person involved in the machete attack that sent one community member to the hospital. He and the police said that attack was in self-defense because the now-hospitalized community member was supposedly trying to “knock down his house” but said they couldn’t show us any evidence of that supposed attempt and more importantly the police said they had not spoken to any of the other community members opposed to the dam about that incident.
We call for the de-militarization of the Rio Blanco community and surrounding areas and remind the Honduran and international authorities as well as the DECA and SINOHYDRO companies of the duty to consult indigenous peoples about projects that affect them and respect their cultural, spiritual and land rights as is clearly outlined in Convention 169 of the International Labor Organization of the United Nations. We also remind the authorities that Berta Cáceres has precautionary measures from the Inter-American Human Rights Commission of the Organization of American States as a high-risk target of repression and that unsubstantiated implicit and direct accusations against her, COPINH and Río Blanco community members by police and media are contributing to a climate of fear and intimidation. The numerous death threats against her and other community members and supporters should not be taken lightly nor should the possibility that accusations against them are fuelling these threats and the overall climate of repression, intimidation and criminalization. We fear that the current media campaign is aimed at criminalizing COPINH and the Río Blanco community in order to justify further human rights violations.
As human rights observers we will continue to closely monitor the situation and eagerly await a response from the Honduran state, media, local and national police, the U.S. government (who provides funding to the Honduran military and police), the Chinese company SINOHYDRO, the Honduran company DECA and regional, national and international human rights bodies to the human rights crisis unfolding at Rio Blanco.
La Voz de los de Abajo
Published from El Progreso, Honduras July 4th, 2013